Frente a esto, dirigentes de la organización comunitaria enviaron una carta a la presidenta Michele Bachellet, en la que aseguran que “más de un 80% somos migrantes latinoamericanos, descendientes de pueblos originarios que hablamos quechua y aymara; creemos que por ser indígenas, el Gobierno ha considerado que nos puede trasladar sin escuchar nuestra voz”.
Además de la carta a la Presidenta, el 27 de enero pasado, se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, luego de que las familias fueran notificadas que debían trasladarse a un barrio transitorio dispuesto por el Gobierno. Esta notificación incluía a cientos de familias que de acuerdo a un proceso de negociación anterior, no debían trasladarse.
El recurso fue presentado con la asesoría de la ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL. Desde esa organización conversó con El Ciudadano, Pablo Rojas. De la situación que viven los vecinos, sostiene lo siguiente:
“Primero que la orden de desalojo es ilegal o no procede porque a la gobernación no puede simplemente decretar una orden de desalojo administrativa sino que antes tiene que pasar por algún tribunal”, y agrega que “lo segundo es que habría discriminación arbitraria hacia las familias porque mientras a ellas les están notificando el desalojo, hay otros comités cercanos a los que se les está poniendo alcantarillado o electricidad”.
“Además se alega que se estaría discriminando a estas familias porque en su mayoría son descendientes de pueblos originarios, Quechua e Aymara hablantes, además del alto porcentaje de inmigrantes”, aseguró Rojas.
Por qué deberían trasladarse los habitantes de Balmaceda
El motivo porqué los habitantes de la zona deberían asentarse en otro espacio, de acuerdo al gobierno regional, tiene relación con el riesgo que implica la cercanía con tendido eléctrico de alta tensión.
Las tres empresas eléctricas presentes en la zona, junto al gobierno regional y las familias del campamento habían definido tres categorías para calificar el riesgo al que estaban expuestos: alto, altísimo y extremo riesgo.
De acuerdo a Rojas “las familias trasladadas serían las que están en extremo riesgo, pero en una reunión de diciembre del año pasado, llega el Seremi diciendo que cambiaban los criterios para llevarse a las familias y ya no operaba esto de los criterios sino que habían definido un polígono”.
A esto agrega las dudas que le generan los motivos de esta medida. “En ese polígono la mayoría de las familias no estaban en riesgo extremo, sino que en alto y algunos casos sin riesgo, entonces parecía inexplicable el cambio de criterio si se quiere cuidar la integridad física de las personas. En ese momento las familias tomaron acciones de resistencia legal y en movilización”, sostuvo.
¿Y los pobladores?
En la Región de Antofagasta existen 6771 familias viviendo en campamentos, de acuerdo a los datos de Techo. El caso de Balmaceda no está ajeno a esa realidad de carencias. El barrio transitorio que ofrecía el Gobierno cuenta con 110 casas, solución habitacional que debiera cubrir las necesidades de más de 900 familias en situación de riesgo. Los números no calzan.
Desde la dirigencia de Comité 12 de marzo, José Aguilar manifestó la preocupación de miles de personas. “Es un ambiente tenso, uno no se duerme tranquilo con esto que repiten: ¡desalojo! ¡desalojo!”, agregando que “esperamos que el Gobierno (regional) respete los tiempos para que se dé el pronunciamiento de la Corte, porque por algo está el recurso de protección, a pesar que ellos mantienen su posición de desalojar”.
La preocupación se mantiene entonces respecto a la situación. A la espera de una respuesta de la Presidenta y frente a la tensión entre pobladores y el gobierno regional, Pablo Rojas analiza los resultados que traería el desalojo.
“El barrio transitorio aumenta la segregación socio espacial que se está viviendo en parte de los pobladores del campamento porque queda muy lejano al lugar donde están actualmente, al centro urbano y a los servicios y además está a 400 metros del vertedero”, sostiene el dirigente.
Finalmente, José Aguilar recalca que “esas condiciones no aseguran dignidad ni tampoco accesoa la ciudad. Queremos negociar que las personas se muevan en un mismo sector para que mantengan la pertenencia territorial ni el acceso a los servicios el trabajo y el estudio de los niños”.
El Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario