50 países quedarán atados con el TISA
Los documentos filtrados por Wikileaks prueban que los 50 países firmantes quieren obligar a los gobiernos a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El texto plantea imponer topes a la dureza de estas normativas, y este marco será de obligada aplicación a todos los niveles de la administración del Estado
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
MADRID.-Si América fue algún día la tierra de las oportunidades, los grandes tratados como el TiSA o el TTIP vienen a servir como escenario idílico para las multinacionales, como su propia tierra prometida.
Los documentos del Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.
El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.
De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la “transparencia”, según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.
El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.
De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la “transparencia”, según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.
Obligará a los estados a informar y justificar ante las empresas los cambios normativos que apliquen
Son los estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas "sin retrasos innecesarios", como reza el texto. El mismo documento que pretende obligar a los gobiernos a asegurar su “imparcialidad” a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, y que les conmina a seguir “criterios objetivos y transparentes”, como “la capacidad” de prestar un servicio que pueda tener una empresa, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales.
En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.
Normativas "no más estrictas de lo necesario"
El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.
En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.
Normativas "no más estrictas de lo necesario"
El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.
El texto conmina a los estados a legislar en base a criterios "objetivos y transparentes", dejando en segundo plano los motivos sociales o culturales
Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS. Esta cláusula de protección de multinacionales es precisamente la parte más polémica del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el apartado del TTIP más difícil de vender para la Comisión, la encargada de negociar en nombre de los 28 en ambos acuerdos.
La trampa del lenguaje
El documento está redactado en el lenguaje convenientemente ambiguo de otros textos del TiSA, y hace referencia a términos como "objetividad" o "transparencia", siempre desde la óptica de las empresas.
El análisis de otros documentos sobre el acuerdo demuestra que todos ellos han sido redactados desde la misma óptica neoliberal, y persiguen establecer el marco de desregulación que demandan las multinacionales. TiSA, TTIP, o TTP son sólo los nombres de algunos de estos mecanismos, pero la filosofía que los impulsa es la misma, y su objetivo es idéntico.
Fuente original Wikileaks
https://wikileaks.org/tisa/
Por Tania Molina Ramírez
En su etapa más reciente, el borrador del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto 50 gobiernos, entre ellos el de México, y que pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones, transparencia y transporte, entre otros, plantea que los países firmantes den a los proveedores de servicios financieros extranjeros el mismo trato que a los nacionales.
El instrumento, por añadidura, pasaría por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones por razones culturales, sociales, ambientales (como para enfrentar el cambio climático) o de desarrollo y establecería, en caso de que llegue a firmarse, la facultad de “tribunales ‘comerciales’ privados” de decidir la forma en que los países regulan actividades que son fundamentales para el bienestar social”, asegura un análisis publicado por Wikileaks sobre el TISA.
Lo anterior se desprende de los borradores secretos de la negociación del TISA proporcionados a La Jornada por WikiLeaks, así como del análisis de los 17 documentos realizado por esa organización fundada por Julian Assange. Se trata de los anexos relativos a servicios financieros, regulación nacional, transparencia y telecomunicaciones, entre otros, y que fuero entregados a este diario, en exclusiva para México, y a otros cinco medios de Europa y América.
“Servicios turísticos, de salud y medio ambiente, así como finanzas, telecomunicaciones y transporte, forman parte crucial de la vida cotidiana (y) los gobiernos las regulan con varios objetivos; sin embargo, el TISA los trata como transacciones comerciales entre un proveedor y un consumidor, dentro de un mercado que debería estar sujeto a una regulación suave y basada en el mercado”, señala uno de los análisis publicados por Wikileaks. El TISA, agrega, “va contra las regulaciones que restringen el tamaño y la forma de los mercados locales de servicios (acceso al mercado), y aquellas que discriminan a las empresas extranjeras (trato nacional)”.
El convenio en negociación incluye, en su rubro de “transparencia”, una cláusula por la cual los gobiernos firmantes se comprometerían a informar acerca de regulaciones antes de que éstas entren en vigor, a fin de que los consorcios extranjeros puedan tener conocimiento de ellas y, señala WikiLeaks, con el propósito de “dar a los intereses comerciales la oportunidad de cabildear a favor o en contra de las propuestas”.
En abril y junio del año pasado La Jornada informó de versiones previas del borrador del acuerdo, que también le fueron proporcionadas por WikiLeaks. Se alertaba ya entonces que la negociación, impulsada inicialmente a principios de 2012 por Estados Unidos y Australia, era respuesta a “los repetidos fracasos en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por lanzar una nueva fase de liberalización del comercio internacional, conocida como Ronda Doha”. En los tratos para el TISA participan, además de los ya señalados, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, la Unión Europea y Uruguay. En total, representan más de dos tercios del comercio de servicios en el mundo. Significativamente, ningún gobierno integrante del grupo BRICS –Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica– toma parte en las negociaciones.
En el contexto de la Organización Mundial del Comercio ya se negocian temas como los tratados en el TISA, pero actualmente las conversaciones están estancadas, sobre todo porque Estados Unidos y la Unión Europea no quieren ceder en temas como agricultura y desarrollo. Por lo tanto, esas partes buscan otra plataforma en la cual conseguir una mayor liberalización en el sector servicios.
