domingo, 3 de enero de 2021

El negocio de la guerra: empresas que contratan a colombianos para ser mercenarios

 


El negocio de la guerra: empresas que contratan a colombianos para ser mercenarios en Medio Oriente

El llamado para ser "agente de seguridad" en algún país en guerra está abierto para los colombianos a través de Internet.

 La información es pública y fue denunciada hace de diez años por un medio local.

A pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno de ese país parece no haberse pronunciado al respecto.

 

Imagen IlustrativaDaniel Munoz / Reuters

Empresas contratan a colombianosa través de internet, para que sean mercenarios en el Medio Oriente.

 

En una de estas compañías, que se denominada 'Mi futuro global', hay avisos de vacantes de personal médico y paramédico recién graduado, "con disponibilidad de viajar" y para traductores de inglés y árabe.

 

Global Qowa Al Basheria S.A.S, como es su denominación jurídica, tiene sede en Bogotá, y está autorizada por el Ministerio de Trabajo, según su propia página.

Al tratar de ingresar al apartado de 'Reglamentos internos', aparece la leyenda "Página no encontrada".

De igual manera, hay una convocatoria abierta para "personal femenino que tenga disponibilidad de tiempo y quiera trabajar en el exterior" con un mínimo de 1,70 metros de estatura y 70% de manejo de inglés.

Otra corporación de captación de personal es IG Solutions, cuyo contenido en inglés recoge que es "un líder de servicios de mano de obra, de movilización, de formación y de gestión.

Con capacidades de reclutamiento en Texas, India, Dubái, África, Perú, Colombia y en todo el Oriente Medio"

"Esa actitud indiferente del Gobierno colombiano facilita la acción de estas empresas en su territorio, con la complicidad de los servicios de Inteligencia“.
Adel El Zebayar, presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela.

¿Quién está detrás?

"Esta modalidad no es nueva.

Existe en otros países y se ha desarrollado en Irak y Siria", dice a RT Adel El Zebayar, presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela.

 

En una nota publicada por 'El Colombiano', un francotirador en Dubái relata en qué consiste el proceso de captación y la remuneración acordada, mucho mayor que la que podría obtener en Colombia.

Los responsables de la captación de personal son, en su opinión, las embajadas de Arabia Saudita y Catar, "que están enlazadas con las compañías de seguridad estadounidenses, dirigidas por el FBI y el Departamento de Estado".

El portal Aporrea cita una investigación del diario 'El Tiempo', hecha en 2004, que arroja que una filial en América Latina de la multinacional petrolera Halliburton Co. ya en ese año reclutaba a militares y policías retirados para ser vigilantes, escoltas de ejecutivos en Irak y refuerzos de las tropas estadounidenses.

 

Halliburton fue contratada para apagar los incendios causados por derrames petroleros durante la Guerra del Golfo.

Sobre el señalamiento de captación de mercenarios, según 'El Tiempo', ninguna autoridad colombiana se pronunció al respecto.

 

La situación en 13 años no ha variado. "Esa actitud indiferente del Gobierno colombiano facilita la acción de estas empresas en su territorio, con la complicidad de los servicios de Inteligencia", explica El Zebayar, quien también ha sido combatiente del Ejército del Gobierno de Bashar Al Assad.

¿Qué ofrecen estas empresas?

"La existencia de una cultura militar en Colombia es bien aprovechada por estas organizaciones como lo han hecho en Yemen", considera El Zebayar.

Los honorarios para latinoamericanos, que corresponden a la mitad de lo que le pagarían a un soldado de otros países, podrían estar entre 2.000 y 12.000 dólares.

"Un soldado regular gana 2.600 dólares, un capitán 6.000 y un mayor 12.000", reseña 'El Colombiano', durante unos 10 meses de trabajo.

Tienen 45 días de vacaciones en noviembre y diciembre para visitar a su familia, con quien hablan a través de WhatsApp, Facebook y Skype durante el tiempo de servicio.

