Una guerra desatada contra los pobre
> De los primeros 67 cadáveres exhumados en La Peste solo se lograron identificar tres > Un juez a
> De los primeros 67 cadáveres exhumados en La Peste solo se lograron identificar tres > Un juez adeco frenó esta investigación
A las 2:00 pm del 27 de febrero de 1989, José Luis Martínez se entera de que habían disturbios en la ciudad. Sale de la constructora donde trabajaba como jefe de almacén en la carretera vieja Petare-Guarenas y no encuentra transporte, por lo que debe irse caminando hasta el barrio San José.
Al llegar a su casa ve por televisión lo que estaba pasando en el país: saqueo en los comercios, paro de transporte y la fuerza militar en la calle.
Relata que el día 28 se levantó temprano como habitualmente lo hacía, bajó hacia Petare, pero no consigue transporte para ir al trabajo y regresó a pie. Como había mucho disturbios en los barrios se fue caminando por la autopista hasta llegar a la parte alta del barrio San José, en La Bombilla.
Junto a unos familiares y amigos, el joven de 21 años se monta en una especie de platabanda para ver lo que estaba sucediendo abajo, al final de la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, donde estaban saqueando.
En ese instante llega una unidad de la Policía Metropolitana en sentido contrario. Por el lugar va caminando una señora con dos niñas y se bajan los funcionarios, unos con uniformes gris y otros azul, le empiezan a disparar a la señora y las niñas caen heridas.
Recuerda que le dio tanta indignación esa situación que comenzó a gritarle improperios a los policías. El funcionario que estaba vestido de gris al ver que con la escopeta no le llegaba a Martínez porque estaba a más dos metros de distancia, sacó un arma de alto poder y le dio un disparo en el abdomen.
Sus hermanos y sus amigos lo trasladaron al Hospital Pérez de León. Cuando estaban bajando para agarrar la autopista la misma patrulla empieza a dispararle a los muchachos que iban en la camioneta.
Al llegar al centro de salud informan: “José Luis falleció”, pero durante el traslado a la morgue le agarra la mano a su hermano y le dice: “No me dejes morir”. Su hermano, sorprendido, lo traslada a la emergencia de nuevo. Una equivocación había devuelto la alegría.
La bala le ocasionó una fisura en el colon y la uretra, por lo que tuvo que ser intervenido tres veces desde el 28 de febrero hasta el 25 de mayo.
Por la falta de aparatos para atenderlos fue trasladado al Domingo Luciani. Luego de superar el cuadro de desnutrición fue dado de alta, sin embargo aquella herida de El Caracazo permanecía intacta en su mente y en su cuerpo.
A los tres meses comenzó a padecer de cólicos nefríticos y fiebre hasta que a finales del 89 el riñón izquierdo le deja de funcionar.
Por la deficiencia en los servicios de salud de la época, paros continuos de médicos, falta de especialistas y de médicos. Desde el año 1989 hasta 1993 estuvo hospitalizado alrededor de 15 veces. “Esto fue muy duro lo que viví con esta enfermedad (…) Me colocaron hasta en cuarentena, duré 17 días en coma”, recalca Martínez, quien aseguró que nunca las víctimas del estallido social recibieron ayuda del Gobierno.
REPRESIÓN CONTRA UN PUEBLO SIN ARMAS
Luis Machado recuerda que aquel lunes 27 de febrero estaba en Las Vegas de Petare reunido con el grupo juvenil de la zona y el padre Matías Camuña, cuando los vecinos avisaron que estaban matando a la gente en las escaleras y en la entrada del barrio José Félix Ribas.
El padre Matías se pone el hábito y Machado junto a dos más lo van a acompañar para verificar lo que estaba ocurriendo y, efectivamente, en la entrada se encontraron a dos muchachos muertos, uno identificado dos años después en La Peste como Rubén Rojas y el otro aún no se sabe quién es.
Cuando el sacerdote le estaba poniendo la unción, desde los edificios de Palo Verde empiezan a disparar los soldados.
Subieron al Centro Comercial Palo Verde donde había un teniente del ejército coordinando a la tropa y Matías lo increpa. “Les dice por qué estaba disparándole a la gente, y nos dijeron que del barrio los estaban disparando y eso era mentira”, indica Machado.
Le pidieron permiso al jefe militar para ir a la escalera de la Muerte y ver si habían personas heridas. Les dio media hora para acudir al lugar en el que encontraron 18 muertos hasta el punto donde lograron llegar en el tiempo autorizado.
