José Hernández vive en San Juan, concretamente en uno de los barrios más pobres de la capital de Puerto Rico. Hace unos pocos viernes, José descansaba de noche al fresco. Estaba sentado en una silla de plástico a la salida del garaje de su casa y se estaba curando las ampollas sucias y las heridas abiertas de su pierna. José Hernández llevaba 80 horas de trabajo sin descanso a sus espaldas aquel viernes. Estaba que se caía, pero a las nueve de la noche seguía esperando que llegaran nuevos clientes a su taller de reparación de automóviles.
"Si alguien me llama para trabajar ahora mismo, les digo que sí. Antes no lo hubiera hecho", asegura Hernández, un hombre corpulento, de 43 años. Lleva una camiseta marrón manchada de grasa y habla desde los escalones que llevan a su casa, en La Perla, una conocida barriada de viviendas de protección oficial que se levanta a unos pocos pasos de la turística ciudad antigua de San Juan, la capital de Puerto Rico. "He tenido que doblar mi jornada laboral".
Puerto Rico se enfrenta a la mayor crisis de su historia reciente con una deuda a sus espaldas de 72 mil millones de dólares. Mientras tanto, Hernández y otros muchos habitantes de la isla caribeña intentan pagar precios astronómicos para continuar viviendo bajo mínimos. Las facturas del agua y de la electricidad triplican ya el precio que se paga en el resto de 50 estados de la nación, mientras que el precio del I.V.A ya se ha convertido en el más caro de todo Estados Unidos, y el índice de pobreza no deja de crecer: ha alcanzado ya el 45 por ciento, una cifra escandalosa, especialmente si se la compara con el 15 por ciento de pobreza que se registra en el continente, la tierra madre.
Berto Saldaño tiene 29 años y lo está pasando mal para conseguir la atención médica necesaria para ser tratado de su caso de espina dorsal bífida en la isla de Vieques.
Las previsiones indican que las adversidades se van a multiplicar — los miembros del Congreso de Estados Unidos, que celebrarán una audiencia el próximo jueves para discutir la situación económica en Puerto Rico, estiman que la deuda del estado caribeño todavía va a crecer en otros 27 mil millones de dólares en los próximos 5 años. El gobierno puertorriqueño se las está viendo y se las está deseando para detener la imparable caída de su economía, y este lunes ha presentado varias propuestas a sus acreedores. Su intención no es otra que canjear parte de su deuda por bonos del estado que podrían invertirse en generar un crecimiento económico.
A Puerto Rico no le está permitido declararse en bancarrota ante el gobierno federal estadounidense, porque, a ojos del mismo, no es un estado. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, urgió el mes pasado al Congreso del país que permitiera a Puerto Rico hacerlo para así evitar un absoluto colapso económico. Igualmente, el gobernador de la isla, Alejandro Padilla, ha pedido encarecidamente a los legisladores de Estados Unidos que permitan que el gobierno de la isla caribeña pueda acogerse a la misma medida que el resto de estados de la administración Obama. Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando permitir que las empresas públicas de la isla, que adeudan miles de millones de dólares, puedan declararse en bancarrota.
"Permítanme que sea claro: no nos queda un solo centavo", advirtió Padilla en una comparecencia ante el senado estadounidense celebrada el pasado mes de diciembre. "Esto es un llamamiento desesperado a los 3,5 millones de estadounidenses que han sido abandonados a su suerte en mitad del mar".
Cientos de miles de puertorriqueños han arrancado ya un éxodo masivo — se estima que alrededor de 84.000 personas están abandonando la isla rumbo a Estados Unidos cada año, dejando atrás los bloques de edificios decrépitos y vacíos que dominan ahora el paisaje del estado.
"Mi madre, mi hermana, mi hermano — todos se marcharon", cuenta Hernández de su familia, que ahora vive en Orlando. "Pero yo adoro mi isla. Me pueden comprar todos los pasajes que quieran, que yo me quedaré aquí".
Hernández, que trabajó durante años en la oficina de correos del senado de Puerto Rico, apenas a un puñado de cuadras de su actual residencia, fue despedido hace dos años, cuando el gobierno decidió acometer una serie de recortes para ahorrar dinero. Entonces no le quedó otra alternativa, que mudarse a vivir a La Perla.
"No me muevo por el resto de la ciudad. No me lo puedo permitir", cuenta Hernández. "Antes, cuando trabajaba para el gobierno, ganaba 2.000 dólares al mes. No me puedo creer lo fácil que lo tenía".
Las dificultades del día a día están todavía más magnificadas en algunas zonas rurales de Puerto Rico, donde los trabajos y los recursos son todavía más escasos. En la pequeña isla de Vieques, popular entre sus visitantes por sus playas de aguas turquesas y por su deslumbrante bahía, el gobierno no puede costear los trabajos de reparación de sus desvencijadas carreteras, y es muy probable que despida a 100 empleados públicos más en las próximas semanas. Ni siquiera sus vecinos con estudios universitarios tienen facilidad alguna para encontrar trabajo.
Ruth Rodríguez tiene sendos posgrados en Enfermería y Educación Especial, además de haberse formado como administradora legal. Cuando el verano pasado se puso a buscar trabajo en la isla, solo consiguió que la emplearan en la biblioteca pública. En pocas semanas, la municipalidad le recortó su jornada laboral: pasó de trabajar ocho horas a hacerlo solo cuatro.
