Mil días de agresión económica directa contra la población
Tres años de golpe continuado contra la economía del país y la población en general, resumido en la caotización total por parte de grandes empresas nacionales y corporaciones de los patrones tradicionales de abastecimiento, producción y distribución a lo largo y ancho del territorio nacional, ha configurado una situación objetiva y un escenario de conflicto que en su propia inercia paraeconómica desarrolla a cabalidad uno de los objetivos fundamentales de la guerra económica: restringir cada vez con mayor intensidad y con mayor margen de impacto poblacional el acceso a los alimentos, sea por la vía de la exacerbación de su desvío a mafias del bachaqueo y al sector comercial (panaderías, restaurantes, luncherías, bodegones, etc.) o por la simplificación de los esquemas de distribución para centralizar y agudizar las colas en centros de abastecimiento de mediano y gran tamaño.
Ahora que el conflicto político cobra mayor tensión tanto a lo interno como en su dimensión internacional, se abren las condiciones (pivoteada por medios y aparatos de propaganda) para que la guerra económica complejice a niveles extremos la situación alimentaria del país, aprovechando la irritabilidad y la incertidumbre de la población como acelerador de actos de violencia callejera de forma recurrente: las postales que soporta el relato de la “crisis humanitaria” y el “colapso” en Venezuela en lo más alto de la cartelera mediática global.
Analicemos caso por caso cuáles actores están detrás de actos violentos relacionados con saqueos, “protestas ciudadanas” y disturbios, y cuáles son los métodos y procedimientos que están siendo ejecutados para promoverlos y regularizarlos en la vida cotidiana del país.
1. Los actores de la ultra en el Zulia, saqueos en Táchira, corredores paramilitares y el mapa de los saqueos
- Los racionamientos del Plan de Administración de Cargas aplicados por el Gobierno Bolivariano a finales de abril fueron aprovechados rápidamente por actores de la ultra en el estado Zulia, específicamente en los municipios Maracaibo y San Francisco, para instalar un precedente de “guarimba ciudadana” con capacidad de realizar destrozos y saqueos de amplio despliegue. Según el gobernador Arias Cárdenas, 70 locales fueron dañados o saqueados en horas de la noche y más de 80 personas fueron detenidas por estar involucradas en los saqueos de locales de alimentos, electrodomésticos, cosméticos, farmacias y establecimientos de venta de ropa.
- Pero el carácter supuestamente espontáneo que intentaron inyectarle los medios privados a la “protesta” en el Zulia duró poco. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Gustavo González López, mostró las declaraciones de uno de los detenidos en la jornada de saqueos, quien aseveró que Lester Toledo (diputado regional en el Zulia y dirigente de Voluntad Popular) y otros partidos de la MUD estaban pagando entre 50 y 60 mil bolívares por persona para organizar estos hechos de violencia.
- Que actores políticos de Voluntad Popular en el estado Zulia estén detrás de estos hechos como financistas y operadores directos pone de manifiesto a su vez que el nexo territorial con Colombia y los grupos paramilitares que actúan como gestores transfronterizos del negocio del narcotráfico y el contrabando, establece un corredor para que estos actos de guerra se desarrollen logística y financieramente.
- Muestra de esto es el mapa de acciones de baja intensidad relacionada saqueos que publicó el portal Runrunes, el cual colude, casi a la perfección, con los corredores de infiltración y acción paramilitar desde Colombia hacia el centro de Venezuela por el eje costero y andino que describe Darío Anzellini en una entrevista publicada en Misión Verdad a finales de julio del año pasado.
Similar a lo ocurrido en el estado Zulia, tanto por ser acciones que se desarrollan a altas horas de la noche y a empresas de distribución de productos básicos, también se registró un saqueo en una empresa de almacenamiento de azúcar situada en el municipio Cárdenas del estado Táchira.