Posteriormente se retiraron a la parroquia, donde empezó un proceso de organización de los familiares y las víctimas y nació el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
Entre las denuncias estaba la desaparición de heridos que los habían trasladado a los hospitales y no aparecían por ningún lado.
Machado explica que por información del reportero gráfico, Francisco Solorzano, mejor conocido como Fraso, se pudo constatar que posiblemente había una fosa de los muertos del sector en La Peste, en el Cementerio General del Sur.
Se trajo un equipo de antropólogos de Argentina, que tenían experiencia de cómo localizar fosas comunes y los orientaron. En 1990, con un equipo de muchachos de la Escuela de Antropología Forense de la Universidad Central de Venezuela logran localizar las fosas y se rescataron 67 restos que estaban metidos en bolsas plásticas.
“En la primera bolsa que se sacó había cuatro tórax, sin cabeza y sin piernas. En las otras bolsas muchos de los cuerpos no tenían manos y los médicos patólogos decían que eran cortes con sierra de quirófano y muchos cadáveres en el cráneo tenía un hueco en la frente, que eran tiros de fal”, describe Machado.
Por su parte, Martínez , quien a pesar de las lesiones trabajó con el equipo, expresa que “para mi fue duro porque imaginarme que yo podía ser uno de aquellos que estaban ahí, botados como si fueran escombros, ni siquiera le dieron cristiana sepultura”.
De esos 67 cadáveres solo se identificaron tres personas que eran Rubén Rojas, un muchacho de apellido Pirela y otro que era de los Andes y se encontraba en El Valle. Los otros restos los médicos lo metieron en un nicho hasta que hace cuatro años el Ministerio Público reinició la investigación y se metieron en el monumento del Cementerio del Sur.
“Un juez llamado Saúl Ron fue el que ordenó que se abrieran las fosas, cuando él ya tenía la medida de detención al alto mando militar lo cambiaron para Vargas y trajeron un juez adeco que paralizó todo”, explica Machado, quien pertenece al grupo de investigadores de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Luis, en dos oportunidades, fue víctima de la violación de derechos humanos por parte de los gobiernos de la Cuarta República, pues tres años atrás, en 1986, sobrevivió a la Masacre de Yumare, una operación militar realizada contra civiles en el sector Barlovento, caserío La Vaca, estado Yaracuy.
Estos testimonios son ejemplos de la represión de los cuerpos de seguridad contra el pueblo de Venezuela que hoy hace 27 años despertó de un largo letargo y salió a la calles para rechazar la aplicación de fórmulas neoliberales que había implementado dos semanas antes el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP).
PAQUETAZO NEOLIBERAL
El 16 de febrero de 1989, CAP, 14 días después de haber asumido por segunda vez la Presidencia de la República, presentó en cadena nacional su “paquete económico”, donde ponía la soberanía del país en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que supervisaría el plan y prestaría 4 mil 500 millones de dólares en tres años.
Las medidas supuestamente buscaban solventar los problemas que las políticas de los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) no lograron detener.
Entre 1983 y 1989 la devaluación de la moneda fue de 13.000%, El 18 de febrero de 1983 ocurrió el conocido Viernes Negro. Se suspendió la libre compra y venta de divisas y el bolívar se devaluó pasando de 4,30 a 7,50.
La deuda externa era de más de 30 mil millones de dólares y la inflación se ubicó en 80%. Entre tanto, las reservas del Banco Central de Venezuela pasaron de 10,251 millones de dólares en diciembre de 1985 a tan solo 3,092 millones de dólares en 1989, reseña portal web de Telesur.
El paquetazo del gobierno de CAP abarcaba el aumento anual durante tres años de los precios de productos derivados del petróleo, gasolina entre otros, el incremento de los servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico, las tasa de interés activas y pasivas fueron liberadas con un tope temporal fijado en un 30%, fue eliminada de la tasa de cambio preferencial, congelados los cargos en la administración pública y liberados los precios de todos los productos de la cesta básica, excepto en 18 renglones.
El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anunció el alza en 30% de los precios de la gasolina (Bs 2,75 para la de alto octanaje y 2,55 para la de medio octanaje) y el incremento, a partir del 27 de febrero, de 30% de las tarifas del transporte público urbano e interurbano válido para los tres meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
REBELIÓN POPULAR
El aumento del pasaje fue lo que detonó la rebelión popular conocida como El Caracazo que se inició en Guarenas, estado Miranda. Los transportistas pretendían subir los precios hasta 80%, pese a que solo estaba permitido el incremento de 30%.
