Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
para los Derechos Humanos
El texto que continuación comparto, es en su totalidad fiel copia del original publicado como anexo de un Articulo Telesur (Red venezolana de DDHH lamenta informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet por su contenido discriminatorio 4 julio, 2019 18:50), en otras palabras la única alteración de este con el original, es el haber cambiado de color y tamaño los títulos para facilitar la lectura ya que la interpretación de esto es libre.
/HRC/41/18
Unofficial translation
Distr. General
4 de julio de 2019
Consejo de Derechos Humanos
41º período de sesiones
24 de junio–12 de julio de 2019
Tema 2 de la agenda
Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
de la Alta Comisionada y del Secretario General
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
de la Alta Comisionada y del Secretario General
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela*
Resumen
Este informe, que se presenta en cumplimiento de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos, ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019.
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* Este informe se presentó fuera de plazo para recoger en él los acontecimientos recientes.
I. Introducción
1. En su resolución 39/1, el Consejo de
Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que
preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos
humanos en la República Bolivariana de Venezuela” (Venezuela) y se lo
presentara en su 41º período de sesiones[1].
2. Este
informe se centra en la situación de los derechos humanos en Venezuela desde
2018, analizando también desarrollos pertinentes que tuvieron lugar con
anterioridad. Destaca patrones
de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos
humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El informe
incluye un enfoque de género, poniendo de relieve las experiencias específicas
de las mujeres y las niñas.
3.
El informe se basa en la información recopilada y
analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (el ACNUDH), inclusive durante misiones. El ACNUDH efectuó una
visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, durante la cual se reunió con
una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales, en
Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana. Además, entre septiembre de
2018 y abril de 2019, el ACNUDH llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a
personas refugiadas y migrantes venezolanos en la Argentina, el Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, México y Perú. El ACNUDH agradece a los respectivos
Gobiernos el haber facilitado esas visitas.
4.
La Alta Comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de
junio de 2019. Se reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente
Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos
cargos de 17 ministerios[2],
el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo,
se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal
General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del
Pueblo. Sostuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector
empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos
humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de
la Organización de las Naciones Unidas en el país.
5.
Además de aceptar una presencia del ACNUDH, el Gobierno
realizó varios compromisos e identifico áreas de cooperación. El ACNUDH apoyara
la evaluación de los principales obstáculos respecto al acceso a la justicia y
de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes. El Gobierno también aceptó otorgar al ACNUDH acceso
pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones de detención y
hablar con las personas detenidas. El Gobierno adoptará un calendario de diez
visitas de los Procedimientos Especiales en los próximos dos años. En seis
meses, el ACNUDH y el Gobierno evaluarán la posibilidad de aumentar la
presencia del ACNUDH y establecer una oficina de país.
6.
El ACNUDH mantuvo 558 entrevistas con personas
víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas,
profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y
defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad[3].
Además, celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas,
incluyendo actores estatales[4].
Según su metodología, el ACNUDH solicitó el consentimiento informado de las
fuentes entrevistadas para emplear las informaciones facilitadas y, cuando
procedía, les garantizó confidencialidad. Adoptó todas las precauciones
posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de
estas manifestaron su temor a represalias.
[1] A/HRC/RES/39/1.
[1] Incluidos los ministerios para
Relaciones Interiores, Defensa, Salud, Economía, y Educación.
[1] 460
entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota.
[1] En la Argentina, el
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Suiza, y Venezuela.
7.
El informe también refleja el análisis de numerosos
documentos que el ACNUDH reunió y examinó, incluyendo documentos oficiales del
Gobierno, informes de fuentes abiertas, legislación y documentación jurídica,
informes médicos y forenses, contenidos de medios de comunicación (incluyendo
de las redes sociales), videos, y fotografías. El ACNUDH remite a la
información y a los datos oficiales siempre que es posible, pero nota que el
acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales,
incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos, por
lo menos desde 2015.
8.
En consonancia con su metodología para el monitoreo de
los derechos humanos, el ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la
credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información
recopilada para confirmar su validez. El ACNUDH consiguió reunir, analizar y
verificar un volumen considerable de informaciones que aportan motivos
razonables para creer que los patrones que se describen en el informe
constituyen violaciones de los derechos humanos.
9.
El ACNUDH evaluó la información recopilada a la luz de
la legislación internacional en materia de derechos humanos aplicable en
Venezuela y de las leyes nacionales pertinentes. Además, el ACNUDH tuvo
presentes instrumentos normativos relevantes reconocidos como complementarios
de las normas internacionales.
II. Los derechos económicos y sociales
10. La
crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A
medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los
ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las
exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas
e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales.
11. A
pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su
poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede
considerar como un salario de subsistencia. En abril de 2019, el salario
mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al
mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos[5].
Pese a algunos subsidios generales del Gobierno, las personas entrevistadas por
el ACNUDH manifestaron su preocupación respecto de que los ingresos mensuales
de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que
solo daban para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes.
