miércoles, 18 de septiembre de 2019

PHILIP GOLDBERG: LA "NAVAJA MULTIUSO" DE EEUU PARA LA GUERRA LLEGA A COLOMBIA


Phillip Goldberg es el hombre de la Casa Blanca para reforzar un escenario de guerra entre Colombia y Venezuela (Foto: EFE)

Ha llegado a Colombia, varios meses luego de su nombramiento, el operador de guerra Philip Goldberg para asumir su cargo como nuevo embajador de los Estados Unidos en el país vecino. El pasado primero de agosto, el Senado de Estados Unidos confirmó al funcionario, quien había sido nominado por el presidente Donald Trump en mayo para reemplazar a Kevin Whitaker.
Whitaker ocupó el cargo desde mayo de 2014 y se esperaba que dejara el cargo en febrero de 2017, pero se vio obligado a permanecer en medio de las disputas entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos alrededor de su sucesor.
La nominación de Goldberg llegó en un momento crítico para las relaciones entre ambos países, pues, a pesar de que la élite uribista es funcional al gobierno estadounidense en sus planes contra Venezuela, Trump arremetió contra Colombia recientemente por el incremento de cultivos ilícitos en el país, afirmando que "más drogas están saliendo de Colombia ahora que antes de que él (Iván Duque) fuera presidente, por lo que no ha hecho nada por nosotros".
No era la primera vez que Trump buscaba el recambio de la embajada en Colombia ya que en 2018 había nominado a Joseph McManus para el cargo, pero su nominación fue rechazada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos porque McManus había trabajado para Hillary Clinton cuando la demócrata era secretaria de Estado de la Administración Obama.

COORDINADOR DEL PLAN COLOMBIA: LA VIOLENCIA COMO MECANISMO DE CONTROL POLÍTICO

Goldberg, también ganador de un premio presidencial de Rango Distinguido, dos premios presidenciales de Rango Meritorio y la Medalla de Plata del Sello Nacional de Inteligencia, fue coordinador del Plan Colombia en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Lideró en el terreno aquella estrategia antinarcóticos que Estados Unidos financió desde 2001 hasta 2015, con casi 10 mil millones de dólares en ayuda, de los cuales el 71% se destinó a las fuerzas de seguridad colombianas y a la compra de armamento y equipamiento militar en Estados Unidos.
Esto intensificó una ola de violencia paramilitar que afectó directamente a más de 6 millones de personas, de hecho, se dice que Goldberg habría sido el elegido de Trump para el cargo por su "experiencia" en la región. Grupos paramilitares como Los Rastrojos representan la vigencia de su legado.
En esta oportunidad le tocará confrontar a la resistencia del Congreso colombiano y los tribunales contra los planes impuestos por Estados Unidos para reanudar la fumigación aérea contra los cultivos de coca. Esta estrategia fue un elemento clave del Plan Colombia, pero actualmente está prohibida debido a la creciente evidencia de que es ineficaz y constituye un grave peligro para la salud pública y el ambiente.
A su llegada Goldberg también intentaría implementar mecanismos (convencionales o no) para desmovilizar a sectores políticos que quieren poner fin a la "guerra contra las drogas" respaldada por Estados Unidos, ya que se comprometió a buscar la aprobación de legislación para buscar una solución a largo plazo contra el tráfico de drogas del país.
Más "retos": gestionar las investigaciones pendientes contra agentes de la DEA presuntamente corruptos que trataron de vincular a Jesús Santrich, excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el narcotráfico, aparentemente sin ninguna prueba.
Adam Isacson, director de supervisión de la defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), opinó: "Probablemente se centrará más en la asistencia militar y la erradicación de cultivos que en la implementación de los acuerdos de paz y la protección de los derechos humanos. Pero esa es la postura actual de Estados Unidos, de todos modos".