"La paga es jugosa cuando haces una comparación con los salarios que perciben en su patria, aceptan porque ese dinero se lo van a depositar a sus familiares", expresa El Zebayar.

"Existe un mercado que se mueve alrededor de la guerra, una pelea de geopolítica.

Se aprovechan de la pobreza que se vive en América Latina“.
Adel El Zebayar, presidente de la Federación de Asociaciones y Entidades Árabes de Venezuela.

"Existe un mercado que se mueve alrededor de la guerra, una pelea de geopolítica.

Se aprovechan de la pobreza que se vive en América Latina", agrega.

Estas empresas tienen sus operadores dentro de Colombia, les pagan por buscar a los candidatos.

"Ellos tienen sus recompensas, entre 3.000 y 10.000 dólares por encontrarlos, dependiendo de la persona que estén llevando".

Lo que nadie dice

De cada 10 mercenarios en Siria, ocho son extranjeros, dice El Zebayar, quien en 2013 pidió un permiso de sus labores como diputado venezolano para combatir en Siria.

Reclutan a latinoamericanos porque tienen semejanzas fenotípicas con la población del Medio Oriente, a pesar de que no dominen el idioma.

Según informaciones del Gobierno sirio, muchos de esos 150.000 mercenarios que han sido llevados a ese territorio han muerto, "pero son cuerpos que nadie reclama" por temor, agrega.

Nathali Gómez

Tomado de:  https://actualidad.rt.com/

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Preocupación por los Estados que contratan empresas de seguridad privada

 



Preocupación por los Estados que contratan empresas de seguridad privada en situaciones migratorias


20 de diciembre de 2019

Una larga lista de empresas de seguridad privada han participado en el abuso de los derechos de los migrantes, señalaron los expertos durante un debate organizado por el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios al margen del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos el pasado noviembre en Ginebra.

Un empleado de una empresa de seguridad privada recoge vales de comida para refugiados en el centro de recepción de refugiados en Trier-Nord, Alemania, agosto de 2015 @ EPA / HARALD TITTEL












Los expertos destacaron, en particular, abusos atroces a los derechos humanos en el contexto de la privatización de los centros de detención de inmigrantes y otros elementos por parte de algunos Estados de América, Europa y Oceanía que contratan los servicios de empresas de seguridad privada para gestionar los flujos migratorios.

Lilian Bobea, miembro del Grupo de Trabajo, recordó que, en un informe de 2017 , los expertos encontraron que la subcontratación de la gestión de los centros de detención relacionados con la inmigración a proveedores privados crea grandes riesgos de violación de los derechos humanos.

 "Los Estados tienen la obligación de supervisar y controlar los centros de detención privatizados y tomar las medidas adecuadas para reparar y reparar los derechos de las personas privadas de libertad", dijo Bobea, y llamó la atención sobre los desafíos de responsabilidad y reparación que plantea la privatización de los centros de detención de inmigrantes. . 

Las líneas borrosas entre la seguridad pública y privada provocan fricciones

Nessma Bashi, una defensora legal independiente que brinda servicios legales alternativos a refugiados y solicitantes de asilo en Grecia, recordó las terribles condiciones en el 'punto caliente' de Moria en la isla de Lesbos. 

Las líneas difusas entre la seguridad pública y la privada crean confusión sobre los roles y responsabilidades de estos diferentes actores y se suman a la angustia que sienten las personas en el campo.

La Sra. Bashi dijo a los participantes que en 2016, los migrantes presentaron una denuncia contra la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) que había adquirido los servicios de empresas de seguridad privada para gestionar partes del campo de Moria. 

A través de su trabajo, ha visto cómo las quejas en torno al papel del contratista de seguridad privada de la EASO contribuyen a las fricciones y, en algunos casos, pueden incluso haber obstaculizado el acceso a las instalaciones de la EASO donde se llevan a cabo los procedimientos de asilo.  