12. El
desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la
infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado
violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al
deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a
electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, miembros del
Gobierno empezaron a hablar de las consecuencias de la crisis económica y a
reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto
de la escasez de la alimentación y de los medicamentos[6].
El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la
inversión en el área social.
A. El derecho a la alimentación
13. Información
verificada por el ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación,
incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca
hambre. El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas
CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la
gente. El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos
disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la
alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia
internacional para abordar dichas deficiencias. En los últimos meses, el
Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, aunque ha sido insuficiente para
cubrir las necesidades de la población.
[1] Centro de Documentación y Análisis
para los Trabajadores, http://cenda.org.ve/default.asp.
[1] Información
proporcionada por el Gobierno.
14. Las
personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a
alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La
disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los
entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que
consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un
impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas
y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10
horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron
algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.
15. Además
de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas
y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de
producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que
dependen de programas de asistencia alimentaria. El Fondo de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as
se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas confirmó
particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres
embarazadas[7].
B. El derecho a la salud
16. En
cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas
entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención
a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de
doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención
médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que
suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua,
guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento
de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela,
incluyendo Caracas[8].
17. Asimismo,
enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas,
entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han
reaparecido. En el último año, con el apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud, las autoridades han implementado una serie de estrategias de
vacunación con el fin de parar la propagación del sarampión[9].
Las autoridades informaron de que durante junio de 2019 no hubo nuevos casos de
sarampión.
18. Hay
falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades
enfrentando una escasez del 100 por ciento[10].
Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en
adolescentes. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65 por
ciento desde 2015[11].
Esto impacta el derecho de las niñas a la educación, ya que los embarazos son
el motivo principal de la deserción escolar entre las adolescentes. Ante una
legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a
abortos inseguros. Ello ha contribuido a un aumento en la mortalidad materna
evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos
aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras[12].
Otras causas principales de mortalidad materna son la falta de personal
cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las
condiciones en los hospitales, lo cual ha llevado a muchas mujeres a salir del
país para dar a luz.
[1] FAO, “Panorama de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe”, 2018; Caritas Venezuela, “Monitoreo de
la Situacion Nutricional en Niños Menores de 5 años”, Boletines de Abril-Julio 2018, Julio-Septiembre 2018 y Octubre-Diciembre 2018.
[1] Red Venezolana de Gente Positiva, www.mavidcarabobo.org.ve; Federación Farmacéutica Venezolana,
http://fefarven.org.ve/portal/; CONVITE X La Salud, “Monitoreo del Acceso a la
Salud en Venezuela”, Boletín Nº20, marzo de 2019.
[1] OPS, “Venezuela
intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria”, 10 de
marzo de 2019, www.paho.org.
[1] Magdymar León Torrealba, “Índice de
escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco ciudades de Venezuela”,
diciembre 2018; ver: CONVITE X La
Salud, “Monitoreo del
Acceso a la Salud en Venezuela”, Boletín Nº20, marzo de 2019.
[1] Información proporcionada por UNFPA; ver:
www.unfpa.org/maternal-health
19. La
Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y
febrero 2019, 1,557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales[13].
Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que
indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019[14].
Durante la visita de la Alta Comisionada, profesionales de la salud y padres y
madres de niños/as enfermos/as mencionaron el impacto de las sanciones
económicas en el sector de la salud, particularmente las posibilidades de
recibir tratamiento médico urgente fuera del país, incluyendo trasplantes.
20. Violaciones
al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus
obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos
económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron
vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y
tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales,
clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la
salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, al deterioro en la inmunización y
salud preventiva y a las restricciones en el acceso a la salud sexual y
reproductiva. También se producen violaciones al derecho a la salud por el
hecho de que el Gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son
esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a
la actual crisis sanitaria que padece el país.
C. Programas y políticas sociales
21. Durante
dos décadas, el Gobierno promovió políticas sociales a través de las “Misiones
Bolivarianas”, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza
y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy
en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas
sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos.
22. El
13 de mayo de 2016, el Gobierno declaró un “estado de excepción y emergencia económica”[15]
y creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como parte de
la estructura local de los Consejos Comunales[16].
Estas estructuras, junto con las fuerzas militares y de seguridad, tienen el
mandato de distribuir asistencia alimentaria, conocida como cajas CLAP, las
cuales, según el Gobierno, llegan a 6 millones de hogares. El ACNUDH recibió
información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a
alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP
porque no eran partidarias del Gobierno.
23. Adicionalmente,
a finales de 2016, el Presidente anunció la creación del “Carnet de la Patria”
(“carnet”), una tarjeta mediante la cual todos los programas serían a partir de
ahora entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencias directas de
dinero a las familias. La lista de personas beneficiarias de estos programas es
manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las
instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que
las/los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política
de las personas beneficiarias.
