INGRESAN A ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE
CORRUPTOS Y CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD
Publicado: septiembre 2, 2015
INGRESAN A ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES
DE LESA HUMANIDAD Document type or Classification Level:
Declassified. Importance Document: Very High.Degree of sensitivity: Very sensitive.
Por: Fabriz’zio Txavarría Velázquez
Este es un regalo
para todos aquellos amantes de la Paz y de La Verdad: Anexo les entrego el Portuario
Completo de ALVARO
URIBE VELEZ Amigo incondicional de Capriles Radonsky y de Leopoldo López (Monstruo de Ramo Verde):
Y esta es una Copia del Documento entregado en los
tribunales de la Haya para que este abominable ser (Uribe) sea juzgado por crímenes de Lesa Humanidad.
Bogotá-Colombia-AGPROG(01-09-2015).- Varios medios informativos de carácter masivo y de comunicación
internacional, han difundido ampliamente y se han hecho eco de la decisión
tomada por un organismo internacional, el centro CENIC
Internacional ( una institución de carácter No
Gubernamental de amplia filosofía humanista y de rescate de los valores morales
humanos), una decisión en su División especializada de
estudios geopolíticos, políticos y sociales, que resolvió ingresar a : Álvaro
Uribe Vélez, un personaje de la vida pública y política colombiana a la Lista
de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad, para ser presentado
formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. – Corte Penal Internacional de La
Haya, esto en base a la existencia de indicios suficientes o elementos
procesales, testimonios, grabaciones, documentación, pruebas penales y
materiales que soportan tal decisión, a raíz de los datos y/o revelaciones
expuestas en investigaciones ejecutadas y/o realizadas, en el que se detallan
minuciosamente más de una decena de cargos criminales que pesan sobre el
sindicado.
Motivos por los que debe ser puesto obligatoriamente a disposición
del Tribunal Penal internacional.
FOTO
ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y
CRIMINALES DE LESA
HUMANIDAD ( Bogotá-Colombia)
Entre
los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan, están:
1.- Concierto para cometer crímenes de
lesa humanidad siendo autor intelectual de cientos de crímenes realizados.
2.- Promocionar y alentar el lavado de
dinero producto de actividades ilícitas.
3.- Encubrimiento de cientos de
asesinatos.
4.- Recibir sobornos y financiamiento de
grupos delictivos.
5.- Creación, financiación y soporte de
los escuadrones de la muerte.
6.- Autorizar y ordenar ejecuciones
extrajudiciales masivas, asesinatos selectivos y en masa.
7.-- Asociación delictuosa.
8.- Narcotráfico.
9.- Autorizar persecución a personas
extrajudicialmente.
10.- Forzar Exterminios y limpiezas
étnicas.
11.- Encarcelación u otra privación grave
de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho
internacional.
12.- Autorizar torturas.
13.- Forzar a violaciones, esclavitud
sexual, prostitución forzada y esterilizaciones forzadas y varias formas de
violencias sexual como amedrentamiento.
14.- Financiación y promoción de
actividades paramilitares.
15.- Traición a la patria (Colombia).
16.- Conspiración política y atentar
contra la soberanía de los pueblos.
17.- Injerencia criminal y en hechos
conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas promoviendo la
desestabilización de naciones vecinas.
Delitos
de Lesa Humanidad por los que se imputa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ:
“Por
crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala
e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo
cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d)
Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos políticos, raciales,
religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y
libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la
población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter
arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas;
j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros
actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la
salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.”
(Artículo 18)”.
Los
cargos por delitos de Lesa Humanidad por los que se lo acusa al Sr. ALVARO
URIBE VELEZ, están descritos en base al Estatuto de Roma. El 17 de julio de
1998 fue aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER);
allí se tipificaron una serie de conductas consideradas como Crímenes de Lesa
Humanidad. Es válido anotar que el artículo 7 del ER, retoma los antecedentes
históricos e incluye todas aquellas conductas consideradas graves y de reproche
internacional; incorporando los elementos esenciales que en forma posterior
expondremos a partir del desarrollo que del mismo realizó la Corte
Constitucional.
El
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio
de 2002 y tiene competencia solamente respecto de los crímenes cometidos con
posterioridad a esa fecha y en el caso colombiano, después del 1 de noviembre
de 2002, fecha de entrada en vigencia con la ley 742 de 2002; es decir, tres
meses después de haberse posesionado como presidente el señor ALVARO URIBE
VELEZ. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional realizó un
desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir del
contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes
de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos
causales:
1.
Ataque generalizado o sistemático.
2.
Ataque dirigido contra la población
civil.
3.
Comisión de actos inhumanos.
4.
Conocimiento de que se trata de un
ataque sistemático o generalizado contra una población civil.
5.
persecución con fundamentos
políticos, raciales, nacionales, étnicos.
6.
Ataque contra una población civil”,
“exterminio”, “esclavitud”, “deportación o traslado forzoso de población”,
“tortura”, “embarazo forzado”, “persecución”, “crimen de apartheid” y “desaparición
forzada de personas.
La
Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias
penales contra personas individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y
con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde
hayan ocurrido los hechos.
Así
se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La
Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de
los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el
presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones
penales nacionales.
Los
“crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría
competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de lesa humanidad.
c) Los crímenes de guerra.
Contra
el imputado debe ejercerse una acción penal y su consignación respectiva.
Ahora
bien el fin del proceso penal es alcanzar la justicia, el bien común y la
seguridad jurídica, esto ante las miles de víctimas, teniendo en consideración
este fin general, el proceso penal deberá ser PENAL REPRESIVO (sancionando la
peligrosidad delictiva del imputado) y PENAL PREVENTIVO (para evitar la
comisión de más delitos adicionales).
La
CPI tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad, de juzgar
y sancionar a sus autores y demás partícipes es una obligación absoluta frente
a la cual los Estados no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para
sustraerse a sus compromisos internacionales. Es un principio general de
derecho internacional y universalmente reconocido que los Estados deben
ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones internacionales que
dimanan de éstos, o que tienen su origen en el derecho internacional
consuetudinario (principio pacta sunt servanda). La existencia o inexistencia
de normas constitucionales, legislativas o reglamentarias no puede ser invocada
para no ejecutar obligaciones internacionales o para modificar su cumplimiento.
Este es un principio general del derecho de gentes reconocido por la
jurisprudencia internacional. El principio pacta sunt servanda y su corolario
-la observancia de los tratados- han sido acrisolados en los artículos 26 y 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por la
República de Colombia en 1985. Por tanto, el Estado colombiano tiene la
obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de crímenes de
lesa humanidad, toda vez que esta obligación es una norma imperativa del
Derecho Internacional que pertenece al ius cogens. Como lo señaló el TPIY: “la
mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular las que
prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio,
son también normas perentorias de Derecho Internacional o jus cogens, es decir,
de carácter imperativo e inderogable.”
PETICION A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Primero.
Que proceda a abrir la investigación contra el ex Presidente de la República
señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los delitos de concierto para
cometer crímenes de lesa humanidad, tortura, persecución por motivos políticos
y demás crímenes de lesa humanidad que se desprendan de esta denuncia y de las
investigaciones correspondientes.
Segundo.
Desde ya solicitamos que la acusación contra el Ex Presidente Álvaro Uribe
Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa Humanidad); por tanto
solicitamos inclusive al Senado de la República, dar aplicación al artículo 175
de Constitución Política de Colombia, numeral tercero; procediendo enviar la
actuación a la Corte Suprema de Justicia.
Tercero:
Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la investigación y se les revista
de todas las garantías procesales y materiales.
PRONTUARIO Y FILE CRIMINAL
A
continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la
investigación sobre varios de los cargos de los que es imputado el acusado.
Álvaro
Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha
liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en
2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias
colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las
fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas
Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias
ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno
como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas,
algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la
justicia colombiana negó investigar.
Militó
en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus
aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era
presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque
eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del
partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como
Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar,
movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia
Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también
de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como
asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín,
en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo
graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron
tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como
Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la
República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997),
oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del
narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia
en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos
empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha
judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre
auspiciado y bajo la sombras de las AUC.
Uribe
contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el
presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de
agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la
construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y
Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y
proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del
narcotráfico.
El
mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los
grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el
narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el
narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado
política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan
Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de
izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los
resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno,
aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un
aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y
producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se
lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa
humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso
de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos
informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen
presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes
que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó
durante su administración inundada de denuncias.
Debido
al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió
el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo
gobierno de Uribe estaba involucrado.
En
la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y
nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a ser su ministro de
defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo
CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio
hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios,
esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en
Bogotá y toda Colombia.
ELOGIOS DE LOS GRUPOS DE PODER CORPORATIVOS Y DEL COMPLEJO
MILITAR DE EUA
Durante
su periodo de gobierno acepto someter al pueblo colombiano a los mandatos y
dictámenes de la administración norteamericana y su Complejo Militar Industrial
y Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la estrategia geopolítica-militar
de EUA para Latinoamérica, en función a ello es que acepto albergar en
territorio colombiano más de 9 bases militares y adicionales para varios
proyectos de defensa, habilitación de corredores de narcotráfico operadas por
la DEA y para fortalecer el dominio de EUA en su patio trasero. En premio y
agradecimiento a varios de estos favores fue condecorado varias veces por sus
servicios al gobierno americano, corporaciones, fundaciones y ONGs
corporativas, con premios tales como:
La
condecoración por el presidente de Estados Unidos George W. Bush con la Medalla
de la Libertad, por sus grandes servicios a EUA.
Doctor
Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Recibió
el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por la Fundación Revel.
En
el canal de televisión de EUA internacional History Channel fue reconocido como
«El gran colombiano»
Fue
reconocido como el supuesto mejor dirigente Político Iberoamericano de la
década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía.
Mejor
Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de Ultraderecha Centro
Democrático.
Recibió
en Washington el premio al Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de
Liderazgo Hispano dependiente de la NED y el NDI.
CARGOS POR NARCOTRAFICO
En
1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se
cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas
de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles
del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo , pareja del capo Pablo
Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por
Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína
por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para
llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo
Escobar y Álvaro Uribe.
De
marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica
Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos
destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al
frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo
y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se
beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre
varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones
realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que
Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado
expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría
utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de
Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias
del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares
suyos.
La
llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo
al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el
Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue
elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse
apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos
impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la
Alcaldía:
“como
Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde
Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil
casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la
ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa
Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe
ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982,
viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y
Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos
investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que
Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la
Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se manejó
de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido
concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó
la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que
en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques
políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos
escuadrones de la muerte.
En
otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser
asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública
desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia,
pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de
propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla,
Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su
padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las
instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la
hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy
importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en
Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro
Uribe Vélez”.
