Estado español
Falacias, trampas y canalladas del relato neoliberal de las pensiones
17/03/2018 | Manuel Gari
Falacias, trampas y canalladas del relato neoliberal de las pensiones
Estamos viviendo momentos críticos del ataque de la burguesía, sus partidos y sus medios de comunicación contra los derechos sociales de las y los trabajadores del Estado español. Pero también de esperanza porque la reacción del movimiento de pensionistas ha sido contundente.
La burguesía está interesada en impulsar fondos privados de pensiones para encontrar nuevos nichos de negocio y saqueo de las clases trabajadoras. Fondos que en muchos casos han significado la ruina de pensionistas por la quiebra de dichos fondos: ahí están los ejemplos de Chile, laboratorio gracias a la dictadura pinochetista de las políticas neoliberales de los Chicago Boys durante décadas, Argentina, donde el gobierno en los años ochenta tuvo que rescatar con dinero público los fondos privados y volver a organizar un modesto sistema público o de los diferentes incidentes –en realidad, estafas - en el Reino Unido, cuna de los ataques contra la sociedad de la nefasta Margaret Tatcher.
La oligarquía financiera autóctona (e internacional) y la CEOE vienen proclamando desde hace décadas la insostenibilidad del sistema público de pensiones en un titánico esfuerzo por lograr que la profecía se autocumpla. Contra viento y marea, y a pesar de los tozudos datos macro económicos, su discurso no ha variado y, para fortalecerlo, han organizado, en connivencia con el Partido Popular, Comisiones de Expertos formadas por ejemplares representantes de las puertas giratorias entre aseguradoras y fondos de inversión y la política con la participación de supuestos especialistas en la elaboración de mágicos algoritmos. La voz cantante sobre las pensiones en los medios de comunicación la llevan Inverco y Unespa y no la representación política popular o las organizaciones sociales afectadas.
El objetivo perseguido es muy claro: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45 % del monto del gasto social total español, dejando el sistema público de pensiones como un elemento marginal de la protección de naturaleza meramente asistencial para evitar que la olla social explote. Ello comportaría la agudización de la desigualdad en el monto de las percepciones de las y los pensionistas, sean por motivo de jubilación o por otros motivos (incapacidad, viudedad, etc.)
Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada. Para conseguirlo no han dudado en atacar con todo. Han falseado los datos al ocultar por qué se ha saqueado el Fondo de Reserva. Han tapado por qué han disminuido las aportaciones a la Seguridad Social motivada por la drástica disminución de la masa salarial tras el aumento del paro, la bajada de sueldos y la precarización del trabajo, frutos de las Reformas Laborales y las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea. Han eludido explicar la dedicación del dinero público para rescatar locas operaciones en infraestructuras o gestiones bancarias delictivas. Han metido miedo a la sociedad “el colapso es inminente” y estimulado el individualismo para afrontar el futuro –ahorre usted y suscriba una pensión- frente a la búsqueda de soluciones reales y colectivas del conjunto de la comunidad protegiendo a sus miembros.
El discurso que ha mantenido el neoliberalismo ha sido un factor performativo de la realidad, pero no por su coherencia y consistencia, sino porque en paralelo se han puesto las bases materiales para que la tesis se verificara. Y, a la vez, han construido un sentido común de la derrota, del no hay alternativa. Baste un ejemplo: se habla hasta la saciedad del aumento del gasto por incremento del número de pensionistas y la mayor esperanza de vida, pero no se permite ni hablar y se hurta el debate sobre los ingresos que permitan la sostenibilidad del sistema. En efecto, un análisis serio identificará la segunda transición demográfica –el periodo en que la pirámide demográfica mantiene un ensanche en la parte elevada de edad muy grande-, y señalará que las cuentas públicas necesitan cambiar el peso de sus prioridades de gasto o fortalecer los ingresos –por ejemplo, luchando contra la evasión fiscal, cargando el esfuerzo a las rentas del capital y del patrimonio- para complementar las cuentas de la Seguridad Social. Al mismo tiempo que explicará que el fenómeno tendrá una duración de no más de 15 años. O que una política económica a favor del empleo y de los salarios, compatible perfectamente con la reducción del tiempo de trabajo a escala semanal y a lo largo de la vida –anticipación de la jubilación-, sería la fórmula de solución. Sin embargo, se ha optado por castigar o disciplinar a las víctimas, y eliminar los derechos de las próximas generaciones. Por tanto, la única salida que los neoliberales dejan es prolongar la vida laboral, bajar el monto de las percepciones, y simultanear la jubilación con mini jobs y suscribir fondos privados.
Desvelando sus mentiras
¿Qué callan? Que el aumento en la esperanza de vida no significa un mantenimiento de las capacidades laborales intactas. Que retrasar la edad de jubilación sólo hará aumentar el lapso entre la jubilación real y el momento en que se ejerce el derecho a percibir pensión (Husson) aumentando el llamado periodo gris de personas sin empleo y sin prestación, el empobrecimiento de las mismas y los gastos sociales asociados. Que si hay paro juvenil masivo es porque no se crea el empleo suficiente mediante la inversión pública y privada correspondiente y la disminución de las jornadas de trabajo real, por lo que difícilmente habrá mercado laboral para la gente veterana. Que los fondos de pensiones no solo quiebran por realizar inversiones especulativas en bolsa, sino que son más caros pues comportan comisiones y no tienen suficiente rentabilidad para sufragar las pensiones, pese al unilateral y ventajista apoyo fiscal que se les concede. Una desgravación fiscal que, a decir verdad, vendría muy bien para sufragar el sistema de pensiones de la mayoría y no beneficiar a aquellos que ahorran porque sus rentas son demasiado elevadas. Al igual que también ayudaría que se eliminasen los topes de contribución a la seguridad social para los salarios más altos, topes que hacen regresivo el sistema. Que si no hay dinero para un sistema público no lo habrá para uno privado. Que lo que determina la viabilidad de un sistema público no es fundamentalmente el número de personas activas sino la riqueza generada y el monto recaudado. Que el gasto público en pensiones sobre el PIB en el Estado español es varios puntos más bajo que en Francia, Alemania o Italia (De la Fuente). Que la tasa de reemplazo de las pensiones, o sea el cociente entre la pensión media y el salario medio, en nuestro país se efectúa sobre salarios más bajos que en los países aludidos y, sin embargo, eso no ocurre de la misma manera con el coste de la vida.
