La presión social obliga a aplazar la votación del
TTIP en la Eurocámara
La votación del informe con la posición del Europarlamento sobre el acuerdo comercial debía celebrarse este miércoles, pero se pospone de forma indefinida. Lo justifican en el alto número de enmiendas, pero este ya era conocido hace días
IU presenta una batería de preguntas a la Comisión Europea sobre los peligros del pacto para la seguridad alimentaria, medioambiental y farmacéutica, y sobre el peso de tres paraísos fiscales y de las multinacionales en las negociaciones secretas
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Bruselas tendrá que dar explicaciones por escrito sobre sus negociaciones secretas del pacto TiSA
IU presenta en la Eurocámara una batería de preguntas a la Comisión Europea sobre los peligros del acuerdo para la seguridad alimentaria, medioambiental y farmacéutica, y sobre el peso de tres paraísos fiscales y de las multinacionales en las negociaciones, celebradas de espaldas a la ciudadanía.
La europarlamentaria Marina Albiol durante una sesión plenaria, en febrero. Archivo del PE.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL - Público
@alopezdemiguel
@alopezdemiguel
MADRID.- La tendencia de la Comisión Europea a negociar acuerdos comerciales de espaldas a la ciudadanía le ha jugado una nueva mala pasada esta semana. Si el Europarlamento suspendía la votación del informe de posición de la cámara sobre el TTIP de este mismo miércoles (y también el debate al respecto) al no haber logrado un acuerdo entre los partidos que conforman la Gran Coalición (socialistas, conservadores y liberales), Izquierda Unida aprovechaba para pedir cuentas a la Comisión sobre las negociaciones de otro acuerdo secreto, el TiSA, sobre las que ha dado cuentas este diario desvelando en exclusiva en España la última filtración de Wikileaks al respecto del tratado de servicios.
Así, la formación ha registrado toda una batería de preguntas para la Comisión, que deberá responder por escrito a cuestiones sobre el peligro para la seguridad alimentaria, medioambiental o farmaceútica que supondría la eliminación de barreras comerciales que promueve el TiSA, o sobre la posibilidad de que Bruselas esté incumpliendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que estos acuerdos deben someterse a debate democrático. Eso no está ocurriendo en el caso del Trade In Services Agreement (TiSA), que hoy negocian cincuenta países, entre ellos tres paraísos fiscales, con Suiza y Panamá a la cabeza, y no está previsto que el telón del secreto se levante, al menos, hasta cinco años después de la aprobación del acuerdo, para el que no hay una fecha fija.
Así, la formación ha registrado toda una batería de preguntas para la Comisión, que deberá responder por escrito a cuestiones sobre el peligro para la seguridad alimentaria, medioambiental o farmaceútica que supondría la eliminación de barreras comerciales que promueve el TiSA, o sobre la posibilidad de que Bruselas esté incumpliendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que estos acuerdos deben someterse a debate democrático. Eso no está ocurriendo en el caso del Trade In Services Agreement (TiSA), que hoy negocian cincuenta países, entre ellos tres paraísos fiscales, con Suiza y Panamá a la cabeza, y no está previsto que el telón del secreto se levante, al menos, hasta cinco años después de la aprobación del acuerdo, para el que no hay una fecha fija.
"¿Considera la Comisión que tienen legitimidad democrática para ser parte de estas negociaciones sin haberse debatido antes en ninguna institución electa por sufragio universal?", cuestionan los eurodiputados del grupo de la Izquierda Unitaria Europea Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López, Lidia Senra (AGEe) y Ángela Vallina, subrayando las "enormes consecuencias" que tendrá el acuerdo sobre los habitantes del Viejo Continente.
Peligro de desregulación financiera
IU: "El TiSA pretende eliminar la capacidad de los Estados de regular sobre determinados elementos del sector servicios"
IU recuerda que según la Comisión Stiglitz de Naciones Unidas "la falta de regulación financiera ha sido la causa de la crisis global que tan nefastas consecuencias ha tenido para la economía y el empleo en el conjunto de la UE". Por ello alerta de los riesgos de eliminar "el derecho democrático de los estados a regular su propia economía", algo que defienden los tres paraísos fiscales que participan en las negociaciones, y que chocaría frontalmente contra el paquete de transparencia fiscal presentado por la Comisión, que oficialmente defiende seguir una línea de actuación totalmente distinta.
La formación cuestiona también si esta eliminación de barreras comerciales podría suponer un riesgo "en las condiciones de vida" de los europeos, al aceptar entrar en el mismo marco de países como Estados Unidos, donde la "desregulación" en materia de seguridad medioambiental "ha puesto en peligro la vida de numerosas personas y ha generado enfermedades entre la población al no existir límites en, por ejemplo, los vertidos contaminantes que realizan determinadas industrias". En materia de seguridad alimentaria, IU sostiene que con el acuerdo "se abriría la puerta a productos que no han sido testados" de acuerdo a los estándares europeos, más exigentes.