El
hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar
Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación.
Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no
respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico
Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar
entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado
controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres
renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se
informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el
pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro
Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En
el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que
tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá,
Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para
sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó
y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa
salió ese helicóptero.
Uribe
es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y
haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron
diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno,
su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación
íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo
de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero
en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN.
Investigaciones
y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que
existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel
de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe
confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de
haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la
expansión del paramilitarismo en Colombia.
De
otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al
constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence
Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la
que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por
el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun
así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de
Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes,
relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se
destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político
colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de
gobierno.
Uribe
Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos
en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de
Pablo Escobar Gaviria.
El
20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada
por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a
medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente
ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín
y al paramilitarismo.
Existen
serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con
la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había
sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el
libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista
reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio
Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de
negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña
por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del
mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007,
indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico
fueron destinados a la campaña de Uribe.
El
18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado
de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo
debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda,
quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública
de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002
y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones
que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo
Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó
como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con
el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por
jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra
la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90.
Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro
principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de
Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del
director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró
vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como
Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los
Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte
Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda,
del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de
control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el
narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia
paramilitar en Colombia.
Le
acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del
cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de
haber sido miembro “de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos
Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del
periódico ‘El Espectador’.
Además,
según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una
relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la
actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de
activos para el cartel de Sinaloa”.
Cepeda
presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios
de exjefes paramilitares.
Uribe
no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas,
pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país.
Además
de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el
senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró
que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el
material probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente
mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de
una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico”,
indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe
también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas
Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar.
Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del Valle.
Otro
escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a
quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno
Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio
Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato
potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro
Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno
de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico
internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de
aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con
destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50
toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en
la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de
Medellín”.
De
acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de
agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una
empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las
50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para
fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de
15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al
reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex
secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia
y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro
Uribe Vélez.
Moreno
fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de
1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando
Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de
1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el
entonces jefe de la DEA Marshall,
“entre
1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en
Colombia”.
Recordemos
que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro
Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre
1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de
Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU. fue
operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes,
integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos
con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por
narcotráfico a EE.UU.,
donde se declaró culpable.
Dolly
Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de
narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados
Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante
más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel
de Sinaloa.
Tras
ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró
culpable de “asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente
de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no
aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde
Colombia y Guatemala.
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El
caso fue abierto en 2006, cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a
investigar a la familia colombiana Cifuentes Villa. Encontraron que los
hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes
Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’ habían
creado rutas para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y
Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía Federal, la familia Cifuentes Villa
se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Mientras
tanto, para las autoridades colombianas Dolly Cifuentes era la encargada de
‘blanquear’ el dinero de la venta de cocaína a través de empresas ficticias y
de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá y México.
La
defensa de Dolly Cifuentes Villa estuvo a cargo de Bonnie Klapper, una ex
fiscal federal conocida por haber encarcelado a grandes narcotraficantes del
mundo de la última década. La contratación de esta abogada, que pasó de acusar
delincuentes a defenderlos, le significó a Cifuentes Villa un éxito judicial
que causó asombro en Estados Unidos: la jueza de la causa, Joan Lenard, la
condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la prensa norteamericana resultó
bastante particular que la jueza accediera a muchas de las peticiones de la ex
fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la sala de audiencias a todos los
periodistas que acudieron a cubrir el juicio, alegando razones de seguridad de
la familia Cifuentes Villa. Además, de los cinco cargos que estaban preparados
contra ella apenas se le imputaron dos que en la justicia norteamericana suelen
castigarse hasta con prisión perpetua.
Durante
los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) no hubo ninguna
clase de acción policial ni judicial contra el clan de la cuñada del
presidente.
Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez
Dolly
Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’, es la mamá de Daniel Alberto Uribe
Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, quien también fue buscada por los mismos
delitos de Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María y Daniel Alberto es
el hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto agrónomo Jaime
Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los alias ‘Arepa’ ó ‘El
Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Jaime Alberto,
murió de cáncer en la garganta en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus
restos mortales reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa
Teresita, en Medellín.
En
la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia hubo revuelo cuando este
periodista intentó reconfirmar los nombres de los padres de Ana María Uribe
Cifuentes: Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez. Inicialmente, se informó
de manera extraoficial que la tarjeta decadactilar correspondiente había
desaparecido de los archivos de registro civil. Posteriormente, se informó que
existía una copia auténtica microfilmada en uso de buen recaudo. La cédula de
ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con la Fiscalía
Federal de Estados Unidos, es la 43162647, expedida en Medellín.
El
registro civil de nacimiento de Ana María Uribe Cifuentes está radicado en la
notaría 15 de Medellín bajo el número 5953052, según copia que posee este
periodista. Allí consta que nació el 1 de febrero de 1980, en la clínica San
Pedro Claver, de Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes Villa, fue inscrita para
la época como “estudiante” y el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, como
“agrónomo”. La pareja matrimonial registró como lugar de residencia la calle 52
número 40 -156, de Medellín.
Hijos y sociedad conyugal
Jaime
Alberto Uribe Vélez, dio fe por escritura pública el 22 febrero de 1994, ante
el notario 17 de Medellín, que en esa fecha tenía “sociedad conyugal vigente”
con la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa.
Dolly
de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez confirmaron su “sociedad
conyugal vigente” al firmar la escritura pública número 310 por medio de la
cual adquirieron por valor de 52 millones 915 mil pesos colombianos el
apartamento 701 del edificio Altobelo, situado en la carrera 36ª No. 12 A – 21,
de Medellín, fracción El Poblado (ver facsímil abajo).
El apartamento, de 295 metros
cuadrados y tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo
del matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes (ver http://bit.ly/LBlRY9),
quien para entonces tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana
María Uribe.
El
apartamento fue vendido a la pareja Uribe Vélez- Cifuentes Villa por Benjamín
Harold Cadavid Elejalde, con cédula de ciudadanía colombiana número 3.311.120,
expedida en Medellín.
La
relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa se inició antes del nacimiento de Ana
María Uribe en febrero de 1980 y en febrero de 1994 continuaba, para entonces
con dos hijos y “sociedad conyugal vigente”, dice la escritura mencionada.
Jaime
Alberto Uribe Vélez, difunto hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no
tuvo solamente un hijo sino dos hijos (Ana María y Daniel Alberto) con Dolly de
Jesús Cifuentes Villa. El segundo hijo del matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes
Villa es Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Contra él no hay requerimientos de la
justicia de Estados Unidos ni de la colombiana. Nació en Medellín el 5 de
octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en la Clínica Soma.
Fue
registrado en la notaría Octava de Medellín el 19 de diciembre de 1991. De
acuerdo con el documento de inscripción en el Registro Civil, el padre, Jaime
Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión y la madre como
analista de sistemas.
No
obstante que la unión de su hermano Jaime Alberto con Dolly de Jesús Cifuentes
duró por lo menos 15 años, de acuerdo con la escritura mencionada, el
expresidente Uribe optó por desconocer a su cuñada y a su sobrina mayor, hoy
con 32 años de edad.
La extradición
La
extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de
Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero curiosamente fue suspendida
en mayo del mismo año por medio de una resolución del ministro de Justicia,
Juan Carlos Esguerra. No obstante, el jueves 7 de junio de 2012 Presidencia de
la República reinició su proceso de extradición.
Mientras
tanto, por el lado de Ana María Uribe Cifuentes, una fuente autorizada del alto
gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de
la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que
se suponía la mujer debía estar presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor,
de Bogotá.
El
expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1
febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde
debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que fue
arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con
fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.
Según
las investigaciones Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes
pertenecen al clan familiar Cifuentes-Villa que, de acuerdo con la DEA,
introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre los años 2009
y 2011. Pero que, además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador,
Uruguay, Panamá y México.
La
Presidencia de Colombia ha expresado desde junio de 2012 desconocer el paradero
de Ana María Uribe y tampoco ha tenido una explicación al hecho de que no
aparezca su expediente de extradición.
El
Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un
pedido de información de Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárcel se
podría encontrar.
Dolly
Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la “Lista Clinton” del
gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas
y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con
las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
La
extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte
Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012. Juan Manuel Santos,
Presidente de la República, autorizó la extradición de la colombiana el 6 de
agosto de 2012. Algunas fuentes se atreven a decir que esta determinación,
aumentó del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos. Sin embargo, en el
acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó estipulado que Cifuentes
no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a muerte.
Por
su parte, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana
María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía
Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.
Los antecedentes
Dolly
Cifuentes, nacida en Medellín el 14 de junio de 1964, posee la cédula de
ciudadanía colombiana número 43020313. Fue arrestada en Medellín el 6 de agosto
de 2011 por pedido diplomático de la justicia estadounidense, mientras su hija
Ana María Uribe cayó en poder de las autoridades, también en Medellín, un mes
después.
La
Policía Nacional de Colombia indicó que Dolly Cifuentes Villa “era la encargada
del lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del cartel
de Sinaloa mediante la constitución de empresas de importación con oficinas en
Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos”
A
Dolly Cifuentes las autoridades estadounidenses le encontraron en Colombia “32
empresas nacionales y 17 con sede en el exterior, de propiedad de su familia”,
informó la Policía de Colombia. Estos bienes se encuentran en proceso judicial de
expropiación.
Tales
empresas, agregó la misma fuente, están “avaluadas en más de 200 millones de
dólares” y sus utilidades “permitieron acumular abundantes riquezas
representadas en bienes raíces”.
La
Fiscalía General de Colombia explicó que “entre los bienes afectados hay 255
inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33 establecimientos de comercio y
acciones de un club de Bogotá”.
La
Fiscalía colombiana agregó que la mayor parte de las propiedades de este clan,
“están en cabeza de los hermanos Jorge Milton e Ildebrando Cifuentes Villa,
quienes tienen orden de captura, y Dolly Cifuentes Villa”. Esos bienes, de
acuerdo con la misma fuente, se encuentran en “Bogotá, Medellín, Cali,
Cartagena, Pereira y Montería”.
Ana
María Uribe lideró presuntamente actividades criminales, entre otras, a través
de la compañía Cifuentes Uribe y Compañía S:C:S., (hoy en disolución)
consagrada al comercio de finca raíz.
La
primera resolución de acusación o “indictment” hecha por el gobierno de los
Estados Unidos contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe fue la
07-20508-CR LEONARD, dictada el 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del
Distrito Sur de la Florida. Otro pedido más de Estados Unidos contra ambas
mujeres y su clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado de la Corte
Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El Clan Cifuentes Villa
El Clan Cifuentes Villa (ver http://bit.ly/JRx1bF ),
de acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a Estados
Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y posee bienes y
empresas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
Madre
e hija, según la DEA, hacen parte del clan delincuencial y familiar conocido
como el de los Cifuentes Villa, una familia del departamento de Antioquia,
Colombia. Desde su creación, en los años 80, el líder de este grupo fue
Fernando Cifuentes, quien trabajó como sicario para Pablo Escobar y el también
narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del Overol’.
