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¿Acaso fueron libres las pasadas

elecciones parlamentarias?

por Carlos E. Lippo

Muchos fuimos los articulistas, nacionales y extranjeros, que estuvimos alertando a lo largo de todo este año sobre las descomunales acciones de carácter injerencista que sobre nuestra revolución estaba aplicando el poder imperial, por si mismo y por medio de una cantidad importante de sus aliados incondicionales.

En mi caso fueron tantos los artículos sobre el tema, publicados todos en este mismo portal desde que a mediados de diciembre de 2.014 Barack Obama, arrogándose el derecho de legislar sobre nuestro país, promulgase la “Ley de defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, que llegué a abrigar el temor de que se me considerase afectado de una fijación patológica en contra del gobierno estadounidense. De manera que no curado de esta manía, a tan sólo a dos semanas del acto comicial publiqué otro artículo titulado

“El 06 de diciembre enfrentaremos no sólo a la MUD,

sino también al imperio y todos sus aliados” (1) y apenas dos días antes, el más reciente de la serie titulado ¿Es esto el preludio de la invasión imperial?(2).

En el primero de tales artículos documentaba ampliamente una cantidad importante de acciones injerencistas de carácter diplomático y/o mediático adelantadas por diferentes instancias institucionales de los Estados Unidos, la Unión Europea, España, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Brasil y hasta del más antiguo organismo de integración hemisférica, la OEA, en cabeza de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que a medida que se acercaba la fecha de los comicios se hacían coincidentes en el planteamiento de la necesidad de que fuesen suspendidos por falta de “garantías” para la oposición. Mientras esto ocurría, países amigos de tanto peso específico en la escena mundial como Rusia, China e Irán, así como los países integrantes del ALBA-TCP, se manifestaban de manera explícita en contra de esta sucia campaña, sólo que con la prudencia y la decencia necesaria para no incurrir en el inaceptable intervencionismo de los que nos estaban atacando.

En el otro artículo daba cuenta de los últimos episodios de esa guerra, hasta ahora no convencional, declarada por los Estados Unidos a partir de la promulgación, el 09 de marzo, del decreto mediante el cual se nos calificaba de amenaza inusual y extraordinaria para su nación, guerra no instrumentada en plenitud, por ahora, tales como: la presencia en aguas peligrosamente cercanas a nuestro territorio, de un portaaviones nuclear con toda su dotación de combate; sobrevuelos no autorizados y aproximaciones inusuales a nuestro territorio de diferentes aeronaves militares gringas, en diferentes oportunidades, y las reiteradas amenazas del general Kelly, jefe del Comando Sur.

En ambos artículos señalaba que tales acciones eran un descarado apoyo a la anticampaña electoral de la contrarrevolución, basada sólo en la falsa promesa de acabar con las “colas”, en la difusión de un delirante triunfalismo que estaban muy lejos de sentir, en las reiteradas amenazas de no aceptar los resultados y cantar fraude y en la explícita amenaza de incendiar el país, “el seis a las seis”, en caso de no alcanzar la victoria.

Señalaba también en ellos, que se trataba de acciones insertadas en un guion elaborado por el imperio, que eran complementadas con las acciones terroristas de la oposición local en contra del sistema eléctrico nacional y demás acciones de sicariato destinadas a tratar de demostrar que no había condiciones para realizar elecciones libres en el país, tal como lo reiteraban en aquel documento llamado pomposamente la “Declaración de Caracas”, suscrito el día 04 de diciembre por el grupo de expresidentes desempleados invitados por la oposición, alguno de los cuales la declararon ganadora a las 4 de la tarde, en pleno período de votaciones, protagonizando el único acto relevante violatorio de la legislación electoral del cual tomaron registro los acompañantes internacionales debidamente acreditados por el CNE.

