AUNQUE FUERON SALVADOS DE LA JUSTICIA PENAL, SUS
HUELLAS QUEDARON EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS Y CIPER LAS RASTREÓ
La
lista que el mundo político quería enterrar: los involucrados en platas
ilegales que figuran en los Tribunales Tributarios
Políticos con pasados tan oscuros y vergonzosos que tienen la cachaza y caradurismo de criticar, recomendar y además pregonar una democracia que nunca han practicado como Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera.
29.12.2020
Cuando la Fiscalía acreditó que
la precampaña de Michelle Bachelet fue
financiada por SQM, el SII dejó de hacer denuncias ante la justicia penal.
Solo SQM, Penta y Corpesca
fueron investigadas y al resto de las empresas las enviaron a los Tribunales
Tributarios, donde se les aplicaron multas.
A algunas, como Ripley y
Cencosud, ni siquiera se les sancionó por el total de las boletas.
CIPER revisó esos procesos y
detectó 28 empresas involucradas.
Entre las boletas rectificadas
figuran pagos a personas o sociedades vinculadas a los presidentes de la DC y
UDI, a un ministro del Tribunal Constitucional, a parlamentarios, a ex
ministros, a Michelle Bachelet y a
Sebastián Piñera, entre otras figuras públicas.
Una nómina a tener en cuenta en
época de elecciones.
Decenas de grandes empresas y
dirigentes políticos no fueron investigados ni sancionados por la justicia
penal por el financiamiento ilegal a las campañas.
Pero quedaron rastros.
CIPER analizó más de 40 denuncias que el Servicio de Impuestos
Internos (SII) presentó ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para
que esas empresas pagaran multas.
El análisis de esas sentencias arroja una nómina transversal de políticos, de derecha a
centroizquierda, vinculados a personas que extendieron las
boletas por las que estas empresas fueron sancionadas por los TTA.
Una nómina que cobra interés público en época de campaña, cuando
estas mismas figuras públicas
pueden intentar convertirse en constituyentes, postular a una reelección o participar en la definición de
candidatos.
El análisis de las resoluciones de los TTA evidencia que hubo denuncias “tuertas”, que solo incluyeron algunos de los pagos ilegales, como la presentada en contra de Ripley, que dejó fuera los $50 millones que se cancelaron a
través de dos facturas falsas a una sociedad
relacionada con el comando de campaña de
Michelle Bachelet, en
2013.
Las denuncias presentadas por el SII en los Tribunales Tributarios constituyen lo que se denominó “salida administrativa” a los casos de
financiamiento ilegal de
la política.
Un eufemismo que implicaba que las empresas y políticos
involucrados no serían investigados por la Fiscalía y no tendrían sanciones
penales.
Esas denuncias empezaron a presentarse en abril de 2016, cuando
las contabilidades de SQM y Penta ya eran públicas, y los políticos
involucrados sumaban decenas desde la UDI al PS.
Como
las denuncias ante los Tribunales Tributarios no conducen a una investigación
penal, nadie indagó si
los pagos que recibieron decenas de personas estrechamente vinculadas a
políticos, a
través de boletas y facturas falsas, tuvieron un correlato en leyes aprobadas
en el Congreso o en otras gestiones para beneficiar intereses privados.
Solo tres investigaciones se hicieron a fondo en los tribunales
de justicia penal: SQM, Penta y Corpesca.
Y en esta última, al menos, se detectaron delitos como cohecho y soborno, donde la entrega de dinero ilegal tuvo incidencia en la
elaboración de políticas públicas.
Los
procesos en los Tribunales Tributarios se originaron por 45 denuncias
presentadas por el SII, las que involucran a 28 empresas que pagaron boletas
falsas a personas relacionadas con políticos.
Fueron las propias empresas las que rectificaron esas boletas
ante Impuestos Internos, porque no podían probar que los servicios pagados
efectivamente se realizaron.
Gracias a las sanciones aplicadas en estos casos por los TTA, el
SII ha recolectado $3.700 millones en multas.
Desde el SII señalaron a
CIPER que estas denuncias han sido más exitosas que las penales para recuperar
el dinero correspondiente a impuestos no pagados.
En la
siguiente tabla el detalle de las sentencias aplicadas por los Tribunales
Tributarios.