Pero más importante, ocultan que el denominado factor de sostenibilidad se calcula mediante fórmulas como las del Factor de Revalorización Anual (FRA) que contiene el aumento de las pensiones por debajo del IPC y el Factor de Equidad Generacional (FEI) que supone una merma de la pensión media al asociarla a la esperanza de vida tras la jubilación (Albarracín).Esas fórmulas no tienen la misma naturaleza de las que intentan explicar el comportamiento del mundo físico mediante una expresión matemática e intentan ser expresiones científicas. Las fórmulas que calculan las futuras pensiones son pócimas cuyos ingredientes los decide el brujo neoliberal de turno; lejos de ser científicas, están preñadas de subjetividad y corresponden a un punto de vista, un a priori, interesado. No son ni científicas ni objetivas. El factor de sostenibilidad es un arma de la clase dominante contra las clases trabajadoras. Ni más ni menos. Forma parte del conflicto social. Forma parte de la disputa de las ideas en torno al ingreso y la riqueza.
Proyectan el empobrecimiento y el miedo masivos
Si la Ley 23/2013 supone una merma programada del monto de las pensiones al crecer menos que la inflación, la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad -que servirá para que se cobre menos pero durante más años, según afirma cínicamente el BBVA- significa que en el Estado español va a implantarse un algoritmo que penaliza el envejecimiento de forma más dura que en la mayor parte de la Unión Europea (Zubiri) y que supone un ajuste automático sin mediar decisión política en el futuro y una aberración técnica pues basa sus cálculos en un dato proyectado en un horizonte temporal del que no disponemos conocimiento (Fernández Cordón). La esperanza de vida es un dato estadístico que implica una proyección del pasado hacia el futuro, y que no distingue entre extracciones sociales, géneros, lugar de residencia, trayectorias ocupacionales o modos de vida. Todos ellos con expectativas de vida bien diferentes.
Y, lo más grave, crea una inseguridad total sobre la cantidad a percibir pues podrá revisarse periódicamente… a la baja. De cumplirse los planes gubernamentales y patronales cuando culmine la implantación de la reforma del sistema público de pensiones, el recorte de la pensión media de las pensiones alcanzará el 20 %, lo que supondrá un 3 % del PIB menos de gasto en atención a la jubilación y otras causas de percepción. Todo ello redundará en una redistribución muy negativa de las rentas con grave perjuicio para las personas mayores y otros colectivos frágiles que verán que sus derechos vuelan en forma de empobrecimiento agudo.
Conjurar los riesgos que pesan sobre el sistema público significa superar los estrechos límites del Pacto de Toledo y atreverse a analizar todos los factores que influyen en la sostenibilidad del sistema tanto del lado de los gastos (número de pensionistas y cuantía de las pensiones) como de los ingresos (número de cotizantes, cuantía de la cotización y aportaciones públicas).
Defendamos futuro defendiendo el presente
El sistema de pensiones público es viable y sostenible. Pero exige, por un lado, la adopción de medidas económicas y políticas y, por otro, darle la vuelta al calcetín de la lógica de la clase dominante; es fundamental comenzar por ahí. En primer lugar, hay que poner encima de la mesa que las pensiones son salario diferido, que las cotizaciones -tanto las que se consideran como aportación patronal o las que directamente se deducen de la nómina de las y los trabajadores- tienen como origen el trabajo, o sea, la creación de valor por parte de esos trabajadores y trabajadoras.
Frente a la lógica individualista del ahorro en fondos de pensiones y el salvase quien pueda, hay que fortalecer la idea de esfuerzo de toda la comunidad para asegurar el bienestar de sus mayores. Frente a la idea de aumento de la edad de jubilación, contra toda lógica humana, hay que fortalecer la idea de aumento de los derechos del tiempo de ocio y disfrute. Frente a la idea de que el envejecimiento de la población autóctona y el descenso de los nacimientos de la población de origen español impiden un sistema viable de pensiones públicas, hay que desarrollar la idea de cooperación de las y los trabajadores nacidos aquí con los nuevos sectores de las clases trabajadoras nacidos en otras tierras, acabando con las políticas inmigratorias discriminatorias. Y, por supuesto, favorecer la libre decisión de la maternidad mediante medidas efectivas que permitan conciliación.
El sistema público de pensiones es viable y sostenible porque el déficit de la Seguridad Social y el agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones son producto de las decisiones políticas que han llevado -Reforma Laboral mediante- al descenso de los salarios (por tanto, a la aportación al sistema) y a la persistencia del paro, al aumento del trabajo precario y desregulado, al aumento del número de personas que trabajan como falsas autónomas por imperativo empresarial y también al descenso del número de jóvenes que se incorporan a la cadena productiva con lo que se agrava la cuestión. Al mismo tiempo se ha despilfarrado el dinero público y continúa una política fiscal regresiva, pro ganancias empresariales y anti social que impide obtener la recaudación necesaria para satisfacer las necesidades presupuestarias de la ciudadanía.
