La Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, criticó el informe publicado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, señalando que el mencionado texto «constituye una violación al derecho humano al conocimiento, a la veracidad y una afrenta descalificadora a la dignidad de una institución como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU».

La institución nacional destaca que a pesar de los intentos de EE.UU. de asfixiar las finanzas nacionales mediante medidas coercitivas, «se mantienen políticas públicas refrendadas por un reparto equitativo, amplio y democrático de las rentas fiscales del Estado venezolano».

La Red de Historia, Memoria y Patrimonio exhortó a Michelle Bachelet, a revisar el informe preliminar cuyo contenido «resulta inaceptable porque viola el principio de veracidad y porque no contribuyen al diálogo y entendimiento que ha promovido el Estado venezolano y otros sectores políticos nacionales e internacionales entre los actores políticos confrontados».

A continuación el texto íntegro del comunicado:

A la opinión pública

Ante el Informe Preliminar Bachelet

La Señora Michael Bachelet Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió el informe preliminar sobre la situación de los DDHH en Venezuela elaborado por orden del Consejo de Derechos Humanos en el cual se afirma que “en la última década y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política, a quienes critican al gobierno” se agrega a esta especie “que un conjunto de leyes, políticas y prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones a los derechos humanos”

Los que desarrollamos análisis históricos comparativos adscritos a la Red de Historia Memoria y Patrimonio de Venezuela como órgano independiente, crítico por naturaleza y autónomo según sus estatutos y práctica concreta, consideramos que lo señalado en el mencionado informe preliminar constituye una violación al derecho humano al conocimiento, a la veracidad y una afrenta descalificadora a la dignidad de una  institución como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que según sus principios debe privilegiar la imparcialidad y la verdad .

Un conjunto de leyes  instituidas por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente crearon un marco legal que privilegia los DDHH en Venezuela desde 1999 hasta la actualidad,  en 2011 creo la Ley para sancionar las violaciones a DDHH por razones políticas y la Comisión por la Justicia y la Verdad que determinó sin lugar a dudas y mediante investigaciones históricas, y ciencias criminalísticas  el saldo lamentable de más de 10 mil personas afectadas por violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998 en la llamada “democracia representativa” , luego se instituyó la Comisión por la Justicia, Verdad y Reparación en 2017 para investigar y solicitar actuaciones judiciales contra criminales políticos que militan en el oposicionismo y que promovieron la violencia política que afectó a miles de venezolanos y generaron un estado de afectación en la población venezolana desatendiendo a los mecanismos de participación pacífica que establece nuestro Estado de derecho.

En Venezuela se aplican sanciones ejemplares contra funcionarios que contraviniendo lo instituido en las leyes violan el Estado de derecho en el ejercicio de sus funciones, como hechos puntuales y no sistemático como se estilaba en el periodo histórico conocido como el Puntofijismo (1958-1998).

Desde que en Venezuela en 1999, se debatió la Constitución como ley magna  mediante una consulta extensiva, amplia y popular, se postularon sus principios legales en un acto democrático sin parangón en la historia de Venezuela y de América Latina, el pueblo venezolano eligió mediante votación universal un sistema de participación y protagonismo político y social que le ha dado oportunidad de expresarse sin distinción a amplios sectores cuyas sus voces nunca antes habían sido escuchadas, nos referimos a los pueblos originarios, mujeres, afros, discapacitados, niños, niñas y adolescentes, sexo diversos y el resto de la población que  suman más de 30 millones de seres humanos que hoy resisten los embates de las agresiones promovidas desde fuentes externas en un acto de injusticia de gran dimensión  y una de la más grandes violaciones de los derechos humanos en América y el mundo.

Es nuestra responsabilidad señalar que el derecho al conocimiento, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, a la alimentación, a la comunicación oportuna y a la verdad, a pesar de la presión económica  y de la intensión de asfixiar las finanzas nacionales mediante medidas coercitivas, se mantienen políticas públicas refrendadas por un reparto equitativo, amplio y democrático de las rentas fiscales del Estado venezolano.

Basta solo una mirada historiográfica a los antecedentes de la violencia política en Venezuela para darnos cuenta que los promotores de las mentiras sobre la situación venezolana en medios internacionales son los mismos, que haciendo uso del poder en tiempos pasados, ordenaron a las fuerzas policiales y militares arremeter de manera desproporcionada y violenta contra un pueblo demandante de justicia social, son los mismos que promovieron golpes fácticos contra la Constitución como el Golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero de 2003, el sabotaje alimentario desde 2013, las acciones callejeras violentas en 2014 y 2017 o el sabotaje eléctrico de 2019, hoy recurren al bodrio mediático para hacer creer que las causas de la crisis venezolana están en el gobierno y no en  operadores políticos nacionales e internacionales que gestionan acciones terroristas y criminales y que de nuevo intentan engañar a la opinión pública nacional o internacional y que lamentablemente son replicadas por voceros  que no valoran la justicia y la verdad sobre la realidad en Venezuela  en el contexto de estas agresiones.

Exhortamos a la Señora Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a revisar el informe preliminar cuyo contenido resulta inaceptable porque viola el principio de veracidad y porque no contribuyen al diálogo y entendimiento que ha promovido el Estado venezolano y otros sectores políticos nacionales e internacionales entre los actores políticos confrontados.

El pueblo venezolano amante de la paz y el diálogo es capaz de darse su propio destino, sus referentes históricos independentistas del Siglo XIX y los posteriores hitos libertarios son pruebas del respeto y adhesión a los principios de democracia, libertad, independencia, igualdad y justicia social que como bandera levantó el Libertador Simón Bolívar en tiempos épicos y que hoy el pueblo venezolano sigue levantando con heroicidad ejemplar.

Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela

Caracas, 5 de julio de 2019

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