[1] www.unfpa.org/maternal-health. Ver también: AVESA et al., “Salud sexual y
reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela”, 2018, página 34.
[1] Médicos
por la Salud, “Encuesta Nacional de Hospitales 2019”,
www.encuestanacionaldehospitales.com.
[1] Entrevista con fuente realizada el
10 de mayo de 2019; CONVITE X La
Salud, “Monitoreo del
Acceso a la Salud en Venezuela”, Boletín N°20, marzo de 2019.
[1] Decreto presidencial No.2323.
[1] Los Consejos Comunales fueron creados en 2006
para que el pueblo pudiera gestionar directamente políticas públicas y
proyectos sociales.
24. Las
mujeres, quienes en su mayoría cargan con el cuidado de la casa y de la
familia, son el principal grupo beneficiado por los programas de salud,
vivienda y alimentación. Ellas también constituyen el 72 por ciento de la
membresía de los Consejos Comunales[17].
No obstante, la discriminación con base en motivos políticos y el control
social mediante los carnets tiene un impacto diferenciado en la habilidad de
las mujeres para hacer valer sus derechos. En 2018 y 2019, las mujeres
lideraron muchas de las protestas locales y pacíficas, exigiendo acceso a
bienes y servicios básicos. Asimismo, participaron en marchas
anti-gubernamentales. El ACNUDH recabó testimonios de mujeres, incluyendo de
lideresas locales, quienes han sido señaladas por su activismo, amenazadas por
otros líderes y lideresas comunitarios/as y por grupos armados civiles
pro-gubernamentales (los llamados “colectivos armados”), y excluidas de los
programas sociales. Las mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir
sus derechos, incluido el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por
miedo a represalias.
D. Medidas coercitivas unilaterales
25. La
gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios
Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en
prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas,
incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas[18].
Hasta la fecha un país ha impuesto sanciones sectoriales más amplias a partir
del 29 de agosto de 2017[19].
El 28 de enero de 2019, sanciones fueron impuestas a la empresa petrolera de
propiedad estatal, PDVSA, también bloqueando bienes y participación en bienes
de sus subsidiarias dentro de la jurisdicción estadounidense[20].
26. El
Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas
a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones
bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta
la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas.
27. La
economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de
producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera
cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de
Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos
fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de
2017[21].
Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los
efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que
la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo,
muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense. El Gobierno ha
aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y
de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a
la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas
económicas estructurales.
III. Violaciones de los derechos civiles y
políticos
A. Libertad de opinión y expresión
28. En
los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional
imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe
los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado
empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el
Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de
televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de
periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país
inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de
periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han
convertido en los principales medios de comunicación e información de la
población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las
personas que no tienen acceso a internet. La velocidad de la internet está
disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en
infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado
sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las
principales redes sociales.
[1] Información proporcionada por el
Gobierno.
[1] Canadá,
Colombia, Estados Unidos de América, México, Panamá, Suiza, y la Unión Europea.
[1] Orden
ejecutiva 13808. Se impusieron nuevas sanciones sectoriales el 19 de marzo de
2018, (Orden ejecutiva 13827), el 1 de noviembre de 2018 (Orden ejecutiva
13850), y el 21 de mayo de 2018 (Orden ejecutiva 13835).
[1] Orden
ejecutiva 13857.
[1] www.bcv.org.ve
29. El
ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por
expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio
Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55
personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018[22].
B. Represión selectiva y persecución por
motivos políticos
30. Durante
al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el
Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado
de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo
la Asamblea Nacional[23].
Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a
opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado
desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la
Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de
la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado
espacio democrático.
1. Instituciones
y medidas de seguridad
31. El
13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró el “estado de
excepción”, que desde entonces ha sido renovado cada 60 días[24].
El decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, al poder
Ejecutivo con el propósito declarado de, entre otras cosas, preservar el orden
interno. En 2017, el Presidente activó el Plan Zamora, un plan de seguridad
estratégico cívico-militar para la operación conjunta de las fuerzas armadas,
milicias y civiles. Estas políticas implican un aumento de la militarización de
las instituciones del Estado. Asimismo, extienden la utilización de la
población en tareas de inteligencia y defensa, por medio de estructuras locales
tales como los Consejos Comunales, las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez
(UBChs), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Redes
de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS).
32. El
aparato de seguridad incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)[25],
a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales
(FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han
sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos
desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para
combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas
ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC.
Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de
detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de
sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control
social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la
represión de manifestaciones y de la disidencia.
[1] Espacio Público, “Detenciones en
línea. Presos por usar las redes sociales”, 2 de mayo de 2019,
http://espaciopublico.ong/detenciones-en-linea-presos-por-usar-las-redes-sociales/#.XPBMhY9S_cs.