Presione la flecha a la derecha para revisarlas todas.
|
Fecha Denuncia |
Empresa |
Tribunal |
Multa ($) |
Porcentaje Multa |
|
|
31 de Marzo de 2017 |
Abastible S.A. |
Tercero Metropolitano |
117,316,715 |
200% |
|
|
21 de Julio de 2017 |
Agrícola OGF |
Tribunal Puerto Montt |
Sin sanción |
||
|
20 de Diciembre de 2016 |
AMC Consultores |
Cuarto Metropolitano |
Sin sanción |
0 |
|
|
19 de Julio de 2017 |
Andrés Navarrete Varas |
Cuarto Metropolitano |
Sin sanción |
||
|
4 de Abril de 2017 |
Asesorías e Inversiones El
Arrayán Limitada |
Tercero Metropolitano |
525,436 |
1UTA |
Tabla: Nicolás Sepúlveda Descargar los datos Creado con Datawrapper
FINANCIAMIENTO POLÍTICO
SIN CASTIGO
En las sentencias
alojadas en los Tribunales Tributarios referidas al financiamiento político
ilegal figuran los nombres de dirigentes políticos o de sus familiares,
asesores y colaboradores. Allí aparecen, por ejemplo, los detalles de la
sentencia contra el senador Iván
Moreira (UDI), desconocida hasta ahora, quien debió cancelar $14,2
millones por facilitar boletas falsas a una
serie de empresas, entre la que se cuenta una sociedad de un hijo del
actual ministro de Obras Públicas, Alfredo
Moreno (vea aquí la
sentencia contra Moreira). Esa sociedad, AMC
Consultores, también fue denunciada por el SII por esos pagos.
En la nómina de
boleteros contenida en las sentencias tributarias aparecen personas o sociedades
vinculadas al presidente de la DC, Fuad
Chahín;
al presidente de la UDI, Javier
Macaya;
al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián
Letelier (ex UDI); al ex ministro del Interior del gobierno
de Eduardo Frei, Carlos Figueroa (DC); al ex senador
y ex ministro del Interior Andrés
Zaldivar (DC); al ex senador y ex ministro Alberto
Espina (RN); al actual
alcalde de La Florida, Rodolfo
Carter; a los senadores Felipe
Kast (Evópoli), Ena
Von Baer (UDI), Francisco
Chahuán (RN) y Felipe
Harboe (PPD);
al lobista Enrique Correa; al actual bi
ministro de Energía y de Minería, Juan
Carlos Jobet; a los diputados Gabriel
Silber (DC) y Gonzalo
Fuenzalida (RN); y al alcalde de Zapallar, Gustavo
Alessandri (UDI).
Pero no todos los
nombres de personas y empresas que emitieron boletas falsas para financiar la
política aparecen en las denuncias tributarias del SII. El ejemplo más
llamativo es que ninguna de las sociedades relacionadas con financiamiento
ilícito para campañas de Michelle Bachelet fue denunciada por
el SII ante los TTA, ni las que recibieron dineros de SQM ni las que recibieron
aportes del Grupo Angelini.
No es un privilegio
de Bachelet, las empresas asociadas al
financiamiento ilegal de las campañas del Presidente Sebastián Piñera tampoco fueron
denunciadas.
Una de las
ausencias más llamativas es la de Asesorías
Credo,
empresa directamente involucrada con el comando que llevó a Michelle Bachelet a la presidencia en
2013. Esa sociedad fue formada por el publicista Diego
Perry, uno de los creativos
tras la campaña presidencial de ese año. Entre diciembre de 2013 y enero de
2014 Asesorías Credo recibió en total $50
millones de la multitienda Ripley, la que rectificó
esos pagos ante el SII señalando que no existían respaldos que los
justificaran. El Mercurio reveló un correo electrónico
donde dos gerentes de Ripley señalaban que eran pagos asociados a Giorgio
Martelli, el principal recaudador de dineros negros para el bacheletismo. A pesar de todos los antecedentes, el SII no
denunció esos pagos.
La denuncia contra
Ripley, presentada el 3 de abril de 2017, solo incluyó los pagos de la
multitienda a las sociedades Asesorías
VSA y VOX Comunicación Estratégica, dos de las empresas
encargadas de recolectar aportes empresariales ilegales a la campaña presidencial
de Laurence Golborne. Por esos traspasos
de dinero Ripley recibió una multa de $15,7
millones, según la sentencia del Tercer Tribunal
Tributario de la Región Metropolitana (ver aquí).
Consultado por
CIPER respecto de por qué no se incluyeron los pagos de Ripley a Asesorías
Credo, el SII señaló que “se pudo verificar que los documentos tributarios
fueron emitidos por una cuantía muy menor y el contribuyente que los recepcionó
presentaba un buen comportamiento tributario anterior, de modo que no se
superaba el estándar para proceder con una querella criminal y la sanción
pecuniaria se encontraba prescrita”.
Pero eso no es
cierto, los pagos de Ripley a Asesorías VSA y Vox Comunicaciones fueron en la
misma época que los pagos a la empresa ligada al comando de Bachelet, y de
hecho, Asesorías Credo recibió más del triple de dinero ($50 millones versus
$15 millones) que VSA y más de 10 veces lo recibido por Vox ($5 millones).
Otra ausencia
notoria en las denuncias del SII ante los Tribunales Tributarios está
relacionada con Cencosud, el retail de Horst
Paulmann. La compañía fue denunciada por haber
traspasado $48 millones a una sociedad
relacionada con el ex candidato presidencial Marco
Enríquez Omínami, pero no se incluyó una boleta falsa emitida a Ana
Palacios, una “boletera” de la red de financiamiento ilegal de Pablo
Longueira. Desde el SII explicaron que esto sucedió porque
cuando recibieron ese antecedente el pago ya estaba prescrito.
Estas omisiones en
las denuncias de Impuestos Internos ante los Tribunales Tributarios no son las
únicas. CIPER sumó más de 20 empresas que rectificaron pagos realizados a
través de boletas falsas relacionados con políticos y que no fueron objeto de
denuncia del SII. Entre las más relevantes se cuentan Endesa, Aguas
Andinas, Entel, Cruz
del Sur (cuando estaba en manos del Grupo Angelini), Metalpar, Automotora
Gildemeister, Alsacia, y dos sociedades del Grupo
Hurtado Vicuña (controladores de Entel, Consorcio, Universidad
Santo Tomás y Pucobre, entre otras): Inversiones Paso Nevado e Inversiones
Longovilo.
Tampoco se
presentaron denuncias contra las empresas pesqueras del centro sur del país,
agrupadas en Asipes, las que también financiaron ilegalmente la política (vea reportaje de CIPER).
Las rectificaciones
tributarias de esas empresas nunca se conocieron completas. Sí hay pistas:
entre los pagos ilegales de Endesa había aportes
para campañas presidenciales de Eduardo
Frei Ruiz Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y Aguas
Andinas rectificó pagos a personas ligadas a Sebastián Piñera.
Consultado el SII
por sus razones para no presentar denuncias tributarias contra esas empresas,
el servicio respondió a CIPER por escrito:
“El
curso de acción correspondiente se determina de acuerdo con el análisis
realizado caso a caso.
En
general, los antecedentes reunidos durante los procesos recopilatorios
instruidos en relación a los contribuyentes mencionados fueron insuficientes
para sostener una acción penal o infraccional (sanción pecuniaria).
También
se verificó otra situación, donde los antecedentes que se analizaron fueron
recibidos en este Servicio con fecha 24 de febrero de 2016 y la Declaración
de Impuesto a la Renta maliciosamente falsa detectada correspondía al Año
Tributario 2010.
Por
este motivo, a la fecha en que conocimos de los antecedentes, tanto la acción
penal como la infraccional se encontraban prescritas.
Lo
mismo ocurrió respecto de otro contribuyente, cuyos antecedentes remitidos por
el Ministerio Público fueron recibidos en este Servicio el 23 de marzo de 2016,
y las infracciones tributarias también habían ocurrido en el Año Tributario
2010”.
Las 45 denuncias
del SII ante los tribunales tributarios han logrado recaudar, al menos, $3.700 millones en multas a pagar por las
empresas y personas denunciadas. Ese monto puede crecer ya que aún hay dos
causas que se discuten en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, cuyos
antecedentes siguen siendo privados debido a que el proceso aún no se cierra.
Hasta ahora, siete de las 45 denuncias han quedado sin sanción.
LA TUMBA DE LA
INVESTIGACIÓN A LAS PLATAS ILEGALES
El 27 de abril de
2016 el SII presentó las primeras denuncias ante los Tribunales Tributarios.
El primer
denunciado fue Juan Marcos Moreno, a través de su
sociedad Altercom Consultores.
En esa época,
Moreno era el encargado de la agenda
legislativa del gobierno de Michelle Bachelet.
El SII lo acusó de emitir una boleta falsa a SQM
por $11,1
millones.
Militante del PPD, era el presidente del Tribunal
Supremo de ese partido y había participado en la campaña presidencial de 2013.
Nunca fue
formalizado por la Fiscalía y debió pagar una multa de $4,4
millones (vea aquí la
sentencia).