BALCANIZADOR Y PROMOTOR DEL FASCISMO EN BOLIVIA

Goldberg trabajó desde Kosovo en la separación de los Estados de Serbia y Montenegro, que se produjo en junio de 2006, como el último paso en la desintegración de Yugoslavia. Este proceso, que da origen al término "balcanización", se desarrolló durante una sangrienta década de guerra civil creada para dividir mediante procesos de "descentralización" y "autonomía" lo que finalmente se impuso con la intervención militar norteamericana y la presencia de tropas de la OTAN y la ONU que ocuparon los Balcanes.
En la guerra civil yugoslava predominó la "limpieza étnica", que consiste en la expulsión o aniquilación de los grupos étnicos tradicionales que conformaban el territorio de Yugoslavia. El más cruel de estos exterminios raciales ocurrió entre los serbios y los croatas.
Entre 1994 y 1996 fue Asistente Especial del Embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas detrás de la desintegración yugoslava. También promovió la separación de Serbia y Montenegro, desde Kosovo promovió el conflicto entre las fuerzas serbias y albanesas. Tal experiencia fue útil para los planes imperiales en Bolivia, un país que vivía una crisis política donde regiones se encontraban enfrentadas al gobierno central por una conspiración secesionista de las élites terratenientes compuestas, entre otros, por empresarios croatas que crearon un movimiento federalista llamado "Camba Nation".
En la serie documental Invasión USA (2014), el ministro de la presidencia de Bolivia, Alfredo Rada, relató que Goldberg "conocía perfectamente lo que son las luchas interétnicas y los conflictos nacionales al interior de un mismo Estado".
Luego de que Evo Morales venciera el 10 de agosto de 2008 en un referendo revocatorio para sacarlo del poder con un 67% de los votos, el sector derrotado protestó en las calles contra la legitimidad del mandatario, a quien no aceptaban en el cargo. Se trataba de movimientos secesionistas de los departamentos Beni, Santa Cruz y Tarija.
El gobierno boliviano acusó a Goldberg de fomentar las protestas sociales tras reunirse con la oposición para que realizaran manifestaciones antigubernamentales; el fin era activar un golpe suave, como se pretende en la actualidad.
Los prefectos de la oposición, encabezados por Rubén Costas, de Santa Cruz, y animados por los votos logrados en la misma votación revocatoria, anunciaron su intención de implementar "estatutos" aprobados en votaciones de facto en los denominados "referendos autonómicos", realizados en mayo y junio de 2008. Mediante estos "estatutos" los prefectos de la oposición reclamaban un mandato para instalar sus propias policías y servicios de recaudación de impuestos.
Goldberg fue acusado de fomentar la disidencia y de conspirar contra el gobierno mientras se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en Bolivia.
Por su parte, el gobierno estadounidense rechazó fervientemente las acusaciones pero no pudo evitar su expulsión del país andino el 10 de septiembre de 2008, cuando ya la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) había canalizado más de 4 millones de dólares para apoyar a los opositores de Morales.
Asimismo, como medida recíproca por parte del gobierno estadounidense, el entonces embajador boliviano Gustavo Guzmán, también fue expulsado.
Al tiempo que Goldberg era expulsado, grupos paramilitares vinculados a los prefectos departamentales de oposición, en alianza con comités cívicos, ejecutaron la masacre de unos 30 campesinos en El Porvenir, departamento de Pando, cerca de la frontera nororiental de Bolivia con Brasil.
Más adelante se reveló que, en noviembre de 2007, el Suboficial de Seguridad Regional de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Vincent Cooper, le dijo a voluntarios del Cuerpo de Paz y a un becario Fulbright que "espiaran" a los venezolanos y cubanos en el país, según un reportaje de ABC News.