[1] La Lista Tascón fue uno de los primeros
indicadores de la discriminación y persecución por motivos políticos. La lista,
una base de datos de más de tres millones de personas venezolanas que en
2003-2004 apoyaron la organización un referéndum para revocar el mandato del entonces
Presidente Hugo Chávez, fue utilizada para despedir masivamente a
funcionarios/as públicos/as.
[1] Decreto presidencial Nº2323.
[1] Parte de las fuerzas armadas.
33. Las
instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como
la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo,
generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas,
independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos
humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las
personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y
testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las
violaciones.
2. Ataques contra miembros de la oposición y personas críticas al
Gobierno
34. Estas
políticas van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por
autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a
quienes critican al Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los/as
activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con
frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes
desestabilizadores”. Los medios de comunicación progubernamentales difunden
ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo
semanal “Con el mazo dando,” presentado por el Presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)[26].
35. Sucesivas
leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición
y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas,
aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la
libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas
civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de
los derechos humanos[27].
36. En
2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales
y a muchos/as trabajadores/as que habían protestado en demanda de salarios y
condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que
protestaron por el estado en que se encontraba la atención de salud en el país
fueron despedidos/as y/o amenazados/as por sus superiores y algunos/as fueron
detenidos/as arbitrariamente. Al personal universitario crítico al Gobierno se
le amenazó con el impago de los salarios, se le impidió el acceso a sus centros
de trabajo y viajar al extranjero y fue detenido arbitrariamente. Los/as
defensores/as de los derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación
en los medios de comunicación progubernamentales, y sometidos/as a vigilancia,
intimidación, hostigamiento, amenazas y detención arbitraria. También se atacó
a disidentes chavistas, a militares disidentes y a funcionarios/as públicos/as
y empleados/as de empresas estatales a los/as que se considera opositores/as.
Muchas de las víctimas de dichos actos han reducido sus actividades, se han
escondido o han tomado el camino del exilio. Asimismo, las mujeres, en
particular las defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y
funcionarias públicas, han sufrido ataques en función de su género mediante
comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas. La
represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales infunde
miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse o meramente
criticar al Gobierno o el expresar disentimiento.
[1] Establecida
en agosto de 2017 tras un proceso electoral carente de inclusión política y
viciado de irregularidades. La ANC asumió de
facto las responsabilidades constitucionales de la Asamblea Nacional.
[1] “Ley Constitucional
contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente el 8 de noviembre de 2017, la “Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, de 31 de
enero de 2012, y la reforma del Código Orgánico Procesal Penal adoptada por
decreto ministerial el 15 de junio de 2012.
37. A
junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad
parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente
de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición,
conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación, entre
otros cargos, tras el 4 de agosto de 2018, cuando una tentativa de asesinato
reportada en contra del Presidente de la República falló, y el 30 de abril de
2019, cuando el Presidente de la Asamblea Nacional llamó a las fuerzas armadas
a desertar y a desafiar al Gobierno. Dos diputados se encuentran en detención preventiva[28]
y 16 han buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o
se han escondido.
38. Los
ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la
represión selectiva. El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones
arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores
políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero
de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas. Estas
detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los
supuestos fugitivos, pero también como un castigo. Familiares también son
víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familias, vigilancia,
intimidación y hostigamiento. Además, las mujeres son sometidas a violencia
sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención, durante
operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios.
3. Uso excesivo de la fuerza y muertes en el
contexto de las manifestaciones contra el Gobierno
39. A
medida que la crisis política, social y económica se fue agudizando, las
manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir
de 2014[29].
Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y
3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019[30].
Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social
(OVCS), se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715
entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no
hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones. Sin
embargo, en el contexto de ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las
FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso
excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y
desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados también recurrieron a la
violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de
seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves.
40. Según
el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron
que 29 personas fueron muertas entre enero y mayo de 2019[31].
Sin embargo, OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018[32]
y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchas personas
manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o
torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de
domicilios en contra de manifestantes.
4. Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos
41. Según
la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por
motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019[33].
De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La
mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Al 31
de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad,
1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas
habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones
penales[34].
El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un/a juez/a. El temor a
volver a ser detenidas ha llevado a varias de ellas a dejar el país. El ACNUDH
considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de
los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política
y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014.
[1] El Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, está detenido desde el 8 de mayo de 2019 y el diputado Juan Requesens está detenido desde el 7 de agosto de 2018.
[1] Información proporcionada por el Gobierno.
[1] Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social,
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/.
[1] El ACNUDH recibió información contradictoria del Gobierno respecto al número de muertes.
[1] Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social,
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/.
[1] Información proporcionada por el Foro Penal Venezolano.
42. El
ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23
mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y
2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos
fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero
de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la
mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las
personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de
opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones
carecían de fundamento legal. El ACNUDH también encontró graves y repetidas
violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos. Ninguna
de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la
violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente.
