Constituyente

EL  UNO POR CIENTO O INCLUIR SIN DESTRUIR

Existe un uno por ciento de la población planetaria, mafia económica y política que concentra el 87% de las riquezas mundiales. Reducido grupo que acumula, despoja, manipula y maneja a su antojo el mundo, imponiendo gobiernos, modelos económicos, liderazgos, decidiendo en contra del resto del planeta, condenándonos a la miseria perpetua. Contra ese ínfimo porcentaje Venezuela se rebela en los años 1989 y 1992, concretando nuestra insurgencia en 1999 cuando, asumiendo constitucionalmente la igualdad de condiciones y oportunidades, la solidaridad, la equidad, la justicia social, la protección de lo humano frente a la voracidad del capital, se sustrae a la lógica perversa de ese sistema de opresión y dominio. 

Una fusión de fuerzas políticas y sociales venció el dócil asentamiento emanado de cualquier apostolado; convirtiéndonos en fuerza constituyente superó la espinosa cuestión de la representación y el voluntarismo más allá de los dispositivos de participación clásicos y partidos políticos. Tras incorporar nuevas formas de organización: populares, económicas, sociales y culturales se concretó la participación de amplios sectores del pueblo organizado en las decisiones políticas de nuestro país. 

Dilema superado en nuestro sistema democrático, al asumir que el partido y su capacidad de representar en lo uno, la multiplicidad de voces constituyentes del cuerpo social, no son suficientes para garantizar la participación, incorporándose otras organizaciones, formas y modos de participar no excluyentes  en el quehacer diario de la política.

Así, nuestra Constitución, transversalizó los principios y fundamentos de la participación en nuestra democracia, y a la hora de ejercer nuestro derecho a elegir y a ser electos, incluyó nuevas modalidades organizativas (grupos de electores, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, entre otros) que garantizaran nuestros derechos políticos, en ejercicio soberano de voluntad política, incluso sin la intermediación de partidos. Estos principios fueron cercenados en esta oportunidad por el CNE al impedir la inscripción de grupos de electores independientes, colocándoles plazos y condiciones de imposible cumplimiento o simplemente, en un silencio administrativo negativo, no respondiendo sus solicitudes, al igual que sucede con la rebatiña (canibalismo político) de los partidos “minoritarios”.  

Tampoco creemos en el uso instrumental de algunas minorías para destruir lo universal, como lo impulsan sectores que defienden la post política, respecto a las políticas identitarias y multiculturales. (Zizek)  es incluir, sin destruir.

Como garantes y vigilantes de la Constitución señalamos: toda propuesta que intente sustituir a lo real excluyendo las infinitas minorías (tienen iguales derechos que las mayorías), secuestre y debilite sus poderes creativos, se tornará en impostura: falsificación de la real voluntad del pueblo. Captura de lo constituyente expresado en esas diversas voces que no tienen por qué coincidir con nosotros, pero tienen todo el derecho a manifestarse y participar electoral, social y políticamente; esa es la base de nuestra democracia participativa y protagónica, una Democracia Radical según Laclau. 

Lo constituyente, lo participativo y protagónico se fundamentan en sí mismos, en su propio ejercicio de participación. Siendo el despojo de lo constituyente y participativo un acto despótico que anula al soberano. Por tanto el fundamento irrenunciable para los demócratas verdaderos, es viabilizar, propiciar y garantizar todo medio de participación a todos y todas. La falacia de menospreciar las minorías, pues no aportan o reúnen más allá del 1% -según sus apreciaciones- del caudal de votos, es poco menos que vergonzosa para un demócrata auténtico. Cualquier expresión de voluntad y soberanía popular cuenta. Más allá de que esa minoría no decida finalmente (en democracia las mayorías son las decisivas) lo importante para el fortalecimiento de nuestro modelo de inclusión, no es cercenar la participación o bloquear el protagonismo sino potenciarlo y estimularlo. 

No es un tema de divisionismo. Se trata de participación y protagonismo. Lo ético no es lo moralmente recto, sino el acto constante de renuncia al poder que obliga a ser responsable de cada decisión. Lo ético no es que el amo, el partido, el jefe, sustituya el ejercicio de la soberanía, sino estaríamos frente a una disolución del cuerpo político todo. En el momento en que hay un amo, no hay soberano y desde entonces el cuerpo político es destruido (Rousseau). Es mandar obedeciendo.

