Preocupación por los Estados que contratan empresas de seguridad privada en situaciones migratorias
Una larga lista de empresas de seguridad privada han participado en el abuso de los derechos de los migrantes, señalaron los expertos durante un debate organizado por el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios al margen del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos el pasado noviembre en Ginebra.
Los expertos destacaron, en particular, abusos atroces a los derechos humanos en el contexto de la privatización de los centros de detención de inmigrantes y otros elementos por parte de algunos Estados de América, Europa y Oceanía que contratan los servicios de empresas de seguridad privada para gestionar los flujos migratorios.
Lilian Bobea, miembro del Grupo de Trabajo, recordó que, en un informe de 2017 , los expertos encontraron que la subcontratación de la gestión de los centros de detención relacionados con la inmigración a proveedores privados crea grandes riesgos de violación de los derechos humanos.
"Los Estados tienen la obligación de supervisar y controlar los centros de detención privatizados y tomar las medidas adecuadas para reparar y reparar los derechos de las personas privadas de libertad", dijo Bobea, y llamó la atención sobre los desafíos de responsabilidad y reparación que plantea la privatización de los centros de detención de inmigrantes. .
Las líneas borrosas entre la seguridad pública y privada provocan fricciones
Nessma Bashi, una defensora legal independiente que brinda servicios legales alternativos a refugiados y solicitantes de asilo en Grecia, recordó las terribles condiciones en el 'punto caliente' de Moria en la isla de Lesbos.
Las líneas difusas entre la seguridad pública y la privada crean confusión sobre los roles y responsabilidades de estos diferentes actores y se suman a la angustia que sienten las personas en el campo.
La Sra. Bashi dijo a los participantes que en 2016, los migrantes presentaron una denuncia contra la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) que había adquirido los servicios de empresas de seguridad privada para gestionar partes del campo de Moria.
A través de su trabajo, ha visto cómo las quejas en torno al papel del contratista de seguridad privada de la EASO contribuyen a las fricciones y, en algunos casos, pueden incluso haber obstaculizado el acceso a las instalaciones de la EASO donde se llevan a cabo los procedimientos de asilo.
También se han utilizado empresas de seguridad privada en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos.
En el lado mexicano de la frontera, explicó la abogada mexicana Alejandra Ortiz Díaz, los guardias de seguridad privados apostados en los cruces fronterizos están vestidos de azul, de manera similar a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos, lo que genera confusión sobre su identidad.
Ella dio como ejemplo a personas que han informado que el personal de seguridad privada las ha desalentado de ingresar a los Estados Unidos.
Esto incluye casos en los que, según informes, a los migrantes se les ha dicho que solo se permitirá cruzar la frontera a quienes tengan documentos, como pasaportes, a pesar de que la posesión de dichos documentos no es un requisito para solicitar asilo.
Los niños están recluidos en "condiciones similares a las de una prisión"
Ortiz Díaz también describió las terribles condiciones en los centros privados en Estados Unidos en los que se alojan adolescentes migrantes, separados de sus familias.
“Normalmente, los niños en este estado son enviados a refugios permanentes.
Estos son refugios para niños con licencia estatal que deben cumplir con ciertos estándares de atención.
La mayoría de ellos están dirigidos por organizaciones sin fines de lucro ”, dijo.
"Pero cuando hay un aumento en el número de niños no acompañados, de modo que estos refugios permanentes están a plena capacidad o casi, los niños no acompañados son enviados a instalaciones como Homestead [centro de detención]".
Homestead, aunque clasificada por el gobierno de los EE. UU. Como una instalación de emergencia temporal, desde marzo de 2018 hasta julio de 2019, estuvo a cargo de una empresa privada con fines de lucro que recibió decenas de millones de dólares estadounidenses del gobierno federal a través de una oferta no competitiva.
Ortiz Díaz señaló que los niños detenidos en esa instalación habían experimentado condiciones parecidas a las de una prisión.
Decenas de niños dormían en literas, en una gran habitación sin ventanas que no recibía luz natural.
Los niños se despertaron a las 6 de la mañana, cuando solo tenían cinco minutos para ducharse.
A los niños solo se les concedieron dos horas de tiempo libre al día y las visitas familiares se limitaron a 10 minutos dos veces por semana.
No se permitió ningún contacto físico entre los niños, ni siquiera entre los hermanos, que finalmente fueron enviados a la cama a las 10 de la noche.
También se expresaron serias preocupaciones sobre la calidad de la educación y la atención médica que recibieron los niños mientras estaban detenidos.
Se necesita más responsabilidad
Bridget Arimond, profesora clínica de derecho y directora del programa LLM en derechos humanos internacionales de la Northwestern University, indicó que desde el cambio de administración a finales de 2016, el número de migrantes detenidos en Estados Unidos había aumentado en un 40%.
En un día cualquiera, entre 40.000 y 50.000 migrantes son detenidos, dijo, el 70 por ciento de los cuales están recluidos en instalaciones operadas por empresas privadas.
Los migrantes han denunciado restricciones de acceso a la atención médica y abuso físico y sexual, así como el uso excesivo del confinamiento solitario, agregó Arimond.
Los detenidos, bajo la amenaza de represalias en régimen de aislamiento, supuestamente también han sido explotados como mano de obra por estas empresas para reducir considerablemente los costos.
Advirtió que a medida que la administración de Estados Unidos busca garantizar la detención a largo plazo de las unidades familiares, los proveedores de seguridad privada están listos para obtener mayores ganancias si la detención familiar prolongada se convierte en una opción viable.
“Por esta razón y muchas otras, ahora es un momento absolutamente crítico para abordar el deber del Estado de proteger y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en relación con la detención de inmigrantes privatizada”, dijo.
Al hablar sobre su experiencia en la detención en alta mar en la isla Manus en Papua Nueva Guinea, Abdul Aziz Muhamat recordó el maltrato que él y sus compañeros refugiados sufrieron a manos de los proveedores de seguridad privada contratados por Australia.
“Las empresas cambiaron, pero el mismo personal permaneció en el terreno”, dijo, lo que generó preocupación por la falta de responsabilidad de las empresas que se beneficiaron de contratos lucrativos a lo largo de los años.
Jelena Aparac, miembro del Grupo de Trabajo, concluyó que para garantizar la responsabilidad de los proveedores de seguridad privada se necesita un instrumento internacional legalmente vinculante para regular la amplia gama de actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios publicará un informe sobre el papel de las empresas militares y de seguridad privadas en la gestión de inmigración y fronteras y el impacto en la protección de los derechos de los migrantes .
Tomado de: https://www.ohchr.org/
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