2. Enjambramiento, falsas convocatorias, Cam Combat y los CLAP como objetivo.
- Bajo el método de guerra urbana conocido como enjambramiento (Swarming),analizado desde esta tribuna a principios del año 2015, el 11 de mayo se produjo un saqueo en el mercado mayorista de Maracay, estado Aragua, el mismo día de la primera marcha por el referéndum revocatorio. El hecho concluyó con el saqueo del galpón de ALAS (Alimentos Aragua Socialista), institución que sirve como proveedora de distintos programas sociales del gobierno central y de los CLAP. Según testimonios reseñados por el medio “independiente” El Estímulo, hubo una ola de rumores que convocó a cientos de personas a las afueras del mercado para una supuesta venta de productos regulados por parte del Gobierno, evidenciando la aplicación de las mismas tácticas desinformativas y de confusión que fueron utilizadas en la “operación megamercal” para generar un globo de ensayo que responsabilizara al Gobierno de las “protestas por comida”, tan sólo días de realizarse las elecciones parlamentarias del 6D.
- En términos específicos la táctica del enjambramiento utilizada como parte de un aspecto de la guerra líquida consiste en encubrir a agitadores entrenados en generar focos de violencia detrás del velo mediático de la despolitización, de la imparcialidad y de la supuesta autonomía.
- En ese marco, el video presentado por El Estímulo muesta cómo unos pocos individuos golpeaban violentamente las santamarías del galpón para disparar el caos en el terreno. La cobertura del hecho se hizo mediante teléfonos con cámara incorporada (usando el método Cam Combat o cámara de combate, también aplicado en Siria), lo que permitió su eficaz viralización por redes sociales y su posterior cartelización por parte de los medios privados de comunicación y agencias internacionales. Pero que haya sido ese galpón el saqueado y no otro de algún comerciante privado, define los rasgos políticos del hecho así como su afiliación al discurso cartelizado por medios y actores de oposición dirigido a trasladar la responsabilidad del desabastecimiento a las empresas del Estado.
- Por su parte, AFP comentó que efectivos de la GNB mantenían resguardado el mercado por la confiscación de alimento desviado días antes, hecho que confirmaría que la operación de enjambramiento tenía como objetivo impedir la distribución por parte de los CLAP y el sistema de abastecimiento popular de esos productos a través de la empresa ALAS. Específicamente en esa zona de Turmero-Maracay fue asesinada la médica integral comunitaria Doris Reyes por denunciar a delincuentes ligados a las mafias de bachaqueo que allí operan.
- Esta táctica fue aplicada a finales de abril en San Félix, Timotes y Guanare. Y sobre todo el día de ayer cuando suscitó un intento de saqueo de electrodomésticos en el Híper Líder de Valencia, lugar donde el pasado 9 de mayo el Sebin aprehendiera a dos gerentes de esta cadena de supermercados por acaparar 3 mil 500 kilos de carne regulada. Segúndeclaraciones del nuevo gerente, José Goncalvez, individuos intentaron incitar a las 150 personas que hacían la cola para promover el saqueo.
3. La Isabelica, estado Carabobo: tácticas de “guarimba ciudadana” empleadas desde “La Salida”
- En la misma línea de acción, en el Mercado Periférico del sector La Isabelica, el pasado 20 de mayo, se produjeron acciones de este tipo que terminaron en destrozos de comercios. Alrededor de 200 personas, según El Nacional,estuvieron implicadas en los actos.
- Es importante destacar que El sector La Isabelica protagonizó actos de guarimbas y violencia callejera planificada en el año 2014 durante “La Salida” y a principios de 2015, resumidos en fuertes disturbios, trancas de calles principales y trasversales, destrozo de una sede de la Cantv, la quema de una unidad de metrobús y ataques a las fuerzas de seguridad del Estado con bombas molotov, además de una operación de bandera falsa dondesupuestos “colectivos armados” disparaban a la misma figura de “pacíficos manifestantes”.
- Este despliegue táctico de grupos organizados para cometer acciones de violencia callejera, también tienen como patrocinantes directos a Miguel Cocchiola (alcalde opositor del municipio Valencia) quien se reunió, según Diosdado Cabello, con el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McCleney, para cuadrar el financiamiento y la logística en busca de reeditar los actos de violencia del pasado 20 de mayo.
4. Métodos desinformativos, cadenas de rumores y tácticas de confusión programada
- Hace dos días se originó una “protesta por alimentos” en las adyacencias de la estación del metro Carapita, parroquia Antímano, donde fue trancada la avenida Intercomunal por varias decenas de personas. Lo que declara Ingridante las cámaras de NTN24, presente en la zona, se corresponde nuevamente con los métodos y procedimientos de falsas convocatorias que se efectuaron en casos similares.