El segundo
denunciado fue José Hormazábal
López,
quien formaba parte de una red de “boleteros” de la UDI.
En total, emitió
cuatro boletas falsas por $19 millones a SQM (ver sentencia).
Él sí fue
formalizado por la Fiscalía, aunque luego se le aplicó una salida alternativa.
Su caso contradice
uno de los criterios esgrimidos por el SII a la hora de perseguir delitos
tributarios: que solo pueden hacerlo en un tipo de tribunal por el principio
jurídico de no juzgar dos veces por el mismo delito.
La revisión de las
sentencias arroja que en otros cinco casos también se presentaron denuncias
tributarias en paralelo a la investigación penal.
Las empresas
comenzaron a aparecer ante los tribunales tributarios a fines de 2016.
Inaugurando la salida administrativa pensada por el SII, el 14 de diciembre de
ese año la sociedad Desarrollo
y Servicios Melipilla, propiedad del Grupo Ariztía, fue denunciada por
haberle pagado $19 millones a un grupo de
“boleteros” ligados al senador Iván
Moreira. La multa llegó a los $12,4 millones.
Pocos días después,
el 20 de diciembre de 2016, fue denunciada ante el Cuarto Tribunal Tributario
de la Región Metropolitana la empresa AMC
Consultores, propiedad del hijo del actual ministro del MOP,
Alfredo Moreno, quien antes fue canciller durante el primer gobierno de
Sebastián Piñera y luego ejerció como el asesor principal del Grupo Penta
cuando recién despuntaba el escándalo por las platas políticas.
El SII denunció a
la sociedad del hijo de Moreno por haber pagado una boleta falsa por $3
millones a Andrea Schultz, secretaria del senador Moreira.
AMC Consultores es
una de las empresas que se hizo cargo del fideicomiso de US$61 millones del
ministro Alfredo Moreno cuando en marzo de 2018 ingresó al gabinete del
Presidente Piñera.
La denuncia contra esa empresa quedó sin sanción, luego de que el Cuarto Tribunal Tributario no se convenciera de que la boleta emitida por Andrea Schultz fuera falsa (vea aquí la sentencia).
Con la sola excepción de Corpesca, las empresas del Grupo Angelini que
rectificaron pagos asociados a políticos nunca fueron investigadas por el
Ministerio Público: Copec, Empresas Copec, Inversiones Siemel, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible y Cruz del Sur (propiedad del grupo hasta 2013).
A pesar de que concentraron la mayor cantidad de aportes
ilegales a la política, después de SQM, no enfrentaron un proceso penal (vea
reportaje de CIPER “Las
pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del
Grupo Angelini”).
Todas
esas sociedades, excepto Cruz del Sur, fueron denunciadas por el SII ante los
Tribunales Tributarios el 31 de marzo de 2017.
El resultado de esas denuncias fue que el Grupo Angelini debió
desembolsar más de $2
mil millones en multas,
como reveló a inicios de este año un reportaje de El Mostrador.
Los
principales beneficiados de las platas ilegales de los Angelini fueron
dirigentes políticos y sociedades ligadas a la DC, al PRI, a RN y la UDI.
Pero también hubo traspasos de dinero para campañas presidenciales: $218 millones para la sociedad Asesorías y Negocios, la empresa creada por Giorgio Martelli que se usó para recolectar dineros para
la campaña de Bachelet de
2013; $142 millones para Harolds & Johns, una empresa del militante PPD Harold
Correa, cercano
al ex ministro del Interior, Rodrigo
Peñailillo, y Álex Matute, cuyos pagos se hicieron a través de Martelli.
Otros
pagos de las empresas del Grupo Angelini beneficiaron a René Arrieta, a través
de la sociedad Asesorías e Inversiones Arrieta.
Él ha sido un cercano colaborador del senador Felipe Harboe (PPD) y de su señora, la ex subsecretaría de Economía, Katia
Trusich. En total, Arrieta
recibió $52 millones de Copec, Arauco y Corpesca.
Esos pagos fueron rectificados por las empresas. Otros $87 millones fueron
para bufetes de abogados donde participaba el ex senador y ex ministro Alberto Espina (RN).
Otras
sumas millonarias se entregaron al Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, el que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones; otros $126 millones fueron para Asesorías Técnicas S.A. una empresa usada por RN para
recaudar dinero.
El ex ministro de Defensa y actual carta presidencial de ese
partido, Mario Desbordes, declaró bajo juramento señalando que se trató de pagos a cambio
de informes, pero estos fueron desconocidos por los representantes legales de
Copec.