El
6 de noviembre de 1996, por orden de Henao, Fernando Cifuentes asesinó en el
centro comercial de Bogotá Hacienda Santa Bárbara al célebre gánster Efraín
Hernández, alias ‘Don Efra’.
Fernando
Cifuentes Villa fue asesinado días más tarde por el propio Henao y su socio criminal
Wilmer Varela, alias “Jabón”, para tratar de borrar el rastro del homicidio de
‘Don Efra’.
Tras
la muerte de Fernando, la jefatura del clan fue asumida por su hermano menor
Francisco ‘Pacho’ Cifuentes Villa. Este, de acuerdo con la Policía de Colombia,
“en los años 80 y 90 se convirtió en piloto personal y hombre de confianza del
entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria”.
El
clan de los Cifuentes creció a lo largo de los ochos años de los dos períodos
presidenciales consecutivos de Uribe Vélez (de agosto de 2002 a agosto de
2010). No obstante, Francisco “Pacho” Cifuentes Villa fue asesinado en abril de
2007 en su hacienda Villa Aurora, situada en la localidad de Caucasia,
Antioquia, por orden del narcotraficante de Medellín Diego Fernando Murillo
Bejarano, alias ‘Don Berna’.
El
homicidio, de acuerdo con la Policía Colombiana, fue cometido porque Francisco
Cifuentes Villa le negó a ‘Don Berna’ permiso para utilizar una pista aérea que
poseía a orillas del Océano Pacífico, en Bahía Cupica, departamento de Chocó.
La
DEA y la Policía colombiana descubrieron que Francisco Cifuentes Villa también
tenía en Bahía Cupica una planta contigua procesadora de pescado en la que
empacaba cocaína que desde su pista propia le enviaba al cartel mexicano de
Sinaloa, del que se hizo socio además de proveedor.
Cuando
ordenó el asesinato de Francisco Cifuentes Villa, “Don Berna” usó pistoleros de
su organización sicarial, la multinacional del crimen conocida como ‘Oficina de
Envigado’. Un centro de operaciones criminales creado en los mejores días de
Pablo Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición quien logra ser el
máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Tras
asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’ hizo saber que se preparaba para exterminar
al clan de los Cifuentes Villa, incluida la sobrina del expresidente. Aunque
“Don Berna” se encontraba preso y aislado en una cárcel de máxima seguridad, el
13 de septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez impartió una orden
sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo: trasladar a ‘Don Berna’
a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo completamente incomunicado
en alta mar, en aguas del Pacífico.
Mediante
comunicación de prensa, el 13 de septiembre de 2007 las Fuerzas Militares de
Colombia informaron que otro narcotraficante llamado Carlos Mario Jiménez,
alias ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron trasladados de la cárcel de Cómbita a
buques-prisión de la Armada”. El comunicado militar especificó: “En el caso de
´Macaco´, el traslado se hizo porque el Gobierno conoció pruebas de que
continuaba delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don Berna´ se adujeron
razones de seguridad”.
Ambos
delincuentes en aquella oportunidad delegaron su vocería en la controvertida
congresista y aliada política del entonces Presidente Uribe, Rocío Arias, quien
luego perdió su puesto en la Cámara de Representantes y fue sentenciada a
prisión por la Corte Suprema de Justicia que la halló culpable de pertenecer a
escuadrones de la muerte del narcotráfico de extrema derecha. La misma suerte
corrió con una treintena de congresistas integrantes de las bancadas de Uribe
en el Senado y la Cámara baja, entre ellos su primo Mario Uribe.
Tiempo
después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron llevados a la penitenciaría de Cómbita
(al norte de Bogotá), reputada como la más segura de Colombia. Allí
permanecieron hasta que fueron extraditados a Estados Unidos por múltiples
delitos, principalmente narcotráfico.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente ofreció rebajas de
penas a los narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a ese
país a cambio de que confiesen la totalidad de los crímenes que cometieron en
Colombia, además de narcotráfico, y desenmascaren a quienes fueron sus aliados.
Hermanos Uribe Vélez
Jaime
Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de
la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la
inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado
por este caso.
Otro
hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la
Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el
escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”, responsable de al
menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso
es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado
su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su
base de operaciones en la hacienda “La Carolina”, propiedad del ex presidente
Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían formado un clan familiar de
la muerte.
Meneses
y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los doce apóstoles” sostienen
que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de
víctimas de la organización.
ANTECEDENTES EN LA DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
Ficha
de cargos del Departamento de Estado de EUA y Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA.
Defense Intelligence Agency) sobre Álvaro Uribe Vélez
Tipo:
Confidencial.
Fecha:
Septiembre 1991.
Informe
clasificado : Confidencial.
Origen : Departamento de
Defensa de EE.UU. (DIA.
Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante
en lista Nro. 82.
Nombre:
Álvaro Uribe Vélez.
Actividad
actual: Político colombiano y senador.
Sindicación:
Dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales.
Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con las drogas en Estados
Unidos.
Otros
vínculos: Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los
carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín
y ha sido amigo personal y colaborador cercano de Pablo Escobar Gaviria.
Uribe
ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de
parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que
desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de
Colombia con los Estados Unidos).
Este file criminal de Uribe
fue extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de
Defensa de EE.UU. (DIA
– Defense Intelligence Agency – Agencia de Defensa e Inteligencia).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su
gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a
los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones
sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha
conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese
mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas
de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de
España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante
2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a
varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él
mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas
unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este
proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las
investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas
alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los
grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente
alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y
gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales
superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos
habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados
ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para
facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se
incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la
denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos
forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían
por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional
colombiano.
El
17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los
120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con
hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían
nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es
individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación
sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre
los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex
director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en
Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y
Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador
encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y
uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una
investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y
empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge
Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña
política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de
favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del
narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo
denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro
escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de
trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que
resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Cargos por Caso falsos Positivos
En
2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de la administración
Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir cadena perpetua en
base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados Falsos Positivos, o
ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de Uribe y su
gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se
descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para
hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar así resultados
en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados,
fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas comunes.
Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la
renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y
la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe.
Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes,
catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos
internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera
reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de
estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es
investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre
el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El
gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo
investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder
paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican
las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra
los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación
conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y
fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados
operacionales de la estrategia Uribe Vélez.
En
septiembre 2015, bajo una orden internacional de la CIDH, la Fiscalía
colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones
extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el régimen de
Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles
sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos
criminales, los llamados falsos positivos.
Con
las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en
Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos
fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.
De
los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de
las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos,
en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate.
La
directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló
que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos
oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la
Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William
Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por
‘falsos positivos’.
“La
investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron
en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un
hombre con problemas psiquiátricos”, señaló la fiscal.
De
acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón
de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron
sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño
(Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la
incautación de material de guerra e intendencia.
Las
personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido
declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja
(Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León
Montoya López.
En
este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió
copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio.
También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo,
un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado.
Pero
el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14
capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y
dos civiles.
La
medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron
pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el
Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de
Ibirico (Cesar).
Dicho
proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en
la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los
particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas.
Luego
se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en
supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares
emitidas por la comandancia de esa unidad militar.
Lo
que sí está claro es el involucramiento y vinculación de los más altos niveles
del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo a quien fuera su
ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar que coordinaban
y ordenaban las operaciones de asesinatos.
Caso Convivir
Para
nadie es ya un secreto que el mismo Uribe creo, promocionó y defendió las
CONVIVIR, como los supuestos actores de seguridad privada, esto permitió luego
su consolidación como grupos paramilitares legalizados. Dada su relación con el
Estado en éste caso Uribe, es quien asume la responsabilidad de los actos
realizados por las agencias de seguridad privadas según la (Corte
Interamericana de Derechos Humanos).
Es
una desconcertante la fallida desmovilización de los Paramilitares, que
conllevaron a la creación de las BACRIM, dado que sus actores siguieron
delinquiendo. Y la también falsa desmovilización de algunos, el caso de los
supuestos 62 ex paramilitares de los que en verdad la gran mayoría recibió
dinero para fingir ser paramilitares.
Uribe
fue acusado con apoyo de documentación, en un debate en el Congreso de Colombia
por el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, donde se
lo acusa a Uribe de ser uno de los principales promotores del paramilitarismo
en Colombia debido a su apoyo decisivo a las fuerzas de seguridad paralelas
CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas paramilitares al servicio y para
protección del narcotráfico, todos legalizados por Uribe. Según Petro, en la
finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, llegó la
CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente
con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar de la zona. Petro afirmó que
en esa finca se ejecutaron asesinatos de varios campesinos y se los sepulto en
fosas comunes.
El
senador Petro denunció a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe de
tener nexos con el Cartel de Medellín, después de mostrar una fotografía de él
con Fabio Ochoa Vásquez, miembro de ese cartel. Petro afirmó que la foto era
del año 1985 fecha en que Ochoa ya era perseguido por la justicia
internacional. Luego afirmó que en la finca La Carolina, propiedad de la
familia de Uribe, los paramilitares montaron una base de operaciones para
planificar y ejecutar asesinatos masivos y selectivos. Los paramilitares
tomados de la mano de la mafia asesinaron a centenares de decenas de miembros
de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a reconocidas figuras
de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán. En esta espiral de
violencia, terminaron derribando el avión de Avianca y colocándole un carro
bomba al DAS.
Petro
mencionó que en Antioquia operaron unas ochenta y dos cooperativas de CONVIVIR
entre 1995 y 1997 financiadas por Uribe, dando cuenta de que entre dichas
cooperativas de seguridad rural actuaron varios políticos funcionales a Uribe,
entre otros, como responsables de dichas organizaciones, Salvatore Mancuso,
Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Peludo
Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios
familiares de Enilce López, conocida con el alias de “la gata”. Varios de estos
acusados residen actualmente en Panamá o Miami o se campean aun dentro de la
misma Colombia apadrinados por el gobierno norteamericano.
Petro
analizó en particular el accionar de la Convivir El Condor, que actuó en la
región de San Roque (Antioquia), y según su exposición hubo algunas reuniones
de paramilitares que supuestamente se realizaron en la finca “Guacharacas”, de
propiedad Uribe y su familia. Así mismo insistió en la creación del grupo
armado “los doce apóstoles” que lideraba Santiago, hermano del presidente
Uribe. Petro concluyó que la ‘Creación de CONVIVIR por Uribe fue el premio a
paras’ en 1994, en alianza con el cartel de Cali y el Estado colombiano que
estuvo tras el asesinato de Pablo Escobar.