La clave de la solución está en los ingresos
Hablemos del aumento de los ingresos para el sistema porque es la clave de la viabilidad del sistema público. En primer lugar, se puede fortalecer la recaudación de las cuotas a la Seguridad Social fomentando el empleo mediante la inversión pública, la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el incremento de la masa salarial subiendo a 1080 euros el salario mínimo y fortaleciendo el incremento de los sueldos mediante una negociación colectiva que recupere la escala móvil de salarios en relación con la evolución del IPC. Pero también puede incrementarse dicha recaudación eliminando el límite de la base de cotización máxima e implantando un sistema progresivo para que aporten más quienes tienen mayor salario. Asimismo, eliminando las reducciones y bonificaciones sociales a los empresarios que, con la excusa de la mejora del empleo –que si lo contratan lo iban hacer igual, con bonificaciones o sin ellas, porque el empresariado emplea según sus expectativas de negocio como variable principal, a lo sumo el efecto que puedan tener es que seleccionen más a un colectivo que a otro-, ven abaratar sus costes y aumentar sus beneficios en detrimento de las arcas de la seguridad social. Luchando contra el fraude fiscal que supone la economía sumergida desfiscalizada y la proliferación de la realización de horas extras no computadas y por encima de norma.
Y, finalmente, pero no lo menos relevante: hay que acabar con el mito/dogma de que el sistema público de pensiones sólo puede tener como fuente de financiación las cotizaciones del trabajo. Es claro que las pensiones no contributivas deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero más allá de ello, debe ser el conjunto de las fuentes de ingresos las que atiendan los gastos sociales, en este caso también las pensiones, pues es incongruente que se defienda una recaudación fiscal fundamentalmente no finalista y, sin embargo, la correspondiente a las pensiones lo sea. Si entre todos y todas pagamos Casa Real, intervenciones militares, sueldos y dietas de los profesionales de la política, autopistas innecesarias o marcas-España, queramos o no, paguemos también todos los gastos sociales, comenzando por las pensiones, a costa del Impuesto de Sociedades -haciendo cumplir la ley frente al fraude y la exención-, el IRPF o el anti social IVA y no solo a costa de cotizaciones del trabajo.
Las panteras grises se han puesto en marcha y son imparables
Las protestas de pensionistas han supuesto la vuelta, tras años de profunda desmovilización sindical -salvo ejemplares luchas de empresa aisladas y en gran parte al margen de las direcciones mayoritarias- de las mejores tradiciones del movimiento obrero en el Estado español a través de la generación que conquistó con sus luchas durante décadas las libertades políticas, los derechos sociales y sindicales y los logros de lo que se ha conocido como Estado del Bienestar cuyos pilares básicos: enseñanza y sanidad pública, salarios y pensiones dignos, protección de la dependencia se ven hoy amenazados por las políticas neoliberales del PP y Ciudadanos y que en su día comenzaron a deteriorarse, no lo olvidemos, con un gobierno del PSOE que congeló pensiones, hizo una primera reforma laboral contraria a los intereses populares y no atajó los procesos de privatización en curso, incluidos los relacionados con la salud y la educación.
Tal como se plantea en el comunicado de Anticapitalistas del 14 de marzo pasado, el poderoso y, para algunos, inesperado movimiento de pensionistas es una expresión del malestar de fondo existente en torno a los recortes en gasto e inversión social desde 2010 y su prolongación tras el inicio de la cacareada recuperación económica (medida en términos de aumento del PIB), que lejos de suponer una reorientación hacia la redistribución justa de la riqueza y el ingreso, supone la continuación de un reparto desigual. El movimiento de pensionistas pone en evidencia la decepción de amplios sectores de la sociedad con las promesas incumplidas del PP y el desgaste acelerado de su discurso autocomplaciente y engañoso. La recuperación ha llegado a los beneficios, pero no a salarios y pensiones.
Una dimensión importante que ha puesto de relieve el movimiento de pensionistas es la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, dado que estas pese a su contribución a los cuidados y a la producción o no han cotizado por no haber tenido puesto de trabajo asalariado, o han tenido remuneraciones más bajas que los hombres por el mismo trabajo o muchas han contribuido a la economía familiar en el campo sin haber tenido ni la consideración de jornaleras ni haber gobernado sus explotaciones. De ahí que en breve vamos a ver cómo, tras la coincidencia del impresionante 8 M, se establece una nueva alianza entre el movimiento feminista y las jubiladas. Y también ha evidenciado que la cuestión de las pensiones no es sólo un asunto de las y los actuales pensionistas sino también de quienes hoy trabajan o buscan trabajo. Dicho de otra forma, con su lucha por sus derechos, defienden los derechos del conjunto.
La importancia política del movimiento de pensionistas radica en su impugnación global, en su enmienda a la totalidad, de la lógica del austeritarismo, pero también del incremento de los gastos militares, del rescate a la banca y las autopistas y a las políticas laborales neoliberales. El movimiento de pensionistas ha denunciado las post verdades (mentiras en lengua vulgar) del sistema, del gobierno del PP, de su socio Cs, de Linde, gobernador del Banco de España, de la CEOE, de los estudios de diversos servicios de los bancos, de la OCDE y de la propia Comisión Europea. Lo que aterra al PP, lo que temen el resto de los partidos es el impacto electoral que pudiera tener en este sector de la población en el próximo ciclo electoral, de ahí los nervios, los anuncios demagógicos, etc. De ahí también las declaraciones que intentan paralizar de miedo a la población. No lo van a lograr, l@s viej@s rocker@s que conquistaron las libertades y los derechos se han organizado y su voz clama en las calles.
16/03/2018
Manolo Garí es economista, militante de Anticapitalistas, miembro del Consejo asesor de viento sur
La burguesía está interesada en impulsar fondos privados de pensiones para encontrar nuevos nichos de negocio y saqueo de las clases trabajadoras. Fondos que en muchos casos han significado la ruina de pensionistas por la quiebra de dichos fondos: ahí están los ejemplos de Chile, laboratorio gracias a la dictadura pinochetista de las políticas neoliberales de los Chicago Boys durante décadas, Argentina, donde el gobierno en los años ochenta tuvo que rescatar con dinero público los fondos privados y volver a organizar un modesto sistema público o de los diferentes incidentes –en realidad, estafas - en el Reino Unido, cuna de los ataques contra la sociedad de la nefasta Margaret Tatcher.