Los pagos fueron una verdadera renta para la empresa de RN, los
recibieron mensualmente entre enero de 2008 y diciembre de 2013.
Entre
los pagos rectificados por las empresas del Grupo Angelini que aparecen en las
sentencias de los tribunales tributarios, y que se desconocían hasta ahora,
figuran una sociedad del ex ministro del Interior del gobierno de Frei Ruiz Tagle, Carlos Figueroa Serrano (Figueroa y Compañía Ltda.) recibiendo $219 millones entre
2008 y 2013; la sociedad Inversiones y Asesorías Seal, del
ex diputado y ex ministro de Energía, Rodrigo Álvarez (UDI),
recibiendo $22 millones en 2010; y otros $20 millones en 2009 para Asesorías Schultz y Compañía, de
Carlos Schultz Fleuriel, quien en esa época era socio de José Silva Bafalluy, hermano del ex presidente de la UDI, Ernesto Silva.
Otros
dirigentes políticos beneficiados con los pagos del Grupo Angelini son el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el líder gremialista Pablo Longueira.
Aunque los pagos asociados a ellos no figuran en las sentencias
de los Tribunales Tributarios (debido a que algunos de esos tribunales no
publican el detalle de las causas), CIPER tuvo acceso a las rectificaciones de Empresas
Copec, donde sí aparecen los nombres de un
grupo de boleteros asociados a Longueira,
y de una sociedad que es
propiedad de Zalaquett.
En la sentencia contra otra de las empresas de los Angelini, Inversiones Siemel, figura el ex encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI), Eduardo Montalva, recibiendo $7,7 millones en abril de 2013.
EL MINISTRO DEL TC EN
CINCO EPISODIOS
Otro pago que
figura en las sentencias de los Tribunales Tributarios y que hasta ahora se
desconocía fue el que recibió la empresa Cristián
Letelier y Compañía Ltda., del actual
ministro del Tribunal Constitucional, Cristián
Letelier Aguilar: en julio de 2011 recibió $22,2
millones de Copec, justo cuatro meses después de que asumiera como
diputado en reemplazo de Gonzalo Uriarte, quien a su vez había saltado al
Senado a ocupar el puesto de Evelyn Matthei, luego de que esta fuera llamada al
gabinete ministerial del primer gobierno de Piñera.
No es el único pago
rectificado con el que carga en su historial el ministro del TC.
La empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said,
rectificó un pago realizado a la misma empresa Cristián Letelier y Compañía
Ltda.,
por $5,5 millones girados en 2009.
Cristián Letelier
también apareció en otros capítulos del escándalo del financiamiento ilegal de
la política: cuando recién había asumido en el Tribunal Constitucional, a
inicios de 2015, La Tercera reveló un correo electrónico
que le había enviado a uno de los dueños de Penta, Carlos Délano, dos años
antes.
“Apreciado
Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para
defenderlos en tribunales.
Ahora
que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he
defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre
son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento
y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira.
Toda
la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad.
Un
abrazo. Cristián”, señalaba el correo electrónico enviado el 7 de junio de 2013.
06.-
Cristian Letelier, miembro del Tribunal Constitucional.
No solo eso, cuando
recién estallaba el caso Penta, Letelier asumió la defensa de Paula Rojo, la
secretaria de Alberto Cardemil, el ex vocero de la dictadura y ex diputado de
RN que estuvo imputado por emitir boletas falsas a Penta.
Varios años
después, cuando las investigaciones sobre las platas políticas se definían en
medio de estrategias, acuerdos y el tira y afloja entre Impuestos Internos y la
Fiscalía, Letelier jugó un rol clave desde su asiento en la segunda sala del
Tribunal Constitucional.
En enero de 2019 se
estaba definiendo el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC), quien estaba
acusado de recibir platas negras desde SQM (vea aquí reportaje de CIPER).
La Corte de
Apelaciones había rechazado su desafuero y el Ministerio Público había apelado a
la Corte Suprema. Para frenar esa jugada, Pizarro fue al Tribunal
Constitucional, acusando que los fiscales no podían apelar a un desafuero.
El ministro
Cristián Letelier votó a favor de la solicitud de Pizarro, pero no se limitó a
eso: incluyó una prevención en el fallo.
En esa prevención
desplegó una batería de argumentos para apuntalar que el SII es el único
organismo que puede perseguir los delitos tributarios: “La
entidad estatal que tiene la obligación de defender las finanzas públicas en
materia de impuestos omitidos o declarados maliciosamente por el contribuyente,
obviamente es el Servicio de Impuestos Internos.
No
es función de la Fiscalía perseguir contribuyentes sin que lo haga dicha
institución fiscal.
De
darse esa situación se está frente a un absurdo, ante una realidad contraria a
la razón”, señala en uno de los apartados (vea
aquí el fallo del TC).
El desafuero del
senador Jorge Pizarro fue desechado por la Corte de Apelaciones en sus dos
caminos legales: por no encontrar méritos a la acusación de presentar una
declaración de impuestos falsa (donde sí había una querella del SII), y por no
existir querella del SII en su contra respecto del delito de facilitación de
boletas falsas. El mismo argumento esgrimido por Cristián Letelier, el ministro
que se benefició con esa interpretación de la ley, ya que Impuestos Internos
nunca lo denunció por las boletas que emitió a las empresas de los Angelini y
los Said, y que luego esos grupos rectificaron.
CIERRE ADMINISTRATIVO
DE LAS CAUSAS
La investigación
tributaria y penal sobre las platas ilegales a la política partió a toda
máquina en 2014 comandada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y
la administración en el SII de Michael Jorrat y su jefe jurídico, Cristián
Vargas.
La hebra que tiraron vino del Grupo Penta, el
que solo financiaba a políticos de derecha, pero cuando aparecieron en escena
los pagos de la minera SQM, que apuntaban a casi todo el espectro político,
incluyendo al bacheletismo que entonces
gobernaba, aparecieron las trabas.
Los dos fiscales
mencionados, además de los jefes del SII Jorrat y Vargas, terminaron fuera de
sus puestos y todos denunciaron presiones políticas para frenar las indagatorias.
La tercera empresa
que logró ser investigada a fondo en la justicia penal fue Corpesca, la
pesquera del Grupo Angelini.
El extenso juicio
finalizó hace pocas semanas y sumó condenas para el ex senador Jaime Orpis
(UDI) y la ex diputada Marta Isasi.
Pero no hubo más.
A mediados de 2015
el SII restringió las denuncias y querellas que presentó y reclamó la
exclusividad para perseguir los delitos tributarios.
En la Fiscalía
acusan que esa decisión de Impuestos Internos frenó todo, porque no se siguieron
abriendo contabilidades de empresas ni revisando correos electrónicos, los que
habían sido claves para detectar los delito de soborno y cohecho en los casos
Penta, SQM y Corpesca.
En medio de esa
disputa, el SII hizo un llamado público para que las empresas rectificaran los
pagos vinculados a la política a través de boletas y facturas falsas, para darles una
salida administrativa.
Al interior de
Impuestos Internos aseguran que siguieron un criterio técnico, ya que su rol es
recuperar el perjuicio fiscal generado, y que eso se ha logrado con el cobro de
multas y con denuncias ante los Tribunales Tributarios, porque en los
tribunales penales no les ha ido bien.
Ejemplifican con
las recientes condenas a Orpis e Isasi, donde los ex parlamentarios fueron
absueltos por los delitos tributarios, a pesar de que en el caso del ex senador
de la UDI sí había una querella del SII en su contra.
Las indagatorias
penales que comanda la Fiscalía tampoco han tenido resultados auspiciosos.
Según un informe
publicado por el Ministerio Público en septiembre pasado, de un total de 402
imputados en las aristas Penta, SQM, Corpesca y Asipes (pesqueras del sur),
solo 27 estaban a la espera de juicio y otros 23 habían sido condenados en
procesos abreviados. A 151 imputados se les suspendió el procedimiento (salida
alternativa), respecto de otros 85 se decidió no perseverar (por no contar con antecedentes
para fundar una acusación), 90 fueron sobreseídos y se archivaron los
antecedentes de otros 26.
HASTA AQUÍ NO MÁS
LLEGAMOS
Las empresas Watt’s, CAP, Inmobiliaria
Ecomac, Banco
BCI,
dos sociedades relacionadas con el Grupo
Said (Inversiones
Caburga e Inversiones Santa Virginia), otras dos del Grupo
Hurtado Vicuña (Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado)
y GT Advisors, fueron mencionadas
en el testimonio ante la Fiscalía que prestó Tomás Carrasco, quien recolectó dineros
para las campañas presidencial y senatorial de Laurence Golborne
(ambas fracasadas).
