Hace un año exactamente (en diciembre de 2017) se propagó una noticia inquietante para los miles de millones de personas que utilizamos Internet de forma habitual: La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobaba una norma sobre el servicio de internet, que técnicamente podría poner fin a la neutralidad de la red de redes.

Lo de la igualdad no agradaba a las grandes corporaciones mediáticas que controlan la información. En un principio se mantenían el compromiso de no discriminar el tráfico de información en función de su contenido.

Si en la mayoría de las Constituciones occidentales se dice que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley” (una falsedad tan enorme como el firmamento), podía afirmarse que “todos somos iguales ante Internet“. Lo que no es cierto. La red de redes se consideraba “un bien público”, aunque hubiera que pagarlo.

EEUU ha determinado, aprobado y regulado que los proveedores de servicios creen “autopistas” virtuales por donde se viajará a diferentes velocidades.

Es decir, se abre el camino a la discriminación de contenidos, se dificulta el acceso a informaciones que no sean del agrado del gobierno estadounidense, aumentado la velocidad de otra clase de “noticias” y propaganda que satisfagan a la Casa Blanca, al Pentágono, incluso bloqueando el acceso a las páginas “non gratas”.

En resumen, EEUU patrocina el fin de la libertad de expresión en Internet

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