CONSPIRADOR, INJERENCISTA E "HIJO DE PUTA" EN FILIPINAS

Goldberg tuvo un paso complicado por este país, fundamentalmente por las controversias con el presidente Rodrigo Duterte. Cuando aterrizó en Manila en 2013, durante la administración Obama, un gobierno que no se llevó muy bien con el mandatario filipino, ya Washington cuestionaba que en Filipinas no se respetaban los derechos humanos y señalaba que se producían ejecuciones extrajudiciales.
La evidencia más contundente del complot para expulsar a Duterte fue un comunicado filtrado de la Embajada de los Estados Unidos en Manila en el que Goldberg detallaba el perfil de la actual presidencia y la identidad de personalidades y organizaciones, incluidos partidos políticos, que proporcionarían la estrategia adecuada para asegurar el control del país.
Hasta mediados de 2016, Filipinas era uno de los pocos países que proporcionaba un punto de apoyo tanto contra China como para la "guerra contra el terror" en el Lejano Oriente. Antes del ascenso de Duterte, el país tuvo que soportar bombardeos terroristas con bajas reales por parte de grupos armados con motivaciones religiosas similares a los financiados en Siria o Libia.
Al asumir el poder ese año, Duterte inició una implacable campaña para librar al país de la criminalidad, desde el nivel más bajo de la sociedad filipina hasta el nivel más alto de la élite económica, incluida la propia Iglesia Católica, lo que le valió muchos enemigos.
Llegó a afirmar, en una alocución transmitida en la televisión de ese país y frente a sus militares, que Goldberg era un "hijo de puta" y que no lo soportaba, le acusaba de entrometerse en las elecciones que en ese momento se llevaban a cabo en el país a través de sus declaraciones ante los medios.
El Departamento de Estado señaló que los dichos del presidente de Filipinas eran "inapropiados e inaceptables". Luego de ese episodio, Goldberg terminó su misión en Manila y fue condecorado por el Congreso estadounidense.

SHOW SÓNICO EN CUBA

En 2018, ya con Donald Trump como presidente, Goldberg llegó a La Habana en febrero, luego de que el magnate presidente anunciara que revisaría y congelaría el acercamiento entre los dos países que había llevado a cabo Obama.
Estuvo poco menos de seis meses en la isla y fue uno de los denunciantes de los llamados "ataques sónicos" que personal de la oficina de intereses de Estados Unidos habría sufrido en Cuba en 2016, y que sirvieron de excusa para que la administración Trump tomara medidas unilaterales que afectan los nexos entre los dos países, en especial el cierre casi total de su Embajada y de los servicios consulares.

PRIORIDAD: PROMOVER UNA GUERRA CONTRA VENEZUELA

La versatilidad de Goldberg servirá para atizar el proceso de guerra que activa Estados Unidos contra Venezuela a través de Colombia, más ahora que activaron el TIAR, se espera tenga como principal objetivo aumentar la tensión en la frontera mediante falsos positivos, provocaciones o impulso hacia actores criminales. ¿Es la frontera colombo-venezolana nuevo objetivo a balcanizar? No tengan duda. Goldberg sabe de eso.
La versatilidad de Goldberg podría agilizar el empuje de una eventual agresión desde la OEA, con el TIAR ya activado, o a través de la OTAN ya que la figura de "socio global" de Colombia le permite solicitar a los socios permanentes determinados apoyo en caso de producirse una situación de conflicto bélico.
Tratando de cerrar el capítulo y retirarse ordenadamente del "Efecto Guaidó", la élite que actúa detrás de Washington y Bogotá intenta imponer el negocio de la guerra a través de uno de sus operadores más experimentados. Tiene un amplio repertorio en la injerencia y la conspiración contra gobiernos no alineados.

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ENSAYO DE GOLPE SUAVE EN BOLIVIA COPIA UN FORMATO PROBADO EN NICARAGUA