La oligarquía financiera autóctona (e internacional) y la CEOE vienen proclamando desde hace décadas la insostenibilidad del sistema público de pensiones en un titánico esfuerzo por lograr que la profecía se autocumpla. Contra viento y marea, y a pesar de los tozudos datos macro económicos, su discurso no ha variado y, para fortalecerlo, han organizado, en connivencia con el Partido Popular, Comisiones de Expertos formadas por ejemplares representantes de las puertas giratorias entre aseguradoras y fondos de inversión y la política con la participación de supuestos especialistas en la elaboración de mágicos algoritmos. La voz cantante sobre las pensiones en los medios de comunicación la llevan Inverco y Unespa y no la representación política popular o las organizaciones sociales afectadas.
El objetivo perseguido es muy claro: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45 % del monto del gasto social total español, dejando el sistema público de pensiones como un elemento marginal de la protección de naturaleza meramente asistencial para evitar que la olla social explote. Ello comportaría la agudización de la desigualdad en el monto de las percepciones de las y los pensionistas, sean por motivo de jubilación o por otros motivos (incapacidad, viudedad, etc.)
Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada. Para conseguirlo no han dudado en atacar con todo. Han falseado los datos al ocultar por qué se ha saqueado el Fondo de Reserva. Han tapado por qué han disminuido las aportaciones a la Seguridad Social motivada por la drástica disminución de la masa salarial tras el aumento del paro, la bajada de sueldos y la precarización del trabajo, frutos de las Reformas Laborales y las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea. Han eludido explicar la dedicación del dinero público para rescatar locas operaciones en infraestructuras o gestiones bancarias delictivas. Han metido miedo a la sociedad “el colapso es inminente” y estimulado el individualismo para afrontar el futuro –ahorre usted y suscriba una pensión- frente a la búsqueda de soluciones reales y colectivas del conjunto de la comunidad protegiendo a sus miembros.
El discurso que ha mantenido el neoliberalismo ha sido un factor performativo de la realidad, pero no por su coherencia y consistencia, sino porque en paralelo se han puesto las bases materiales para que la tesis se verificara. Y, a la vez, han construido un sentido común de la derrota, del no hay alternativa. Baste un ejemplo: se habla hasta la saciedad del aumento del gasto por incremento del número de pensionistas y la mayor esperanza de vida, pero no se permite ni hablar y se hurta el debate sobre los ingresos que permitan la sostenibilidad del sistema. En efecto, un análisis serio identificará la segunda transición demográfica –el periodo en que la pirámide demográfica mantiene un ensanche en la parte elevada de edad muy grande-, y señalará que las cuentas públicas necesitan cambiar el peso de sus prioridades de gasto o fortalecer los ingresos –por ejemplo, luchando contra la evasión fiscal, cargando el esfuerzo a las rentas del capital y del patrimonio- para complementar las cuentas de la Seguridad Social. Al mismo tiempo que explicará que el fenómeno tendrá una duración de no más de 15 años. O que una política económica a favor del empleo y de los salarios, compatible perfectamente con la reducción del tiempo de trabajo a escala semanal y a lo largo de la vida –anticipación de la jubilación-, sería la fórmula de solución. Sin embargo, se ha optado por castigar o disciplinar a las víctimas, y eliminar los derechos de las próximas generaciones. Por tanto, la única salida que los neoliberales dejan es prolongar la vida laboral, bajar el monto de las percepciones, y simultanear la jubilación con mini jobs y suscribir fondos privados.
Desvelando sus mentiras
¿Qué callan? Que el aumento en la esperanza de vida no significa un mantenimiento de las capacidades laborales intactas. Que retrasar la edad de jubilación sólo hará aumentar el lapso entre la jubilación real y el momento en que se ejerce el derecho a percibir pensión (Husson) aumentando el llamado periodo gris de personas sin empleo y sin prestación, el empobrecimiento de las mismas y los gastos sociales asociados. Que si hay paro juvenil masivo es porque no se crea el empleo suficiente mediante la inversión pública y privada correspondiente y la disminución de las jornadas de trabajo real, por lo que difícilmente habrá mercado laboral para la gente veterana. Que los fondos de pensiones no solo quiebran por realizar inversiones especulativas en bolsa, sino que son más caros pues comportan comisiones y no tienen suficiente rentabilidad para sufragar las pensiones, pese al unilateral y ventajista apoyo fiscal que se les concede. Una desgravación fiscal que, a decir verdad, vendría muy bien para sufragar el sistema de pensiones de la mayoría y no beneficiar a aquellos que ahorran porque sus rentas son demasiado elevadas. Al igual que también ayudaría que se eliminasen los topes de contribución a la seguridad social para los salarios más altos, topes que hacen regresivo el sistema. Que si no hay dinero para un sistema público no lo habrá para uno privado. Que lo que determina la viabilidad de un sistema público no es fundamentalmente el número de personas activas sino la riqueza generada y el monto recaudado. Que el gasto público en pensiones sobre el PIB en el Estado español es varios puntos más bajo que en Francia, Alemania o Italia (De la Fuente). Que la tasa de reemplazo de las pensiones, o sea el cociente entre la pensión media y el salario medio, en nuestro país se efectúa sobre salarios más bajos que en los países aludidos y, sin embargo, eso no ocurre de la misma manera con el coste de la vida.
Pero más importante, ocultan que el denominado factor de sostenibilidad se calcula mediante fórmulas como las del Factor de Revalorización Anual (FRA) que contiene el aumento de las pensiones por debajo del IPC y el Factor de Equidad Generacional (FEI) que supone una merma de la pensión media al asociarla a la esperanza de vida tras la jubilación (Albarracín).Esas fórmulas no tienen la misma naturaleza de las que intentan explicar el comportamiento del mundo físico mediante una expresión matemática e intentan ser expresiones científicas. Las fórmulas que calculan las futuras pensiones son pócimas cuyos ingredientes los decide el brujo neoliberal de turno; lejos de ser científicas, están preñadas de subjetividad y corresponden a un punto de vista, un a priori, interesado. No son ni científicas ni objetivas. El factor de sostenibilidad es un arma de la clase dominante contra las clases trabajadoras. Ni más ni menos. Forma parte del conflicto social. Forma parte de la disputa de las ideas en torno al ingreso y la riqueza.
