Así
es el plan de EE. UU. y la oposición venezolana para robarse Citgo
El activo petrolero más preciado
31/07/2019
La empresa
canadiense Crystallex está más cerca de su objetivo de tomar acciones de Citgo
para “compensarse” por la estatización de la mina Las Cristinas, y para ello
cuenta con la complicidad de tribunales estadounidenses
Una de las principales causas conflicto
político de Venezuela es la lucha por el control de los recursos
energéticos de esta nación, y una de
las piezas claves dentro del tablero es Citgo, la corporación
petrolera venezolana con sede en Estados Unidos (EE. UU.) que refina cruco
y comercializa combustible, lubricantes y petroquímicos.
La mayor filial de la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y uno de
los principales activos del país caribeño en el exterior, cuyo valor
supera los 10.000 millones de dólares, se encuentra en grave riesgo de ser
embargado.
Esto se debe a que un tribunal
de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el lunes 30 de
julio que la minera canadiense Crystallex pueda cobrar activos de
Citgo para resarcir una indemnización por un monto de
1.200 millones de dólares.
El tribunal secundó
la decisión que tomó en agosto de 2018 una corte federal que
autorizó a la minera a confiscar acciones de la filial de la petrolera estatal
venezolana PDVSA en territorio norteamericano.
En 2011, el Gobierno venezolano le retiró a Crystallex la licencia para explotar la mina Las Cristinas. Foto: Web.
El litigio del Estado venezolano con
Crystallex comenzó a finales de 2005, cuando el entonces
presidente Hugo Chávez (1999-2013) anunció su nacionalización y suspendió
licencias para la exploración de oro y otros minerales.
En 2011, el
Gobierno le retiró a la minera la licencia que el
propio presidente Chávez había aprobado en 2002 para explotar la mina Las
Cristinas, uno de los yacimientos de oro más grandes del país caribeño.
En ese momento, el Ejecutivo
determinó que la empresa canadiense operaba de forma
ventajosa contra los intereses venezolanos.
También en 2011, la minera
canadiense introdujo una demanda en el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
organismo dependiente del Banco Mundial, por la expropiación de la concesión de
la mina de oro las Cristianas, ubicada en el estado Bolívar, al sur de
Venezuela
Crystallex cuenta con la complicidad de la oposición venezolana y los tribunales estadounidenses para embargar activos de Citgo. Foto: Web.
En 2016, el
CIADI dictaminó que Venezuela debía pagarle a la compañía minera 1.202
millones de dólares que la canadiense ha intentando
cobrar en varios tribunales estadounidenses.
Incluso, en enero de 2018 una corte
estadounidense sentenció que la demanda de la compañía minera “falló en
establecer el reclamo” porque se dirigió contra Venezuela y no directamente
contra la petrolera estatal PDVSA. En los tribunales internacionales, las
naciones soberanas y las empresas estatales generalmente se consideran
entidades legales separadas.
El nuevo fallo judicial aumenta
la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el control de un
activo externo valioso, en medio de la crisis económica y
política del país.
Crystallex está más cerca de su
objetivo de tomar acciones de Citgo para “compensarse” por la estatización
de la mina Las Cristinas y para ello cuenta con la
complicidad de la oposición venezolana y los tribunales estadounidenses.
Citgo es la mayor filial de Petróleos de Venezuela y su valor supera los 10.000 millones de dólares. Foto: Web.
¿Por qué Citgo?
Citgo tiene su sede en Houston,
Texas, y cuenta con tres refinerías de crudo operativas en
Luisiana, Illinois y Texas, que procesan en conjunto un
promedio de 750.000 barriles por día para surtir a la costa oeste
norteamericana.
Además, posee 6.000
estaciones de servicio abanderadas con su marca y unas 48
terminales de almacenamiento y distribución.
La corporación es
la octava refinería más grande en suelo estadounidense y
cubre el 4 % de la demanda de combustible del país. Solo en 2015
suministró quince mil millones de galones de gasolina.
Adicionalmente, mercadea
directamente con las aerolíneas en los principales aeropuertos:
Chicago, New York, Dallas/ Forth Worth, Miami y Atlanta. Sin embargo, está
empresa está comprometida como aval para el pago de compromisos
financieros.
El 51 % del valor accionario de
Citgo fue puesto como garantía para una emisión del bono 2020 de su
casa matriz, PDVSA, por 2.500 millones de dólares, mientras el resto de las
acciones fueron hipotecadas a la empresa rusa Rosneft por 1.500 millones
de dólares
Batalla por el control de Citgo
En su afán de asfixiar la economía y
desestabilizar a la nación suramericana para poder derrocar a su presidente
legítimo, Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump decidió perpetrar
un golpe a la principal fuente de ingresos: PDVSA.
Washington impuso sanciones a Citgo para asfixiar la economía venezolana. Foto: Resumen Latinoamericano.
Washington
impuso sanciones a Citgo para confiscar sus activos en
suelo norteamericano y utilizar la empresa venezolana como botín de
guerra.
Las sanciones impuestas a principios
de año bloquean 7.000 millones de dólares en bienes de
Venezuela y 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras
durante el transcurso de 2019.
Asimismo, establecen que Citgo
podrá operar siempre y cuando deposite sus ganancias en una cuenta
que no está a disposición del Ejecutivo venezolano, sino del
autoproclamado “presidente interino” y ficha política de Trump, Juan Guaidó.
Además, en una violación
a la constitución y las leyes venezolanas, el supuesto
“presidente encargado nombró una directiva de Citgo, para el que se
encargue del “control progresivo y ordenado de los activos en el exterior”.
Por otra parte, su “embajador” ante
EE. UU., Carlos Vecchio, tiene la tarea de cumplir con las órdenes de Trump y
asegurarse que la corporación petrolera venezolana esté en manos
norteamericanas.
Carlos Vecchio (centro), embajador ante EE. UU. nombrado ilegalmente por Guaidó, robó millones de dólares al alterar la contabilidad de Citgo. Foto: Panampost.
Desfalco a Citgo
La Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en desacato aprobó a principios de
mayo la autorización de pago de los intereses devengados en favor de
los tenedores del bono Pdvsa 2020.
Posteriormente, la Junta Directiva
de Citgo designada ilegalmente por Guaidó, con el apoyo de EE.
UU. realizó el pago de la cuota de interés por 71,6 millones de dólares,
usando cuentas por cobrar en el extranjero de PDVSA.
El pago estaba vencido desde el 27
de abril, y se realizó antes que culminara el período de gracia que estaba
fijado para el 27 de mayo, con el supuesto objetivo de proteger a
Citgo de los acreedores.
“Con las condiciones contractuales
del bono, si PDVSA no paga esos intereses, los acreedores podrían tomar control
sobre Citgo Holding”, indicó en esa oportunidad José Hernández, el
procurador especial nombrado ilegalmente por Guaidó.
Sin embargo, el verdadero fin del
autoproclamado y sus colaboradores era tomar ventaja de esta situación y
apoderarse de recursos económicos de Citgo.
El Gobierno constitucional y
legítimo de Venezuela responsabilizó Vecchio de robar millones de dólares al
alterar la contabilidad de la petrolera Citgo.
“Es probable que el Departamento de
Justicia de EE. UU. abra una averiguación ad hoc a la junta
directiva espuria que Guaidó nombró en la empresa Citgo, porque alteraron
la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los
intereses de un supuesto bono 2020”, denunció a mediados
de junio el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Esa denuncia se
unió a la malversación de fondos en la que estarían implicados
colaboradores cercanos a Guaidó. Al parecer, dichos fondos
están relacionados con un dinero destinado a la manutención de
algunos militares que desertaron del Gobierno de Maduro y se refugiaron en
Colombia en febrero pasado
Venezuela denunciará ante la ONU la estafa internacional cometida contra Citgo. Foto: Web.
Venezuela acudirá a la ONU
Este miércoles, Caracas denunció que la decisión del tribunal de
apelaciones que autoriza a la minera canadiense Crystallex a
hacerse de las acciones de la red venezolana de refinerías Citgo para cobrar
una deuda de 1.200 millones de dólares es
una estafa internacional contra Venezuela.
“Denunciamos ante el mundo que es una
operación de crimen organizado internacional para robarse los recursos de
Venezuela, una gran estafa mundial, y el Estado venezolano
seguirá ejerciendo las acciones que le competen en todas las instancias
internacionales”, dijo la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.
Rodríguez anunció que Venezuela
acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
denunciar la estafa internacional.
“Denunciaremos también ante la ONU,
porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General. Vamos
a ir a todas las instancias internacionales a defender los derechos legítimos
del pueblo venezolano”, explicó.
La Vicepresidenta responsabilizó al
diputado opositor Juan Guaidó de estar al frente de una
acción de crimen organizado para el despojo de PDVSA,
específicamente de Citgo, en asociación con el Gobierno norteamericano.
Informó además que el
Gobierno venezolano tiene en sus manos las pruebas sobre el robo planificado por
parte de la organización de ultraderecha Voluntad Popular para despojar a
Venezuela de los activos de PDVSA.
Se trata de un
chat telefónico en el que estarían incluidos los hombres de confianza de
Guaidó, José Hernández y Carlos Vecchio, quienes en conjunto
con un grupo de colaboradores planificaron el robo.
“Se llama el grupo despacho, desde
allí empieza la planificación para apropiarse de los recursos de todos los
venezolanos. Se dan credenciales (…) Ustedes conocen a detalle
cómo ellos se robaron la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela, donde hay
ya juicios en Colombia a solicitud de la Fiscalía, pero en realidad, ese dinero
de la supuesta ayuda humanitaria era la chuchería para pagar las prostitutas
que ya conocemos su historia con algunos diputados de la Asamblea Nacional, en
Cúcuta”, expresó Rodríguez..
“Crystallex nunca tuvo derechos mineros,
nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina Las Cristinas,
una de las minas de oro más grande de nuestro continente”, advirtió la Vicepresidenta,
y subrayó que “la verdadera gran operación se da en este chat, donde se está
organizando ya cómo ir contra los activos de PDVSA en el Caribe, en Estados
Unidos, en Colombia. En la apropiación incluyen el oro venezolano y también la
deuda venezolana”.
Otro hecho que causó conmoción es
que José
Ignacio Hernández González, el «procurador especial en el exterior” designado
por el autoproclamado Juan Guaidó, actuó como «experto pagado» por la
empresa canadiense Crystallex para que, como
abogado constitucional, demostrara la relación de Venezuela y Citgo, con el fin
de exigir que sus activos le fueran entregados a la compañía minera por la
demanda «ganada» en el CIADI.
Lo cierto del caso es que una vez
más queda demostrado que el “autoproclamado” Guaidó sirve a los intereses de Washington,
sin importar los daños que puede causar al pueblo venezolano.
El fallo nuevo fallo en contra de
Citgo, que puede ser apelado o puede ser incluso bloqueado por la
administración de Donald Trump, liquidaría la capacidad de Venezuela de refinar
crudo y obtener recursos por la venta de los combustibles resultantes.
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