También se han utilizado empresas de seguridad privada en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos. 

En el lado mexicano de la frontera, explicó la abogada mexicana Alejandra Ortiz Díaz, los guardias de seguridad privados apostados en los cruces fronterizos están vestidos de azul, de manera similar a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos, lo que genera confusión sobre su identidad.

Ella dio como ejemplo a personas que han informado que el personal de seguridad privada las ha desalentado de ingresar a los Estados Unidos. 

Esto incluye casos en los que, según informes, a los migrantes se les ha dicho que solo se permitirá cruzar la frontera a quienes tengan documentos, como pasaportes, a pesar de que la posesión de dichos documentos no es un requisito para solicitar asilo.

Los niños están recluidos en "condiciones similares a las de una prisión"

Ortiz Díaz también describió las terribles condiciones en los centros privados en Estados Unidos en los que se alojan adolescentes migrantes, separados de sus familias.


Normalmente, los niños en este estado son enviados a refugios permanentes. 

Estos son refugios para niños con licencia estatal que deben cumplir con ciertos estándares de atención

La mayoría de ellos están dirigidos por organizaciones sin fines de lucro ”, dijo.

 "Pero cuando hay un aumento en el número de niños no acompañados, de modo que estos refugios permanentes están a plena capacidad o casi, los niños no acompañados son enviados a instalaciones como Homestead [centro de detención]".

Homestead, aunque clasificada por el gobierno de los EE. UU. Como una instalación de emergencia temporal, desde marzo de 2018 hasta julio de 2019, estuvo a cargo de una empresa privada con fines de lucro que recibió decenas de millones de dólares estadounidenses del gobierno federal a través de una oferta no competitiva.

Ortiz Díaz señaló que los niños detenidos en esa instalación habían experimentado condiciones parecidas a las de una prisión. 

Decenas de niños dormían en literas, en una gran habitación sin ventanas que no recibía luz natural. 

Los niños se despertaron a las 6 de la mañana, cuando solo tenían cinco minutos para ducharse. 

A los niños solo se les concedieron dos horas de tiempo libre al día y las visitas familiares se limitaron a 10 minutos dos veces por semana. 

No se permitió ningún contacto físico entre los niños, ni siquiera entre los hermanos, que finalmente fueron enviados a la cama a las 10 de la noche. 

También se expresaron serias preocupaciones sobre la calidad de la educación y la atención médica que recibieron los niños mientras estaban detenidos.

Se necesita más responsabilidad

Bridget Arimond, profesora clínica de derecho y directora del programa LLM en derechos humanos internacionales de la Northwestern University, indicó que desde el cambio de administración a finales de 2016, el número de migrantes detenidos en Estados Unidos había aumentado en un 40%.

En un día cualquiera, entre 40.000 y 50.000 migrantes son detenidos, dijo, el 70 por ciento de los cuales están recluidos en instalaciones operadas por empresas privadas. 

Los migrantes han denunciado restricciones de acceso a la atención médica y abuso físico y sexual, así como el uso excesivo del confinamiento solitario, agregó Arimond. 

Los detenidos, bajo la amenaza de represalias en régimen de aislamiento, supuestamente también han sido explotados como mano de obra por estas empresas para reducir considerablemente los costos.

Advirtió que a medida que la administración de Estados Unidos busca garantizar la detención a largo plazo de las unidades familiares, los proveedores de seguridad privada están listos para obtener mayores ganancias si la detención familiar prolongada se convierte en una opción viable. 

“Por esta razón y muchas otras, ahora es un momento absolutamente crítico para abordar el deber del Estado de proteger y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en relación con la detención de inmigrantes privatizada”, dijo.

Al hablar sobre su experiencia en la detención en alta mar en la isla Manus en Papua Nueva Guinea, Abdul Aziz Muhamat recordó el maltrato que él y sus compañeros refugiados sufrieron a manos de los proveedores de seguridad privada contratados por Australia. 