Conocidos los terribles resultados todos nos hemos dedicado, como es natural, a tratar de identificar las causas de la sorpresiva derrota, creo que más sorpresiva para ellos que para algunos de nosotros, pero solamente contados articulistas, Braulio Martínez Zerpa (3), entre los nacionales y Atilio Borón (4) y Vicky Peláez (5) entre los internacionales, han considerado que la guerra de cuarta generación desatada por el imperio en contra de nuestra revolución, tuviese un papel determinante en el hecho de que el pueblo no pudiese elegir de manera libre, ante el anuncio hasta niveles de saturación de la inminencia del establecimiento de un estado de violencia generalizado que abriría las puertas de la invasión varias veces preanunciada por el jefe del Comando Sur

.Se trataría entonces de una cruel y curiosa paradoja, no

tuvimos elecciones libres, más no por los factores

aducidos por la contrarrevolución interna en su

anticampaña, sino por la acción encubierta de sus

mentores internacionales, reforzada por sus propias

amenazas y atentados terroristas.

A estos hechos de naturaleza injerencista y terrorista, públicos, notorios y comunicacionales, violatorios de al menos tres de los artículos de nuestra constitución vigente, el 3, el 20 y el 63, relativos todos a derechos ciudadanos que es necesario garantizar, habría que añadir en caso de que pueda ser demostrada, la compra masiva de votos con dineros de procedencia extranjera, sugerida por el Presidente Maduro el propio día de las elecciones, al decir que las elecciones fueron saboteadas, ratificada por él mismo el día 10 (6), tras una denuncia hecha por el camarada Diosdado Cabello en su programa televisivo semanal del pasado día 9 (7); denuncia que pudiera ser avalada por unos sospechosos retrasos en el tiempo de votación, presuntamente dedicados a tomar fotografía de la pantalla de la máquina de votación, registrando el voto, señalados por algunos camaradas miembros y testigos de mesa.

¡Carajo, así cualquiera gana una elección!

Si se permite que tamañas violaciones constitucionales

queden impunes sería moralmente imposible realizar

nuevos procesos electorales, sin desmedro de nuestra

soberanía como nación, independientemente de que

dispongamos del mejor sistema electoral del mundo,

capaz de garantizar la transparencia y exactitud de los

resultados y de funcionarios tan probos como los que

fueron capaces de garantizar la pureza de tales

comicios.

Por ello quiero sumarme a la propuesta del camarada

Martínez Zerpa relativa a la recomendación de que el

Polo Patriótico inicie un proceso ante el Tribunal

Supremo de Justicia, en procura de que esta máxima

instancia decrete la nulidad del pasado proceso

eleccionario, por haberse realizado bajo condiciones

que afectaron seriamente la voluntad popular, en su

capacidad decisoria de poder realizar un ejercicio libre

del derecho al sufragio, sin influencias externas

poderosas que, sin duda alguna, menoscabaron la

disposición anímica del votante y, que constituyen una

violación flagrante de normas establecidas en nuestra

constitución.

Entendiéndose que el proceso deba ser nuevamente

convocado sólo cuando se pueda comprobar que han

cesado las causas que motivaron su nulidad.

Nosotros no podemos permitirnos el detener el avance revolucionario por circunstancias similares a las que determinaron la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que perdieron el gobierno en unas elecciones celebradas en abril de 1.990, en medio de una cruenta guerra civil promovida por el imperio, a manos de aquel émulo de la MUD que se llamó la Unión Nacional Opositora (UNO), conformada por 14 partidos, que con el apoyo abierto de los Estados Unidos tenía como única promesa electoral el acabar con aquella cruenta guerra mercenaria. Recordemos que fue solo en enero de 2.007 cuando después de ganar las elecciones del 2.006, pudo el Comandante Daniel Ortega Saavedra reiniciar el proceso revolucionario nicaragüense, en medio de las nuevas realidades hemisféricas que está hoy seriamente amenazadas. Lo que está en juego es la

integridad y la soberanía de la Patria.

Si la iniciativa de solicitar la nulidad de las

parlamentarias pasadas no prosperase, es claro que no

podríamos concurrir a otras elecciones bajo

condiciones similares. Bajo estas circunstancias tengo

totalmente claro que sería absolutamente legal y

legítimo el detener el avance del imperio a través de la

contrarrevolución, ejerciendo todas las atribuciones del

gobierno y los poderes públicos que aún controlamos y

potenciando la unidad cívico militar que mantenemos

intacta aun después del descalabro electoral.

¡Hasta la Victoria Siempre!