Proyectan el empobrecimiento y el miedo masivos
Si la Ley 23/2013 supone una merma programada del monto de las pensiones al crecer menos que la inflación, la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad -que servirá para que se cobre menos pero durante más años, según afirma cínicamente el BBVA- significa que en el Estado español va a implantarse un algoritmo que penaliza el envejecimiento de forma más dura que en la mayor parte de la Unión Europea (Zubiri) y que supone un ajuste automático sin mediar decisión política en el futuro y una aberración técnica pues basa sus cálculos en un dato proyectado en un horizonte temporal del que no disponemos conocimiento (Fernández Cordón). La esperanza de vida es un dato estadístico que implica una proyección del pasado hacia el futuro, y que no distingue entre extracciones sociales, géneros, lugar de residencia, trayectorias ocupacionales o modos de vida. Todos ellos con expectativas de vida bien diferentes.
Y, lo más grave, crea una inseguridad total sobre la cantidad a percibir pues podrá revisarse periódicamente… a la baja. De cumplirse los planes gubernamentales y patronales cuando culmine la implantación de la reforma del sistema público de pensiones, el recorte de la pensión media de las pensiones alcanzará el 20 %, lo que supondrá un 3 % del PIB menos de gasto en atención a la jubilación y otras causas de percepción. Todo ello redundará en una redistribución muy negativa de las rentas con grave perjuicio para las personas mayores y otros colectivos frágiles que verán que sus derechos vuelan en forma de empobrecimiento agudo.
Conjurar los riesgos que pesan sobre el sistema público significa superar los estrechos límites del Pacto de Toledo y atreverse a analizar todos los factores que influyen en la sostenibilidad del sistema tanto del lado de los gastos (número de pensionistas y cuantía de las pensiones) como de los ingresos (número de cotizantes, cuantía de la cotización y aportaciones públicas).
Defendamos futuro defendiendo el presente
El sistema de pensiones público es viable y sostenible. Pero exige, por un lado, la adopción de medidas económicas y políticas y, por otro, darle la vuelta al calcetín de la lógica de la clase dominante; es fundamental comenzar por ahí. En primer lugar, hay que poner encima de la mesa que las pensiones son salario diferido, que las cotizaciones -tanto las que se consideran como aportación patronal o las que directamente se deducen de la nómina de las y los trabajadores- tienen como origen el trabajo, o sea, la creación de valor por parte de esos trabajadores y trabajadoras.
Frente a la lógica individualista del ahorro en fondos de pensiones y el salvase quien pueda, hay que fortalecer la idea de esfuerzo de toda la comunidad para asegurar el bienestar de sus mayores. Frente a la idea de aumento de la edad de jubilación, contra toda lógica humana, hay que fortalecer la idea de aumento de los derechos del tiempo de ocio y disfrute. Frente a la idea de que el envejecimiento de la población autóctona y el descenso de los nacimientos de la población de origen español impiden un sistema viable de pensiones públicas, hay que desarrollar la idea de cooperación de las y los trabajadores nacidos aquí con los nuevos sectores de las clases trabajadoras nacidos en otras tierras, acabando con las políticas inmigratorias discriminatorias. Y, por supuesto, favorecer la libre decisión de la maternidad mediante medidas efectivas que permitan conciliación.
El sistema público de pensiones es viable y sostenible porque el déficit de la Seguridad Social y el agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones son producto de las decisiones políticas que han llevado -Reforma Laboral mediante- al descenso de los salarios (por tanto, a la aportación al sistema) y a la persistencia del paro, al aumento del trabajo precario y desregulado, al aumento del número de personas que trabajan como falsas autónomas por imperativo empresarial y también al descenso del número de jóvenes que se incorporan a la cadena productiva con lo que se agrava la cuestión. Al mismo tiempo se ha despilfarrado el dinero público y continúa una política fiscal regresiva, pro ganancias empresariales y anti social que impide obtener la recaudación necesaria para satisfacer las necesidades presupuestarias de la ciudadanía.
La clave de la solución está en los ingresos
Hablemos del aumento de los ingresos para el sistema porque es la clave de la viabilidad del sistema público. En primer lugar, se puede fortalecer la recaudación de las cuotas a la Seguridad Social fomentando el empleo mediante la inversión pública, la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el incremento de la masa salarial subiendo a 1080 euros el salario mínimo y fortaleciendo el incremento de los sueldos mediante una negociación colectiva que recupere la escala móvil de salarios en relación con la evolución del IPC. Pero también puede incrementarse dicha recaudación eliminando el límite de la base de cotización máxima e implantando un sistema progresivo para que aporten más quienes tienen mayor salario. Asimismo, eliminando las reducciones y bonificaciones sociales a los empresarios que, con la excusa de la mejora del empleo –que si lo contratan lo iban hacer igual, con bonificaciones o sin ellas, porque el empresariado emplea según sus expectativas de negocio como variable principal, a lo sumo el efecto que puedan tener es que seleccionen más a un colectivo que a otro-, ven abaratar sus costes y aumentar sus beneficios en detrimento de las arcas de la seguridad social. Luchando contra el fraude fiscal que supone la economía sumergida desfiscalizada y la proliferación de la realización de horas extras no computadas y por encima de norma.
Y, finalmente, pero no lo menos relevante: hay que acabar con el mito/dogma de que el sistema público de pensiones sólo puede tener como fuente de financiación las cotizaciones del trabajo. Es claro que las pensiones no contributivas deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero más allá de ello, debe ser el conjunto de las fuentes de ingresos las que atiendan los gastos sociales, en este caso también las pensiones, pues es incongruente que se defienda una recaudación fiscal fundamentalmente no finalista y, sin embargo, la correspondiente a las pensiones lo sea. Si entre todos y todas pagamos Casa Real, intervenciones militares, sueldos y dietas de los profesionales de la política, autopistas innecesarias o marcas-España, queramos o no, paguemos también todos los gastos sociales, comenzando por las pensiones, a costa del Impuesto de Sociedades -haciendo cumplir la ley frente al fraude y la exención-, el IRPF o el anti social IVA y no solo a costa de cotizaciones del trabajo.