Aunque el Gobierno aprobó el precio del pasaje de Bs 10 para la ruta Caracas-Guarenas y de Bs 12 para la Caracas-Guatire, los conductores pretendían cobrar Bs 16 y Bs 18, respectivamente, reseñó el diario El Universal.
La oleada de protestas del terminal de Guarenas-Guatire se trasladó casi que en tiempo real a las zonas populares de Caracas y otros estados del país, a pesar de que no existía el mensajito de texto. Ocurrieron saqueos de alimentos y electrodomésticos, así como disturbios.
El 28 de febrero, el presidente Pérez ordenó la aplicación del Plan Ávila para que el ejército tomara el control de la situación. Alrededor de 9 mil efectivos, la mayoría reclutados para el servicio militar, salieron a las calles para reprimir las manifestaciones, reseña el Correo del Orinoco.
El entonces ministro de Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, anunció ese día el Decreto Nº 49, donde se suspendieron las garantías establecidas en la Constitución: la libertad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a la manifestación pacífica.
Las Fuerzas Armadas Nacionales, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana reprimieron a los ciudadanos hasta el 8 de marzo cuando culminó El Caracazo.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 11 de noviembre de 1999 determinó “que existió un patrón común de comportamiento caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza armada en los barrios populares”.
Como producto de estas acciones, oficialmente se reportaron 276 venezolanas y venezolanos asesinados, pero extraoficialmente se supo además de otras 300 personas fallecidas y más de 2 mil 500 desparecidas, considerando estos crímenes como de lesa humanidad.
En el informe de la CIDH se indica que en los días subsiguientes a los sucesos, el Estado ordenó, a través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número aún no determinado de cadáveres en fosas comunes ubicadas en el sector denominado La Peste en el Cementerio General del Sur.
REINVIDICACIÓN DE LA REVOLUCIÓN
“El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”, afirmó el Comandante Hugo Chávez el 27 de febrero de 2010. Con su llegada al poder se han reconocido a las víctimas de la masacre perpetrada por cuerpos de seguridad del Estado en 1989.
Luis Machado asegura que con el gobierno de Chávez se les dio la oportunidad de que pusieran la denuncia y se abrieran las investigaciones de hechos como la Masacre de Yumare y El Caracazo. Además, el Gobierno creó la comisión por la Justicia y la Verdad.
José Luis Martínez asegura que con los hechos de aquel 27 de febrero del 89 “hasta la esperanza perdí del llamado sistema democrático, pero el 4 de febrero de 1992 el Comandante Chávez me dio una esperanza”.
Después de aquellos hechos donde resultó herido, Martínez no ejerció su derecho al voto hasta que el Líder de la Revolución Bolivariana se lanzó a la Presidencia de la República en 1998.
Chávez reconoció la responsabilidad del Estado y en el año 2006 anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana, 596 familias fueron indemnizadas por el Comandante, mientras que el año pasado 74 nuevas familias recibieron el beneficio por parte del presidente Nicolás Maduro.
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Amnistía promueve impunidad
José Luis Martínez, víctima de El Caracazo e integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, asegura que establecer una ley de amnistía para favorecer a violadores de Derechos Humanos (DDHH) vulnera las leyes venezolanas y se avala la impunidad, en tanto se ignora que los responsables de delitos vinculados con violaciones de DDHH quedan excluidos del beneficio de la amnistía según establece el artículo 29 de la Constitución Nacional.
“La Ley de Amnistía propuesta por la Asamblea Nacional va en contra de la constitución. En el artículo 29 se establece que el Estado debe sancionar a los culpables, por esto la ley caerá sobre aquellos funcionarios que incurrieran en el delito de liberar a violadores de DDHH”, indicó.
Considera contradictorio que sea la derecha que esté impulsado la Ley de Amnistía, ya que durante “el gobierno de Rafael Caldera se buscó aprobar una amnistía para liberar al Comandante Chávez y los mismos adecos de la Asamblea que la rechazaron son los que apoyan una amnistía ahora”.
Afirma que “el Estado estaría promoviendo la impunidad que se ha estado combatiendo por más de 40 años y con la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad en 2012 se fortaleció esa lucha”, refiere nota de prensa.
KARLA RON/CIUDAD CCS
TOMADO DE: http://ciudadccs.info/
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