La democracia, poder del pueblo, está constituida por su soberanía absoluta e indivisible. Ésta se manifiesta como poder de decisión y se ejerce protagónica, participativa e indelegablemente. Participar es resistir, pensar con cabeza propia, potenciando lo democrático, resistirnos a la servidumbre, al pensamiento único como forma de hacer política con P mayúscula, es invocar al pueblo excluido, a ese que todavía falta por llegar, pues toda resistencia es constituyente.

Proteger nuestras conquistas democráticas, los cambios alcanzados en nuestra Constitución, garantía de la pluralidad, es fundamental para fortalecer nuestro modelo democrático donde cabemos todos, y donde todos adentro, unificados en un mismo horizonte de lucha nos encontramos, con nuestras diferencias, lejos de ser divisionistas son potenciadoras de una mayor y mejor democracia.

El fundamento de la política es la ética y ésta consiste en orientar lo contingente, no clausurarlo ni cerrarlo. Lo que hace comunidad es lo común, además es lo incompleto, es la falta que nos hace componernos con el otro y con los otros: lo hetero, lo heterogéneo y de allí y por allí surgen los acuerdos, la cooperación, la solidaridad con esos otros. Es la exuberancia de lo heterogéneo, de lo incompleto de toda comunidad de incompletos: la autosuficiencia y totalidad homogénea, cuando se trata de lo común, no son posibles. (Maracapana)

La respuesta es diseñar políticas plasmadas en dispositivos, flexibles y dinámicos que permitan el empoderamiento, esa trasmisión o devolución de poder al Pueblo organizado, sin que esto signifique un salto al vacío. Producir dispositivos no para que desaparezcamos en ellos, ni que en ellos nos representen, sino dispositivos para presentarnos, eso es lo revolucionario. 

Se trata entonces, de neutralizar todo poder representativo, no de exacerbarlo, pretendiendo una supuesta representación democrática. Nada puede sustituir al pueblo: ni partidos, ni jefes, ni cogollos, ni nada, ni nadie. Toda sustitución de este principio de soberanía indelegable, es una impostura despótica,  que borra al soberano, una ficción irresponsable, no ética. Lo ético aquí es el acto constante de renuncia al poder representativo, para dar paso a lo protagónico y participativo.

Nada puede sustituir al pueblo: ni partidos, no jefes, ni nada ni nadie. Toda sustitución de este principio de soberanía indelegable es una impostura, despótica en sí misma que borra al soberano, convirtiéndolo en ficción irresponsable no ética. Lo ético aquí es el acto constante de renunciar al poder representativo para dar paso a lo protagónico y participativo.

Se trata de salir de la encrucijada, buscar que esos dispositivos disolventes sean abiertos, abiertos como el universo: la participación vs la cúpula,  el cogollo o estado mayor político, decisiones tomadas y acciones emprendidas colectiva, comunitariamente, no unilaterales. Para eso hace falta salir y dejar a un lado la conducta calculadora de algunos dirigentes de la política nacional. La base de nuestra democracia es el poder del pueblo no de ningún sustituto, sobre todo si éstos excluyen las masas del ejercicio del poder real y monopolizan, secuestran la soberanía popular (Maracapana).

No cometamos el error de Procusto, el posadero de las colinas de Ática y actuemos  de forma equivocada cuando incapaces de reconocer como válidas ideas de otros, o por miedo o envidia, nos dejemos llevar, no nos responsabilicemos,  o tomemos malas decisiones, frenando distintas iniciativas, aportes e ideas de aquellos que difieren de nosotros, cercenando cualquier acción o emprendimiento divergente. Siempre es necesario el ojo crítico, contrario y diferente para alertarnos sobre cualquier desviación o mejor aún complementar ideas, propuestas que pudieran rectificar el rumbo y construir mejores decisiones tomando en cuenta siempre el bien común. 

Resulta urgente garantizar la participación protagónica de todos y todas, sin estigmatizar a los diversos, los diferentes, los alternos, por muy minoritarios y diferentes a nuestro pensamiento. Lo contrario no solo sería inconstitucional, también moral y éticamente incorrecto. Todo aquello que afecte principios y valores políticos constitucionales que fundamentan nuestra democracia participativa y protagónica, y que constituyen los parámetros, crean un precedente peligroso para la democracia radical revolucionaria.