Además, Albiol, Couso y el resto de parlamentarios advierten de que el TiSA "pretende eliminar la capacidad de los Estados de regular sobre determinados elementos del sector servicios". "Se pone en riesgo la regulación de servicios básicos como las comunicaciones o el transporte, con el riesgo que comportaría dejar a parte de la ciudadanía excluida de ellos", reza el escrito.
Las preguntas de IU llegan en un momento delicado para la Comisión y para quienes defienden a capa y espada este tipo de acuerdos de corte neoliberal. Las presentaron en el registro del Europarlamento este mismo martes, el día en que el presidente de la Cámara canceló la votación del miércoles, una de las más mediáticas de toda la legislatura, y que habría mostrado la gran división con respecto al TTIP existente en el parlamento. Sólo un día después, este jueves, el secretario de Estado de Comercio,Jaime García Legaz, deberá comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso para dar cuentas sobre el TiSA a raíz de las revelaciones de Wikileaks y este diario.
Hace apenas un año el TiSA o el TTIP eran absolutos desconocidos para la opinión pública, y hoy los detractores de ambos acuerdos sacan pecho porque la presión ciudadana haya logrado meterlos en la agenda pública, hacerlos visibles a pesar de los intentos de los negociadores por mantenerlos en la sombra.
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La filtración sobre el TiSA que revela 'Público'
obliga al Gobierno a dar explicaciones
El secretario de Estado de Comercio comparecerá el jueves ante la comisión del Congreso para informar de la postura de España tras salir a la luz el contenido de la negociación que mantienen en secreto medio centenar de países
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. - EFE
PÚBLICO / AGENCIAS Público
MADRID.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, informará este jueves a la Comisión de Economía del Congreso sobre las negociaciones del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. La polémica surgida tras las últimas revelaciones de Wikileaks, –filtración revelada en España en exclusiva por Público, en colaboración con nueve diarios extranjeros– sobre el contenido de las conversaciones que medio centenar de países mantienen para alcanzar un acuerdo sobre el mercado de servicios mundial (TiSA, por sus siglas en inglés) ha acelerado la comparecencia de García-Legaz.
Ésta será la segunda vez, tras su intervención en julio del año pasado, que el secretario de Comercio dé información a los diputados sobre las negociaciones del TTIP, un asunto que también centró la comparecencia de la comisaria europea de Comercio,Cecilia Malmström, hace unos meses ante parlamentarios de ambas cámaras.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado que haya oscurantismo en torno a un tratado que genera muchas suspicacias por el temor a que suponga una rebaja de los derechos laborales, medioambientales o sociales en la UE o a que conduzca a la privatización de servicios esenciales como el agua, entre otros asuntos.
Actualmente hay varias peticiones pendientes de tramitación para que miembros del Ejecutivo informen sobre la postura del Gobierno en las negociaciones. La última ha sido presentada este mismo martes de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Mixto ─Amaiur, ERC, BNG y Compromís─ y el de la Izquierda Plural para que el presidente Rajoy comparezca ante el pleno del Congreso. Del mismo modo, también se espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la de Agricultura, Isabel García Tejerina, den explicaciones sobre las posibles afecciones del tratado a sus áreas de responsabilidad.
La polémica en torno a este tipo de tratados de libre comercio ha comenzado a virar hacia el TiSA, un acuerdo que comenzó a negociarse en 2012 pero que saltó a la luz pública el año pasado, cuando una filtración de Wikileaks dio a conocer uno de los puntos centrales de las negociaciones, que impedía publicar el contenido de los acuerdos que se alcanzaran hasta cinco años después de que entren en vigor.
Esta filtración llevó a que en verano de 2014 la Unión Europea decidiera hacer públicas sus propuestas para el acuerdo, pero el debate sobre estas negociaciones ha vuelto a saltar a primera línea informativa tras una segunda publicación de Wikileaks y algunos medios asociados, entre los que está Público, de contenidos de las conversaciones e incluso de notas internas de algunos países.
Ante ello, el portavoz económico de Amaiur en la Cámara Baja, Rafael Larreina, ha registrado una pregunta parlamentaria asegurando que, a la luz de las informaciones publicadas, la aprobación del TiSA supondría "un nuevo recorte democráticamente ilegítimo de soberanía" de los estados que impediría "la regulación del mercado de servicios en base a criterios sociales, medioambientales o culturales".
De hecho, propuestas en discusión como que antes de ser aprobada cualquier nueva normativa nacional deba abrirse al debate público, abriendo así la puerta a que las grandes multinacionales y los lobbies internacionales puedan modificar decisiones de los países en su propio interés, tal y como informó este diario, hacen pensar a la formación abertzale que se está "impulsando una hiperliberalización" que pone en riesgo tanto los servicios públicos como el tratamiento de los datos personales de la ciudadanía.