"Mis padres, gracias a Dios, me facilitaron un hogar", asegura Rodríguez desde el interior de la biblioteca de Vieques. "Con lo que cobro me puedo pagar los 400 dólares al mes que me cuestan mi coche y la gasolina. Teniendo en cuenta los impuestos que estamos pagando, no me puedo permitir mucho más. Aquí uno se tiene que adaptar a lo que hay y salvar los días uno a uno, sin grandes planes".
El índice de paro de Puerto Rico es más del doble que el del resto de Estados Unidos. Actualmente el desempleo ha alcanzado el 12,2 por ciento, mientras que en el continente apenas alcanza el 5 por ciento. Muchos pequeños negocios han sido fulminados por la recesión, debido al incremento de los impuestos y de los pagos de sus licencias para operar
"En este pueblo había 15 tiendas. Ahora solo quedan cuatro", cuenta Luis Ventura desde detrás del mostrador de su tienda de comestibles, en el pueblo de Esperanza, en Vieques. Luis señala a un tablón de anuncios que hay en una de las paredes de su negocio. Está plagado de facturas que ha pagado. Dice que solo la licencia de su negocio le cuesta 16.000 dólares al año. Y paga 9.000 dólares al mes solo en impuestos.
El elevado coste de la comida y de las ventas ha provocado, igualmente, la caída en picado del gasto, cuenta Ventura, de manera que ya a día de hoy solo entran por la puerta de su negocio un puñado de los clientes que solían entrar. El gobierno subió el I.V.A en un 11,5 por ciento el verano pasado. La intención, obviamente, no es otra que seguir pagando su enorme deuda.
"Si no fuera por los turistas, ya no estaríamos aquí. Y cuando termina la temporada alta, lo pasamos realmente mal", reconoce Ventura, cuyos abuelos abrieron la tienda y se la cedieron hace ya 15 años.
La producción de materias primas es igualmente costosa. A día de hoy Puerto Rico compra el 85 por ciento de su fruta y de sus verduras a Estados Unidos. Los agricultores locales no se pueden permitir el coste de los fertilizantes, la energía y de los asalariados que necesitan para sacar adelante producción alguna.
"La gente no quiere tener campos de cultivo porque apenas generan beneficios y hay que esperar un año hasta recolectar la cosecha", explica Wilfredo Sánchez, capataz de una plantación en Naguabo, un pueblo situado al noreste del país. "La gente compra cada vez menos y no podemos competir con las grandes cadenas".
Wilfredo Sánchez, capataz de la plantación de Naguabo es uno de los pocos agricultores que quedan en Puerto Rico, un país que importa el 85 por ciento de su producción de frutas y verduras de Estados Unidos. Según él, cada vez se hace más difícil labrar la tierra y hay menos gente comprando.
La salud pública de Puerto Rico también atraviesa por momentos sumamente delicados. Miles de médicos han dejado la isla para irse a Estados Unidos en los últimos años, mientras que el gobierno ha amenazado con recortar el presupuesto destinado a la atención médica. Bilmares Meléndez es madre de tres niños asmáticos en Viques. Según cuenta "las medicinas nunca están en la farmacia". Por su parte Berto Saldaña, de 29 años, nació con la espina bífida, una malformación en la médula espinal, y asegura que no hay enfermeras suficientes en su hospital.
"Siempre había sido duro, pero la cosa está peor que nunca", explica Saldaña mientras desliza su silla de ruedas por la vereda. "La mayoría de mi familia vive en Brooklyn, pero mis padres siguen aquí, así que me quedo con ellos".
Las dificultades económicas siguen creciendo año tras año debido al exceso de gasto público y a la corrupción endémica, cuenta Edwin Nieves, investigador asociado en el Consejo de Asuntos Hemisféricos.
Una de las instituciones que más dinero ha derrochado es la compañía eléctrica nacional, a la que se conoce como PREPA, y que ejerce el monopolio del suministro eléctrico en la isla. La PREPA ha ofrecido servicios de electricidad gratuito a muchos edificios públicos y a determinadas grandes corporaciones. De tal forma, año tras año ha gastado más de lo que ingresaba, explica Nieves. Como resultado de ello la PREPA se ha endeudado considerablemente y ha incrementado el precio de sus servicios.
Igualmente, el estatus de la isla como territorio ha generado distintos obstáculos financieros y ha disparado los costes. Así, todas las importaciones tienen que pasar primero por Estados Unidos en virtud de las estipulaciones al respecto contempladas en la ley Jones de 1917, que es la ley que dictó la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos.
"Cuando la ley Jones fue aprobada impidió que ningún carguero extranjero transportara mercancías entre dos puertos estadounidenses, de manera que los barcos extranjeros no encuentran ningún incentivo en pasar primero por Puerto Rico, puesto que se trata de un mercado mucho más pequeño de los que ofrece el continente", relata Nieves. "De tal forma, Puerto Rico tiene que importar mucho de Estados Unidos".
El estatus de Puerto Rico como territorio resulta especialmente preocupante para sus residentes, ya que el Congreso no ha salido al rescate de la deuda de la isla. Richard Vázquez, un presentador de noticias radiofónico que trabaja en la localidad costera de Fajardo, cuenta a VICE News que para él Puerto Rico "es una colonia encubierta de Estados Unidos".
"No entiendo cómo es posible que siendo ciudadanos estadounidenses, el Congreso no nos rescate", explica Vázquez. "Cuando los puertorriqueños van a la guerra luchan por defender la bandera de Estados Unidos. Sin embargo, ahora parece que la madre patria nos esté dando la espalda", concluye.
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