BAJO FACHADA ANTICORRUPCIÓN, ARGENTINA Y CHILE SE UNEN AL BLOQUEO FINANCIERO CONTRA VENEZUELA
Los presidentes Sebastián Piñera y Mauricio Macri apoyan abiertamente un golpe de Estado en Venezuela
Los gobiernos de Argentina y Chile "trabajan en la confección de un protocolo bilateral que busca prevenir y detectar una eventual entrada de capitales venezolanos que sean sujetos de hechos de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro", reseña Clarín.
De la misma forma en que Colombia usa la misma fachada anticorrupción bajo la tutela del Departamento del Tesoro estadounidense, Argentina y Chile hacen lo propio mediante un mecanismo conjunto "para impedir que el régimen de Nicolás Maduro mueva los activos y reservas que tiene en el exterior".
En su momento, el ex presidente Juan Manuel Santos bloqueó la entrada a Venezuela de 15 contenedores con 25 mil 210 cajas CLAP motivado por supuestas conexiones de la compra de alimentos con dinero corrupto.
Asimismo, el Gobierno Bolivariano intentó retirar hace unos meses 1 mil 200 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra, pero la entidad bloqueó la solicitud bajo presión de los Estados Unidos.
Dice Clarín: "El plan busca ser una experiencia inicial pero tiene raíces (sic) un reclamo del llamado Grupo de Lima, y por lo tanto de decisiones que surgen en las esfera de las cancillerías regionales".
De esta forma, los Estados argentino y chileno buscarán no sólo evitar que dinero venezolano sea usado para hacer compras en sus respectivos países, sino también la "entrega de información espontánea, que muchas veces los países se niegan a entregar por sus propios celos ante determinados casos. Otro aspecto es el que apunta a definir patrones de acción y revisión; un seguimiento de la información para usarla, la judicialización del caso y, eventualmente, la recuperación del activo".
Esta acción tendría alguna relación con el saqueo de activos de PDVSA en Argentina con permiso del gobierno de Mauricio Macri y bajo la sombra de la "embajadora" de Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus, con el fin de seguir confiscando de manera ilegal los bienes públicos de Venezuela con el fin de lograr un cambio de régimen o, en última instancia, una guerra fratricida en la cuenca del Caribe.
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