"El conocimiento de estos documentos está generando preocupación y alarma social en amplios sectores de la ciudadanía europea,que no entiende el oscurantismo con que se está llevando a cabo la negociación", añade el diputado vasco, que quiere saber si España también ha formado parte, directamente o a través de la Comisión Europea (CE), de estas conversaciones y cuál es su posición al respecto.
Además, el responsable de Amaiur pregunta si "no habría sido necesario debatir y fijar previamente los límites" de la negociación en el Congreso y qué medidas se van a tomar ahora para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos. "¿Está el Gobierno dispuesto a someter a referéndum el acuerdo antes de su firma?", añade.
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El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, escribe Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia, incrementaría la influencia de la industria médica en “los programas gubernamentales de subsidio farmacéutico y de instrumentos médicos” y le daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en materia farmacéutica”.
Expertos como Jane Kelsey, profesora de Derecho, en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, opinan que las disposiciones mencionadas del ATP van dirigidas principalmente en contra de Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública, específicamente a la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de ese país, “una institución modelo que podría ser adoptada por países en desarrollo”, a decir de Kelsey. Pharmac decide qué medicinas y artículos relacionados son subsidiados para ser usados en hospitales públicos y comunitarios.
La especialista advierte que en su redacción actual el ATP “va a degradar seriamente la capacidad de Pharmac para ofrecer medicinas y aparatos médicos a precios asequibles, como lo ha hecho en las dos décadas pasadas; esto implicará menos medicinas subsidiadas y más que deberán ser parcialmente pagadas por los pacientes”, o bien que se destinará más presupuesto de salud a adquirir medicinas en vez de a otras actividades”. Asimismo, indica que el anexo incorpora “un proceso de revisión para que las empresas farmacéuticas impugnen la decisión oficial de no incluir en sus programas productos o aparatos que deben ser reembolsados” por el gobierno.
Gleeson, por su parte, señala que el texto en cuestión establecería un precedente para que “acuerdos comerciales regionales puedan interferir con los sistemas de salud nacionales y podría reducir las opciones disponibles en países en desarrollo para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica”.
Consultado por La Jornada, Peter Maybarduk, director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, de la organización Public Citizen, con sede en Washington, advirtió que “no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo (el contenido del anexo) afectará a los países en desarrollo”.
En el caso estadunidense, dijo, “esta filtración revela que la administración de Barack Obama, actúa bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a una serie de reglas de procedimiento, negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de medicinas bajo prescripción, e incluso podría abrir la posibilidad de objetar aspectos de nuestro actual sistema de salud”.
La lectura del borrador revela que los países participantes en la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que en conjunto representan un tercio del comercio mundial– ya se han puesto de acuerdo en casi todo. El Anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica fue una de las partes del ATP que generó mayores discusiones entre los negociadores y se quedó estancado varios años.
Si bien la redacción parece estar prácticamente concluida, todavía no hay un acuerdo sobre qué programas de asistencia médica deberán estar incluidos en las obligaciones que establece el anexo.
Resolución de conflictos
El ATP establece que un tribunal supranacional se encargará de la resolución de conflictos entre empresas y gobiernos.
De ahí que Jane Kelsey afirme: “El mayor riesgo es la obligación [de los gobiernos] de proveer ‘un trato justo y equitativo’ que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que los gobiernos acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, si creyeran que el modelo neozelandés, o de cualquier otro futuro integrante del ATP, viola, en general, o en casos específicos, sus expectativas y afecta sus ganancias o el valor de su inversión”.
Antecedentes
El borrador aquí mencionado es el más reciente en una serie de documentos del ATP filtrados por Wikileaks. Hasta ahora el portal fundado por Julian Assange ha dado a conocer a la opinión pública tres de los 29 capítulos del borrador del acuerdo (difundidos en México por este diario) y el pasado 2 de junio lanzó una campaña para recaudar 100 mil dólares, a fin de ofrecerlos como recompensa a quien entregue los 26 capítulos del ATP que no se han hecho públicos. Hasta ayer se había reunido casi dos tercios de esa suma.
El contenido total del acuerdo sólo es conocido por los gobiernos que participan en las negociaciones, algunos legisladores estadunidenses y, a decir de The New York Times, los directivos de unas 600 empresas.
Los documentos correspondientes están clasificados por cuatro años después de su entrada en vigor, o por cuatro años después del cierre de negociaciones, en caso de que éstas no tuvieran éxito.
Un mecanismo de fast-track para acuerdos comerciales (que permitiría votar a favor o en contra de un tratado sin discutir su contenido) fue recientemente aprobado por el senado estadunidense y se espera que muy pronto (tal vez esta misma semana) pase a votación en la Cámara de Representantes. La administración de Barack Obama buscaría que ese mecanismo sea usado para la rápida incorporación del país vecino al ATP.
Los otros medios a los cuales Wikileaks entregó el documento del ATP son The New York Times, The Age (Australia), CIPER (Chile), Fairfax (Nueva Zelanda) y La República (Perú).
Aquí puede consultar el Anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
Más información sobre Wikileaks, en este micrositio.
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ESTRASBURGO.- El pleno de la Eurocámara ha decidido este miércoles posponer el debate sobre las recomendaciones de los eurodiputados al tratado comercial con EEUU, conocido como TTIP, por solo 183 votos a favor, 181 en contra y 37 abstenciones.
El voto sobre las propias recomendaciones a la negociación del TTIP, que tenía que tener lugar este miércoles tras el debate, ya fue pospuesto este martes por el presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, en aplicación del artículo 175 del Parlamento Europeo.
La normativa prevé que si se introducen más de 50 enmiendas, el presidente del Parlamento Europeo puede decidir devolver el texto a la Comisión Parlamentaria (en este caso de Comercio Internacional) para seguir buscando otro con mayor consenso entre los grupos.
Ésta será la segunda vez, tras su intervención en julio del año pasado, que el secretario de Comercio dé información a los diputados sobre las negociaciones del TTIP, un asunto que también centró la comparecencia de la comisaria europea de Comercio,Cecilia Malmström, hace unos meses ante parlamentarios de ambas cámaras.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado que haya oscurantismo en torno a un tratado que genera muchas suspicacias por el temor a que suponga una rebaja de los derechos laborales, medioambientales o sociales en la UE o a que conduzca a la privatización de servicios esenciales como el agua, entre otros asuntos.
Actualmente hay varias peticiones pendientes de tramitación para que miembros del Ejecutivo informen sobre la postura del Gobierno en las negociaciones. La última ha sido presentada este mismo martes de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Mixto ─Amaiur, ERC, BNG y Compromís─ y el de la Izquierda Plural para que el presidente Rajoy comparezca ante el pleno del Congreso. Del mismo modo, también se espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la de Agricultura, Isabel García Tejerina, den explicaciones sobre las posibles afecciones del tratado a sus áreas de responsabilidad.
La polémica en torno a este tipo de tratados de libre comercio ha comenzado a virar hacia el TiSA, un acuerdo que comenzó a negociarse en 2012 pero que saltó a la luz pública el año pasado, cuando una filtración de Wikileaks dio a conocer uno de los puntos centrales de las negociaciones, que impedía publicar el contenido de los acuerdos que se alcanzaran hasta cinco años después de que entren en vigor.
Esta filtración llevó a que en verano de 2014 la Unión Europea decidiera hacer públicas sus propuestas para el acuerdo, pero el debate sobre estas negociaciones ha vuelto a saltar a primera línea informativa tras una segunda publicación de Wikileaks y algunos medios asociados, entre los que está Público, de contenidos de las conversaciones e incluso de notas internas de algunos países.
Ante ello, el portavoz económico de Amaiur en la Cámara Baja, Rafael Larreina, ha registrado una pregunta parlamentaria asegurando que, a la luz de las informaciones publicadas, la aprobación del TiSA supondría "un nuevo recorte democráticamente ilegítimo de soberanía" de los estados que impediría "la regulación del mercado de servicios en base a criterios sociales, medioambientales o culturales".
De hecho, propuestas en discusión como que antes de ser aprobada cualquier nueva normativa nacional deba abrirse al debate público, abriendo así la puerta a que las grandes multinacionales y los lobbies internacionales puedan modificar decisiones de los países en su propio interés, tal y como informó este diario, hacen pensar a la formación abertzale que se está "impulsando una hiperliberalización" que pone en riesgo tanto los servicios públicos como el tratamiento de los datos personales de la ciudadanía.
"El conocimiento de estos documentos está generando preocupación y alarma social en amplios sectores de la ciudadanía europea,que no entiende el oscurantismo con que se está llevando a cabo la negociación", añade el diputado vasco, que quiere saber si España también ha formado parte, directamente o a través de la Comisión Europea (CE), de estas conversaciones y cuál es su posición al respecto.
Además, el responsable de Amaiur pregunta si "no habría sido necesario debatir y fijar previamente los límites" de la negociación en el Congreso y qué medidas se van a tomar ahora para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos. "¿Está el Gobierno dispuesto a someter a referéndum el acuerdo antes de su firma?", añade.
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Wikileaks revela: Somete el ATP políticas de
salud al arbitrio de las farmacéuticas
Por Tania Molina Ramírez mié, 10 jun 2015 06:00 La Jornada
Durante una protesta contra el ATP, en Tokio, el 22 de abril de 2014. Foto AP/Shizuo Kambayashi/Archivo
Si el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) –negociado en secreto por 12 gobiernos de la región Asia Pacífico, entre ellos el de México– llegara a aprobarse en sus términos actuales, permitiría a las grandes empresas de fármacos interferir en las políticas de salud pública, según se desprende del borrador del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica del convenio, proporcionado por Wikileaks a La Jornada en exclusiva para México y que publican también otros cinco medios en América y Oceanía.
El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, escribe Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia, incrementaría la influencia de la industria médica en “los programas gubernamentales de subsidio farmacéutico y de instrumentos médicos” y le daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en materia farmacéutica”.
La especialista advierte que en su redacción actual el ATP “va a degradar seriamente la capacidad de Pharmac para ofrecer medicinas y aparatos médicos a precios asequibles, como lo ha hecho en las dos décadas pasadas; esto implicará menos medicinas subsidiadas y más que deberán ser parcialmente pagadas por los pacientes”, o bien que se destinará más presupuesto de salud a adquirir medicinas en vez de a otras actividades”. Asimismo, indica que el anexo incorpora “un proceso de revisión para que las empresas farmacéuticas impugnen la decisión oficial de no incluir en sus programas productos o aparatos que deben ser reembolsados” por el gobierno.
Gleeson, por su parte, señala que el texto en cuestión establecería un precedente para que “acuerdos comerciales regionales puedan interferir con los sistemas de salud nacionales y podría reducir las opciones disponibles en países en desarrollo para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica”.
Consultado por La Jornada, Peter Maybarduk, director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, de la organización Public Citizen, con sede en Washington, advirtió que “no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo (el contenido del anexo) afectará a los países en desarrollo”.
En el caso estadunidense, dijo, “esta filtración revela que la administración de Barack Obama, actúa bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a una serie de reglas de procedimiento, negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de medicinas bajo prescripción, e incluso podría abrir la posibilidad de objetar aspectos de nuestro actual sistema de salud”.
La lectura del borrador revela que los países participantes en la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que en conjunto representan un tercio del comercio mundial– ya se han puesto de acuerdo en casi todo. El Anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica fue una de las partes del ATP que generó mayores discusiones entre los negociadores y se quedó estancado varios años.
Si bien la redacción parece estar prácticamente concluida, todavía no hay un acuerdo sobre qué programas de asistencia médica deberán estar incluidos en las obligaciones que establece el anexo.
Resolución de conflictos
El ATP establece que un tribunal supranacional se encargará de la resolución de conflictos entre empresas y gobiernos.
Si bien en el Anexo sobre Transparencia se especifica que ese procedimiento de arreglo de disputas no aplicará para esta sección del tratado, Deborah Gleeson alerta que las empresas de todos modos tendrían acceso al mecanismo de arreglo de disputas y podrían demandar a las naciones por sus políticas farmacéuticas.
De ahí que Jane Kelsey afirme: “El mayor riesgo es la obligación [de los gobiernos] de proveer ‘un trato justo y equitativo’ que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que los gobiernos acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, si creyeran que el modelo neozelandés, o de cualquier otro futuro integrante del ATP, viola, en general, o en casos específicos, sus expectativas y afecta sus ganancias o el valor de su inversión”.
Antecedentes
El borrador aquí mencionado es el más reciente en una serie de documentos del ATP filtrados por Wikileaks. Hasta ahora el portal fundado por Julian Assange ha dado a conocer a la opinión pública tres de los 29 capítulos del borrador del acuerdo (difundidos en México por este diario) y el pasado 2 de junio lanzó una campaña para recaudar 100 mil dólares, a fin de ofrecerlos como recompensa a quien entregue los 26 capítulos del ATP que no se han hecho públicos. Hasta ayer se había reunido casi dos tercios de esa suma.
El contenido total del acuerdo sólo es conocido por los gobiernos que participan en las negociaciones, algunos legisladores estadunidenses y, a decir de The New York Times, los directivos de unas 600 empresas.
Los documentos correspondientes están clasificados por cuatro años después de su entrada en vigor, o por cuatro años después del cierre de negociaciones, en caso de que éstas no tuvieran éxito.
Un mecanismo de fast-track para acuerdos comerciales (que permitiría votar a favor o en contra de un tratado sin discutir su contenido) fue recientemente aprobado por el senado estadunidense y se espera que muy pronto (tal vez esta misma semana) pase a votación en la Cámara de Representantes. La administración de Barack Obama buscaría que ese mecanismo sea usado para la rápida incorporación del país vecino al ATP.
Los otros medios a los cuales Wikileaks entregó el documento del ATP son The New York Times, The Age (Australia), CIPER (Chile), Fairfax (Nueva Zelanda) y La República (Perú).
Aquí puede consultar el Anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
Más información sobre Wikileaks, en este micrositio.
DESPUÉS QUE SE FIRMEN LOS ACUERDOS CON EUROPA (TTIP) Y CON LOS PAÍSES DEL PACÍFICO (TTP), LOS EEUU CONTROLARÁN EL 65% DEL PBI MUNDIAL. LA ESTRATEGIA ES NOQUEAR A LOS PUEBLOS: PAGO FORZOSO DE LA DEUDA EXTERNA, REBAJA DE LOS SALARIOS, SEGUROS DE PARO Y PASIVIDADES, RECORTE EN LA SALUD Y LA EDUCACIÓN PÚBLICAS, MÁS PRESUPUESTO PARA LAS FUERZAS ARMADAS, MUCHA CORRUPCIÓN, MUCHO VERSO SOBRE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA Y...POR LAS DUDAS, MÁS BASES MILITARES CONTROLANDO EL MUNDO. - Jorge Zabalza
La Eurocámara impide por sólo dos votos un
debate sobre el TTIP
El pleno de la Eurocámara pospone el debate sobre el tratado comercial con EEUU por 181 votos a favor, 183 en contra y 37 abstenciones.
Varios europarlamentarios se muestran contrarios a Acuerdo de Inversión y Comercio Transatlántico (TTIP) y otros a favor durante una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia)./ EFE/Patrick Seeger
EFE Público
El voto sobre las propias recomendaciones a la negociación del TTIP, que tenía que tener lugar este miércoles tras el debate, ya fue pospuesto este martes por el presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, en aplicación del artículo 175 del Parlamento Europeo.
La normativa prevé que si se introducen más de 50 enmiendas, el presidente del Parlamento Europeo puede decidir devolver el texto a la Comisión Parlamentaria (en este caso de Comercio Internacional) para seguir buscando otro con mayor consenso entre los grupos.
La decisión ha sido duramente contestada por la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) y los Verdes, que consideran que la gran coalición formada por los populares y socialistas -que defienden las posibilidades de crecimiento y empleo del TTIP- han pospuesto el voto porque no iba a salir adelante por suficientes votos.
Ambos grupos parlamentarios, GUE y NGL, se han mostrado en contra del acuerdo con EEUU porque sostienen que puedemermar los umbrales de derechos laborales y medioambientales en la UE, entre otros asuntos.
Previo al voto sobre el aplazamiento del debate sobre el TTIP, tuvo lugar una discusión encendida sobre la decisión de posponer el voto, muy criticada por algunos eurodiputados como la líder de la GUE/NGL, Gabi Zimmer.
"Los ciudadanos no entienden que no se vote. Los dos grandes grupos escondiéndose tras los párrafos del reglamento y dejando al Parlamento Europeo sin voto", señaló.
"Los ciudadanos nos eligieron para expresarnos sea cual sea la mayoría en cada votación", añadió.
El portavoz de Los Verdes-EQUO en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, ha manifestado que “tanto la anulación de la votación ayer (siendo este martes) como del debate de hoy (refiriéndose a este miércoles) muestran la ruptura del acuerdo sobre el TTIP en el seno de la Gran Coalición. Hace dos años tenían una sola voz para ese tratado, 500 votos a favor del TTIP. Hoy no se ponen de acuerdo ni siquiera en si se debe debatir en sesión plenaria o no”.
Asimismo, Marcellesi sostiene que “la decisión de aplazar el debate aprobada por un estrecho margen revela hasta qué punto la oposición a las negociaciones UE-Estados Unidos ha crecido en el Parlamento Europeo", y agregó que este cambio "es el resultado de la presión pública y la movilización creciente contra TTIP en todos los estados miembros de la UE".
El sistema de arbitraje
Uno de los puntos más polémicos para los eurodiputados y que ha provocado divisiones dentro incluso de los grandes grupos es el establecimiento de un sistema de arbitraje para la solución de controversias inversor-Estado (ISDS).
La división interna entre el grupo socialdemócrata había puesto en peligro que la resolución fuera aprobada, confirmaron fuentes de ese grupo, el segundo más importante en número de escaños.
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El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, utilizó una artimaña legal para aplazar la votación dada la previsible falta de apoyo político a los tribunales de arbitraje privados (ISDS) y en general a la negociación del TTIP. "Están lanzando un mensaje claro: la democracia en el Parlamento Europeo sólo se puede ejercer para dar la razón a la Comisión Europea y a las élites económicas que nos gobiernan", denuncia Albiol.
"Han manipulado el reglamento a su antojo y, lo que es peor, que seguirán posponiendo la votación sobre los ISDS hasta que tengan la seguridad de que el informe será aprobado"
"Creemos que han manipulado el reglamento a su antojo y, lo que es peor, que seguirán posponiendo la votación sobre los ISDS hasta que tengan la seguridad de que el informe será aprobado", prosigue. "Estamos seguros de que esta marcha atrás también está propiciada porque las movilizaciones están teniendo su efecto, cada día aumenta la oposición en la calle y eso hace que a los diputados socialdemócratas les vaya a ser cada vez más difícil seguir apoyando el TTIP".
Albiol alerta a Schulz sobre la brecha que ya se está abriendo entre la gran coalición y que la resistencia al tratado va a ir en aumento. "Desde Izquierda Unida y desde el GUE/NGL vamos a seguir peleando para que este tratado no vea la luz. De momento,hemos abierto una brecha en la gran coalición, que empieza a hacer aguas", culmina
MADRID.- La versión oficial es que hay demasiadas enmiendas que votar, son complejas y no van a tener tiempo. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, sorprendía este martes aplazando la votación del informe de posición de la Eurocámara sobre el TTIP, que debía tener lugar este miércoles.
Marina Albiol, sobre la no votación del TTIP:
"Han dejado en suspenso la democracia"
La eurodiputada de IU critica la decisión del presidente del Parlamento Europeo de posponer la votación sobre el TTIP por miedo a no contar con un apoyo mayoritario al tratado.
La europarlamentaria Marina Albiol durante una sesión plenaria. Archivo del PE.
PÚBLICO
MADRID.- "Al suspender el debate y el voto del informe sobre los ISDS (los tribunales de arbitraje privados) lo que realmente han dejado en suspenso es la democracia". De este modo tan contundente se expresa la europarlamentaria de Izquierda Unida Marina Albiol sobre el aplazamiento del debate y la votación del informe de la Eurocámara sobre el TTIP.
Dicha votación era uno de los acontecimientos que más expectación había levantado en las últimas semanas. No era para menos, ya que se trataba de desvelar de una forma clara y por primera vez la posición real de los europarlamentarios respecto a un acuerdo comercial entre Bruselas y Washington tejido con total opacidad y con el apoyo de las grandes corporaciones.
Dicha votación era uno de los acontecimientos que más expectación había levantado en las últimas semanas. No era para menos, ya que se trataba de desvelar de una forma clara y por primera vez la posición real de los europarlamentarios respecto a un acuerdo comercial entre Bruselas y Washington tejido con total opacidad y con el apoyo de las grandes corporaciones.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, utilizó una artimaña legal para aplazar la votación dada la previsible falta de apoyo político a los tribunales de arbitraje privados (ISDS) y en general a la negociación del TTIP. "Están lanzando un mensaje claro: la democracia en el Parlamento Europeo sólo se puede ejercer para dar la razón a la Comisión Europea y a las élites económicas que nos gobiernan", denuncia Albiol.
"Han manipulado el reglamento a su antojo y, lo que es peor, que seguirán posponiendo la votación sobre los ISDS hasta que tengan la seguridad de que el informe será aprobado"
"Creemos que han manipulado el reglamento a su antojo y, lo que es peor, que seguirán posponiendo la votación sobre los ISDS hasta que tengan la seguridad de que el informe será aprobado", prosigue. "Estamos seguros de que esta marcha atrás también está propiciada porque las movilizaciones están teniendo su efecto, cada día aumenta la oposición en la calle y eso hace que a los diputados socialdemócratas les vaya a ser cada vez más difícil seguir apoyando el TTIP".
Albiol alerta a Schulz sobre la brecha que ya se está abriendo entre la gran coalición y que la resistencia al tratado va a ir en aumento. "Desde Izquierda Unida y desde el GUE/NGL vamos a seguir peleando para que este tratado no vea la luz. De momento,hemos abierto una brecha en la gran coalición, que empieza a hacer aguas", culmina
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La presión social obliga a aplazar la votación del
TTIP en la Eurocámara
La votación del informe con la posición del Europarlamento sobre el acuerdo comercial debía celebrarse este miércoles, pero se pospone de forma indefinida.
Lo justifican en el alto número de enmiendas, pero este ya era conocido hace días
Europarlamento
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL - Público
@alopezdemiguel
@alopezdemiguel
El socialista Schulz pospone la votación sin dar una fecha alternativa, a pesar de que sólo queda otro pleno en julio, antes del parón estival, y de que la votación de este informe es uno de los acontecimientos que han levantado una mayor expectación en esta legislatura.
El informe de la Eurocámara no es vinculante, y sólo expresa sus directrices a los negociadores que tejen el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington con total opacidad. Sin embargo, el pleno de este martes en Estrasburgo iba a evidenciar las diferentes posturas en el seno del Europarlamento con respecto al mecanismo de blindaje a las multinacionales (ISDS) , que apoyan conservadores y liberales, y al que se oponen Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea.
El informe de la Eurocámara no es vinculante, y sólo expresa sus directrices a los negociadores que tejen el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington con total opacidad. Sin embargo, el pleno de este martes en Estrasburgo iba a evidenciar las diferentes posturas en el seno del Europarlamento con respecto al mecanismo de blindaje a las multinacionales (ISDS) , que apoyan conservadores y liberales, y al que se oponen Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea.
Albiol:"Están utilizando las armas del parlamento de una manera absolutamente torticera, cuando han visto que su informe está en peligro"
La votación de este miércoles habría hecho patente la falta de consenso en el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), en el que el PSOE amenaza con votar contra el informe si no rechaza explícitamente el mecanismo ISDS, mientras otros partidos de la familia socialista no son tan tajantes.
Para la Izquierda Unitaria Europea y para Los Verdes, la decisión de Schulz de aplazar esta votación no obedece al alto número de enmiendas presentadas o a su complejidad, que ya eran conocidas hace casi 10 días, sino que representa un intento de la gran coalición por ocultar su falta de consenso, y una forma de ganar tiempo para cerrar filas en la votación final.
"Parece que a algunos les gusta la democracia cuando ganan ellos", criticaba minutos después de conocer el aplazamiento el eurodiputado de Podemos Pablo Iglesias, en una rueda de prensa inicialmente proyectada para expresar la posición de la Izquierda Unitaria Europea, grupo en el que se encuadran Podemos o Izquierda Unida, y Los Verdes, que aglutina a fuerzas como ICV o Equo.
Junto a Iglesias comparecían las europarlamentarias Lola Sánchez y Marina Albiol, (Podemos e IU, respectivamente) y esta última aseguraba que la gran coalición "tiene miedo". "Están utilizando las armas del parlamento de una manera absolutamente torticera cuando han visto que su informe está en peligro porque cada día está aumentando la oposición a este tratado", acusa.
Iglesias: "Parece que a algunos les gusta la democracia cuando ganan ellos"
"Las divisiones dentro de la gran coalición son el resultado de la extraordinaria movilización social y ciudadana", asegura a PúblicoFlorent Marcellesi, portavoz de Equo, miembro de Los Verdes. Su compañero de grupo, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, que también participó en la rueda de prensa de esta tarde, recordaba que la votación del informe puede posponerse incluso hasta el próximo curso político. "La batalla contra el TTIP avanza, preveían que mañana la votación no iba a ir bien", valora.
El presidente del Europarlamento se acoge al artículo 175 del Reglamento de funcionamiento de la cámara para pedir a la Comisión de Comercio Internacional, responsable del informe, que reconsidere las casi 200 enmiendas presentadas. Se da la circunstancia de que el máximo responsable del documento, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), es el también socialista Bernd Lange, y que Schulz ha tomado esta decisión tras consultarle.
Los conservadores presionan para aprobar el ISDS
Minutos antes de suspenderse la votación el nerviosismo era evidente en algunos grupos, que apuraban hasta el último instante para negociar: los conservadores del Partido Popular Europeo tenían una reunión para fijar su postura a las seis, el grupo de los Socialistas y Demócratas a las nueve.
Nadie se atrevía a apostar por el resultado de la votación pospuesta, pero muchos grupos sí señalaban a los socialistas como la pieza clave del puzzle. Y otros tantos, entre ellos algunos socialistas, aseguraban a este diario que los conservadores europeos habrían presionado para garantizar que el blindaje a las multinacionales no quedara fuera del informe.
Preguntado por si los conservadores tenían intención de votar contra el informe si este rechazaba incluir el blindaje a las multinacionales, el eurodiputado del PPE Santiago Fisas respondía con un escueto "es muy posible". El parlamentario cree que la decisión de los socialistas de plantear enmiendas a sus propias enmiendas es "poco seria", les acusa de "faltar a la verdad" y les advierte de que los conservadores pelearán por impulsar un ISDS reformado.
Fisas ve este informe "razonable" y asegura que "toca los puntos más importantes" del polémico acuerdo, en tanto que los socialistas españoles sacan pecho porque el texto pide a EEUU que ratifique los convenios de la OIT, o que los servicios públicos queden fuera del acuerdo.
Por contra, Pablo Iglesias pedía este martes en nombre del GUE la suspensión de las negociaciones. En un momento en el que el rechazo al TTIP sigue creciendo, y en el que grupos como Los Verdes lanzan distintas iniciativas contra el polémico tratado, la decisión del líder del Europarlamento de posponer la votación podría costarle cara a los defensores del tratado de libre comercio. A fin de cuentas, el informe deberá pasar por la cámara tarde o temprano, y el ruido generado estos días podría multiplicarse la próxima ocasión.
Preguntado por si los conservadores tenían intención de votar contra el informe si este rechazaba incluir el blindaje a las multinacionales, el eurodiputado del PPE Santiago Fisas respondía con un escueto "es muy posible". El parlamentario cree que la decisión de los socialistas de plantear enmiendas a sus propias enmiendas es "poco seria", les acusa de "faltar a la verdad" y les advierte de que los conservadores pelearán por impulsar un ISDS reformado.
Fisas ve este informe "razonable" y asegura que "toca los puntos más importantes" del polémico acuerdo, en tanto que los socialistas españoles sacan pecho porque el texto pide a EEUU que ratifique los convenios de la OIT, o que los servicios públicos queden fuera del acuerdo.
Por contra, Pablo Iglesias pedía este martes en nombre del GUE la suspensión de las negociaciones. En un momento en el que el rechazo al TTIP sigue creciendo, y en el que grupos como Los Verdes lanzan distintas iniciativas contra el polémico tratado, la decisión del líder del Europarlamento de posponer la votación podría costarle cara a los defensores del tratado de libre comercio. A fin de cuentas, el informe deberá pasar por la cámara tarde o temprano, y el ruido generado estos días podría multiplicarse la próxima ocasión.
TOMADO DE: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/
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