REPÚBLICA O GOBERNANZA GLOBAL

En 1972 los Tanques de pensamiento, encabezados por Kissinger y Nixon con su histórica visita a China, sentaron las bases de la globalización cuya objetivo fundamental era derribar la URSS e incorporar a China al “mundo civilizado”, léase, globalizado. 

Hoy, más allá de ser la ‘fábrica del mundo’, para algunos aparece como régimen eficaz, capaz de contener una epidemia agresiva, mientras Occidente no sabe cómo responder a la imparable aceleración de contagios. “Avanza así la progresiva erosión de lo que se denomina el Consenso de Washington: el modelo político-económico que se basa en la democracia capitalista, con poderes estatales limitados, y continúa ganando peso el ‘Consenso de Pekín’ (capitalismo de Estado, apertura al exterior, autoritarismo político, gran capacidad de innovación y flexibilidad), porque ofrece estabilidad y altísimas tasas de crecimiento económico”. (Rueda). Se transforman, cambian de piel y con ropajes nuevos, simulan y engañan los mismos amos, lobos vestidos de ovejas. 

Es la globalización de nuevo cuño: “la gobernanza global”, expresión de reglas, procesos, sistemas, actores e instituciones que rigen el planeta, intervienen en la toma de decisión de los Estados Nación, debilitando las soberanías. Todo acompañado de un nuevo ordenamiento de los espacios económicos: mercado global de capitales, códigos e instituciones que hoy constituyen un régimen internacional de derechos humanos, ámbitos parajurídicos que tienen el poder y la legitimidad para hacer responsables a los gobiernos nacionales. (Sassen)

Son nuevas “formaciones predatorias: combinación de élites y capacidades sistémicas con el capital como posibilitador clave, que empujan hacia una concentración aguda, adoptando formas extremas” (Sassen). Su alcance planetario ahora se extiende no sólo a estos ámbitos, sino que asume como banderas comunes: la seguridad, resolución de conflictos, la defensa de “la casa común” y los temas de moda: sanitarización, cambio climático, contaminación, gobernanza energética y de recursos, migraciones, biodiversidad, desarrollo sostenible, control de la natalidad, producción económica, monedas digitales, finanzas, tecnologías disruptivas, desarrollo y papel de la industria armamentística.

En medio del caos y el inducido cambio civilizatorio de la cuarta revolución industrial a la quinta, avanza paralelamente una operación bioterrorista militar estratégica global de comando sobre las personas  y las economías nacionales con el COVID19 como tapadera-disparador para, en medio del pánico y la engañosa percepción de “catástrofe sanitaria” construida por los medios -GAFATM- y autoridades sin legitimidad alguna, pues ella no emana de los pueblos, sino de un ámbito de representación abstracto: multilaterales (ONU, OMS), universidades (imperial College Universidad Jhon Hopkins), comisiones de expertos, sustituir a los gobiernos nacionales legítimos y sus centros de estudios nacionales y saberes populares, por la gobernanza global de las multilaterales. 

Sistema de sacrificio de las libertades por las llamadas razones de seguridad, condenándonos a vivir en un perpetuo estado de miedo e inseguridad, luchando contra una fuerza invisible, inatribuíble, ambigua, sin comienzo ni final, ni enemigo delimitado, despolitización de la guerra, convirtiéndola en operaciones sanitarias humanitarias: guerra inmuno-humanitaria, poder atroz  que niega todo conflicto, imponiendo la pacificación por medios tecnocráticos  para controlar y dominar, en lo molar y molecular, irrigándose como biopoder totalitario sobre todos y en todo.

Virus utilizados contra nuestra cotidianidad; la ingeniería biológica, el enemigo, infecta el mundo natural y cotidiano. Ortopedia social por shock y espanto (minimal), haciendo primero un vaciamiento por trauma, para instalarnos las coordenadas de la nueva civilización. Colapso del capitalismo fiduciario, hacia el nuevo capitalismo, dónde la tecnología impactará todo, bioeconomía zombi de una nueva explotación ya no de la fuerza de trabajo como plusvalía, sino de tú conatus enfermo: la enfermedad como nueva forma de extracción.