Las panteras grises se han puesto en marcha y son imparables
Las protestas de pensionistas han supuesto la vuelta, tras años de profunda desmovilización sindical -salvo ejemplares luchas de empresa aisladas y en gran parte al margen de las direcciones mayoritarias- de las mejores tradiciones del movimiento obrero en el Estado español a través de la generación que conquistó con sus luchas durante décadas las libertades políticas, los derechos sociales y sindicales y los logros de lo que se ha conocido como Estado del Bienestar cuyos pilares básicos: enseñanza y sanidad pública, salarios y pensiones dignos, protección de la dependencia se ven hoy amenazados por las políticas neoliberales del PP y Ciudadanos y que en su día comenzaron a deteriorarse, no lo olvidemos, con un gobierno del PSOE que congeló pensiones, hizo una primera reforma laboral contraria a los intereses populares y no atajó los procesos de privatización en curso, incluidos los relacionados con la salud y la educación.
Tal como se plantea en el comunicado de Anticapitalistas del 14 de marzo pasado, el poderoso y, para algunos, inesperado movimiento de pensionistas es una expresión del malestar de fondo existente en torno a los recortes en gasto e inversión social desde 2010 y su prolongación tras el inicio de la cacareada recuperación económica (medida en términos de aumento del PIB), que lejos de suponer una reorientación hacia la redistribución justa de la riqueza y el ingreso, supone la continuación de un reparto desigual. El movimiento de pensionistas pone en evidencia la decepción de amplios sectores de la sociedad con las promesas incumplidas del PP y el desgaste acelerado de su discurso autocomplaciente y engañoso. La recuperación ha llegado a los beneficios, pero no a salarios y pensiones.
Una dimensión importante que ha puesto de relieve el movimiento de pensionistas es la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, dado que estas pese a su contribución a los cuidados y a la producción o no han cotizado por no haber tenido puesto de trabajo asalariado, o han tenido remuneraciones más bajas que los hombres por el mismo trabajo o muchas han contribuido a la economía familiar en el campo sin haber tenido ni la consideración de jornaleras ni haber gobernado sus explotaciones. De ahí que en breve vamos a ver cómo, tras la coincidencia del impresionante 8 M, se establece una nueva alianza entre el movimiento feminista y las jubiladas. Y también ha evidenciado que la cuestión de las pensiones no es sólo un asunto de las y los actuales pensionistas sino también de quienes hoy trabajan o buscan trabajo. Dicho de otra forma, con su lucha por sus derechos, defienden los derechos del conjunto.
La importancia política del movimiento de pensionistas radica en su impugnación global, en su enmienda a la totalidad, de la lógica del austeritarismo, pero también del incremento de los gastos militares, del rescate a la banca y las autopistas y a las políticas laborales neoliberales. El movimiento de pensionistas ha denunciado las post verdades (mentiras en lengua vulgar) del sistema, del gobierno del PP, de su socio Cs, de Linde, gobernador del Banco de España, de la CEOE, de los estudios de diversos servicios de los bancos, de la OCDE y de la propia Comisión Europea. Lo que aterra al PP, lo que temen el resto de los partidos es el impacto electoral que pudiera tener en este sector de la población en el próximo ciclo electoral, de ahí los nervios, los anuncios demagógicos, etc. De ahí también las declaraciones que intentan paralizar de miedo a la población. No lo van a lograr, l@s viej@s rocker@s que conquistaron las libertades y los derechos se han organizado y su voz clama en las calles.
16/03/2018
Manolo Garí es economista, militante de Anticapitalistas, miembro del Consejo asesor de viento sur
Pensionistas de segunda
17 marzo, 2018 - PùblicoLos pensionistas, ¡por fin!, se han ofendido con el aumento del 0,25% que tan generosamente el gobierno ha aplicado a las pensiones de 2018. Ese colectivo, de casi nueve millones de personas, había aguantado paciente y resignadamente que durante cinco años les tomasen el pelo regalándoles tal ridículo porcentaje. Recuerdo el programa de televisión en el que el ínclito García Albiol presumía de que el Partido Popular no iba a congelar las pensiones como había hecho Rodríguez Zapatero porque las aumentaría cada año el 0,25 por ciento. Es decir que a la miseria se unía la burla. Y como ahora los afectados se han enfadado con esta broma el PP y Ciudadanos tienen que arbitrar alguna manera de contener la sangría de votos que puede suponer el movimiento de pensionistas indignados.
Los partidos opositores al gobierno y el movimiento de los pensionistas han publicado largos manifiestos denunciando la pobreza en que han sumido a las generaciones que con tanto esfuerzo construyeron la España que tenemos, y la ingratitud que supone.
Pero en estos manifiestos generalistas se calcula el cómputo de pensiones sobre la media de las más altas con las más bajas, sin discriminación de sexo. No solamente tales cuentas son siempre aquellas en las que uno se ha comido dos pollos y otro ninguno y por tanto la media indica que se comieron uno cada uno, sino que además en el caso de las mujeres oculta la más flagrante de las injusticias.
Una mayoría de las españolas, hasta muy recientes tiempos, dedicaron los mejores años de su vida a reproducir hijos y cuidarlos, a ellos y al resto de la familia, para proporcionar fuerza de trabajo en buenas condiciones al capital. El franquismo apartó del mercado de trabajo a nueve millones de mujeres, a las que se prohibió emplearse asalariadamente. Esa era la cifra que sumaban las que el Estado catalogaba como dedicadas a “sus labores” en 1975. Con la burla añadida de que las clasificaba como “población inactiva”.