43. En
la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a
una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como
la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico,
simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y
comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de
seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM,
recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y
confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no
han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia,
imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos
tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los
presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado
reparaciones a las víctimas. En particular, a menudo las autoridades judiciales
han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos
que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público,
se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos
respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y
2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones.
44. El
ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas
durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así
como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de
agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos
inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de
género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles
confesiones.
45. Asimismo,
información analizada por el ACNUDH muestra que las condiciones de las
detenciones de un número significativo de personas privadas de libertad no
cumplen las reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de los/as
reclusos/as y constituyen a menudo malos tratos. En general, los centros de
detención, especialmente centros de detención preventiva, están a menudo superpoblados
y son insalubres. Las personas detenidas tienen acceso limitado a la
alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación. Su
acceso a la asistencia sanitaria básica es restringida e incluso denegada[35].
Estas condiciones fueron reconocidas por las autoridades durante la visita de
la Alta Comisionada.
[1] Ídem.
[1] Según la ONG
Observatorio Venezolano de Prisiones, en el primer trimestre de 2019, 37
personas reclusas murieron por motivos relacionados con la salud (tuberculosis,
desnutrición, hepatitis, salmonela, neumonía, VIH/SIDA). Ver: www.oveprisiones.com/desnutricion-enfermedades-y-violencia-mataron-a-46-presos-en-el-1er-trimestre-2019/.
46. El
centro de detención en la sede del SEBIN Helicoide, no está adaptado para
cumplir los estándares específicos de género. El ACNUDH entrevistó a varias mujeres
que estuvieron detenidas en el Helicoide quienes indicaron que solo hay una
celda asignada a mujeres. Esta celda estaba superpoblada y vigilada
principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las
instalaciones. Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las
mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias
mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y
que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o
al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les
denegaron las visitas.
C. Uso excesivo de la fuerza y muertes
causadas en el contexto de operaciones de seguridad
47. Según
el Gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado
a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito
de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones de seguridad[36],
el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por
fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde principios de
2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el
narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de
seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de
2015 a 2017[37].
Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un
“escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs,
las FAES son responsables de centenares de muertes violentas[38].
48. El
ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES
de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi
similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y
bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna
identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También
llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES
irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron
violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez
forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la
familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas
habían recibido uno o más disparos en el tórax.
49. En
cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena
del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado
sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y
demostrar que la víctima se habría "resistido a la autoridad". En
muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya
estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y
modificar la escena del crimen. En algunos casos, las autoridades declararon
que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la
correspondiente investigación oficial.
50. Las
autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de
seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es
inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa
categoría[39],
en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por
lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría[40].
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes
violentas por "resistencia a la autoridad”[41].
El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019[42].
La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes
violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
[1] El
Gobierno registró 17,407 homicidios en 2016, 14,665 en 2017, y 10,598 en 2018.
[1] De julio
de 2015 a marzo de 2017, el Ministerio Público registró las muertes violentas
de 505 personas en Operaciones de Liberación del Pueblo. “Actuaciones del
Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela (julio 2015 – marzo
2017)”, https://lortegadiaz.com/wp-content/uploads/2017/10/Folleto-OLP-2017.pdf).
[1] La ONG
PROVEA informó de 275 asesinatos en el primer trimestre de 2019. La ONG Monitor
de Víctimas reportó 256 asesinatos sólo en Caracas en 2018. La ONG COFAVIC
informó de 3.684 asesinatos en 2017-2018, de los cuales el 28% podrían
atribuirse a FAES/PNB.
[1] Información
proporcionada por el Gobierno.
51. Habida
cuenta del perfil de las víctimas, el modus operandi de las operaciones de
seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en
las comunidades después de concluida la operación, al ACNUDH le preocupa que
las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de
seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el
control social.
52. Además,
el ACNUDH documentó los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES
en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales en 2019. Estas
ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar durante allanamientos ilegales de
domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi
descrito anteriormente.
IV. Acceso efectivo a la justicia y a una
reparación adecuada para las víctimas
53. El
Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para
todas las personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta
cuestión. De acuerdo con
el Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de
arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta
responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y
2019. Cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado,
uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos
ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados
por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos
entre 2017 y 2019.
54. La
mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en
el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una
reparación adecuada. Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan
denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de
justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo
investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y
transparentes.
55. Por
ejemplo, las familias de las personas que murieron durante las protestas
masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría
de las investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han
sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía,
y algunas se han visto obligadas a abandonar el país. Las familias de los
hombres matados durante las operaciones de las FAES tampoco han recibido
justicia. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la
renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del
acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial.
56. Siguen
existiendo factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de
cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las
investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por
parte de las fuerzas de seguridad, las demoras indebidas en las actuaciones
judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales y los/as jueces/juezas, así
como la inmunidad de facto de oficiales superiores[43].
La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son también
obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de
justicia y reparación.
[1] Observatorio
Venezolano de la Violencia, “Informe anual de violencia 2018”, https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/.
[1] Información
proporcionada por el Gobierno.
[1] Información
proporcionada por el Observatorio Venezolano de la Violencia.
57. El
Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y
llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del
Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos.
Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan
protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos.
Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de
estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al
Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
58. Las
mujeres suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y
la reparación. Dan seguimiento a las actuaciones e investigaciones penales, y
participan en ellas, a menudo en un entorno hostil. Manifestaron haber sido
amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios/as públicos y judiciales.
Estas mujeres se enfrentan a la exclusión social debido a la vergüenza pública
y a la estigmatización. Además de buscar justicia, estas mujeres a menudo se
convierten en las principales proveedoras de cuidados, asumen más personas a su
cargo y/o se convierten en el sostén de la familia.
59. Casi
dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la
Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia
política que tuvo lugar entre 1999 y 2017[44].
La Comisión ha concedido indemnizaciones monetarias y ha proporcionado
asistencia jurídica, psicológica, médica y medidas de protección social a 107
familiares de 50 víctimas que murieron durante las protestas de 2017. Sin
embargo, en ausencia de un proceso imparcial de búsqueda de la verdad, justicia
y reparación, las familias entrevistadas por el ACNUDH consideran el apoyo
financiero como un intento de comprar su silencio. De acuerdo con el Gobierno,
al 29 de mayo de 2019, 193 personas detenidas por su participación en protestas
habían sido puestas en libertad condicional sobre la base de las
recomendaciones de la Comisión[45].
V. Grupos en situación de riesgo
A. Pueblos Indígenas
60. Los
pueblos indígenas constituyen el 2,5 por ciento de la población de Venezuela y
hay más de 50 grupos indígenas[46].
Individualmente, enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la
población en general, a menudo de manera desproporcionada y/o diferenciada.
También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos como pueblos indígenas.
61. La
situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos
económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a
un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a
la salud. El cierre de las fronteras de Venezuela[47]
tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios
tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los wayuu.
[1] ACNUDH,
“Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela:
una espiral descendente que no parece tener fin”, 22 de junio de 2018.
[1] La ANC
creó el 8 de agosto de 2017 la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y
la Tranquilidad Pública, encargada de examinar e informar sobre la
"violencia política" de 1999 a 2017, incluidas las violaciones de los
derechos humanos relacionadas con ella. Como observó el ACNUDH, la Comisión no
cumple los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad.
[1] Información
proporcionada por el Gobierno.
[1] Instituto
Nacional de Estadística, “Censo Nacional de Población y Vivienda 2011”,
http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=9#.
[1] Las fronteras de
Venezuela fueron cerradas el 22 de febrero de 2019. Las fronteras con Aruba y
Brasil se reabrieron el 10 de mayo de 2019 y la frontera colombiana se reabrió
parcialmente el 10 de junio de 2019.
62. Hay
violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras,
territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras,
incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su
presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los
últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y
grupos armados.
63. La
extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar,
incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones
de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener
costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su
tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como
el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un
efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo
de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos
indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la
consulta.
64. El
ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas
en 2019. Las autoridades y los/as dirigentes indígenas, comprendidas las
mujeres, son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por parte de agentes
estatales, lo que repercute en su derecho a la libre determinación. En el
estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular
las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión
selectiva por parte de los agentes del Estado.
65. En
febrero de 2019, se produjeron incidentes violentos en el territorio pemón en
el contexto de la posible entrada de ayuda desde el cercano Brasil. Sin
embargo, no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre
el Gobierno y la comunidad pemón, la cual denuncia una creciente inseguridad,
de la que son muestra las muertes causadas el año pasado.
66. El
22 febrero, unos soldados abrieron fuego contra miembros de la comunidad pemón
de Kumaracapay, a tres de los cuales mataron y a 12 hirieron. Durante estos
eventos, cuatro soldados fueron retenidos por los/as pemones, y reportaron
haber sufrido malos tratos. El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena y en
torno a ella, la GNB hizo un uso excesivo de fuerza contra personas, tanto
indígenas como no indígenas, entre ellos personas que se dirigían a la frontera
para recibir ayuda. Las personas testigos describieron ataques y caos que
duraron todo el día y parte de la noche, en los que la GNB disparó
indiscriminadamente desde tanquetas a corta distancia y se lanzaron ataques
contra el hospital. Ante la falta de medicamentos y suministros, las personas
heridas fueron trasladadas a un hospital brasileño a 200 kilómetros de
distancia, en el que se practicaron operaciones quirúrgicas a muchas de ellas,
quienes tienen por delante meses de rehabilitación. El ACNUDH confirmó que
siete personas murieron (cuatro indígenas y tres no indígenas) y 26 resultaron
heridas por disparos de las fuerzas militares. Al menos 63 personas (indígenas
y no indígenas) fueron detenidas. Las personas detenidas fueron objeto de malos
tratos. Al ACNUDH le preocupan las declaraciones de personas testigos de las
que cabe deducir que puede que fueran matadas muchas más personas. También le
preocupan los informes sobre una posible fosa común, lo que amerita una investigación
más a fondo. El Estado aún no ha emprendido una investigación independiente e
imparcial de los incidentes.
67. Durante
esos hechos, fuerzas militares tomaron el control del aeropuerto de la
comunidad pemón de Maurak, que hasta entonces estaba bajo control indígena.
Maurak y otras dos comunidades siguen militarizadas en el momento de redactar
el presente informe.
68. Estos
hechos obligaron a por lo menos 966 pemones a huir al Brasil[48],
y la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que no regresarían por miedo
a ser perseguidas. Los hechos y el posterior desplazamiento han causado un daño
irreparable a los/as pemones, quienes han sufrido violaciones de sus derechos
individuales y colectivos, que atañen a sus costumbres, su territorio y la
libre determinación.
[1] Información
proporcionada por el Foro Penal Venezolano.
B. Personas migrantes y refugiadas
69. El
número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado
dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019[49].
Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la
Argentina, Ecuador y el Brasil.
70. Violaciones
de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales.
Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros
factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos
y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden
la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia
de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica. La persecución por
motivos políticos también está obligando a muchos/as venezolanos/as a solicitar
asilo[50].
Los/as niños/as y las personas adultas mayores son quienes a menudo se quedan
en el país, siendo las abuelas quienes asumen la carga de cuidados.
71. Las
violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración
también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera
como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la
migración. Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud
precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en
los países receptores. Además, independientemente de su condición
socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún
ahorro. Algunas personas carecen de recursos para viajar en autobús y no les
queda más remedio que hacer largas distancias a pie. Estas personas
“caminantes” recorren trayectos físicamente extenuantes, en el curso de los
cuales se ven expuestas a condiciones climáticas hostiles, falta de refugios en
buenas condiciones, alimentos, agua potable y saneamiento. Estas personas
también son objeto de robos a mano armada y de otros abusos. Muchas de ellas
están bajo presión para enviar alimentos, medicamentos y dinero a casa.
72. Las
situaciones de vulnerabilidad que son generadas en Venezuela se ven agravadas
por los problemas que las personas migrantes afrontan en los países de tránsito
y de destino, como la carencia de condición de migrantes regulares, condiciones
de vida indignas, explotación laboral, discriminación y xenofobia. Estos
factores de vulnerabilidad, conjugados con estereotipos hipersexualizados,
aumentan la exposición de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes a la
trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género durante el
viaje y en el lugar de destino.
73. Las
personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar
documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho
a tener una identidad. Estos obstáculos también tienen un impacto negativo en
el derecho a adquirir una nacionalidad y en el derecho a vivir en familia e
impide la reunificación familiar, la entrada y la residencia regulares, así
como la habilidad para acceder a educación, servicios de salud y a un trabajo
decente. Las personas migrantes que dejan el territorio venezolano o que
vuelven a él son muchas veces víctimas de extorsión y requisas, especialmente a
manos de la GNB. Además, los cierres de las fronteras y requisitos adicionales
para para viajar a los países de tránsito y destino obligan a las personas
migrantes a utilizar puntos de cruce no oficiales y aumentan, por ende, el
riesgo de que sean víctimas de abusos. Según información del Gobierno, entre 2017
y 2019, el Ministerio Público ha registrado 85 denuncias contra funcionarios
del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; 196
funcionarios están siendo investigados, 87 fueron acusados y 34 condenados,
todos por corrupción.
74. De
conformidad con información proporcionada por el Gobierno, desde 2018, 14,070
venezolanos y venezolanas han regresado al país como parte del plan “Vuelve a
la Patria”[51].
Las violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación
y salud, generan necesidades de protección basadas en leyes y estándares
internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones relacionadas
con el no retorno. Además, estas violaciones crean situaciones de
vulnerabilidad que caracterizan el proceso migratorio en todas sus etapas y que
exigen la protección de los derechos humanos.
[1] ACNUR, “Nota de
orientación sobre consideraciones de protección internacional para los
venezolanos – Actualización I”, mayo de 2019.
IX. Conclusiones
75. El
ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido
graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos
a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la
magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas.
Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar
los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como
instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando
la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en
el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales.
76. Durante
más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes,
políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado
las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.
Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el
orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y
externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el
empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa.
77. Todo
ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos
humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y
grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se
considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para
articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión
selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos,
que pueden constituir persecución por motivos políticos. Estas violaciones
requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del
Estado y la responsabilidad penal individual.
78. Miles
de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos
enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos
razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES.
Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y
posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de
control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata
para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no
repetición.
79. Los
pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos
individuales y colectivos. Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de
amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la
represión selectiva de los/as pemones que se oponen al Gobierno. Se necesita
más investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial
atención a la represión de los pueblos indígenas y las violaciones a sus
derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos.
