Las corporaciones multinacionales buscan cobrar los laudos arbitrales a medida que la gestión de activos extranjeros de la oposición respaldada por Estados Unidos se ve cada vez más cuestionada.
El político de línea dura Juan Guaidó negó el acuerdo informado con ConocoPhillips y afirmó que el documento de la corte cometió un "error". Sin embargo, el texto cita la comunicación directa de sus abogados. (AFP)
Mérida, 25 de septiembre de 2021 ( venezuelanalysis.com ) - El autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó, ha suscitado duras críticas por un acuerdo para pagar 1.300 millones de dólares a la empresa estadounidense ConocoPhillips.
El supuesto acuerdo fue revelado en un informe del “Juez Especial” designado por el Tribunal de Distrito de Delaware, Robert B. Pincus, sobre un “procedimiento de venta” propuesto de activos venezolanos para satisfacer las demandas de los acreedores.
“Las Partes de Venezuela [juntas nombradas por la oposición] han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips”, que “asciende a $ 1.287.664.420 al 20 de julio de 2021”, se lee en el texto de 73 páginas visto por Análisis venezolano.
Un informe de la corte de distrito de Delaware declaró que la oposición liderada por Guaidó llegó a un acuerdo de $ 1.3 mil millones con el gigante petrolero ConocoPhillips. (Caso 1: 17-mc-00151-LPS, Documento 348 / captura de pantalla)
La cifra hace referencia a los $ 2 mil millones otorgados a la multinacional con sede en Houston en 2018 por la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en compensación por activos en la Faja Petrolífera del Orinoco nacionalizada por el ex gobierno de Hugo Chávez. El informe de Pincus reveló que ConocoPhillips “ha recibido (o incautado) al menos $ 753,998,726” entre 2018 y 2019 antes de que las sanciones de Estados Unidos aislaran al gobierno de Maduro de los mercados internacionales y le impidieran pagar el servicio de la deuda.
Por su parte, Guaidó emitió un comunicado negando el acuerdo de 1.300 millones de dólares, afirmando que el documento de la corte está "equivocado". “El gobierno interino no ha firmado ningún acuerdo de pago con ConocoPhillips. No hay contratos en curso para la venta, proceso de venta o cesión de acciones de PDVSA, PDV Holding y / o CITGO con ConocoPhillips u otros acreedores ”, se lee.
Sin embargo, tanto el supuesto acuerdo oculto como su negación fueron condenados tanto por analistas como por partidarios de la oposición. El economista Francisco Rodríguez criticó al político de derecha por su manejo de los activos de Venezuela en el exterior y la falta de transparencia en su trato con los acreedores.
"¿Se entregaron los derechos de explotación petrolera en territorio venezolano?" preguntó el experto en Twitter. También recordó que el “presidente interino” afirmó anteriormente no tener recursos para ayudar a los venezolanos afectados por la crisis económica.
Rodríguez también cuestionó la alegación de Guaidó de que el acuerdo revelado con ConocoPhillips fue un error. “El informe pericial fue presentado a la corte el 9 de agosto. Los abogados venezolanos tenían hasta el 1 de septiembre para objetar”, agregó, señalando la mención en el documento de comunicaciones directas con el “gobierno interino”.
El gobierno de Estados Unidos 'reevaluará' la protección de CITGO en 2022
El experto en fusiones y adquisiciones Robert B. Pincus fue designado como "maestro especial" por el juez federal de distrito Leonard P. Stark en mayo como parte del caso presentado por Crystallex . La empresa minera canadiense también está buscando cobrar un laudo de arbitraje de $ 1.4 mil millones y ha puesto la mira en CITGO , una subsidiaria petrolera venezolana con sede en Estados Unidos por valor de $ 8 mil millones. La empresa fue confiscada por Washington y entregada a Guaidó después de su autoproclamación en enero de 2019. El reconocimiento de Estados Unidos ha significado que solo las juntas directivas designadas por la oposición han estado involucradas en litigios sobre empresas venezolanas en los tribunales estadounidenses.
El informe del maestro especial recomendó una orden de procedimientos de venta, e idealmente un "resultado negociado", para satisfacer a todos los reclamantes, incluidos Crystallex, ConocoPhillips y los tenedores del bono PDVSA 2020. Pincus también defendió sus acciones en el documento, habiendo estado envuelto en una controversia por exceder el límite de honorarios legales de $ 2 millones y un supuesto conflicto de intereses sobre la contratación de asesores con compensaciones por "honorarios de éxito".