“Las empresas cambiaron, pero el mismo personal permaneció en el terreno”, dijo, lo que generó preocupación por la falta de responsabilidad de las empresas que se beneficiaron de contratos lucrativos a lo largo de los años.

Jelena Aparac, miembro del Grupo de Trabajo, concluyó que para garantizar la responsabilidad de los proveedores de seguridad privada se necesita un instrumento internacional legalmente vinculante para regular la amplia gama de actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.  

En 2020, el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios publicará un informe sobre el papel de las empresas militares y de seguridad privadas en la gestión de inmigración y fronteras y el impacto en la protección de los derechos de los migrantes .


Tomado de:  https://www.ohchr.org/

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El perdón de Trump a los mercenarios de Blackwater es una afrenta a la justicia

 




El perdón de Trump a los mercenarios de Blackwater es una afrenta a la justicia, aseguran expertos independientes

El grupo de expertos en derechos humanos especializado en el uso de mercenarios afirma que el perdón presidencial a cuatro contratistas acusados de crímenes de guerra en Iraq constituye una violación del derecho internacional. 

Los perdones, amnistías y otras formas de exculpación abren la puerta a la impunidad, advierten los relatores.

“Haber perdonado a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia y a las víctimas de la masacre en la plaza Nisour [de Bagdad], así como a sus familias”, aseveraron este miércoles los expertos* de la ONU en derechos humanos integrantes del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios.

El Grupo advirtió que el perdón otorgado por el saliente presidente estadounidense Donald Trump a cuatro guardias de seguridad privados acusados de crímenes de guerra en Iraq viola las obligaciones que tiene Estados Unidos según el derecho internacional y socava las leyes humanitarias y derechos humanos a nivel global.

El pasado 22 de diciembre, Trump anunció su perdón a los cuatro contratistas de la empresa Blackwater que habían sido condenados en abril de 2015 por el asesinato de al menos 14 civiles desarmados, dos de ellos niños, en la concurrida plaza Nisour de Bagdad en 2007. Durante esa masacre también resultaron heridas 17 personas en una acción atroz que causó conmoción mundial.

Un tribunal de Estados Unidos procesó y halló culpables de múltiples crímenes a los mercenarios, sentenciando a tres de ellos -Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard-, a 30 años de prisión por intento y voluntad de asesinato; y dictando cadena perpetua para el cuarto, Nicholas Slatten, por asesinato en primer grado.

Puerta a la impunidad

La presidenta del Grupo de Trabajo, Jelena Aparac, recordó que las Convenciones de Ginebra “obligan a los Estados a hacer rendir cuentas a los criminales de guerra aun cuando éstos hayan actuado como contratistas privados de seguridad”.

En este sentido, los expertos llamaron a todos los Estados parte de esas Convenciones a condenar los perdones presidenciales.

“Garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes es fundamental para la humanidad y para la comunidad de naciones”, recalcó Aparac.

Los especialistas aseveraron que los perdones, amnistías y otras formas de exculpación “abren la puerta a futuros abusos cuando los países contraten compañías militares y de seguridad privadas para ejercer funciones inherentes al Estado”.

En este sentido, el Grupo de Trabajo hizo patente una gran preocupación por la posibilidad de que al permitir que las empresas privadas de seguridad operen con impunidad en los conflictos armados se aliente a los Estados a evadir sus obligaciones con las leyes humanitarias, delegando cada vez más sus funciones militares al sector privado.

El Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios está integrado por Jelena Aparac, Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravidarn Daniel y Sorcha MacLeod.

Los Grupos de Trabajo y los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos

Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. 

Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. 

Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU

Tomado de:  https://elcomunista.net/

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sábado, 2 de enero de 2021

Las farmacéuticas: la peor mafia

 


Las farmacéuticas: la peor mafia

Maryssa Ruiz*. LQSomos. Agosto 2017

La industria farmacéutica es la más corrupta y poderosa del mundo y mata más gente que todas las guerras que tenemos activas en el mundo, pero a largo plazo. Están más interesados en enfermar a la gente que en curarla.