80. El
Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones
de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad
ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha
envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le
preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin
precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las
condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren.
[1] Información proporcionada por el Gobierno.
VII. Recomendaciones
81. El ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno
de Venezuela para que de manera inmediata:
(a) Adopte todas las medidas
necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos,
agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos
programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial
atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la
salud sexual y reproductiva;
(b) Adopte de inmediato medidas
para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en
particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones
extrajudiciales.
(c) Lleve
a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes,
imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos,
incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la
justicia;
(d) Ponga en libertad a todas las personas
privadas arbitrariamente de su libertad;
(e) Detenga, condene
públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión
selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las
campañas de desprestigio;
(f) Adopte medidas efectivas para
proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas
profesionales de los medios de comunicación;
(g) Cese toda intimidación y
ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y
garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus
derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
(h) Detenga y prevenga el uso
excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;
(i) Disuelva las FAES y establezca
un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad
internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo
en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan
cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;
(j) Adopte medidas efectivas para
restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad
de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;
(k) Garantice el derecho de las
víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible
al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;
(l) Garantice el derecho a la
identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;
(m) Acepte y facilite el
establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
82. Además, el ACNUDH hace un llamamiento al
Gobierno para que:
(a) Publique regularmente
datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad,
pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros
fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis;
(b) Asigne la máxima cantidad
posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos
económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita
evaluar los gastos;
(c) Autorice el libre acceso a la
información de interés público;
(d) Garantice que todos los
programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no
discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y
rendición de cuentas;
(e) Aumente la cobertura de la
vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para
controlar los brotes de enfermedades transmisibles;
(f) Dé prioridad a las medidas para
disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los
derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un
mecanismo de seguimiento;
(g) Revoque las clausuras de
medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios
de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales,
incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos
oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;
(h) Desarme y desmantele a los
grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y
garantice la investigación de sus delitos;
(i) Proteja a las personas,
incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por
parte de agentes del Estado;
(j) Ratifique el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
83. El
Consejo de Derechos Humanos podría:
Solicitar al ACNUDH
que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los
derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento
de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes
públicos sobre la situación de los derechos humanos.
* Este informe se presentó fuera de plazo para
recoger en él los acontecimientos recientes.
[8] Red Venezolana de Gente Positiva, www.mavidcarabobo.org.ve; Federación Farmacéutica Venezolana,
http://fefarven.org.ve/portal/; CONVITE X La Salud, “Monitoreo del Acceso a la
Salud en Venezuela”, Boletín Nº20, marzo de 2019.
[9] OPS, “Venezuela
intensifica su campaña de vacunación contra el sarampión y la difteria”, 10 de
marzo de 2019, www.paho.org.
[12] www.unfpa.org/maternal-health. Ver también: AVESA et al., “Salud sexual y
reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela”, 2018, página 34.
[22] Espacio Público, “Detenciones en
línea. Presos por usar las redes sociales”, 2 de mayo de 2019,
http://espaciopublico.ong/detenciones-en-linea-presos-por-usar-las-redes-sociales/#.XPBMhY9S_cs.
[23] La Lista Tascón fue uno de los primeros
indicadores de la discriminación y persecución por motivos políticos. La lista,
una base de datos de más de tres millones de personas venezolanas que en
2003-2004 apoyaron la organización un referéndum para revocar el mandato del entonces
Presidente Hugo Chávez, fue utilizada para despedir masivamente a
funcionarios/as públicos/as.
[27] “Ley
Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”,
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 8 de noviembre de 2017, la
“Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo”, de 31 de enero de 2012, y la reforma del Código Orgánico Procesal
Penal adoptada por decreto ministerial el 15 de junio de 2012.
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/.
http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/.
[35] Según la
ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en el primer trimestre de 2019, 37
personas reclusas murieron por motivos relacionados con la salud (tuberculosis,
desnutrición, hepatitis, salmonela, neumonía, VIH/SIDA). Ver: www.oveprisiones.com/desnutricion-enfermedades-y-violencia-mataron-a-46-presos-en-el-1er-trimestre-2019/.
[37] De julio
de 2015 a marzo de 2017, el Ministerio Público registró las muertes violentas
de 505 personas en Operaciones de Liberación del Pueblo. “Actuaciones del
Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela (julio 2015 – marzo
2017)”, https://lortegadiaz.com/wp-content/uploads/2017/10/Folleto-OLP-2017.pdf).
[44] La ANC
creó el 8 de agosto de 2017 la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y
la Tranquilidad Pública, encargada de examinar e informar sobre la
"violencia política" de 1999 a 2017, incluidas las violaciones de los
derechos humanos relacionadas con ella. Como observó el ACNUDH, la Comisión no
cumple los estándares internacionales relativos a las comisiones de la verdad.
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