Ninguna de ellas enfrentó la justicia penal, aunque Carrasco en su declaración ante los fiscales contó con lujo de detalles a qué empresas le había boleteado y por qué montos (vea reportaje de CIPER). A pesar de esos antecedentes, el SII excluyó de su denuncia ante los Tribunales Tributarios a Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.
El Banco BCI sí fue denunciado por Impuestos
Internos, y el Cuarto Tribunal Tributario lo condenó a pagar una multa de $141
millones.
Y aunque esa sentencia no consigna el detalle
de los dirigentes políticos involucrados, CIPER tuvo acceso a la rectificación
del BCI, en la que figuran pagos a personas y sociedades relacionadas con el
senador Felipe Kast (Evópoli); el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; la
diputada María José Hoffmann (UDI); la senadora Ena Von Baer (UDI); el ex
alcalde Pablo Zalaquett (UDI); el diputado y presidente UDI, Javier Macaya; y
el líder gremialista Pablo Longueira.
En enero de 2016 el presidente del BCI, Luis
Enrique Yarur, declaró ante el Ministerio Público que “tengo afinidad por un partido político que es la
UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha
agrupación” (vea aquí
reportaje de CIPER).
08.-
Las dos sociedades del Grupo Said involucradas
en el escándalo del financiamiento ilegal de la política (Inversiones Caburga e
Inversiones Newport) también fueron denunciadas por el SII ante los Tribunales
Tributarios.
En total, el grupo tuvo que desembolsar $463
millones en multas, luego de que sus empresas fueran condenadas por el Tercer y
el Cuarto Tribunal Tributario Metropolitano, respectivamente.
En esas
sentencias no se entregan los nombres de las personas que recibieron el dinero
de las empresas de los Said, pero CIPER pudo acceder a esa
información revisando las rectificaciones tributarias de Caburga y Newport.
La lista de beneficiarios políticos de las platas de los Said es larga e incluye al dueño de Imaginacción, Enrique Correa; a sociedades del Presidente Sebastián Piñera; a una sociedad del ex ministro del Interior y ex senador, Andrés Zaldivar (DC); al ex candidato presidencial Laurence Golborne; y al ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (vea aquí reportaje con la nómina completa).
Entre las sentencias alojadas en los tribunales tributarios hay
un grupo que están asociadas a las campañas del líder del PRO, Marco Enríquez Ominami (ME-O). La sentencia más firme de ese conjunto
es la de OAS, la filial en Chile de la constructora brasilera involucrada en
financiamiento político ilegal en distintos países de Latinoamérica. La
denuncia contra OAS incluyó cinco pagos a Cono Sur Research,
empresa del ex mano derecha de ME-O, Cristián Warner, por un total de $154
millones. La
multa contra OAS llegó a $131 millones (vea aquí esa sentencia).
También
hay boleteros individuales asociados a la red de financiamiento ilegal del PRO,
como Andrés Navarrete, a quien el SII acusó por facilitar un total de siete boletas
falsas a empresas de Cristián Warner y ME-O. En su declaración ante el SII,
Navarrete señaló “no recordar” que servicios había prestado a cambio de esos
pagos. A pesar de eso, el Cuarto Tribunal Tributario lo absolvió por no haber
“adquirido la convicción que la parte denunciada haya actuado con el propósito
específico de cometer o hacer posible la comisión de alguno de los delitos
descritos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario” (vea aquí la sentencia).
Sin multas quedaron también las empresas Trébol Producciones, Inmobiliaria El Peñón, y Agrícola OGF, todas asociadas a una arista del supuesto
financiamiento ilegal a ME-O.
En estos casos el SII acusaba que dos sociedades de la familia
Ossandón Larraín habían
traspasado $170 millones a personas ligadas a ME-O sin que hubiera respaldo de esos
trabajos (vea reportaje de CIPER).
Pero esas sociedades lograron demostrar que ese dinero se utilizó en una
campaña de protección del bosque nativo en el sur de Chile.
Los
boleteros relacionados con ME-O que sí fueron multados son Liliana Espinoza, por haber facilitado 30 boletas falsas a sociedades relacionadas
con Enríquez Ominami, entre las que se cuenta el propio Partido Progresista, por un total de $28,9 millones entre 2011 y 2015.
Ella recibió una multa de $11,2 millones.
Caso similar fue el de su hija, María Aguirre Espinoza, acusada de emitir 27 boletas falsas a las mismas sociedades que
su madre. Su multa fue de $3,3 millones.
Carlos Muñoz Valle fue acusado de falsear su declaración de impuestos por no
declarar los ingresos percibidos por personas a las que él ordenaba emitir
boletas falsas a las sociedades ligadas al PRO. Su multa llegó a $23,8
millones.