Manifestantes violentos de la oposición boliviana atacan una casa del MAS en Santa Cruz (Foto: APG)
"Como las Fuerzas Armadas no pueden sumarse al golpe de Estado, usan a jóvenes pagados para atentar contra las campañas del MAS (…) ¿Quiénes son los antidemócratas en Bolivia? ¿De dónde vienen y qué preparan?".
Estas fueron parte de las declaraciones que diera el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, luego de los eventos violentos ocurridos el pasado jueves 12 de septiembre en el departamento de Santa Cruz, cuando una actividad política organizada por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) se cruzó con grupos irregulares identificados con las plataformas de oposición 21F y la Unión Juvenil Cruceñista.
En medio de la campaña electoral presidencial y con los incendios de La Chiquitania como telón de fondo, los seguidores del mandatario boliviano en Santa Cruz, decidieron organizar la "tarde azul" en varias redomas de un sector denominado el segundo anillo, con el objetivo de recaudar recursos y apoyo logístico que serían enviados al frente de acción en los focos de quema, para colaborar con los bomberos, policías y voluntarios en la recuperación de las reservas forestales.
Esta iniciativa fue boicoteada por sectores violentos convocados por la derecha nacional, que escalaron los choques en los puntos de encuentro de los masistas, yendo luego hacia las sedes del partido, dañando sus instalaciones y siendo incendiada una de ellas.
La jornada tuvo un saldo de ocho heridos, entre ellos una mujer embarazada, un joven con traumatismo en la cabeza y varios policías lastimados, según lo informado por el ministro de gobierno, Carlos Romero.

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Estos días Santa Cruz ha sido epicentro de hechos de violencia promovidos por la oposición, dejando varias casas del partido MAS destruidas y personas lesionadas (Foto: APG)
El enfrentamiento es el primero de gran magnitud que se registra desde que se activara la encarnizada campaña en redes sociales bajo la etiqueta de #SOSChiquitania, la cual congregó a activistas ambientales e influencers en una narrativa con claros rasgos de orquestación: señalar al presidente Morales como responsable de los incendios.
El lenguaje utilizado en esta campaña estaba especialmente elaborado para cooptar a los jóvenes bolivianos, un actor que será decisivo en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. 
El nivel de violencia de los disturbios solo es equiparable a las manifestaciones convocadas durante el intento de golpe de Estado de 2008, en el marco de una agenda claramente secesionista, que tuvo como centro Santa Cruz, al igual que en Pando, Tarija y Beni.
En esa ocasión, se determinó que hubo financiamiento por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los partidos y organizaciones no gubernamentales que protagonizaron el intento de golpe de Estado. 
La pregunta de Evo Morales es pertinente, en vista de la forma acelerada con la que se vienen desarrollando los eventos en el país sudamericano y que apuntan a interrumpir los comicios electorales del 20 de octubre.
A las inquietudes del mandatario nacional, habría que agregar la investigación de los precedentes regionales, en el ejercicio de identificar los fundamentos de la maniobra y adelantarse a la instalación de nuevos focos de violencia.
Es necesario profundizar sobre los distintos elementos que componen esta operación encubierta, que internacionalmente se proyecta como una respuesta "espontánea" de la sociedad boliviana ante los estragos que está padeciendo la región agropecuaria de Santa Cruz.
En una pieza anterior publicada en esta tribuna, se esquematizó la fase de ablandamiento y se caracterizó a los actores involucrados de lo que, sin duda, se perfila como otro golpe suave inspirado en el manual de Gene Sharp: debilitar progresivamente a las instituciones de los Estado-nación y tumbar gobiernos no alineados a Washington. 

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Un voluntario mitiga el fuego en La Chiquitania (Foto: Pablo Rivera)
En este sentido, Venezuela es un referente obligatorio, no sólo por las operaciones combinadas de desgaste y ultraviolencia callejera durante los tres meses de "guarimbas" en 2017, sino por los mecanismos que implementó el Gobierno y el chavismo para desarmar la revolución de colores.
Sin embargo, el suceso que pretende detonar el conflicto en Bolivia recuerda a otra operación ejecutada más recientemente contra el sandinismo en Nicaragua. Las coincidencias con la estrategia insurreccional de la oposición nicaragüense obligan a realizar un estudio del caso para establecer los puntos en común con la situación boliviana.