Para
Uribe, la participación significaba esencialmente la implicación de la
población civil en tareas de seguridad de tipo paramilitar, por lo que se
convirtió en el más firme impulsor de las Cooperativas de Seguridad aprobadas
por el Gobierno con el supuesto objetivo de establecer distintas modalidades de
colaboración de civiles armados con la Fuerza Pública, para supuestamente
colaborar a la seguridad ciudadana. Unas 70 entidades de este tipo, conocidas
como Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su mandato, muchas de las
cuales:
“fueron
utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política
contrainsurgente de `tierra arrasada´ en numerosas zonas campesinas y en la
misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron
su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando y
desplazando a miles de campesinos”.
El
periodista Ricardo Ferrer investigó la trayectoria de Uribe en esos años y
concluyó que él y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa ,
construyeron una “red paramilitar” dentro de la Gobernación de Antioquia:
“`Mientras
el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de
vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo
Comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto
paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que se
entrevistó. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de
Antioquia de Uribe, elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los
clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en listas negras.
Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar
en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban en el grupo de las
cooperativas de vigilancia privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación
directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte”.
Ferrer
interpuso una denuncia ante la Fiscalía; la investigación judicial no prosperó,
pero el periodista tuvo que exiliarse. Las revelaciones efectuadas años después
por los antiguos jefes paramilitares, acogidos a la ley de Justicia y Paz,
confirmarían la relación entre estas cooperativas y los paramilitares, y el
papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún, miembro de la cúpula de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las Convivir que formaron
con el apoyo de la Gobernación fueron el medio “para legalizar los pagos” que
hacían las empresas a los paramilitares: unos 7.200 millones de pesos al año;
el ex paramilitar entregó unos listados a la Fiscalía donde señala a 270
bananeros, 400 ganaderos y “unos miles de comerciantes” de ser financiadores de
los paramilitares y dijo: “¿Cómo explico yo que el doctor Pedro Juan Moreno, mi
general Rito Alejo del Río… todos sabían los nexos o las relaciones del
paramilitarismo”. Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo comandante de las
AUC, Carlos Castaño, reveló desde la cárcel de Estados Unidos, donde fue
recluido tras ser extraditado, que a través de Moreno se coordinaron “acciones
de seguridad” en las que las Autodefensas apoyaron a la Fuerza Pública; Mancuso
añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro Uribe en su finca de El
Ubérimo.
En
aquellos años, el gobernador fue recabando apoyos entre líderes políticos de
distinto signo, ex guerrilleros reinsertados y latifundistas
ultraconservadores, que le resultaron muy útiles en su futuro político. Así,
tras su paso por la Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su
propia candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea
oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte mientras
la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos tradicionales y
la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S y el gran apoyo de EUA, lo
catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo otros importantes respaldos:
el proselitismo armado de las AUC y el dinero del narcotráfico. Hasta cuatro
altos mandos de los paramilitares han admitido en los tribunales que la “Casa
Castaño” ordenó que todos colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque
lo consideraban “un amigo de la organización” con quien tenían afinidad “desde
que se desempeñaba como Gobernador de Antioquia”. No reconocieron haber usado
la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus órdenes
eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por quien votar.
Con
el fusil en el hombro, los paramilitares repartieron propaganda con las caras
de Uribe y su candidato a la Vicepresidencia, Francisco Santos; entregaron
camisetas y el día de la votación “usaron buses y camiones para llevar a los
campesinos y pobladores de dichas regiones a los puntos de votación, no sin
antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe”. Sólo en el departamento
del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de pesos en la campaña,
pero todos los registros contables fueron quemados semanas antes de iniciar el proceso
de desmovilización. Mancuso aseguró que estas acciones se coordinaron en las
reuniones que tuvo con algunos asesores de la campaña y que Uribe “sí tenía
conocimiento, es imposible negar que no tuviera conocimiento [sic] cuando tenga
las condiciones les voy a contar cómo y cuándo se presentaron todos estos
hechos”, dijo al tribunal; el ex paramilitar teme por la seguridad de su
familia en Colombia y por las amenazas de Uribe. Uribe lo denunció por injuria
y calumnia.
En
aquellos días, la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo ya estaba
consolidada gracias a Uribe. Fabio Enrique Ochoa, uno de los capos de los
narcotraficantes, aseguró que tuvo negocios conjuntos con Mancuso para
introducir armas y exportar cocaína y que fue testigo de la colaboración
económica de las AUC a la campaña de Uribe; confiesa que, además de aportar él
mismo 150.000 dólares, se comprometió “a movilizar en Antioquia a unas 5.000
personas y la orden era que tenían que votar por Uribe. Después de que ganó
Uribe, Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos
a manejar esto como queramos”.
El
26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la Presidencia de Colombia aunque
la mayoría de la población se abstuvo (53,53%). La puesta en práctica de su
Política de Seguridad Democrática hizo resurgir con fuerza la doctrina de
Seguridad Nacional: todos los ciudadanos son combatientes y quienes no
colaboren con la Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo, porque en
Colombia, según Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una lucha contra
terroristas financiados por el narcotráfico. Al final de su primer mandato
(2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis humanitaria en la que
no sólo se intensificó la crudeza de la guerra -hubo 8.000 combates, un 149%
más que en el Gobierno anterior sino que se promovió una abundante legislación
de carácter autoritario –Estado de conmoción interior, estatuto antiterrorista,
límites a la Corte Constitucional- que dio carta blanca a la Fuerza Pública y,
consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas
por agentes estatales y paramilitares; estos últimos, además, se beneficiaron
del proceso de desmovilización.
En
Marzo del 2007 la senadora del Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba en un
seminario internacional llamado “Solidaridad con las luchas del pueblo
colombiano” en Ciudad de México, Córdoba aprovechó la ocasión para denunciar a
Uribe por sus vínculos con la mafia el paramilitarismo y ordenar asesinatos
masivos. Indico que nadie puede dudar en Colombia y el extranjero que existe un
vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del gobierno. Todos los
caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente paramilitar.
Los
vínculos de Uribe con el paramilitarismo se hacen más evidentes al aparecer en
un video del 31 de octubre del 2001, entregado al Departamento de Estado de
EUA, en el video se ve a Uribe junto a líderes de la ultraderecha, cuando aún
Uribe era candidato presidencial, se lo ve conversar a gusto y saludar al líder
paramilitar Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres de
inocentes.
La
Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al
expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos
con paramilitares.
La
Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al
expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos
con paramilitares.
La
Corte Suprema consideró probado el hecho de que Gómez Gallo se aliara con el
llamado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC,
paramilitares) para lograr un escaño en el Congreso.
“La
Sala tiene la certeza de que Luis Humberto Gómez Gallo se concertó con el
Bloque Tolima, a través de su comandante ‘Elías’, y también con el benefactor
del grupo armado al margen de la ley, Eduardo Restrepo Victoria, ‘el Socio’”,
cita el fallo.
La
CSJ también dispuso, asimismo, inhabilitar a Gómez Gallo de sus derechos y
funciones públicas por 108 meses.
Gómez
Gallo, de 51 años, del Partido Conservador y quien fuera presidente del
Congreso colombiano entre julio de 2004 y el julio de 2005, había sido detenido
el 10 de diciembre de 2007 pero fue dejado en libertad el 12 de agosto del 2008
por falta de pruebas.
El
primer procesado por los mismos delitos fue Mario Uribe Escobar, el
expresidente del Congreso de Colombia y primo del exmandatario Álvaro Uribe,
quien paga una pena de siete años y medio de cárcel.
El
tercer enjuiciado po la CSJ en abril pasado por sus presuntos vínculos con
jefes paramilitares dentro del escándalo conocido como “parapolítica” es el
expresidente del Congreso y exsenador Javier Cáceres Leal.
El
caso es parte de las investigaciones iniciadas hace más de dos años y que
actualmente involucran a unos 420 políticos colombianos. Unos 70 congresistas y
exparlamentarios están siendo investigados, 30 de ellos están detenidos por
órdenes del Tribunal Supremo y más de 20 han sido condenados, casi todos por
sus vínculos con paramilitares.
La
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha iniciado el proceso
de investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunta
implicación en la masacre ocurrida en El Aro en 1997, informa ‘El Espectador’.
La
acusación basa sus suposiciones sobre varios testimonios que indican que el
helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, donde Uribe fue
gobernador, estuvo en el lugar de la matanza. El exmandatario refuta las
inculpaciones denunciando que son una persecución política.
Uribe
ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de
matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la
“matanza de El Aro” cometida en 1.997.
En
esa, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6
de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los
dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió
personalmente a felicitar a los paramilitares que “brillantemente” habían
asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH condenó a Colombia.
El
grupo paramilitar “Los doce apóstoles” habría tenido sede en la hacienda “La
Carolina”, en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los
hermanos Uribe Vélez.
El
hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a
delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por “Los doce apóstoles”
entre 1993 y 1994.
El
grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una
masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos
permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El
fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí
había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero la investigación
fue forzada a cerrarse.
Cargos por Caso Comuna 13
Descubren
en Colombia la mayor fosa común de la administración Uribe Vélez.
Las
autoridades colombianas han anunciado que la exhumación de la mayor fosa común
urbana del mundo, situada en el barrio Comuna 13 del oeste de Medellín, está
prevista para el próximo 27 de julio. En los trabajos de exhumación se buscarán
desaparecidos en los últimos 50 años de la guerra que enfrenta al Gobierno con
los paramilitares y la guerrilla.
“Por
el tamaño de la zona y por el número de personas que podrían haber sido
enterradas en este lugar […] se puede decir que se trata de la fosa común
urbana más grande del mundo”, asegura Jorge Mejíael, asesor de la Alcaldía de
Medellín, en declaraciones a Reuters.
Los
activistas de derechos humanos aseguran que en la fosa podría haber enterrados
alrededor de 300 civiles caídos a lo largo de las cinco décadas de guerra entre
las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas
izquierdistas. Por su parte, el Gobierno, estima que podría haber unas 90
personas en la fosa común.
“Las
guerrillas urbanas, los paramilitares y muchos sectores de las instituciones
del Gobierno pueden ser responsables de lo ocurrido en Comuna 13”, enfatizó
Mejía, que informó que unos treinta funcionarios gubernamentales, incluyendo
los equipos forenses, excavarán y exhumarán la fosa común durante los próximos
cinco meses.
Según
los activistas, algunas víctimas podrían haber sido asesinadas por las tropas
del Gobierno durante las operaciones militares llevadas a cabo contra la
guerrilla en 2002 para recuperar el control de la Comuna 13.