A pesar de la aprobación judicial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha prohibido los esfuerzos para incautar o subastar acciones de CITGO en un intento por proteger a las empresas controladas por la oposición. Las autoridades estadounidenses han renovado las órdenes que prohíben la incautación de activos venezolanos sin una licencia especial.
En respuesta a una carta reciente de los abogados de Crystallex, la OFAC mantuvo su postura, argumentando que la "venta de las acciones de PDVH [la compañía controladora de CITGO] en este momento sería inconsistente con los intereses de la política exterior de Estados Unidos".
La comunicación del 10 de septiembre afirma que Estados Unidos "reevaluará" la decisión durante la primera mitad de 2022 "según lo justifiquen las circunstancias cambiantes". El momento coincide con la expiración de la anterior Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición. Aunque su mandato terminó en enero de 2021 después de las elecciones legislativas , Washington continuó reconociéndolo. Guaidó y sus seguidores “ extendieron ” el mandato por un año en una medida considerada inconstitucional por la Corte Suprema de Venezuela.
La filial petrolera estadounidense CITGO es el mayor activo de Venezuela en el exterior. La ex administración Trump confiscó y entregó la compañía de $ 7-8 mil millones a la junta ad hoc designada por Juan Guaidó en enero de 2019. Desde entonces, el país ha dejado de recibir un estimado de $ 1 mil millones al año. (NYT)
Rusoro Mining 'ejecutará' laudo arbitral
El activo extranjero más preciado de Venezuela podría enfrentarse a otro demandante luego de los informes de que la oposición respaldada por Estados Unidos ha retirado "silenciosamente" su impugnación contra un laudo de arbitraje de 1.200 millones de dólares otorgado a Rusoro Mining.
Según la Ley 360 , el Tribunal de Apelaciones de Washington DC aprobó el despido el lunes.
"Rusoro tiene la esperanza de que la decisión de Venezuela de retirar su apelación refleje una decisión [...] de compensar finalmente a Rusoro por las pérdidas que sufrió como resultado de la expropiación de sus inversiones", dijo el gerente general de la empresa, Andre Agapov, en un comunicado. El ejecutivo agregó que la minera de oro continuará con sus “esfuerzos de ejecución” contra los activos venezolanos.
Rusoro recibió una compensación de $ 967,77 millones en 2016 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por la nacionalización en 2011 de sus operaciones mineras en el estado sureño de Bolívar por parte del gobierno de Chávez. Sin embargo, la corporación calcula el interés en $ 652,23 millones, dejando el total en $ 1,62 mil millones.
Las autoridades venezolanas y la oposición de Guaidó no se han pronunciado sobre el caso. Caracas había objetado el laudo del CIADI argumentando que la cartera de Rusoro estaba valorada en solo $ 51,4 millones en el momento de la nacionalización. Una decisión de 2019 del Tribunal de Apelación de París de desestimar el laudo fue revocada recientemente por el Tribunal de Casación francés superior. Según los informes, el gobierno venezolano está preparando un nuevo desafío legal.
Oposición lucha interna por la agitación de Monómeros
El manejo de las empresas extranjeras por parte de la facción respaldada por Estados Unidos también fue cuestionado por aliados de la oposición en los últimos días luego de la decisión del gobierno colombiano de tomar el control de Monómeros Colombo-Venezolanos, una subsidiaria de la petroquímica estatal venezolana Pequiven.
Si bien el gobierno de Maduro calificó la medida de “ robo flagrante ” , Guaidó agradeció al gobierno de Iván Duque por “proteger” al productor de agroquímicos.
La postura fue duramente criticada, y el lunes personalidades de alto rango de la Asamblea Nacional 2015-2020 escribieron una carta al presidente colombiano expresando preocupación por las “consecuencias dañinas” de la toma de posesión de los Monómeros.
Los ex diputados acusaron al directorio designado por Guaidó de participar en una "estrategia deliberada para quebrar la empresa", así como actos de "sabotaje" y "desinformación". Pidieron a Duque que “no permita que terceros” se apoderen de la empresa. Sin embargo, según el periodista Vladimir Villegas, Guaidó se opuso a la carta y se negó a firmarla.
El jueves, la administración de la empresa se declaró en quiebra y buscará llegar a un acuerdo con los acreedores.
Andreína Chávez Alava reportando desde Guayaquil, Ecuador y Ricardo Vaz desde Mérida, Venezuela.
Tomado de: https://venezuelanalysis.com/
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