NICARAGUA Y EL CASO DE INDIO MAÍZ

En abril de 2018, un incendio provocado en la reserva biológica Indio Maíz consumió 5 mil 400 hectáreas de una de las principales zonas de selva tropical centroamericana. En 2016, el bosque había sido afectado por el Huracán Otto, causando daños en el ecosistema que lo hicieron susceptible al fuego.
Pero no sólo el fuego se propagó en territorio nicaragüense. También hizo lo propio un sector estudiantil del país, acompañado por ONG ambientalistas que sobredimensionaron el problema forestal, y por los medios de comunicación opositores, que dieron cobertura y propagandizaron las acusaciones hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Superado el problema ambiental, es sencillo recopilar cada uno de los datos que dan fe del correcto protocolo de emergencia accionado por los organismos del Estado. En entrevista con RT, el presidente Ortega destacó que técnicos norteamericanos que habían evaluado la situación, determinaron que el incendio "iba a durar meses", pero solo se extendieron por diez días, hasta que fueron sofocados.

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El ejército nicaragüense fue clave en la mitigación de los incendios en Indio Maíz (Foto: AFP)
Aunque perjudicó zonas del humedal, en términos estrictamente porcentuales, las 5.484 hectáreas dañadas correspondieron al 0.85% del territorio total, según un informe elaborado por especialistas del Departamento de Cuencas de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (Farena).
Las cifras oficiales no se diferencian mucho de las aproximaciones hechas por instituciones independientes, como el Centro Humboldt, que estimó la afectación en 5.553 hectáreas.
El Gobierno de Nicaragua decretó alerta amarilla, desplegó 1 mil 500 efectivos militares, 9 medios aéreos, 17 medios navales y aceptó la ayuda internacional de México, El Salvador y Honduras. Igualmente, determinó a los responsables del gran incendio forestal, que tuvo que ver con una quema de terreno para la siembra de arroz. 
Ninguna de estas acciones pudo impedir que se organizaran protestas violentas que se prolongaron hasta octubre de 2018. Si bien la demanda central de los sectores que iniciaron las revueltas estuvo relacionada con la serie de reformas del Instituto de Seguridad Social (INSS), el movimiento #SOSIndioMaiz, que por sí solo no adquirió la fuerza suficiente para cuajar como operación de cambio de régimen, sí sirvió de ensayo previo a lo que vendría después. 
El 12 de abril, unos días antes que los incendios en la reserva biológica fueran controlados, un grupo de manifestantes violentos bajo la cobertura de "movimiento estudiantil" se concentraron en la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA) para dirigirse a la Asamblea Nacional.
La movilización no logró llegar al destino pautado, sin embargo, desencadenó un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que inmediatamente fue utilizado para desplegar la narrativa del "Estado represor", manipulando imágenes que luego serían exportadas para mostrar a los violentos como "luchadores por la democracia". Un clásico que bastante conoce Venezuela. 
El móvil que los convocaba fue desplazado por el trasfondo real de la operación: presión violenta para deponer al gobierno sandinista.
Es lo único que pudo explicar los señalamientos desproporcionados y virulentos de los manifestantes contra el frente sandinista, que además abrazaron la causa de la reserva Indio Maíz con una sospechosa rapidez, la cual no estuvo en agenda hasta ese momento.

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La instrumentalización política del incendio en Indio Maíz abrió paso a la convocatoria de plantones antigubernamentales (Foto: Carlos Herrera)
Allí se prefiguraron como imágenes simbólicas del movimiento, ONG y caras nuevas que encubrieron los intereses transnacionales implícitos. Madelaine Caracas y Jessica Cisneros fueron los nombres que emergieron del grupo estudiantil que encabezó las protestas.
Por otro lado, la Fundación del Río y las ONG ecológicas asociadas al Grupo Cocibolca, también capitalizaron parte del liderazgo en la operación. Ambos actores trascendieron de los hechos específicos de Indio Maíz, toda vez que la emergencia fue superada por los organismos pertinentes del gobierno nicaragüense. Se acoplaron definitivamente a las fases siguientes del plan golpista.