En
Colombia se estima que más de 30.000 personas han desaparecidos en el
transcurso de una guerra que dura ya más de 50 años. Por el momento, las
autoridades colombianas han exhumado cerca de 6.000 cuerpos de fosas comunes.
Cargos por Caso Macarena
Colombia
es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos
humanos se acometen – cuantitativa y cualitativamente hablando – de forma
sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene
como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por
las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones
paramilitares.
De
los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el
conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para
consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos.
De
estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años
de mandato del Presidente Uribe.
En
la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos
humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común
descubierta en América latina con cadáveres “NN”.
Más
de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de “La
Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales
realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones
paramilitares.
La
“industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante
el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la “solución final” del
nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los
miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares:
tres
hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y
uno “móvil”, en Bogotá.
En
mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del
oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo
haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo
denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano
del Presidente.
Cargos por Caso masacre del Aro
La
Masacre de El Aro fue una masacre perpetrada en el corregimiento El Aro,
perteneciente al municipio Colombiano de Ituango (departamento de Antioquia),
cometida el 22 de octubre de 1997. Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en esta masacre perdieron la vida 15 campesinos en estado de
indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su
territorio.
La
masacre de El Aro ha sido una de las más crueles perpetradas por los
paramilitares: durante una semana se pasearon libremente por la zona,
cometiendo desmanes contra sus habitantes y sus posesiones: «Con toda la
parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada
Carnicería, cazaron, torturaron y sus vejaron een 17 víctimas, quemaron 42 de
las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a huir
para salvar la vida. Los relatos de los hechos son espeluznantes:
descuartizamientos quirúrgicos, violaciones, saqueos. Al Tendero del pueblo,
Marco Aurelio Areiza (64 años), lo amarraron, lo torturaron, le sacaron el
corazón, los ojos y los testículos.
El
desmovilizado comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore
Mancuso confesó en un juicio que se le sigue de haber ordenado la incursión.
Mancuso también incriminó al general del Ejército Alfonso Manosalva, quien
murió en 2006 y el cual estuvo implicado en otros actos de asesinatos. Mancuso
aseguró mintiendo que las víctimas habían muerto en combate y que eran miembros
de la guerrilla, hecho que contradice una anterior incriminación in absentia
que presenta pruebas de graves torturas de las víctimas.
Para
esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la
Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril
de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época en que
ocurrieron los hechos era gobernador de Antioquia, dijo que era imposible que
se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros porque todo estaba en los
registros y cartas de vuelo.
Mientras
Uribe era Gobernador, ¿qué hacía el helicóptero de la Gobernación de Antioquia
en la masacre del Aro?. Masacre que acabó con la vida de 15 campesinos y se
prolongó por 4 días.
El
ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El
Aro, aseguró ante la Comisión de acusaciones de la cámara en el 2008, que el
gobernador de Antioquia del entonces (1997) y luego presidente de la república
de Colombia (2002- 2010), Álvaro Uribe Vélez, había ordenado directamente la
masacre de los campesinos. El Ex paramilitar Conocido como “Cristian Barreto”
en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), fue
asesinado cerca de su casa, en el municipio de La Estrella, área metropolitana
de Antioquia, meses después de brindar su declaración, por sicarios
paramilitares que utilizaron armas con silenciadores.
En
noviembre de 2008 Mancuso, desde Estados Unidos donde fue extraditado por el
gobierno, dijo en una versión libre en audiencia virtual en el proceso que se
le sigue en Colombia que el fallecido Pedro Juan Moreno, quien para la época de
la masacre era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca
de Carlos Castaño Gil que la masacre sería perpetrada y afirmó que si hubo
presencia de un helicóptero de la gobernación de Uribe a la vez que mencionó la
supuesta complicidad de varios miembros del ejército.
Francisco
Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto. Lo condenaron junto con dos
de los Maximos jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, por la
masacre de El Aro; estos últimos 40 años de cárcel, y Villalba a 33 años. Alias
Cristian Barreto se entregó a la justicia el 13 de febrero de 1998, tres meses
después de dicha masacre, para su aliviar conciencia. Luego de los Testimonios
que ofreció ante la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la
República, lo asesinaron el 23 de abril del 2009, para evitar que siguiera
hablando y revelando a los verdaderos responsables de la cúpula.
El
Testimonio inicial de Villalba y otros más se corroboraron en la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Colombiano y
a sus ex autoridades por los crímenes, en pronunciamiento sintetiza el horror
de la violencia paramilitar en el país contra el pueblo. Incluso la sentencia
señala que Colombia reconoció su responsabilidad internacional frente a los
crímenes, en vista de la participación de agentes de gobierno y sus autoridades
en los crímenes, autoridades que deben ser condenadas de acuerdo a su
responsabilidad.
Salvatore
Mancuso admitió también el que los paramilitares son los Hijos del Estado
Colombiano, y que recibieron Adiestramiento y armas por parte de las fuerzas
regulares del Estado. Esta Estrategia encontró un terreno fértil para su
desarrollo en las cooperativas privadas llamadas Convivir, legalizadas y
respaldadas en el Departamento de Antioquia en los años Noventa, durante la
gobernación de Álvaro Uribe.
Santiago
Villalba en sus testimonios vínculo al presidente de Colombia, Álvaro Uribe
Velez, con varias masacres realizadas y ordenadas directamente. Villalba lo
afirmó ante la Fiscalía En febrero del 2008 y lo ratificó luego ante la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, en noviembre del mismo
año, antes de ser silenciado.
Agrega
Villalba que luego de la Matanza, se celebró otra reunión en la que además de
varios jefes paramilitares, como Mancuso y Carlos Castaño, estaban Santiago
Álvaro Uribe, y que el entonces Gobernador de Antioquia felicito a todos los
paramilitares. Habla además de como el helicóptero de la gobernación sobrevoló
la zona durante la masacre. Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, es
el dueño del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Villalba
también indica textualmente que las ordenes de Uribe eran: Borren el pueblo, en
referencia a los pueblos donde vivían los campesinos.
Uribe
Velez, también es investigado por su vinculación al asesinato del Defensor de
derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado en
repetidas ocasiones el accionar paramilitar ligado al ejército en La Granja y
El Aro, y los nexos con el entonces Gobernador Álvaro Uribe Velez.
La
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía
compulsar copias para que se investigue la actuación del hoy senador de la
República Álvaro Uribe Vélez en una masacre cometida por las Auc cuando éste
era gobernador de Antioquia.
Una
nueva compulsa de copias pone bajo la lupa al senador de la República Álvaro
Uribe Vélez, esta vez generada por la supuesta presencia del helicóptero de la
Gobernación de Antioquia durante la incursión de facciones de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc) al corregimiento El Aro, de Ituango, entre el 22 y el
25 de octubre de 1997, que dejó 15 muertos.
La
orden de investigar a Uribe, quien en la época de la masacre se desempeñaba
como Gobernador de Antioquia, fue impartida por la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Medellín durante la audiencia de lectura de sentencia
contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, quien comandó
el Bloque Mineros, una de las facciones de las Auc que participó en el ataque a
ese caserío, ubicado en una escarpada zona del norte del departamento.
En
su voto razonado sobre las masacres de El Aro y La Granja, el juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Antônio Augusto Cançado Trindad se expresa:
Estamos ahora subyugados por la razón del Estado que permite todo: Los
genocidios, los asesinatos en masa, el meter en cintura a los intelectuales.
Ahora el Estado es la Defensa del crimen. El Estado impulsa el crimen, la
cultura del crimen que lo devora todo.
El
tema del helicóptero también fue mencionado en la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006 que condenó a la
Nación por su incapacidad para proteger a la población de los crímenes, como
los del Aro y resolver los crímenes.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó investigar lo ocurrido
en El Aro: “El Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y
completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de
todos los autores y culpables de la masacre y de las personas responsables por
acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar
los derechos violados”. Sin embargo, debido a la estructura de corrupción nada
de ello se ha dado y el caso permanece en la más completa impunidad,
protegiendo a los autores intelectuales.
La
CIDH condenó enérgicamente al Estado colombiano por la masacre de El Aro, donde
fueron asesinadas 14 personas, incendiadas alrededor de 34 viviendas y
desplazadas 712 personas. En la Sentencia se resalta el asesinato del
paramilitar Francisco Villalba como un impedimento a la investigación,
juzgamiento y clarificación de lo sucedido, y el asesinato del líder defensor
de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, quien se había pronunciado de forma
anticipada sobre el actuar de los paramilitares en este corregimiento y los
presuntos responsables, entre los que señaló a miembros del Ejército,
paramilitares y representantes del gobierno colombiano y como principal
sindicado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador.
Cargos por Caso Operación Orión
En
octubre del año 2002, transcurría Orión, la más grande operación militar urbana
que haya tenido lugar en Colombia, según un informe del grupo de Memoria
Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en
el 2011. Operación de masacre que llevo a cientos de desapariciones, torturas y
ejecuciones extrajudiciales
Orión
se ejecutó ilegalmente en el marco de una supuesta falsa política de seguridad
democrática, ordenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró y
brindó el apoyo necesario para que las fuerzas paramilitares creadas operaran
articuladamente libres y al margen de la Ley. La operación fue ejecutada por el
entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
Helicópteros
artillados y un despliegue de 1.500 efectivos, entre Ejército, DAS, Policía,
CTI, Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas, escudriñaron durante
cinco días palmo a palmo varias comunas en Colombia. Para las autoridades
civiles y militares, Orión fue el triunfo de la institucionalidad sobre la
delincuencia. Así lo dijo el alcalde de ese entonces, Luis Pérez Gutiérrez.
Significaba
para las autoridades limpiar un territorio en el que operaban, camufladas entre
civiles, las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los CAP (Comandos Armados
del Pueblo). Durante los primeros tres días de operativos los habitantes de la
Comuna 13 de Medellín no pudieron ir a otras partes de la ciudad, recuerda
Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que
defiende y asesora a víctimas de cientos de desaparecidos. Nadie podía entrar o
salir de los barrios Belencito Corazón, 20 de Julio, El Salado, Nuevos
Conquistadores y Las Independencias II. Personas sospechosas o por el solo hecho
de expresarse en contra del régimen de Uribe Vélez, o por ser parte de la
oposición era desaparecida y muerta. Como un ejemplo hubieron varios cientos de
desaparecidos en solo la localidad La Escombrera, de la Comuna 13.
Las
cifras respaldaban el optimismo. De acuerdo a datos del CINEP, durante la
avanzada, la Fuerza Pública realizo´ 150 allanamientos y capturo´ a 355
personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Pero la operación arrojó
también otros números que empañaron la eficiencia y la transparencia de las
autoridades. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) habla de un civil
muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.