Una mafia que maneja a la sociedad de una forma consentida y legalizada y que juega con la salud de todos para beneficiarse económicamente.

Como dije días atrás voy a ir subiendo en varios escritos cierta información para que todos sepamos a lo que estamos expuestos y lo haré en diversas publicaciones debido a la gran cantidad de datos que hay sobre este tema aunque a los días desaparezcan como `por arte de magia´ las publicaciones que hago sobre esto.

Hoy puntualizo solo algunos casos de estafa de algunas marcas conocidas, más adelante seguiré detallando más; espero que sea una información fructífera para vosotros.

Fraudes farmacéuticos:

– Pfizer acepta un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de 2.300 millones de dólares.

Se trata del mayor acuerdo judicial por fraude en el ámbito sanitario de la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Una filial de Pfizer se declaró culpable por el mal etiquetado de los fármacos “con intención defraudadora o engañosa”, y se acusó a la empresa de la promoción ilegal de cuatro fármacos: Bextra (valdecoxib, un fármaco para la artritis que fue retirado del mercado en 2005), Geodon (ziprasidona, un antipsicótico), Zyvox (linezolid, un antibiótico) y Lyrica (pregabalina, un antiepiléptico).

Las acusaciones de que Pfizer sobornaba y tenía generosos detalles con los médicos para que recetaran estos cuatro fármacos acabaron con un acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares, además de 102 millones más para los seis denunciantes del caso.

Su antibiótico, el Zyvox, era ocho veces más caro que la vancomicina, e incluso Pfizer reconocía que ésta era mejor que el Zyvox. 

Sin embargo, Pfizer mintió a los médicos afirmando lo contrario. 

Incluso después del aviso de la FDA de que dejasen de realizar declaraciones infundadas que provocaban serios conflictos sanitarios (ya que la vancomicina se receta a enfermos en condiciones críticas).

– Novartis llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por valor de 423 millones de dólares.

Este acuerdo nacía de la acusación de responsabilidad civil y penal por marketing y promoción ilegal del Trileptal (oxcarbazepina, un antiepiléptico aprobado para tratar crisis epilépticas focales, pero no para su uso psiquiátrico o contra el dolor, entre otros). Novartis promocionó ilícitamente el Trileptal y otros cinco fármacos más, por lo que se presentaron denuncias de fraude en los programas del sistema sanitario.

 Los denunciantes, todos antiguos empleados de Novartis, recibieron más de 25 millones de dólares de la compañía, y la empresa firmó el Acuerdo de Integridad Corporativa.

– Roche convence a los Gobiernos de una compra masiva de Tamiflu.

Roche no ha publicado la mayor parte de los datos de sus ensayos clínicos, y se ha negado a compartirlos con los investigadores independientes de la Colaboración Cochrane. 

La farmacéutica ha afirmado (aunque basándose en ensayos no publicados) que el Tamiflu (profármaco antiviral selectivo contra el virus de la gripe) reduce las hospitalizaciones en un 61%, las complicaciones secundarias en un 67%, y las infecciones de las vías respiratorias bajas que requieren tratamiento con antibióticos en un 55%. 

Curiosamente, Roche convenció a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para que aprobara el fármaco para la prevención de complicaciones gripales, y el resumen de las características del producto que elaboró la agencia decía que reducía de 12,7 al 8,6% las complicaciones en las vías respiratorias bajas (p = 0,001).

Por el contrario, la FDA hizo llegar a Roche un comunicado advirtiéndoles de que no debían afirmar que el Tamiflu reducía la gravedad y la incidencia de las infecciones secundarias, y solicitó que añadieran el siguiente aviso de exención de responsabilidades en la ficha técnica del fármaco: “No se ha demostrado que el Tamiflu tenga un efecto positivo en las consecuencias potenciales (como la hospitalización, la mortalidad o el impacto económico) de los casos de gripe estacional, aviaria o pandémica”.