LOS ACTORES AL FRENTE Y DETRÁS DE ESCENA

En octubre de 2018, Caracas y Cisneros participaron en la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua, una gira realizada por países europeos donde se reunieron con altos dirigentes políticos con el objetivo de cabildear las presiones de Occidente contra Daniel Ortega.
Allí, Madelaine Caracas fue entrevistada por la cadena alemana DW, que la interpeló por las denuncias que señalaban el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a las protestas violentas. "Eso es parte de la campaña de deslegitimación del gobierno hacia esta insurrección cívica y espontánea", alcanzó a responder la estudiante de Comunicación.
Más adelante se sabría que tanto ella, como Jessica Cisneros, integraron el Movimiento Cívico de Juventudes (MCJ), una agrupación que recibe apoyo del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), tal y como lo refiere la periodista Whitney Webb en una investigación para Mintpress.
La NDI instauró su proyecto con estudiantes de Managua gracias al financiamiento de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED). Dice la periodista Webb, que la NED desembolsó "unos 4,2 millones de dólares a grupos de oposición y afiliados entre 2014 y 2017".
La USAID, por otra parte, es la institución que más ha erogado recursos para la desestabilización en Nicaragua. Con los 52 millones de dólares otorgados, se pagaron los cursos de formación a líderes emergentes que promovieron el salto a la fama de Madeleine Caracas.
Las organizaciones ecológicas también estuvieron latentes a la espera de un momento que diera signos de ser fácilmente conducido al plano del golpe político. ¿Evidencias de su participación arbitraria en le escena? En medio de las revueltas, que mutaron de lo civil a bandas criminales armadas, la Fundación del Río fue clave en la financiación.
A principios de abril, el ministerio de Gobierno había advertido de una estafa que esta ONG llevaba a cabo, mediante la recolección de fondos que tenían un destino injustificado. Cuando se había aplacado el golpe en diciembre, el poder legislativo comprobó su participación en el mismo, junto con otras ocho organizaciones civiles, facilitando fondos para la ejecución de actos terroristas. Todos estos grupos fueron inhabilitados por la Asamblea Nacional.
Cabe destacar que estas plataformas de la "protección ambiental" que cubrieron la logística de los movimientos armados en 2018, fundamentan su existencia debido a proyectos de desarrollo industrial que, casualmente, amenazan la prevalencia de Estados Unidos como hegemón económico en la región.
Un ejemplo: el Grupo Cocibolca declara en su descripción que las organizaciones que lo componen exigen "mayor información" sobre el Gran Canal Interoceánico, un plan de 50 mil millones de dólares que prevé trazar una ruta transoceánica alternativa al Canal de Panamá. La obra fue adjudicada a una empresa china en 2013 y desde entonces se ha visto envuelta en conflictos de aparente carácter ambiental que han retardado su ejecución.

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Bajo una cobertura ambientalista, la oposición nicaragüense ha promovido movilizaciones violentas para frenar el desarrollo económico del país (Foto: EFE)
La evidente connotación geopolítica de un proyecto que le quitaría privilegios comerciales a EEUU en este hemisferio, en un contexto de relaciones cada vez más estables entre países del continente y la economía de las nuevas potencias orientales, fijó el rol de las organizaciones ecológicas. Bajo el manto de la actividad "no gubernamental", se unificaron al resto de grupos de oposición que conspiraron por un cambio político que favoreciera a Washington.

EL TURNO DE LA CHIQUITANIA

Instituciones similares de EEUU que promovieron a los líderes de la revolución de colores contra el sandinismo, salen a relucir ahora en Bolivia.
Es el caso de la Human Rights Foundation (HRF), fundación financiada por la oligarquía Koch y el grupo CANVAS, experto en la estrategia de la "lucha no violenta". Ambas organizaciones tienen nexos con la militante ecologista Jhanisse Daza, actualmente una de las caras visibles del golpe suave contra Bolivia. Daza está al frente de la ONG Ríos de Pie, que formula acusaciones contra Evo Morales. Esto lo refleja en su artículo el periodista estadounidense, Wyatt Reed para el portal The Grayzone.