Un
mal síntoma de los resultados fue que la Fiscalía ordenó luego la libertad de
88 de los judicializados. Para comienzos de 2007, solo dos de los capturados
habían sido condenados. Lo más preocupante, dice Diego Herrera, director del
IPC, es que a partir de Orión comenzaron a afincarse en el territorio los
hombres del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia
(Auc). “Orión permitió sacar a un grupo armado (la guerrilla), para darle
entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en la Comuna 13. Esta fue
la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se vivió después en todo
Medellín”.
Eso
también lo dice el informe de Memoria Histórica: “Orión no implicó el fin del
conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13.
Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique
Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de los Derechos
Humanos hasta el momento de su desmovilización en diciembre de 2003”. Prueba de
ello es que el día en que dicho Bloque entregó oficialmente las armas, se
vieron salir de la Comuna 13 buses llenos de muchachos rumbo a desmovilizarse.
Una vez pasaron los actos protocolarios, en los mismos vehículos retornaron a
los barrios.
Un
dato revelador es que entre 2002 y 2003 se registraron en Medellín 92
desapariciones forzadas. Y si se amplía aún más el rango de tiempo, las
personas que los paramilitares se llevaron de la Comuna 13 y que nunca
volvieron a sus casas pueden llegar a 300, según lo documentó en un auto la
Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín. Pero pueden ser más,
o pueden ser menos. Ese es el incierto rompecabezas que ahora la Fiscalía
intenta armar en La Escombrera, la enorme montaña de basura donde los
paramilitares escondieron los cadáveres de quienes se llevaron a la fuerza, tal
como lo indican varios testimonios de desmovilizados.
La
foto de Jesús Abad Colorado, así como el registro que durante Orión hicieran
varios reporteros gráficos de El Colombiano, entre ellos Henry Agudelo, no son
hoy simples anécdotas. Que un encapuchado aparezca patrullando la Comuna 13
junto con la Fuerza Pública, coincide con la versión que ante la instancia de
Justicia y Paz rindió el excomandante paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias
Berna.
“El
Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se
infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjudicaron a
las Fuerzas Militares (…) Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de
ellos iban encapuchados, se identificó a varias personas, algunas fueron dadas
de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos forzadamente”, dijo el
28 de noviembre de 2008.
La
posible complicidad entre la Fuerza Pública y actores armados ilegales nunca
fue investigada por la Procuraduría General de la Nación por su complicidad.
Tampoco judicializada. Solo varios años después y gracias a una Acción de
Tutela y al aporte de pruebas y testimonios, la Corporación Jurídica Libertad
logró que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una
investigación preliminar en contra de los generales Mario Montoya, comandante
de la IV Brigada del Ejército durante la ocurrencia de los hechos, y del
general en retiro Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana.
Hasta el momento, no obstante, nadie ha asumido la responsabilidad política de
lo que sucedió en Orión.
Una persona que conoce los
hechos de la operación como testigo, pero que ahora teme ser identificada, le
dijo a Semana.com:
“Mucho antes de la operación, los milicianos de la guerrilla también cometieron
atropellos graves en contra la población civil. Sin van a buscar restos en la
montaña van a encontrar víctimas de lado y lado. Lo que uno no puede entender
es que el Estado se equipare con el delincuente. Es mucho más cuestionable y
más grave, que la autoridad participe de un delito”, dice.
Taparse
el rostro durante un operativo, deshacerse de los distintivos militares detrás
del anonimato, no ha sido la manera en que las Fuerzas Militares han
desempeñado su papel durante más de 50 años de conflicto. Es por eso que la
foto de Jesús Abad Colorado lleva implícito un atributo que trasciende el
testimonio gráfico. Más que un registro, la imagen lleva el peso de una prueba
sumarial.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLITICA
Yidispolítica
es el nombre del escándalo con el que se conocen las declaraciones de la
exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido
ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al
proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar
a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir
las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la controversia
fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego Palacio entrego
beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio de su voto.
En
2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en cheques y depósitos, más de
100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, identificada como un
palo blanco del lavado de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual
la señora Enilse López (alias “La Gata”) era la accionista mayoritaria.
Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por
lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos
judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de estar
relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha
miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la
honestidad con la que Uribe recibió los dineros junto a varios aportes del
paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido
Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del
recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en
alguna conducta criminal al aceptarlos.
En
septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el
Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones
Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su
antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento
supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores
defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban
fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a la
fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso calibre
asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En
2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre
1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario
Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis
Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros,
participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos durante la
gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de
ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación de Antioquia
era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco militares
junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
OTROS CARGOS Y DELITOS
Uribe
ha fomentado a diestra y siniestra la economía de libre de mercado del
Neoliberalismo mediante la aplicación indiscriminada de políticas económicas en
desmedro de la clase más humilde y pobre en Colombia, también se lo acusa de
haber implementado distintos tratados de libre comercio con otros países y una
alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear dependencia
de dicho país mediante el TLC y otros. Esto ha ocasionado en lo social
desplazamientos sociales a otras naciones vecinas mediante migraciones.
El
Gobierno de Uribe puso en marcha una reforma laboral que amplió las causas de
despido justificado contra la clase trabajadora, recortó los pagos por
indemnizaciones y disminuyó el complemento salarial por nocturnidad.
En
política internacional el gobierno de Alvaro Uribe apoyó la guerra contra el
terrorismo apoyando al presidente estadounidense George W. Bush. A pesar de la
oposición interna el gobierno, apoyó diplomáticamente la Invasión de medio
oriente por EUA y la intervención en Iraq de 2003.
En
agosto 2014, Álvaro Uribe, actual senador del país, ha sido denunciado
penalmente ante la Corte Suprema de Justicia colombiana, informa el rotativo
colombiano ‘El Tiempo’. El político es acusado de hostigamiento por razones
políticas, concierto para delinquir, injurias y calumnias. Según el medio,
todavía está por verse si la Corte acepta las denuncias. Si el alto tribunal
decide admitirlas, los magistrados tendrían que pronunciarse sobre quién y en
qué condiciones puede ser investigado y juzgado Uribe.
CARGOS POR GRAVES CRIMENES EJECUTADOS BAJO EL PLAN COLOMBIA
Plan
Colombia (también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o
Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los
gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las
administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense
Bill Clinton con los objetivos específicos de terminar el conflicto armado en
Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. El plan luego fue continuado y
avalado por Álvaro Uribe Vélez.
Una
vez inaugurado el Plan Colombia por el presidente Bill Clinton en el año 2000,
se desencadenó la mayor victimización, con un pico en el 2002 de 744.799
víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno ha tenido que reconocer
que el número de víctimas del conflicto supera los siete millones de colombianos.
Este número incluye el genocidio, asesinados, desaparecidos, desplazados y
exiliados. Para un país de menos de 44 millones de ciudadanos estas cifras son
alarmantes.
Además
el Estado colombiano pide a su contraparte en los diálogos de La Habana dar la
cara a las víctimas, en cambio se hace el de la vista gorda con su propia
responsabilidad acerca del despojo, la barbarie y la miseria en que sumió a la
población colombiana. Por su parte el gobierno de los EEUU guarda silencio por
su propia culpa, mantiene una enorme deuda por el sufrimiento que patrocinó y
aún no habla de la reparación por los daños causados a la población colombiana.
Para colmo recibe en su territorio y da asilo a los victimarios que huyen de la
Justicia en Colombia.
Los casos de abusos fomentados
por la administración Uribe se multiplican y siguen un patrón de crímenes
cometidos por soldados estadounidenses que prestan sus servicios en el Plan
Colombia. En 2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por
soldados estadounidenses en servicio y 14 más en 2007. Además, en 2004,
soldados y técnicos provenientes de EE.UU.
produjeron videos pornográficos de adolescentes colombianas que fueron vendidos
por $10,000 pesos cada uno. Por otra parte, en 2005, militares estadounidenses
fueron sorprendidos vendiendo munición a las FARC y, en el mismo año, se
sorprendió a otro grupo de militares vendiendo munición a grupos paramilitares.
Los
Estados Unidos tienen privilegios por ser un Estado hegemónico y sacan ventaja
por ello. De esta manera, condicionan promesas de ayuda militar y de recursos
con cláusulas especiales. Así, el Estado colombiano firmó el Acuerdo de
Misiones Militares en 1975, garantizando inmunidad para el personal militar
estadounidense y para los contratistas que operen en suelo colombiano a cambio
de la ayuda militar y financiera. Este acuerdo fue vuelto a confirmar durante
la administración Uribe, sin realizar observaciones.
Procurador
General de la Nación, Edgardo Maya, condenó el tratado diplomático como
inconstitucional y, de manera infructuosa, solicitó al Congreso una revisión
del mismo. Respuesta que se entiende desde la declaración del exsenador
colombiano Jimmy Chamorro: “obviamente creemos que el tratado debe ser
revisado, pero la realidad política es que no va a pasar, sería desastroso para
la ‘política de seguridad democrática’ de Uribe”.
Las
violaciones de derechos humanos en Colombia son ahora más claras y evidentes
comprometiendo a Uribe Velez en violaciones a los derechos humanos: los falsos
positivos, la purga interna en el estamento militar y las denuncias del
director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, que
señalan que en Colombia hubo más violaciones a los derechos humanos que en la
dictadura de Pinochet.
CARGOS POR DELITOS DE ESPIONAJE Y ORDEN DE PERSECUCION A
POLITICOS
La
práctica de Uribe Vélez fue también ordenar la colocación escuchas a las
organizaciones políticas contrarias y a personalidades. Las interceptaciones
ilegales son la muestra clara de la persecución política característica de la
intolerancia que gobernó durante 8 largos años. Uribe argumentó que espiar a
Piedad Cordoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y la Corte Suprema de Justicia
se daba en orden de proteger la seguridad nacional, otra muestra clara de
violar la libertad y la democracia, al puro estilo paramilitar fascista.
El
DAS fue la policía inquisidora de la diferencia política, de los críticos y
cuestionadores. La responsabilidad política del ex presidente es amplia, pues
el DAS dependía directamente de la Casa de Nariño. Quien fuera su directora
está acusada por delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de
función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento
público.
Tener
rabo de paja se convirtió en persecución política. Tanto funcionario prófugo y
condenado por la justicia es la muestra del poco respeto por las instituciones
y la ley. Ex funcionarios, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y
Andrés Felipe Arias, más el ex asesor de la campaña presidencial de Uribe y
finalmente la reciente amenaza de Oscar Iván Zuluaga de salir del país.