La red Internacional de Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), con sede en París, alerta que el acuerdo tiene una cláusula que no permitiría que algunos servicios vuelvan al control público, luego de haber sido privatizados, aún cuando el servicio privado haya fracasado.
Sin embargo, según la Unión Europea, el TISA “no va a forzar a los gobiernos a privatizar o desregular ningún servicio público”.
Hasta ahora se ha mantenido el carácter secreto de las tratativas, hasta el punto de que en los anexos de los borradores obtenidos por WikiLeaks se especifica que deben tratarse como documentos clasificados hasta cinco años después de que entre en vigor el TISA o, si la negociación fracasa, hasta cinco años después del cierre de las negociaciones.
La misma cláusula rige los textos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), en cuya conformación también participa el gobierno mexicano, y que busca, al igual que el TISA, acotar las facultades de los Estados miembros para regular los mercados y controlar a las empresas transnacionales.
A continuación se presentan algunos puntos relevantes de los documentos referidos.
Transparencia gubernamental El TISA incluye un rubro en materia de transparencia (hay dos versiones filtradas, una fechada el 16 de abril de 2014, la otra el 23 de enero de 2015 ). El acuerdo establecería que los gobiernos informen acerca de regulaciones antes de que entren en vigor, para que las empresas tengan conocimiento de ellas. Según el análisis del portal de filtraciones, esto se haría con el propósito de “dar a los intereses comerciales la oportunidad de cabildear a favor o en contra de las propuestas”.
Aviación Otro anexo filtrado concierne al transporte aéreo. Al respecto, la sección de la Aviación Civil, de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) opinó: “El TISA trasladará de un jalón el sistema de aviación a un modelo multilateral completamente liberalizado y esto podría ser muy perturbador para muchos países y para la fuerza laboral de ese sector. El TISA llevaría a una industria de la aviación completamente dominada por los gigantes globales, o sea, por una estructura marcadamente oligopólica y no por una competencia de libre mercado. Esto afecta la distribución global de los derechos económicos y laborales de los trabajadores”. “La industria de la aviación no debería ser colocada en un ambiente de libre comercio, el cual debilita los controles gubernamentales nacionales sobre una industria que depende de la supervisión gubernamental para garantizar su seguridad operativa”, dijo Gabriel Mocho, secretario de Aviación de la ITF.
Movimiento de personas y datos El TISA incluye un anexo sobre el movimiento de personas que ofrecen de manera temporal un servicio (el filtrado está fechado el 13 de febrero de 2015). Para solicitar empleados del extranjero, el empleador no estaría obligado a mostrar la falta de disponibilidad de personal local para hacer el trabajo deseado. En esa modalidad, además, el empleado dependería por completo del empleador, quien en cualquier momento podría prescindir del trabajo de éste y mandarlo de regreso a su país de origen. El anexo no menciona derechos laborales.
A continuación se presentan algunos puntos relevantes de los documentos referidos.
Transparencia gubernamental El TISA incluye un rubro en materia de transparencia (hay dos versiones filtradas, una fechada el 16 de abril de 2014, la otra el 23 de enero de 2015 ). El acuerdo establecería que los gobiernos informen acerca de regulaciones antes de que entren en vigor, para que las empresas tengan conocimiento de ellas. Según el análisis del portal de filtraciones, esto se haría con el propósito de “dar a los intereses comerciales la oportunidad de cabildear a favor o en contra de las propuestas”.
Aviación Otro anexo filtrado concierne al transporte aéreo. Al respecto, la sección de la Aviación Civil, de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) opinó: “El TISA trasladará de un jalón el sistema de aviación a un modelo multilateral completamente liberalizado y esto podría ser muy perturbador para muchos países y para la fuerza laboral de ese sector. El TISA llevaría a una industria de la aviación completamente dominada por los gigantes globales, o sea, por una estructura marcadamente oligopólica y no por una competencia de libre mercado. Esto afecta la distribución global de los derechos económicos y laborales de los trabajadores”. “La industria de la aviación no debería ser colocada en un ambiente de libre comercio, el cual debilita los controles gubernamentales nacionales sobre una industria que depende de la supervisión gubernamental para garantizar su seguridad operativa”, dijo Gabriel Mocho, secretario de Aviación de la ITF.
Movimiento de personas y datos El TISA incluye un anexo sobre el movimiento de personas que ofrecen de manera temporal un servicio (el filtrado está fechado el 13 de febrero de 2015). Para solicitar empleados del extranjero, el empleador no estaría obligado a mostrar la falta de disponibilidad de personal local para hacer el trabajo deseado. En esa modalidad, además, el empleado dependería por completo del empleador, quien en cualquier momento podría prescindir del trabajo de éste y mandarlo de regreso a su país de origen. El anexo no menciona derechos laborales.
El TISA también incluye un anexo sobre el flujo transfronterizo de datos (el filtrado está fechado el 16 de septiembre de 2013) y el derecho a la privacidad.
“Si Estados Unidos consigue lo que quiere, el TISA
reducirá la privacidad del usuario (de Internet) al
permitir la recolección y transferencia sin límites de
datos personales”, advierte al respecto un informe de la PSI.
TOMADO DE: http://elmuertoquehabla.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario