Argentina: Salarios vs. puestos de trabajo, el chantaje de siempre
Observatorio del Derecho Social
17/01/2016
El éxito del programa de ajuste en curso requiere como condición necesaria una caída sustancial del salario de los trabajadores.
En efecto, la brutal transferencia de recursos que han implicado las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional (devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la anunciada eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los trabajadores.
Se hace cada vez más necesaria una
respuesta contundente desde el
conjunto del movimiento obrero que
ponga límites a esta ofensiva.
La estrategia para llevar adelante este proceso ha sido explicitada por el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, quien declaró públicamente: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. En otras palabras, se vuelve a insistir con el viejo chantaje de aceptar reducciones salariales como una supuesta condición para proteger los puestos de trabajo.
Esta posición encubre dos situaciones que requieren ser explicitadas. Por un lado, que la economía argentina funciona desde hace muchos años sobre la base de una amplia mayoría de trabajadores que perciben ingresos bajos; por el otro, que los empleadores ya han comenzado a efectuar despidos con anterioridad al inicio de las negociaciones salariales.
En otras palabras el Gobierno Nacional pretende que los trabajadores acepten pacíficamente una reducción en sus salarios, aún cuando estos ya se encuentran en niveles muy bajos. Al mismo tiempo, amenaza con potenciales despidos que en realidad ya han comenzado, y que no tienen tanta relación con el costo salarial sino más bien con el objetivo de disciplinar al conjunto de los trabajadores y debilitar su capacidad de lucha y organización, situación a la cual deben agregarse los avances en la represión y criminalización de la protesta social.
- Salarios bajos... Que deben bajar aún más
La economía argentina funciona desde hace muchos años con salarios estructuralmente bajos. De acuerdo a la última información oficial disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2015, el 50% de los ocupados percibía, de su ocupación principal, un ingreso inferior a $ 6.500 mensuales, situación que afecta en gran medida a trabajadores no registrados, trabajadores del sector público provincial y municipal, y cuentapropistas, cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil.
La situación de bajos ingresos también alcanza a los trabajadores registrados que se encuentran ubicados en las escalas iniciales de los convenios colectivos de trabajo. En efecto, si se considera el 80% de los ocupados totales, el ingreso mensual es inferior a $ 10.000 (ver gráfico nº 1).
Estos niveles de ingresos contrastan con el costo de una canasta básica de bienes y servicios que, al mes de diciembre de 2014 ascendía a $ 12.229 para una familia de cuatro personas (Junta Interna ATE – INDEC).
Al contrastar estas dos magnitudes se puede concluir señalando que en los últimos años se ha consolidado una estructura de ingresos en la que la amplia mayoría de los trabajadores percibe ingresos insuficientes para cubrir el costo de una canasta básica familiar. Dada esta situación, las familias deben procurar ingresos adicionales para satisfacer sus necesidades, ya sea a través de la incorporación de una mayor cantidad de sus integrantes al mercado de trabajo (cónyuges, hijos, hermanos, etc), ya sea a través de la percepción de ingresos por otras vías (jubilaciones y pensiones, políticas de transferencia de ingresos, etc). En otras palabras: muchos trabajadores que cobran poco.
Es en este contexto que el Gobierno Nacional y las principales cámaras patronales pretenden contener los incrementos salariales y profundizar aún más una tendencia declinante del salario real cuyos orígenes se remontan al menos hasta el año 2013, sosteniendo que, de lo contrario, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo.
La falacia de este razonamiento queda clara al verificar que los ingresos de los trabajadores en Argentina ya están en niveles históricamente bajos, sin que exista razón alguna para sostener que es necesario bajarlos aún más para mantener los actuales niveles de empleo.
Lo hasta aquí expuesto no implica negar que puedan existir sectores que enfrenten dificultades para sostener sus niveles de actividad (principalmente pequeños productores y sectores ligados al mercado interno). Sin embargo, estas dificultades están lejos de originarse en la existencia de altos salarios. Por el contrario, se trata de sectores cuyo nivel de actividad depende del tamaño del mercado interno, que está directamente relacionado con el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Para estos sectores una mayor caída salarial agravará el problema, y generará condiciones para un debilitamiento del empleo, es decir, una situación exactamente inversa a la planteada por el Ministro de Hacienda en sus declaraciones públicas.
Sin embargo, sí es cierto que una caída salarial beneficiará a determinadas fracciones de empleadores. En particular, aquellas empresas ligadas al mercado externo (como por ejemplo grandes productores agropecuarios) o a sectores no necesariamente vinculados a la evolución del mercado interno (el sector financiero en general) tendrán una reducción en sus costos que se sumará a la inmensa transferencia de recursos que han experimentado como consecuencia de las primeras medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional. En otras palabras: devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones, relanzamiento del ciclo de endeudamiento público, disminución del salario real y represión de la protesta social constituyen manifestaciones coherentes de un mismo plan económico que ya ha sido puesto en marcha.
- Los despidos como herramienta de control de los trabajadores y las organizaciones sindicales
La reducción del salario real de los trabajadores constituye un objetivo del Gobierno Nacional y de las principales cámaras patronales. Por cierto que este objetivo no es nuevo, y ha estado presente con mayor o menor intensidad desde hace varios años. Sin ir más lejos, las apelaciones a un pacto social entre trabajadores y empleadores que ponga límites a la negociación salarial se remontan a fines de la década pasada.
Desde entonces, la principal resistencia a esta avanzada ha provenido de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En tal sentido, la negociación colectiva ha operado en los últimos años, para muchos trabajadores, como una herramienta defensiva para evitar un deterioro aún mayor del salario real y, en algunos casos, para obtener mejoras de distinto nivel.
El debilitamiento de esta herramienta constituye un elemento necesario para el cumplimiento de los objetivos del plan económico implementado por el Gobierno Nacional. La profundización de la ola de despidos y situaciones de crisis es parte de este proceso, que se origina no tanto en la existencia de dificultades económicas puntuales o sectoriales, sino en la necesidad de infundir temor en los trabajadores para debilitar su capacidad de acción y, por ende, para que acepten sin mayores conflictos una reducción de los salarios reales.
El Estado cumple una función clave en este proceso y en las últimas semanas ha venido enviando una señal muy fuerte al sector privado a partir de la implementación de despidos y desvinculaciones a nivel nacional, provincial y municipal (ver cuadro nº 1 en el anexo).
En el Estado Nacional la gran mayoría de las desvinculaciones se realizaron a través de la decisión de no renovar contratos temporales o de asistencia técnica, cuya proliferación en los últimos años da cuenta de la existencia de fuertes niveles de precarización contractual. Esta situación ha facilitado notablemente el accionar de las nuevas autoridades, demostrando la situación de vulnerabilidad normativa en la que se han venido desempeñando miles de trabajadores del sector público. En otras palabras, las desvinculaciones de hoy también son producto de la precarización laboral de ayer.
Cabe detenerse sobre este punto, por cuanto la precariedad contractual es funcional al temor y, por ende, a la arbitrariedad patronal. En tal sentido, las nuevas autoridades están lejos tener la intención de despedir a la totalidad de sus trabajadores, pero sí van a valerse de un terreno sembrado por la gestión anterior que les permite intentar aterrorizar a muchos empleados con la pérdida de su puesto de trabajo.
En el sector público el poder patronal se expresa con toda su crueldad cuando la continuidad laboral (es decir, la renovación o no de un vínculo contractual temporal) depende del puro arbitrio del funcionario de turno. En este punto no ha habido ruptura a partir del 10 de diciembre, sino una fuerte continuidad, la precariedad ha sido y sigue siendo la regla.
Por su parte, también debe destacarse la situación de los trabajadores municipales, que desde hace varios años presentan altos niveles de conflictividad laboral ligados en muchos casos a situaciones de precariedad contractual y a la falta de renovación de dichos contratos.
Ahora bien, en el contexto actual el avance del Estado contra los trabajadores del sector público constituye una señal inequívoca para los empleadores del sector privado. Por un lado, como legitimación de los despidos ya implementados; por el otro, como una invitación a impulsar mayores ajustes en las dotaciones de trabajadores y limitar los incrementos salariales.
En efecto, tan solo en los meses de diciembre y enero se registraron despidos en empresas correspondientes a actividades económicas muy disímiles y que dan cuenta de un avance significativo sobre la posición de los trabajadores (ver cuadro nº 2 en el anexo).
A diferencia de lo sostenido por el Ministro de Hacienda, no parecen haber sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en términos generales, sino también en cada lugar de trabajo.
Aceptar la existencia de un dilema entre salarios y puestos de trabajo constituye dar por válidos los términos del chantaje que intentan imponer el Gobierno Nacional y las cámaras patronales, aceptando al mismo tiempo la reducción del salario real que ya tuvo lugar en los últimos meses.
El objetivo del nuevo gobierno apunta a atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado: "es hora de cuidar los puestos de trabajo y olvidarse de los reclamos salariales".
Se hace cada vez más necesaria una
respuesta contundente desde el
conjunto del movimiento obrero que
ponga límites a esta ofensiva.
TOMADO DE: http://www.sinpermiso.info/
No hay comentarios:
Publicar un comentario