Naturalmente, para alivio de las arcas del Estado, muchas han muerto desde entonces, pero esa situación laboral no se invirtió rápidamente. Aunque el aumento del número de mujeres españolas que han entrado en el mercado laboral es enorme, hemos avanzado desde el 13 por ciento de los años setenta al 55 por ciento de hoy, ha sido paulatino, dejando a millones de mujeres en el camino. Y sobre todo, a pesar de lograr empleo asalariado las que han sido madres han debido optar, en una enorme proporción, por abandonarlo para cuidar a las crías, dada la falta de servicios sociales y ayudas económicas con que nuestros gobiernos han penalizado a las madres de niños pequeños. Si a ello añadimos que los empleos femeninos están peor pagados que los de los hombres, que se les impide la promoción profesional, que el trabajo a tiempo parcial –necesario para cuidar a la prole- lo tienen que escoger las mujeres, las cotizaciones sociales de éstas han sido escandalosamente bajas.
El resultado es que hoy las pensiones de las mujeres mayores son un 38 por ciento inferiores a las de los hombres, en un cálculo medio impreciso ya que muchas sufren una diferencia aún mayor. Y aquellas que nunca entraron en el mercado de trabajo deben contentarse o con la de viudedad que únicamente alcanza al 52% del salario asegurado del marido o con la no contributiva, cuya cuantía es de vergüenza. Es imprescindible remarcar que su situación es la peor de todo el colectivo de pensionistas.
Cuando el gobierno se escuda en la falta de recursos para aumentar las pensiones a un nivel decente deberíamos recordarle el aumento del presupuesto de Defensa en un 38 por ciento para este año, las regalías de que se beneficia la Iglesia, el submarino hundido que ha costado 800 millones de euros y costará 1.500 más reflotarlo, los 2.000 millones de rescatar las autopistas, los aeropuertos sin pasajeros, los AVES inútiles, las obras inacabadas y faraónicas por el delirio y la corrupción de los gobernantes en Cataluña, en Santiago de Compostela, en Valencia, en Asturias. Pero ya sabemos que para la derecha el reparto de la riqueza consiste en quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos.
En este maremágnum de peticiones y rechazos, de reproches y supuestos informes económicos surge, como una seta en mitad del bosque, el tema de la pirámide demográfica. Cada vez tenemos más viejos y menos jóvenes y no nacen niños. Y como si este fenómeno fuera provocado por alguna alteración de los astros, tanto los gobernantes como los políticos de la oposición, los que son y los que han sido, se muestran desolados e impotentes para revertirlo.
En mis continuos encuentros con diversos colectivos me deja atónita comprobar que ni las generaciones jóvenes ni las mayores relacionan la reproducción humana con las mujeres. Que cuando se les pregunta qué producen las mujeres los y las asistentes se quedan mudas y desconcertadas. Pues esta es también la reacción de los políticos. Retorciéndose las manos de angustia y con expresión de verdadera preocupación e incertidumbre repiten que la natalidad en España es muy baja y que no va a ver relevo para la generación anterior y que, en consecuencia, no se pagarán las pensiones de los mayores, ya que aún cuando éstos cotizaron decenas de años de trabajo su dinero ya no se encuentra, y hay que sufragarlas con lo que paguen los jóvenes, que son pocos y tienen salarios basura. En pocos años solamente habrá un joven y medio para cada pensionista. Pero de cómo incentivar la natalidad ni palabra.
En un país cuyo índice de nacimientos es de 1,3 por mujer adulta, siendo el mínimo necesario para reponer la población de 2,2, ningún gobierno se ha planteado qué hacer para convencer a las españolas de la necesidad de que se sacrifiquen trayendo más niños al mundo. La mitad de las que se hallan en edad fértil declaran que no piensan tener hijos. Si entendemos que la primera producción imprescindible es la de seres humanos, ¿qué se hace para incitarla, protegerla, aumentarla?
Se incentiva la producción de muy diversas mercancías y servicios mediante subvenciones, exenciones y rebajas de impuestos, tasas reguladas de la seguridad social, ayudas económicas sin intereses o a coste perdido, menos la producción de niños.
España tiene la inversión en asistencia social de las más bajas de UE, por ello padecemos una inexistente red de escuelas infantiles públicas y trabajadoras sociales, y ninguna ayuda económica para las madres. Con este plan de natalidad, no muy alejado del que sufríamos en el franquismo, nuestros gobernantes, ¿esperan que las mujeres sientan de pronto un tan fuerte instinto materno que las impulse a embarazarse y parir y lactar y criar hijos, con la enorme inversión en salud, tiempo y dinero, que tal empresa supone, sin poder disfrutar de ayuda alguna estatal y teniendo que abandonar sus expectativas profesionales?
Quizá las neuronas de los gobernantes y de la mayoría de políticos españoles sufren de alguna carencia, ya que no son capaces de entender esa elemental realidad. Deberíamos pedir que les sometan a una revisión neurológica, y sustituirlos.
Mientras tanto, las manifestaciones de esforzados pensionistas provocarán debates parlamentarios y portadas de medios de comunicación, pero las españolas que ya han conocido los sistemas anticonceptivos y la libertad de abortar, van a seguir negándose a parir. Y no hay sustitución. En este sector de la producción no sirven ni nuevas tecnologías ni robots.
O en los propósitos de los gobernantes entra subvencionar la maternidad adecuadamente o ni se pagarán las pensiones ni se poblará el país.
Los partidos opositores al gobierno y el movimiento de los pensionistas han publicado largos manifiestos denunciando la pobreza en que han sumido a las generaciones que con tanto esfuerzo construyeron la España que tenemos, y la ingratitud que supone.
Pero en estos manifiestos generalistas se calcula el cómputo de pensiones sobre la media de las más altas con las más bajas, sin discriminación de sexo. No solamente tales cuentas son siempre aquellas en las que uno se ha comido dos pollos y otro ninguno y por tanto la media indica que se comieron uno cada uno, sino que además en el caso de las mujeres oculta la más flagrante de las injusticias.