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Jhanisse Daza no oculta sus nexos con Srđa Popović, fundador de la organización CANVAS, especializada en promover cambios de régimen (Foto: Facebook / The Grayzone)
Para estos promotores del acoso al gobierno boliviano, el teatro de operaciones de la Amazonía ha favorecido el escenario ideal. El desastre forestal (con implicaciones continentales), sus daños y las dificultades para apaciguarlo, facilitan la construcción de una narrativa que culpabilice a Evo Morales. Indignaciones fabricadas dan paso a la etapa violenta del intento de golpe.
Ahora, el gobierno de Morales tiene que resistir en dos frentes en simultáneo: la emergencia ambiental en sí misma y los próximos asedios que organicen los grupos opositores impulsados por la propaganda de La Chiquitania.
Mientras personal del ejército, bomberos y brigadistas, realizan las labores de mitigación del fuego en las zonas afectadas, los medios de oposición local, las ONG y figuras políticas, aprovechan que el tema está en agenda internacional para homologar un relato contra Evo Morales, justificar la interrupción de las elecciones y escalar en la desestabilización bajo la narrativa de que Bolivia afronta un "desastre". 
Hasta el momento, Bolivia ha volcado los esfuerzos en implementar un protocolo eficiente en los departamentos donde ocurren los incendios. En cuestión de semanas, logró reducir en más del 80% los focos de calor. La ayuda extranjera entra con la condición exclusiva de ser gestionada a través del Estado, respetando la soberanía del país.
El escenario es difícil. Cuando se pensaba que se había controlado, autoridades locales informaron que permanecían activos al menos unos 2 mil focos, producto de ráfagas de viento que llegan a los 90 kilómetros por hora, del mismo cambio climático, que trajo un periodo de sequía con altas temperaturas. El presidente Evo Morales recibió la ayuda de Rusia para atacar estos nuevos brotes, con la participación del avión bombero ruso Il-76, que se une a los trabajos que viene realizando el Supertanker.
A pesar de ello, el gobierno subraya que la emergencia no ha desbordado la capacidad de actuación de las instituciones, como lo mencionó el ministro de Comunicación Manuel Canelas a principios de septiembre.  
Según el ministro, la figura administrativa de "desastre" no corresponde puesto que el Estado no ha agotado sus recursos técnicos y económicos. En cambio, se actúa bajo la declaratoria de "situación de emergencia nacional", permitiendo la celeridad de las ayudas y fondos económicos.

¿QUIÉN CAUSÓ EL INCENDIO?

El relato que se ha internacionalizado acusa directamente al decreto 3973 y la ley 741, ordenanzas del gobierno nacional que regulan las actividades de agricultura y ganadería en el país. En redes sociales la campaña de marketing se basó principalmente en el argumento de que esas regulaciones provocaron los incendios en La Chiquitania. El aditivo de influencers, activistas ecológicos y famosos en el primer frente de la operación, garantizó que el movimiento lograra simular "espontaneidad".
Por otro lado, aunque se supone que los movimientos ambientalistas estarían en contra de cualquier actividad del agronegocio que afectara al Bosque Seco Chiquitano, llama la atención que la propaganda se afinca únicamente a satanizar el "chaqueo", una actividad campesina de quema controlada para habilitar sus tierras a la agricultura.
"Las pequeñas familias, si no chaquean ¿de qué van a vivir?". Esta frase de Evo fue sacada de contexto por los medios de comunicación para darle combustible a la campaña y hacer pensar que está de acuerdo con el uso intensivo de la tierra. 

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El "chaqueo" es considerado una actividad ancestral por parte de los agricultores bolivianos, por ende, no es la actividad responsable de los incendios (Foto: Crédito)
La realidad es que el gobierno boliviano intenta proteger al pequeño agricultor que tiene esta labor como única fuente de trabajo, mientras que crea un consenso con otros intereses de la nación estipulados en sus leyes (recordemos que el país promulgó una ley que reconoce los derechos de toda lo biodiversidad).
Cliver Rocha, anterior director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), sostiene la opinión de que se quiere culpabilizar al sector campesino, vinculado políticamente al presidente indígena. Refiere que buscan "racializar" la responsabilidad, creando una frontera entre los grupos de poder agropecuarios y el pequeño productor. Además, resalta el factor climático: las elevadas temperaturas y la poca humedad hacen compleja la mitigación. "Una chispa en un pastizal es fulminante", dijo Rocha.
El mismo argumento sostienen los movimientos campesinos simpatizantes a Evo Morales agrupados en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), quienes además señalaron a menonitas y brasileños como factores clave de la deforestación en los terrenos de los municipios afectados.
"Denunciamos que la extranjerización de la tierra, en manos de menonitas y brasileros, es la que ha traído esa lógica industrial que hoy provoca el desmonte a costa de la vida", dice un comunicado de la Conalcam tras una reunión sostenida con Morales. 

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El presidente Evo Morales hace acto de presencia en un evento de la Conalcam, 2018 (Foto: ABI)
Bolivia no es un Estado ajeno a la práctica extractivista a la que fue relegado el continente y así como Venezuela tiene que combatir mafias de contrabando de gasolina y otros recursos mineros, La Chiquitania y otras reservas forestales bolivianas están insertadas en un flujo de extracción ilegal de madera, dado que el país es el sexto lugar en el mundo con mayor extensión de bosques tropicales. 
Antes de crear la ABT como mecanismo para combatir el tráfico, un 80% de la madera comercializada procedía del contrabando. Los principales destinos del rubro son Estados Unidos, Brasil y China, mientras que Perú es la zona fronteriza de donde se extrae ilícitamente la mayor cantidad de especies maderables. Sólo en 2017, Bolivia perdió 26 millones de dólares por el contrabando hacia el país vecino, según lo reportado por la ABT.
El manejo del relato ambientalista de los actores del golpismo evita un debate que coloque sobre la mesa estas prácticas depredadoras del capitalismo transnacional.

LAS ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE

En una reciente evaluación hecha por el vicepresidente Álvaro García Linera, reconoce que la actividad mediática de La Chiquitania tuvo efecto en el crecimiento de la intención de voto a Evo Morales. García afirma que "se ralentizó un poco a partir del tema de los incendios", pero sigue siendo una tendencia ascendente. 
Del otro lado, el candidato opositor Óscar Ortiz (del partido 21F que dirigió las protestas violentas del 12 de septiembre) percibió cierto aumento regionalizado y el principal contendiente del MAS, Carlos Mesa, tuvo una reducción en las encuestas.
Indiscutiblemente, uno de los fines que tiene la agresiva campaña contra Morales, es evitar su reelección de cara a los comicios presidenciales que serán celebrados el próximo mes. Pero esto no se limita a quitarle popularidad en las bases sociales del país y proporcionarle credibilidad a las alternativas opositoras.
La lección de los modelos ensayados en Venezuela y Nicaragua demuestra que la opción de una vía política es la última tomada en consideración. En cambio, la desestabilización y la imposición de un estado de excepción general para debilitar la imagen del presidente boliviano, tienen mayores probabilidades de ser detonadas.
Muy probablemente, los focos de calor en el Bosque Seco Chiquitano serán sofocados antes de la cita del 20 de octubre. El otro incendio civil, que arrancó con la ayuda del relato ecológico, tendrá que buscar nueva gasolina para mantener encendidas las calles bolivianas, con el deseo implícito de enfrentamientos que deriven en saldos mortales.

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La narrativa del intento de cambio de régimen está enfocada en radicalizar jóvenes y movilizarlos hacia una agenda de violencia (Foto: Pagina Siete)
Los costos humanos son sumamente apetecibles como evidencias para mutar las acusaciones del "Estado incompetente" al "Estado represor". También son el insumo perfecto de los medios y redes sociales que se encargarán de proyectar estos hechos como una realidad que abarca todo el país. 
Para los detractores de Evo, no se trata de medirse en una contienda electoral, sino de boicotear todas las estructuras del Estado, instalando el caos y haciéndole ingobernable la gestión de los incendios, de manera que pueda justificarse la intervención de gobiernos extranjeros, ya sea bajo el castigo financiero o el aislamiento diplomático.
Un manual de golpe político que no se sale de sus propios márgenes, aplicado en tantas ocasiones anteriores que hoy en día es identificable a simple vista. He allí la ventaja fundamental que pueden aprovechar los bolivianos.

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