Fronteras:
Caso Colombia – Venezuela
Por: Erikmar Balza Guerrero
Publicado 5 septiembre 2021
El hecho migratorio es un hecho
social, la idea de cerrar las fronteras para limitar o evadir los flujos
migratorios subyace en un panorama irreal y criminal.
La frontera internacional entre el estado
Táchira de Venezuela y el departamento del Norte de Santander de Colombia es de
las más confluidas de América Latina, entendiendo esto como la de mayor
movimiento de personas y mercado económico (formal e informal) entre ambos
países.
De
hecho, hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la expansión del sector
exportador que estaba especializado en el café y el cacao venezolano, la región
se consideró a sí misma como única e ‘’indistinta’’ en varios sentidos, con
respecto a otros países latinoamericanos en zonas fronterizas. Táchira y el
Norte de Santander tienen economías complementarias, la constitución familiar
culturalmente se compone de una manera sinérgica, existe gran movilidad de la
población estudiantil en todos sus niveles y se comunican directamente a través
del puerto de Maracaibo y el paso por Cúcuta.
Claro que principios de la primera década
del siglo XXI, con la llegada de Hugo Chávez al poder político en Venezuela,
sus políticas proteccionistas al migrante extranjero se fortalecieron, así como
las diferentes políticas públicas de carácter social en Venezuela demostrando
un profundo compromiso humanista, poniendo la dignidad del ser humano por
encima de fronteras y nacionalidades.
Esto
precipitó un nuevo repunte en la migración colombiana hacia la ya constituida
República Bolivariana de Venezuela.
Entre las causas de esta nueva ola
migratoria se encontraban el recrudecimiento del conflicto armado interno, los
desplazados del valle del Cauca, los altos niveles de pobreza, la normalización
de la criminalidad en la sociedad civil colombiana y la bonanza petrolera
venezolana.
Según estimaciones externas, en 2003 había
1.338.000 colombianos residiendo en Venezuela.
Entre
febrero de 2004 y el mismo mes de 2005, 186 mil colombianos fueron cedulados
por el gobierno venezolano; el cual ejecutó políticas públicas acordes al
proyecto bolivariano de la unión americana; las cuales beneficiaron a este alto
número de colombianos que recién adquirieron su cedulación venezolana; además
del arduo trabajo diplomático que emprendiera el gobierno venezolano por toda
Sudamérica estrechando lazos de hermandad con proyectos de cooperación, libre
comercio y tránsito.
Ahora bien, las discrepancias
políticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, las posturas ambiguas
que tomó el gobierno colombiano al prestarse como intermediarios y ejecutores
directos de los interés del gobierno norteamericano en Venezuela, las diferencias
marcadas en las visiones de integración, independencia y soberanía, además los
muchos nexos del Estado colombiano con el
paramilitarismo que tributaban a los planes de
desestabilización, golpes de estados, magnicidios políticos al gobierno
venezolano, precipitaron de manera acelerada los principios de una
ruptura política inminente.
Así mismo, las decisiones políticas iban
desencadenando graves consecuencias sociales en este paso fronterizo, tal como
el decrecimiento del intercambio comercial, un aumento de la violencia y por
ende un deterioro de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la
frontera.
El cierre de la frontera en muchas
ocasiones aduciendo responsabilidades por parte de Colombia en lo que respecta
a los problemas de violencia en la región, acrecentó la incertidumbre y
desconfianza entre ambos gobiernos, esto debido a los escasos mecanismos de
fraternidad que se han venido socavando por las políticas
hostiles de intervencionismo del gobierno colombiano.
De
igual manera, las asimetrías económicas exhibidas por la caída de valor de la
moneda venezolana en relación con el peso colombiano y la crisis económica de
Venezuela desde los últimos años, exacerbadas por el bloqueo
económico financiero impuesto por los EEUU a este país caribeño; han
acentuado los problemas de escasez y contrabando en la
frontera.
Trayendo
grandes consecuencias a la población ‘’colombo-venezolana’’ que reside en el
paso fronterizo.
La precariedad de acuerdos políticos ha
dejado plasmado el deterioro y la ausencia de cooperación binacional en la
solución de los graves problemas estructurales que aquejan a las regiones
fronterizas; a las cuales se le suma, la aparición de la pandemia del
coronavirus y el repunte de Colombia como uno de países
latinoamericanos con más casos de la covid-19, con escasas o casi nulas
políticas de atención y control bio-sanitario.