- Ingrid comenta que “habían avisado” a la zonas adyacentes sobre una supuesta venta de productos regulados. El Gobierno ya no realiza venta de productos regulados a cielo abierto sino ferias específicas y locales en conjunto con los CLAP y la Misión Alimentación. Utilizando posiblemente, como en casos anteriores, cadenas de rumores entre otras tácticas de desinformación (cadenas de PIN, WhatsApp, comunicación boca a boca, etc.) lograron reunir decenas de personas en la avenida. Sin embargo, Ingrid se contradice (develando lo que hay detrás) en su discurso cuando expresa que habían “salido a manifestar”. Aparte, según Diosdado Cabello en el programa Con El Mazo Dando, tres personas en motos y con armas largas hicieron presencia en el lugar para enfrentar a la GNB y estimular el caos.
- Los medios privados, por su parte, cartelizaron rápidamente el hecho utilizando adjetivos disuasivos como “protestas por alimento”, “salieron a protestar” y “el Gobierno reprime protestas”, intentando difuminar la falsa convocatoria. Lo importante y estratégico era vender el titular e inflar la matriz de que el Gobierno reprime “protestas espontáneas” por no entregar aliementos. En otro ángulo, el hecho ocurrio mientras el presidente de Fedecámaras, actor estrella de la guerra económica, azuzaba el clima de inestabilidad económica anunciando que el 85% de las líneas de producción de la empresas privadas están paralizadas.
Intoxicación mediática, ONGs y el pote de humo del referendo revocatorio
Todas estas tácticas, métodos y procedimientos, incluyendo a sus actores y gestores más relevantes, urgen ser sistematizados para ser vendidos en el extranjero como parte de un expediente para criminalizar al Estado venezolano por la ruta de los derechos humanos. La autoría de esos expedientes no recae en instituciones convencionales sino en actores no estatales (ONGs) financiadaspor la Usaid, NED, Freedom House y magnates de las finanzas globales como George Soros (casos Provea, Control Ciudadano o Foro Penal), y que tienen poder de influencia en instancias multilaterales como, por ejemplo, la OEA o la Cumbre de las Américas.
Como el caso del medio El Pitazo y la agencia internacional francesa AFP que se aferran a los informes emanados por la irresponsable ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social para intoxicar los hechos y así promover que se instale la generalización perceptiva de los saqueos, o como Runrunes y La Patilla que diseñan su propaganda gracias al soporte que da la publicación de informes sobre la “violación de los DDHH” y la “crisis humanitaria” en el país que se realizan desde Provea, Foro Penal, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el resto de vallas publicitarias para la intervención de gobiernos y poderes financieros extranjeros en Venezuela.
Provea está en la plana mayor de estos actos coordinados cuando dice que el Gobierno es más represivo que en los tiempos de la Cuarta. Habría que pedirle a Rafael Uzcátegui, su director, que muestre las fosas comunes que ha dejado el chavismo tras 17 años de gobierno.
Ese objetivo estratégico consiste en trasladar al chavismo la precariedad que ha ocasionado las complicidades directas del empresariado nacional afiliado a Fedecámaras, las corporaciones y el bloqueo certificado por actores estatales (FMI) y no estatales (bancos privados) del sistema financiero occidental.
Es en este marco de violación constante de las reglas de juego político, de la Constitución, de hasta los más básicos patrones de funcionamiento de la economía, que la mal llamada “oposición venezolana” exige, con sus respectivos patrocinantes internacionales, que el chavismo se apegue a una legalidad que ellos tienen tres años pisoteando.
Porque sería absurdo pensar que quienes financian saqueos y acciones irregulares en el estado Zulia o quienes operan en la aplicación de tácticas, métodos y procedimientos de guerra para estimular actos de violencia callejera en distintas zonas del país, realmente quieran y estén decididos a ir por un referéndum revocatorio. Su agenda es la guerra abierta contra el país para sacar al chavismo a fuerza de armas, operaciones de guerra urbana, métodos de desinformación, asesinatos políticos, despliegue paramilitar y promoción de saqueos violentos.
TOMADO DE: http://www.psuv.org.ve/
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