No existen pruebas claras de que el Tamiflu evite las complicaciones gripales, ni de que reduzca la transmisión de la enfermedad. 

Uno de los escritores fantasma que trabajaban para Roche declaró: “Estábamos obligados a incluir ciertas frases clave para la promoción del Tamiflu; estas frases salían del departamento de marketing, por lo que teníamos que rendir cuentas ante ellos”

El Tamiflu reducía la duración de la gripe unas 21 horas como máximo, es decir, lo mismo que otros fármacos más baratos, como la aspirina y el paracetamol

Además, el Tamiflu provocaba daños importantes, pero Roche ocultó esta información hasta tal extremo que incluso los investigadores de Cochrane fueron incapaces de documentarlos para la revisión Cochrane.

– Johnson & Johnson, multado con 1.100 millones de dólares.

Un jurado dictaminó que Johnson & Johnson y su filial Janssen habían minimizado y ocultado los peligros asociados con su antipsicótico, Risperdal (risperidona) y el juez contabilizó hasta 240.000 infracciones de la legislación antifraude de Arkansas contra Medicaid. 

Los miembros del jurado fallaron a favor del Estado, que argumentó que Janssen mintió acerca de los efectos secundarios potencialmente mortales del fármaco, entre los que figuraban (como en otros antipsicóticos) la muerte, infartos cardiovasculares, crisis epilépticas, aumento de peso y diabetes. 

A pesar de que la FDA había ordenado a Janssen que mandara una carta a los médicos que corrigiera la que había enviado anteriormente y que decía que el Risperdal no aumentaba el riesgo de padecer diabetes, después del juicio Janssen siguió afirmando que no había incumplido la legislación. 

Existen sentencias anteriores que fallaron en contra de la farmacéutica sólo unos meses antes, y que imponían una sanción de 327 millones de dólares.

Lo peor del caso es que estas prácticas delictivas también afectaron a niños. 

Más de una cuarta parte de los tratamientos con Risperdal se realizaron en niños y adolescentes, incluyendo indicaciones no aprobadas, por lo que un comité de expertos farmacéuticos federales concluyó que se estaba abusando del fármaco. 

Joseph Biederman, un reconocido psiquiatra infantil de Harvard, lo recetó para tratar a una gran cantidad de niños, además de extorsionar a la farmacéutica

Los correos electrónicos internos mostrados durante el juicio revelaron que Biederman estaba furioso con Johnson & Johnson después de que la empresa denegara una solicitud que realizó el psiquiatra para obtener una beca de investigación de 280.000 dólares.

Las acusaciones formuladas establecían que Johnson & Johnson pagaba sobornos para que Omnicare, la mayor cadena de establecimientos farmacéuticos para clínicas privadas, comprara y recomendara el tratamiento con Risperdal y otros fármacos de la empresa.

¿En manos de quién estamos?………


Tomado de: http://matrizur.org/

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Las farmacéuticas ¿pretenden curar o son una estafa?

 


Las farmacéuticas ¿pretenden curar o son una estafa? 


Por: Maryssa Ruiz*. LQSomos.

El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancias, gracias a que si alguien necesita una medicina y dispone de recursos la compra pero… ¿Qué ocurre si no tienes el dinero suficiente para comprar esa medicina? Pues que no importas, que no significas nada para esta sociedad capitalista cuyo único fin es el beneficio económico y terminarás por morirte de asco.

El mercado farmacéutico está dominado por grandes empresas de los países industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en desarrollo y acapara una gran parte del mercado mundial gracias al control de la innovación y el desarrollo. 

El sector farmacéutico se encuentra en continuo crecimiento y se caracteriza por una competencia oligopólica en la que 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial.