La
frontera colombo venezolana trascendió de ser un problema político, a darle
paso a un cierre indefinido como una medida de salud pública por parte del
gobierno venezolano.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro
en los últimos dos años giro instrucciones de trabajar en un 1er encuentro
trasfronterizo que alivianara las consecuencias de un conflicto político de
años.
Hoy
vemos con emoción una apertura progresiva y controlada de la frontera con
Colombia, como lo anunciaba Freddy Bernal (protector del estado Táchira) en sus
redes sociales los últimos días.
Aún existen ciertos sectores de
la población que están en desacuerdo con estas medidas, sin embargo, en
importante estudiar y evaluar las siguientes razones sociopolíticas:
El hecho migratorio es un hecho social, la
idea de cerrar las fronteras para limitar o evadir los flujos migratorios
subyace en un panorama irreal y criminal.
Sólo
consigue que los desplazamientos sean precarios, peligrosos, convirtiendo las
fronteras en abismos de criminalidad.
Abrir las fronteras permite, ante todo,
emigrar en condiciones seguras y dignas; es de destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
es una de las cartas magnas más modernas y garantistas del mundo y
acordé a esto en ella se funda la Ley de Extranjería y Migración promulgada en
el año 2004 que establece en su Artículo 13 “…los extranjeros y extranjeras que
se hallen en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tendrán los
mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes”.
En esto radica la única manera de
garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que entran a
Venezuela y de los que salen hacia otros países; pues una frontera abierta, que
da entrada y salida legal a las personas, que permite registros y controles y
que facilite un estatus migratorio; siempre será sinónimo de un gobierno que
apuesta por el cumplimiento de las leyes y de los derechos de sus habitantes.
El
cierre de fronteras contribuye a la apertura de una economía de la prohibición,
por lo que legalizar la movilidad de todos, es acabar
con las organizaciones criminales que han incursionado en el tráfico de
personas.
En cuanto al potencial económico, se debe
señalar que desarrollar el potencial económico en ambos países es prioridad
ante la recesión económica que ha traído como consecuencia el coronavirus.
Todos
los estudios muestran que la contribución económica a sus países de destino es
tanto más positiva cuanto más segura y legal es su situación.
Legalizar
las migraciones equivale a la desaparición, de facto, de la inmigración “clandestina”, permitiéndoles desarrollar
su pleno potencial económico en el país de acogida.
Su
contribución económica se dirigiría también hacia sus países de origen; tal
como es el caso del turismo venezolano y la utilidad de los aeropuertos
internacionales colombianos.
Venezuela
se caracteriza por haber atravesado un proceso de integración racial temprano durante la gesta
independentista, donde se superaron los esquemas racistas y posteriormente
xenófobos demostrando ser un país de acogida a lo largo de la historia para
inmigrantes de diferentes naciones, ampliando la mescolanza no solamente
racial, sino también social; siendo acordé la reapertura de la frontera
colombo-venezolana con el espíritu integrador de la sociedad venezolana.
Políticamente, el hecho de que el gobierno Colombiano luego de los acontecimientos de los
últimos años donde fungió como patrocinador de desestabilización social,
política y económica con la finalidad de atentar contra el gobierno
venezolano, se siente a dialogar, a utilizar la diplomacia como herramienta
para acordar la apertura de la frontera significa un triunfo de la paz, que ha
sido bandera del gobierno Venezolano en los últimos años, además que implica que el gobierno de Colombia reconoce a
Nicolás Maduro como presidente legítimo y constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela.
Esto último permitirá que progresivamente
ambas naciones restablezcan relaciones diplomáticas que facilitarán el
comercio, la interacción social, y el estatus de los migrantes de ambos países.
En
este sentido, es prioritario que los gobiernos del mundo, principalmente
aquellos que mantienen una fuerte relación fronteriza como es el caso de
Venezuela y Colombia; acepten y reconozcan de manera seria y políticamente
responsable; el hecho de que la injerencia en los
asuntos internos de los países jamás servirá a la paz, ni a los intereses de
los pueblos.
Tomado de: https://www.telesurtv.net/
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