El
Presidente Álvaro Uribe Vélez desde los albores de su mandato reiteradamente
manifestó públicamente que el fortalecimiento de la inteligencia era prioridad
de su gobierno, es decir, que el funcionamiento de las agencias de inteligencia
y sus respectivas misiones y prioridades eran definidas por el Alto Gobierno
Nacional, de modo, que no se puede alegar en su favor que era ajeno a ello o
desconocía las actividades ilegales de inteligencia, especialmente cuando éstas
tuvieron ocurrencia de forma generalizada y sistemática. Es precisamente en
este gobierno en el que las agencias de inteligencia intensificaron
sustancialmente la persecución contra los que fueron calificados como personas
y organizaciones “de tendencia opositora” y que constituían un “riesgo contra
el gobierno y la seguridad nacional”. Las principales víctimas fueron las Altas
Cortes de Justicia, miembros del Congreso, partidos de la oposición,
sindicalistas, organizaciones de derechos humanos, personas y organizaciones de
carácter internacional, periodistas independientes, entre otros.
Existe
suficiente material probatorio que indica que las acciones ilegales de
inteligencia no fueron producto de la conducta desviada de un pequeño grupo del
DAS, o de una pugna entre funcionarios o de la penetración del narcotráfico,
sino que las mismas obedecieron a una definición de carácter institucional que
involucró a las máximas directivas del DAS y a todas las dependencias de esa
agencia de inteligencia, quienes actuaron en consonancia a las políticas y
decisiones tomadas por el Alto Gobierno Nacional. No tiene explicación ni
justificación alguna, que si el fortalecimiento de la inteligencia era una
prioridad del gobierno, precisamente haya pasado desapercibida la toma del DAS
por parte del paramilitarismo, y que funcionarios de alta jerarquía nombrados
por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, aparezcan con evidentes y estrechos nexos
con esas organizaciones. Resulta incomprensible, que el Presidente Álvaro Uribe
Vélez, lejos de tomar medidas ante los repetidos escándalos desatados por las
evidentes acciones criminales del DAS, haya dedicado ingentes esfuerzos en la
defensa y protección del señor JORGE NOGUERA COTES. En lugar de tomar medidas
inmediatas, el Presidente Álvaro Uribe Vélez guardó un largo y sospechoso
silencio.
CARGOS POR TERRORISMO E INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS DE OTROS
PAISES
Existen
denodados esfuerzos de Álvaro Uribe Vélez en complicidad con el gobierno
norteamericano por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país,
con muchos de sus vecinos miembros del ALBA o CELAC, a quienes ha hecho blanco
de numerosas, graves e infundadas críticas y acusaciones.
Para
este fin Uribe Vélez inclusive ha permitido el establecimiento de 7 bases
militares americanas en Colombia para el dominio estratégico de Sudamérica e
influencia por parte de EUA. Por lo que EUA le ha permitido casi todo en su
gestión de gobierno como un gesto de total agradecimiento de trabajar en favor
de los intereses norteamericanos.
Apoyó
directo a la invasión a Irak y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad
bajo esta operación militar. A diferencia de la comunidad suramericana ahora
Colombia vuelca a los ánimos de guerra y conflictos, atentando así contra la
tradición pacifista internacionalista de Colombia.
Uribe
promovió el uso de bases militares colombianas a soldados Estadounidenses en
detrimento de la soberanía nacional colombiana. Investigaciones también prueban
la relación entre los falsos positivos y la asesoría en materia de seguridad
por parte de EUA en plena complicidad con el régimen de Uribe.
Uribe
también ha venido utilizando métodos terroristas contrarios al derecho
internacional y en el derecho de los pueblos a la no injerencia en sus asuntos
internos, esto para con los países que no le son afines a sus políticas y que
están en contra de los intereses de EUA, Colombia y el famoso TLC continental,
esto lo ha logrado mediante la creación de células, agentes políticos y
organizaciones de carácter terrorista de ultraderecha para apoyar y proteger su
estructura o armazón construida no solo dentro de Colombia sino también fuera
de sus fronteras. Para ello ha creado lo que él llama o denomina un frente
continental liberal o ultra liberal latinoamericano contra los gobiernos
populares, para este fin ha creado varios organismos y fundaciones terroristas
bajo su tutela todas subvencionadas por el Departamento de Estado de EUA, tales
como la Fundación Internacionalismo Democrático (creada en Washington – EUA),
Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Uribe Centro Democrático, Red
Continental de Lideres Juveniles Demócratas ( con base en Houston EUA) ,
Fundación Internacional para la Libertad, Avanza Colombia y FTI Consulting
entre otras. También ha creado alianzas con otras organizaciones de
ultraderecha continentales con tal de cumplir su objetivo.
Estas
organizaciones creadas por Uribe, tienen como miembros asiduos y contratados a
sueldo a ex mandatarios, líderes y dirigentes de partidos y parlamentarios de
extrema derecha de varios países latinoamericanos. También adiciono a sus
organizaciones a políticos y gobernantes o ex gobernantes del gobierno español
de la derecha y ultraderecha liberal, para confrontar nuevamente a los
gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Entre
sus estrategias globales contra los países del ALBA y CELAC, están las de
mantener e incrementar los sabotajes tanto políticos, como a sus proyectos de
desarrollo regional, sabotajes coordinados a proyectos nacionales de cada país
para el desgaste forzado de los mismos y de sus líderes progresistas.
Desde
el 2006, Uribe promovió los desplazamientos masivos de población pobre hacia
Venezuela de más de 5 millones. Escaparon de las AUC paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia, las Urabeñas y otras innombrables e innobles creadas y
autorizadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El
2012, Uribe apoyado por el gobierno colombiano de Santos, inicio una serie de
ataques frontales a Venezuela, utilizando como armas de penetración terrorista
una guerra económica, infiltración del paramilitarismo, apoyo directo a células
de ultraderecha fascistas y contrabando, creando así situaciones de
inestabilidad internas.
Uribe
Velez incurre en obstruir la paz con las Farc y en influenciar negativamente
sobre el estado y el gobierno de la vecina Venezuela, realizando una injerencia
directa en sus asuntos internos actuando como una ficha del Comando Sur de EUA
asentado en el Mar Caribe.
El
eje fronterizo Cúcuta-San Antonio-San Cristóbal, que constituye una de las
zonas de mayor dimensión económica en la región, pasa en los actuales momentos
por una severa crisis social y política. Dicho territorio es utilizado a fondo
por el Departamento de Estado de EUA, las multinacionales petroleras y la
ultraderecha colombiana, en el marco de una injerencia económica y militar en
curso, cuyo fin es dar forma a un golpe de estado contra el gobierno
constitucional de la vecina Venezuela.
El
contrabando de combustibles, alimentos, medicamentos, la manipulación masiva
con el dólar paralelo y la acción violenta de los grupos paramilitares
colombianos en el Estado del Táchira, ha generado incertidumbre, caos,
violencia y terrorismo en dicho territorio venezolano.
Esa
compleja situación ha llevado al gobierno de venezolano a aplicar medidas de
protección de su soberanía.
El
gobierno democrático de Venezuela ha señalado que detrás de todo esta operación
de injerencia en sus asuntos internos esta la coordinación de Álvaro Uribe
Vélez, el director de la elite económica militar colombiana. Informes de
inteligencia y documentados indican, que Uribe se ha desplazado en días
recientes al territorio de Arauca y Apure a “coordinar asesinatos” y “crímenes”
en contra del estado de Venezuela. Así lo ha denunciado el mismo presidente
venezolano y su ministro de Defensa, acusando a Uribe de estar detrás de planes
desestabilizadores financiando inclusive a grupos terroristas dentro de
Venezuela.
La
superación de la grave crisis que vive en estos momentos la frontera
colombo-venezolana en el paso Cucuta-San Antonio, exige que los gobiernos de
ambos países y los pueblos de las dos naciones se pongan de acuerdo para juzgar
a uno de los propulsores del gran daño criminal a la región, artífice de este
caos y la muerte, el señor Uribe Velez.
Esta
denuncia es muy grave y caracteriza de manera certera el comportamiento
político manifiestamente terrorista del promotor y organizador de los grupos
paramilitares.
De
esta forma Uribe Velez, es acusado por incurrir en el delito más grave el de
violentar los principios y normas generales del derecho internacional . Uribe
violenta inclusive la Carta de la OEA, en su artículo 3, donde se prohíbe
explícitamente toda forma de intervención directa o indirecta por parte de los
Estados miembros en los asuntos internos y particulares de los demás Estados.
Dicho principio está recogido en las constituciones políticas del hemisferio
para subrayar el rechazo a las intervenciones vinculadas a las incursiones
armadas, control político y económico, provocar separatismos, financiación y
apoyo de cualquier tipo a grupos internos irregulares, invasiones, asonadas,
contenciosos territoriales, provocar o influir en golpes de estado, entre otras
manifestaciones.
A
Uribe Velez también se lo acusa de violentar una vez más la Carta de Naciones
Unidas firmada por Colombia, específicamente el inciso A, articulo 1, párrafo
2, en relación a la Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos ,
las relaciones de los estados deben ser de amistad basadas en el respeto “al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los
pueblos”. Los estudios de casos en esta sección abarcan las ocasiones en que el
Consejo de Seguridad ha analizado situaciones que tienen que ver con el
principio de la libre determinación y el derecho de los pueblos a decidir su
propia forma de gobierno, y esto a su vez puede estar relacionado con las
cuestiones de independencia, autonomía, referéndums, elecciones y legitimidad
de los gobiernos.
Así
mismo Uribe Vélez violenta flagrantemente el inciso B, articulo 2, párrafo 4,
en relación a la Prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en
las relaciones internacionales contra otros estados, la Carta prohíbe recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los Miembros a que respeten
la soberanía, la integridad territorial y la independencia política interna o
externa de cualquier Estado. Los estudios de casos en esta sección suelen
abarcar las ocasiones en que se citó y analizó lo dispuesto en el Artículo 2,
párrafo 4, en el contexto de una situación de violencia entre Estados o al
interior de un Estado, de una guerra o de otros conflictos territoriales. Y
según el inciso E, articulo 2, párrafo 7, sobre la No intervención de los
países miembros de Naciones Unidas en los asuntos internos de los Estados,
ningún país está autorizado a intervenir directa o indirectamente en los asuntos
que son de la jurisdicción interna de los Estados, aunque este principio no se
opone a la aplicación de medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII de la
Carta, esto solo bajo una resolución expresa del Concejo de Seguridad de la
ONU.
Uribe
se ha convertido no solo en el principal peligro para la estabilidad del vecino
país de Venezuela sino de toda Latinoamérica. También lo es de la estratégica
política de paz que adelanta el gobierno de Santos para terminar el prolongado
conflicto armado nacional.
Uribe
acude a una combinación siniestra de acciones políticas y armadas para imponer
sus métodos violentos y terroristas o paramilitares utilizados en Colombia
actualmente. Estimula el odio, la guerra y la arbitrariedad para no perder
vigencia cuando se estrecha su campo de acción gracias a los avances de los
diálogos de paz en La Habana y otras regiones. Actualmente se opone tenazmente
a las conversaciones de paz y ofrece solo la alternativa del asesinato y la
guerra, algo contrario a la ley internacional.