Una mayoría de las españolas, hasta muy recientes tiempos, dedicaron los mejores años de su vida a reproducir hijos y cuidarlos, a ellos y al resto de la familia, para proporcionar fuerza de trabajo en buenas condiciones al capital. El franquismo apartó del mercado de trabajo a nueve millones de mujeres, a las que se prohibió emplearse asalariadamente. Esa era la cifra que sumaban las que el Estado catalogaba como dedicadas a “sus labores” en 1975. Con la burla añadida de que las clasificaba como “población inactiva”.
Naturalmente, para alivio de las arcas del Estado, muchas han muerto desde entonces, pero esa situación laboral no se invirtió rápidamente. Aunque el aumento del número de mujeres españolas que han entrado en el mercado laboral es enorme, hemos avanzado desde el 13 por ciento de los años setenta al 55 por ciento de hoy, ha sido paulatino, dejando a millones de mujeres en el camino. Y sobre todo, a pesar de lograr empleo asalariado las que han sido madres han debido optar, en una enorme proporción, por abandonarlo para cuidar a las crías, dada la falta de servicios sociales y ayudas económicas con que nuestros gobiernos han penalizado a las madres de niños pequeños. Si a ello añadimos que los empleos femeninos están peor pagados que los de los hombres, que se les impide la promoción profesional, que el trabajo a tiempo parcial –necesario para cuidar a la prole- lo tienen que escoger las mujeres, las cotizaciones sociales de éstas han sido escandalosamente bajas.
El resultado es que hoy las pensiones de las mujeres mayores son un 38 por ciento inferiores a las de los hombres, en un cálculo medio impreciso ya que muchas sufren una diferencia aún mayor. Y aquellas que nunca entraron en el mercado de trabajo deben contentarse o con la de viudedad que únicamente alcanza al 52% del salario asegurado del marido o con la no contributiva, cuya cuantía es de vergüenza. Es imprescindible remarcar que su situación es la peor de todo el colectivo de pensionistas.
Cuando el gobierno se escuda en la falta de recursos para aumentar las pensiones a un nivel decente deberíamos recordarle el aumento del presupuesto de Defensa en un 38 por ciento para este año, las regalías de que se beneficia la Iglesia, el submarino hundido que ha costado 800 millones de euros y costará 1.500 más reflotarlo, los 2.000 millones de rescatar las autopistas, los aeropuertos sin pasajeros, los AVES inútiles, las obras inacabadas y faraónicas por el delirio y la corrupción de los gobernantes en Cataluña, en Santiago de Compostela, en Valencia, en Asturias. Pero ya sabemos que para la derecha el reparto de la riqueza consiste en quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos.
En este maremágnum de peticiones y rechazos, de reproches y supuestos informes económicos surge, como una seta en mitad del bosque, el tema de la pirámide demográfica. Cada vez tenemos más viejos y menos jóvenes y no nacen niños. Y como si este fenómeno fuera provocado por alguna alteración de los astros, tanto los gobernantes como los políticos de la oposición, los que son y los que han sido, se muestran desolados e impotentes para revertirlo.
En mis continuos encuentros con diversos colectivos me deja atónita comprobar que ni las generaciones jóvenes ni las mayores relacionan la reproducción humana con las mujeres. Que cuando se les pregunta qué producen las mujeres los y las asistentes se quedan mudas y desconcertadas. Pues esta es también la reacción de los políticos. Retorciéndose las manos de angustia y con expresión de verdadera preocupación e incertidumbre repiten que la natalidad en España es muy baja y que no va a ver relevo para la generación anterior y que, en consecuencia, no se pagarán las pensiones de los mayores, ya que aún cuando éstos cotizaron decenas de años de trabajo su dinero ya no se encuentra, y hay que sufragarlas con lo que paguen los jóvenes, que son pocos y tienen salarios basura. En pocos años solamente habrá un joven y medio para cada pensionista. Pero de cómo incentivar la natalidad ni palabra.
En un país cuyo índice de nacimientos es de 1,3 por mujer adulta, siendo el mínimo necesario para reponer la población de 2,2, ningún gobierno se ha planteado qué hacer para convencer a las españolas de la necesidad de que se sacrifiquen trayendo más niños al mundo. La mitad de las que se hallan en edad fértil declaran que no piensan tener hijos. Si entendemos que la primera producción imprescindible es la de seres humanos, ¿qué se hace para incitarla, protegerla, aumentarla?
Se incentiva la producción de muy diversas mercancías y servicios mediante subvenciones, exenciones y rebajas de impuestos, tasas reguladas de la seguridad social, ayudas económicas sin intereses o a coste perdido, menos la producción de niños.
España tiene la inversión en asistencia social de las más bajas de UE, por ello padecemos una inexistente red de escuelas infantiles públicas y trabajadoras sociales, y ninguna ayuda económica para las madres. Con este plan de natalidad, no muy alejado del que sufríamos en el franquismo, nuestros gobernantes, ¿esperan que las mujeres sientan de pronto un tan fuerte instinto materno que las impulse a embarazarse y parir y lactar y criar hijos, con la enorme inversión en salud, tiempo y dinero, que tal empresa supone, sin poder disfrutar de ayuda alguna estatal y teniendo que abandonar sus expectativas profesionales?
Quizá las neuronas de los gobernantes y de la mayoría de políticos españoles sufren de alguna carencia, ya que no son capaces de entender esa elemental realidad. Deberíamos pedir que les sometan a una revisión neurológica, y sustituirlos.
Mientras tanto, las manifestaciones de esforzados pensionistas provocarán debates parlamentarios y portadas de medios de comunicación, pero las españolas que ya han conocido los sistemas anticonceptivos y la libertad de abortar, van a seguir negándose a parir. Y no hay sustitución. En este sector de la producción no sirven ni nuevas tecnologías ni robots.
O en los propósitos de los gobernantes entra subvencionar la maternidad adecuadamente o ni se pagarán las pensiones ni se poblará el país.
