EE.UU.: GOLPE DE GRACIA A LAS LIBERTADES Y LA PRIVACIDAD
Resulta dramático y desalentador observar cómo Estados Unidos ha estado asumiendo los atributos de un estado policial desde el 11 de septiembre de 2001.
Se han producido numerosos incidentes en los que se ordena al conductor que no coopera, a salir del auto y termina siendo apaleado en el suelo o aún peor, con un balazo en el cuerpo.
Los tribunales, sistemáticamente, dan la razón a los oficiales de policía cuando se violan los derechos individuales, mientras que la propia Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica incluso ha sido calificada públicamente por el presidente Trump como ‘arcaica’ y ‘mala para el país’.
La Agencia de Seguridad Nacional ( NSA) recolecta de manera rutinaria e ilegal correos electrónicos y llamadas telefónicas de ciudadanos/as que no han hecho nada malo, en tanto el gobierno incluso niega a los estadounidenses el derecho a viajar a países que considera enemigos, como recientemente se ha hecho con Cuba.
Viajar se ha convertido en una experiencia desagradable, incluso antes de que uno se siente en las butacas de 44 centímetros de espacio que ofrecen las principales aerolíneas.
En cualquier medio de locomoción, los sabuesos de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) actúan como juez, jurado y verdugo para los viajeros que ignoran las reglas, constantemente cambiantes, sobre lo que pueden hacer y llevar con ellos.
La TSA ahora está ‘examinando por mera rutina’ los teléfonos celulares y las computadoras portátiles de los viajeros, e incluso descargando la información que haya en ellos, todo sin una orden judicial o una sospecha fundada.
Y la TSA incluso ha editado para sus agentes especiales de vigilancia un manual para identificar a los viajeros que no cooperan, señalándoles como potenciales elementos peligrosos.
El Congreso está considerando un proyecto de ley que calificará como “crimen” cualquier crítica contra el régimen de Israel, estableciendo un precedente legal (pero ilegítimo) que pondrá fin a la libertad de expresión, además del inminente proceso y encarcelamiento de Julian Assange por espionaje, que será la muerte de una prensa verdaderamente libre.
Los/as estadounidenses ya no tienen garantizado un juicio con jurado popular, pudiendo ser retenidos indefinidamente por tribunales militares, aunque no existan cargos contra ellos.
Bajo el mandato de George W. Bush, la tortura y la entrega de cualquier ciudadano a la justicia se institucionalizaron, mientras que durante los 8 años de la presidencia de Obama se inició la práctica de ejecutar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero por medio de aviones no tripulados (drones) si se les consideraba una ‘amenaza’.
Y tal vez el mayor crimen de todos, tanto con Obama como con George W. Bush, se perpetró al bombardear otras naciones, para provocar un cambio de gobierno o iniciar guerras “artificiales” en Asia, África y Oriente Medio.
El último asalto a las libertades civiles se relaciona con lo que antes se llamaba privacidad. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad.
Los funcionarios de las agencias de seguridad nacional e inteligencia se han preocupado de que algunos de los nuevos sistemas de encriptación que se están utilizando para el tráfico de correo electrónico y los teléfonos, hayan impedido que el gobierno controle qué información se está intercambiando.
Como ya es habitual desde 2001, el ‘terrorismo’ es la razón principal por la que se menciona la necesidad de leer y escuchar las comunicaciones entre los ciudadanos, pero debemos recordar que el fenómeno de la migración es una de las causas que provoca un mayor número de muertes, que el de los tiroteos o los atentados terroristas.
También se debe tener en cuenta que los gobiernos federales, estatales y locales, así como las empresas privadas, gastan más de mil millones de dólares cada año para combatir la amenaza del terrorismo, aplicando medidas innecesarias, equivocadas, inútiles o incluso contraproducentes.
A finales de junio de este 2019, altos funcionarios de la Administración de Trump, relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional, se reunieron para discutir qué hacer con respecto al uso creciente de los sistemas de encriptación, tanto por parte del público como de algunos proveedores de servicios de Internet, incluidos Apple, Google y Facebook.
Se expresó una especial preocupación con respecto a los sistemas que utiliza la NSA, pero que no son útiles incluso utilizando las herramientas más sofisticadas de las computadoras de la Agencia.
Se discutió la posibilidad de ir al Congreso y solicitar la aprobación de una ley que prohibiese el denominado cifrado de extremo a extremo o que exija una solución tecnológica que permita al gobierno eludirlo.
Ese método, que permite que un mensaje solo pueda ser leído por el remitente y el destinatario, se desarrolló originalmente como una función de seguridad para los I-Phones a raíz de la información que proporcionó Edward Snowden de que la NSA vigilaba a todos los ciudadanos en los EE. UU.
Utilizando esa técnica, la mayoría de las comunicaciones son imposibles de piratear. Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, la alternativa a una nueva norma que prohíba o requiera eludir la característica, sería un esfuerzo importante que supuestamente permitiría a las agencias gubernamentales romper la encriptación, aunque esa posibilidad, hoy por hoy, no parece factible.
En el pasado reciente, algunos de los propios proveedores de servicios de comunicación permitían el espionaje gubernamental, dejando abierta la ‘puerta trasera’ de sus servidores y centros de distribución, donde los mensajes se podían leer directamente y las llamadas telefónicas se podían grabar.
Pero el cifrado de extremo a extremo niega esa opción al enviar un mensaje a la red Ethernet, que resulta ilegible.
La seguridad de los teléfonos celulares fue un tema crucial después del ataque terrorista de San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas, que llevó al Departamento de Justicia a pedir responsabilidades penales a la compañía Apple, exigiendo el acceso a un I-Phone bloqueado que pertenecía a uno de los autores de la masacre.
Apple se negó a entregar el software necesario para acceder al teléfono, pero el FBI encontró un experto que pudo hacerlo, por lo que la acusación contra la empresa fue desestimada, lo que dio lugar a un precedente legal definitivo sobre la capacidad del gobierno para obligar a una empresa privada a cumplir con una demanda judicial.
Aparentemente, hay pocas ganas en el Congreso para abordar el tema de la encriptación, aunque el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por John Bolton, desea empoderar a las agencias gubernamentales de inteligencia y aplicar una que prohíba toda clase de técnica de encriptación. Una norma que sin embargo sería posible a través de una Orden Ejecutiva del presidente.
Si esto llegara a suceder, el FBI, la CIA y la NSA estarían encantados porque tendrían fácil acceso a todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas de cualquier persona.
Pero el precio a pagar es que, una vez que se reduzcan los estándares de seguridad, cualquier otra persona con recursos técnicos mínimos podría hacer lo mismo, ya sean hackers o piratas informáticos.
Como de costumbre, la necesidad percibida por un gobierno desconectado con la sociedad y sordo ante sus reclamos, ‘para mantener seguro al país‘ aprobaría una ley que llevaría consigo la pérdida de sus libertades fundamentales que, una vez que se haya legalizado, nunca volverán a recuperarse.
https://ahtribune.com/us/3306-government-fearmongers-to-read-your-mail.html
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