Esta situación desesperada muy
bien la caracteriza el diario bogotano El Espectador: Uribe Vélez siempre
espera agazapado el próximo banquete de carne humana en descomposición, que es
su principal alimento político. Sin escándalo y sin cadáveres, pasa hambre. ( http://www.elespectador.com/opinion/paz-perspectivas-y-problemas ).
Sus
turbias maniobras no solo son contra Venezuela. Como el proceso de paz avanza
sólidamente, reflejándose en la caída vertical de la violencia con ocasión de
la tregua unilateral determinada desde el 20 de julio por las Farc y el des
escalamiento ordenado por el gobierno, su acción se mueve en el terreno de la
más descarada provocación, valiéndose de los enormes recursos militares, prensa
mediática, económicos e internacionales de que dispone.
En
el transcurso de los últimos meses, Uribe en campaña electoral para imponer por
la fuerza sus candidatos en alcaldías, asambleas, concejos y gobernaciones, ha
llamado en el departamento de Nariño, en el Valle del Patía y el Cauca, ha
reorganizar los grupos de autodefensa AUC (paramilitares) para imponer los intereses
de la elite de los grandes hacendados y terratenientes que siempre han contado
con este tipo de guardias privadas paramilitares para sostener su riqueza y
poder político despótico. En ese sentido se explica que su candidato en el
departamento del Cauca, Gral Leonardo Barrera, sea uno de los paramilitares más
familiarizados con la violencia y el desplazamiento de miles de campesinos,
afros e indígenas de la región.
Igual
eso explica la nueva proliferación de bandas asesinas contra la comunidad
campesina e indígena, en varias zonas antioqueñas como Cisneros, San José del
Nus, Puerto Berrio, Uraba, Caucasia y el Sur oeste. Y en el propio Medellín,
donde su patrocinado, Juan Carlos Vélez, hace la campaña defendiendo la
existencia de los paramilitares en toda el área urbana de la ciudad, como forma
de aplastar los derechos democráticos de la sociedad con el lema del
Liberalismo supuestamente democrático. Están preparando el ambiente para otra
Escombrera como la que se conformó con la famosa Operación Orión del Gral
Montoya y los paramilitares de Don Berna.
Des
escalarlo, frenarlo y llevar a Álvaro Uribe Vélez ante la corte Justicia es una
necesidad y prioridad colectiva. Ponerle un límite político, jurídico,
internacional y simbólico es una demanda imperiosa de la convivencia interna y
externa de las naciones. Es una voluntad colectiva de las mayorías nacionales e
internacionales que rechazan su discurso y práctica violenta.
APLICACIÓN DE POLITICAS ECONOMICAS DE MISERIA SOBRE LA POBLACION
– CAUSAS DE MUERTES
La
investigación fue realizada por Juan Diego Alvira Periodista de Citynoticias en
agosto del 2004, y la primera en lanzar la voz de alerta fue la directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatriz Londoño: donde denuncia que
en la ciudad hay familias que en ocasiones deben alimentarse a punta de papel
periódico con agua de panela y afrontar la muerte por hambre.
La
historia se confirma cuando se recorre el extremo sur de Bogotá, donde los
diarios sensacionalistas pueden terminar convertidos en el plato del día.
En
Los Puentes, uno de los tugurios que engrosa los grandes cordones de miseria de
los cerros orientales de la ciudad, 220 familias integran el vecindario. Viven
en estrechas casas a las que se acceden después de trepar media montaña por el
corredor principal del barrio. Allí está la casa de la familia Suárez Londoño,
una vivienda de cartón y madera donde habitan Myriam Londoño y sus dos hijos.
Tiene
24 años y está enseñada a trabajar como empleada doméstica. Su esposo es
conductor de buseta que está desempleado. Natalia, la mayor de la niñas,
refriega una ropa contra un pedazo de loma que sirve de lavadero.
Mientras
tanto, Myriam saca el balde donde guarda los alimentos y muestra los
ingredientes de una receta inhumana: papel periódico y panela. “Es el almuerzo
de los niños”, dice.
“Me
tocó acostumbrarlos a comer papel porque un día no tuve qué más darles y me
lloraban por algo de comer”, afirma Myriam. Ella solo está poniendo en práctica
lo que alguna vez escuchó en la radio: que generar la sensación de llenura
sirve para adelgazar.
Entonces,
empezó a enseñarles a sus hijas a decirle mentiras al estómago. “El agua de
panela los alimenta y con algo de papel masticado puede ayudarles a quitar el
hambre -explica-. Yo primero hice el ensayo y me dio dolor de estómago pero con
el tiempo me acostumbré”.
Los
niños también se acostumbraron. A tal punto que comen papel como si estuvieran
jugando con él.
En
Bogotá, donde según el proyecto Bogotá, cómo vamos el 49 por ciento de la
población (3 millones 366 mil personas) se encuentra en condiciones de pobreza
y de ese porcentaje, 1 millón 140 mil en la indigencia, casos como el de Myriam
y su familia se repiten en localidades como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar
y Rafael Uribe Uribe.
“Es
inaceptable, así les toca a muchas familias pobres -aseguró Londoño-. También
hemos conocido de papás que les dan cubos enteros para sazonar caldos. Los
niños los muerden, como esos cubos son salados les da sed y después les dan
agua para llenarlos”, asegura Londoño.
Las
declaraciones de la funcionaria se hicieron en el marco del lanzamiento de la
feria de alimentos Alimentec, que se lleva a cabo en Corferias.
El
desempleo, la recesión económica, el desplazamiento por el paramilitarismo y la
caída de los ingresos, hizo que la brecha entre ricos y pobres se agigantara y
que la pobreza golpeara sin compasión a las localidades más vulnerables y
pobres.
No
deja de ser irónico que mientras historias como estas se multiplican en los
barrios de las principales ciudades del país, el Gobierno Nacional y los
órganos de control se tranzan en una polémica por demostrar quién tiene la
razón sobre los niveles de pobreza, si el Gobierno que asegura son del 53 por
ciento o la Contraloría que señala que llegan al 61 por ciento. El hambre no
entiende de estadísticas.
La reacción de la gente.
La
historia de la familia Suárez, que en ocasiones recurre al papel periódico y el
agua de panela para saciar el hambre, conmocionó ayer a los bogotanos.
Tan
pronto se conoció el hecho a través de Citynoticias del miércoles en la noche.,
las llamadas de la gente no se hicieron esperar. Al día siguiente, en el
espacio del programa Arriba Bogotá, se habilitaron las líneas telefónicas a
través de las cuales los ciudadanos pudieron expresar sus opiniones frente a lo
que está ocurriendo con el tema de la pobreza en Colombia.
Algunos
aprovecharon para criticar a las autoridades porque “prometen y prometen pero
nunca cumplen”, otros se ofrecieron para apadrinar a los niños de Myriam y la
mayoría optó por donar mercados para la familia. Parece que una de las
políticas del gobierno para hacer desaparecer el hambre de Colombia, es
eliminar a los pobres que tienen hambre con el hambre.
Medidas de Uribe contrarias a la población
Durante
su gobierno se redujo la jornada laboral nocturna de 6:00 pm 6:00 am pasando de
10:00 pm a 6:00 am, lo cual implica una pérdida para los trabajadores del 35%
del recargo nocturno. Además aumentó de 1000 a 1250 semanas de cotización para
pensionarse, aumentó la edad para ello la mujer a los 57 años y los hombres a
los 62, eliminó la prima de junio.
Fomentó
la apertura económica del país sin la consolidación de la competitividad
interna, en detrimento de la industria nacional y la equidad. Así, entre 2005 y
2008 las cifras de personas en condición de miseria y de indigencia aumentaron
exponencialmente, forzándolas a huir a la vecina Venezuela y otros paises. Las
grandes metas de equidad social del gobierno Uribe no fueron cumplidas y
tuvieron que ser postergadas en los años.
CONCLUSIONES
El
Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al
Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su
responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual
fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares
y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los
Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante la cantidad de pruebas e
información que compromete a Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de
la administración norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y
Obama a Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones
que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de EUA. Lo
más curioso es que son medios americanos los que han investigado y denunciado
todos estos hechos delictivos de Uribe.
El
8 de agosto del 2012, es presentado un abultado expediente de acusaciones por
organismos libres de Derechos Humanos caratulado EXPEDIENTE SINDICADO ALVARO
URIBE VELEZ, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de
lesa humanidad, los mismos aún esperan la resolución de la corte.
Uribe
está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes
contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han
sido tratados a fondo por la justicia colombiana. Los obrados han sido
presentados.
Uno
de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados “falsos
positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros
de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos
aislados”, aunque para el tribunal internacional – la CPI, al que han llegado
los más de 3.000 casos de los más de 10.000 asesinatos reconocidos por la
propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer que se trató de
una política de Estado de limpieza; estos asesinatos, cometidos para aumentar
los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa
humanidad.”.
Denuncias
adicionales contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional han
sido presentados personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del
Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván
Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos protagonizados por
servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que
constituyeron delitos de persecución contra políticos, magistrados, campesinos
y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales,
seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma
constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas persecuciones,
como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de
Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de
sicarios narco paramilitares que actuaban con la información suministrada por
éste.
Contra
todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por
su protagonismo en la formación del ejércitos narco paramilitares en sus fincas
ganaderas, Uribe ha intentando blindarse con el apoyo de la cúpula militar y
con su fuerza política, el “Puro Centro Democrático” por la que es Senador y
pretender esconderse bajo la inmunidad de su cargo o incluso intentar alguna
maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas
constitucionales se lo impiden.
Una
Comisión de Eurodiputados de la UE realizara un levantamiento de datos de los
crímenes realizados durante la administración Uribe Vélez que podrían llevar al
político colombiano directamente a la CPI. La delegación parlamentaria esta
integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC),
Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian
Suárez (Eivissa pel Canví), estudiaran los casos y realizaran un informe legal
para el Congreso y la Eurocámara por los graves crímenes. También acompañan la
investigación una delegación de parlamentarios ingleses.
Otra
delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados,
certificó tras una audiencia pública en la localidad de Macarena, la existencia
de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados. La eurodiputada de la
Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó “que el Ejército asesine a su
pueblo por orden de su gobierno es una aberración, no lo puedo entender, el
Ejército está para cuidar a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”. Las
investigaciones tabulan hasta un total de 35.000 personas asesinadas.
EFECTOS RESOLUTIVOS
Las
personas que hayan tenido o tengan relación o vínculo de cualquier tipo con el
acusado serán pasibles a investigación y también en caso de que se les
demuestre acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo inclusive una
sanción moral, con su respectiva inclusión en la Lista Internacional de
Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad.
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