A
pesar de que la mayoría de las sentencias alojadas en los Tribunales
Tributarios, relacionadas con las platas políticas, detallan los hechos por los
que el SII presentó la denuncia, hay otras que mantienen bajo reserva esa
información.
Las que fueron dictadas por el Cuarto Tribunal Tributario de la
Región Metropolitana no
incluyen ni los nombres de las personas involucradas ni los montos asociados a
sus boletas falsas. Es el mismo tribunal que dejó sin sanción a un
tercio de los contribuyentes denunciados allí (cinco de 15).
Debido
a esa política del Cuarto Tribunal Tributario metropolitano, no es posible
saber todos los nombres de las personas o empresas que recibieron aportes de
empresas que fueron revisadas en esa instancia, como Celulosa Arauco y Constitución, Empresas Copec y Asesorías IMBC (la sociedad del ex administrador
electoral de la senadora Ena Von Baer que recibió dinero de SQM y cuya esposa
tiene también boletas rectificadas por el Banco BCI).
Vea la nota sobre esta artículo
enviada por Imaginaccion (Enrique Corrrea) y la respuesta de CIPER.
Comentarios (7)
WALDO CORVALAN31.12.2020
No olvidar a Carolina Toha y a su boletero q a
través de una empresa de contabilidad, financió su campaña a presidenta del
PPD. Los implicados quedaron libres aduciendo “prescripción” del delito....
(informe Ciper)
FRANCISCO FLORES31.12.2020
Mi gratitud y agradecimiento por toda la labor
realizada desde hace mucho tiempo por CIPER. Ad portas de enfrentarnos al
proceso de elección de constituyentes y más adelante a otras elecciones en en
las cuales se expresa la soberanía popular, nada más definitivamente útil como
el poder contar con esta información para llevar a cabo un buen proceso de toma
de decisiones respecto de nuestras futuras autoridades por parte nuestra. Un
abrazo.
MAXIMO ESCOBAR CABELLO30.12.2020
Todos sabemos que el dinero financia a un cierto tipo
de personas sedientas de poder para seguir reproduciendo ese mismo tipo de
poder. La pregunta es: dada la magnitud de la evidencia ¿Necesita Chile una
cirugía cruenta y mayor de este tipo de sicópatas? o es que esta normalidad
también se replica en infinitos niveles de aceptación que permanecemos
impávidos y a merced voluntaria de tales miserias. Creo que el país que
concibieron los mártires no merece tal nivel de basofia.
EDUARDO TESTART30.12.2020
Felicitaciones CIPER y al ex fiscal Gajardo. Por
desgracia una vez mas comprobamos como los POLITICOS han sido el germen de la
CORRUPCION en CHILE que es la madre de los demás problemas que hoy lamentamos.
Se podría pensar que algún dia veremos al menos a estos POLITICOS en casa o en
la cárcel? por el bien de CHILE!!!
RAUL TOBAR FLORES30.12.2020
ESTOS SON LOS "HONORABLES" QUE DIRIGEN
LOS DESTINOS DE NUESTRO PAIS , HAY DE TODAS LAS TENDENCIAS , LO QUE DEMUESTRA
QUE NINGUNO ESTA NI AHI CON EL PUEBLO , SOL O LES INTERESA ENRIQUECERCE Y
APITUR A LOS SUYOS , EN VERDAD SON ASQUEROSOS , CERO DECENCIA ,CERO
"VOCACION PUBLICA" MONTON DE CERDOS , SINVERGUENZAS , MANEJADOS A LA
LARGA POR LOS DUEÑOS DE CHILE LOS GRUPOS ECONOMICOS , DUDO QUE POR SIMPATIA LES
HAYAN PASADO LAS LUCAS, ESTO DEMUESTRA CORRUPCION
ANDRÉS30.12.2020
Como periodista, expreso mi absoluto reconocimiento
y total admiración al equipo de Ciper por la labor desempeñada y la difusión de
este tipo de investigaciones, tan necesarias para hacer valer los principios de
la transparencia y de libertad de información. Cómo quisiera formar parte de
este medio y aprender a realizar estas indagaciones tan acuciosas, completas e
indispensables para el bienestar de nuestra sociedad. Cordiales saludos desde
Magallanes.
ANDRES29.12.2020
Desolador. Siempre vivimos en un país con tal nivel
de corrupción y nunca lo pudimos ver. Es realmente desolador.
Tomado de: https://www.ciperchile.cl/
Y
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