La globalización le ha permitido a las farmacéuticas maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas (países en vías de desarrollo), instalan sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados.

Estas empresas buscan conseguir fabulosas ganancias, recurriendo a estrategias muchas veces cuestionables que gracias a su poder suelen gozar de una gran impunidad, aplastando a competidores menores y presionando a los gobiernos. 

Los precios que fijan son muy elevados lo que los hacen inaccesibles a una gran parte de la población mundial, mientras que algunos de sus productos dañan la salud de los enfermos.

Estrategias como realizar una gran presión propagandística de los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y puedan ser nocivos para la salud, explotar al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva, reducir la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades (como la proliferación de “medicamentos” antienvejecimiento) o forzar las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas hacen que este sector se convierta en uno de los principales cánceres del planeta que está acabando con la vida del ser humano de una forma lenta, minuciosa, consentida y legalizada.

La industria farmacéutica ha convertido la enfermedad en un negocio. 

La globalización ha permitido extender su poder por el que deciden qué enfermedades y qué enfermos merecen cura. 

El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padecen un 10% de la población mundial (cáncer, artrosis, diabetes, trastornos de lípidos, hipertensión, etc.).

La situación en España (o de cualquier país en desarrollo) 

Como sucede habitualmente en nuestro país los problemas solo alcanzan relevancia pública cuando se produce un estallido o una situación muy llamativa y así sucede con la política farmacéutica.

España tiene un gasto farmacéutico (GF) elevado y en parte escondido (los datos sobre gasto farmacéutico hospitalario permanecen ocultos y solo se conocen públicamente con muchos años de demora). 

Si nos fijamos en las comparaciones públicas internacionales (Health Data 2014) podemos constatar que nuestro gasto farmacéutico se situaba por encima de la media de la OCDE. 

Sabemos también que el gasto farmacéutico en recetas, que era uno de los impulsores del crecimiento del GF, se moderó durante algunos años, pero ha vuelto a incrementarse y que el GF hospitalario no ha dejado de crecer incluso en los años en que disminuía el GF de recetas. 

Ese es el primer reto que afronta el sistema sanitario, controlar el GF y homologarnos cuando menos al promedio de la OCDE.

El perfil de prescripción también es manifiestamente mejorable, por ejemplo el consumo de antibióticos es elevado (el 38% lo consumieron) lo que favorece una elevada resistencia bacteriana (nos encontramos entre los países europeos con mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos). 

Se han hecho muchas intervenciones al respecto, la primera de promoción de los genéricos que ha tenido un impacto muy importante con grandes diferencias según CCAA, y otras sobre la mejora del perfil de la prescripción de resultados mucho menos evidentes y con demasiada variabilidad.

Los grandes beneficios de la industria se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (recientemente se ha denunciado que en España hay desabastecimiento de 170 medicamentos cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más que las farmacéuticas solo se preocupan por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población.

Los efectos secundarios de los medicamentos son más frecuentes de lo que se piensa, por ejemplo en Francia mueren 18.000 personas por efectos adversos y en España el número de muertes anuales triplica la de los accidentes de tráfico, por eso todas las autoridades sanitarias advierten respecto a la sobremedicación de la población y a la necesidad de evaluar y reducir de manera estricta la utilización indebida (aquella en que los riesgos superan a los beneficios potenciales). 

También hay que tener presente que cuanto más nuevo es un medicamento menos conocimiento se tiene de sus efectos secundarios (especialmente los que son infrecuentes).

Los copagos establecen una barrera en el acceso que no se hace en relación con la utilidad de los medicamentos sino con el poder adquisitivo de las personas, así disuaden a los más enfermos y a los más pobres, reduciendo tanto la utilización inapropiada como la necesaria para el mantenimiento de la salud. Lógicamente la industria los aplaude porque así evita que las intervenciones se hagan sobre sus negocios.

 Tomado de: https://www.arsenalterapeutico.com/

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