Instalación de una máquina que anula toda libertad toda potencia,  tiranía tecnocrática de expertos. Desde la ciencia oficial se impone el terror a diario: conteo de enfermos y muertos, ciudad por ciudad, país por país, maquinaria de manipulación que junto a la dictadura ecológica del Club de Roma opera en condición de ejército de superstición: uso de pacificación para desmovilizar poblaciones.

He allí el giro fundamental de la estrategia de la gobernanza global: sanitarizar las hipótesis de conflicto para disolver la guerra, delineando a su vez la propia disolución de la doctrina de defensa y seguridad. Sin hipótesis de conflicto se acaban la geopolítica y las soberanías, diluyendo Westfalia, donde la OTAN, brazo armado de la gobernanza,  asume desde 1999 el concepto estratégico de  “seguritización” como doctrina para la salvación de los intereses corporativos: organización global  que puede actuar en cualquier lugar, contra cualquier amenaza, por vía implícita, explícita y expansiva donde la defensa colectiva actuará cuando consideren esté en peligro la seguridad del área transatlántica del neo imperio. 

La idea de esta gobernanza global sobre la “pacificación” es: neutralizar lo político y desoberanizar los Estados Nación para establecer regiones económicas en función de intereses privados, a través de intervenciones humanitarias, con la excusa de proteger derechos humanos de poblaciones civiles, frente a gobiernos y Estados fallidos y forajidos, frágiles e insuficientes para atender crisis humanitarias, mediante un sistema de cooperación para atender problemas globales, interés común para beneficio corporativo.

Con el COVID19 como acelerador del proceso de restauración neoimperial contra las Repúblicas, mutan en su estrategia pues no se lucha contra un enemigo visible: terrorismo, narcotráfico u otro Estado, sino  contra otro enemigo, sin personalidad jurídica, ni política, ni siquiera criminal, a quien responsabilizar, sino a un virus, una enfermedad, un desastre natural, el cambio climático, y terminan esos Estados debilitados, indefensos, vencidos, disolviendo fronteras, naciones, estableciendo protocolos obligatorios supranacionales supervisados y dirigidos desde multilaterales sin legitimidad real. Destrucción de lo político -ius bellis-, por el ius corporativo de la gobernanza global. 

Operación de destrucción de las soberanías locales en pro de la soberanía privada global, gobernanza neoimperial impuesta mediante la agenda 2030. Doctrina foránea que tributa a los centros de inteligencia “globales”  con estrategias militares sanitarizadas: biologización de la política, bioeconomía a través de un Estado de emergencia mundial que esconde el estado de excepción global, decidiendo éste sobre la vida y la muerte, ya no desde la legitimidad de las Repúblicas sino desde los intereses de la corporatocracia mundial representada por los poderes privados de farmacéuticas y tecnológicas. 

Desde el dogma religioso y la ciencia como religión, pretenden implantar una nueva forma de explotar la población y sus cuerpos: extracción económica y control político, con instalación de dispositivos de obsolescencia programada, para asegurar quien está sano o no: apartheid sanitario planetario. 

Nueva etapa del capitalismo que estamos obligados a combatir para evitar la  confiscación de los territorios, recursos y soberanía económica de los países. Impedir a toda costa la privatización del planeta, y proteger ante todo  el dominio nacional e individual de las libertades de la población. No caer en la trampa de moda: bajo la excusa de la protección de lo común buscan aniquilar lo individual nacional y lo común humano. Condenemos el uso maniqueo de los derechos humanos y la lucha por el bien común global para destruir lo humano, lo planetario y ecológico.

LA UNIDAD DE LOS PATRIOTAS

El concepto originario, fundamento de quienes nos legaron la Patria, es el de la Unión. Unidad para ser cada vez más libres, independientes, soberanos e impedir el avance de la agenda neocolonizadora global. Unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidad del Pueblo y de todos los factores políticos, económicos y sociales nacionalistas, soberanistas, unidos todos en la continuación de la gesta de  Bolívar y Chávez y tantos héroes anónimos de nuestra historia bravía.

Unidad para retornar a Venezuela sobre sí misma. Unidad para enmendar nuestros pasos, enderezar el rumbo y finalmente dirigirnos por la senda conducente al destino largamente diferido tras la muerte temprana del Libertador y del Comandante de Conciencias.  Ese destino, sin más diferimientos y tardanzas nos espera. Volvamos a cumplir y terminemos definitivamente nuestra gesta emancipadora: volver a ser en nuestros arraigos, creencias y destino, con aquellos pata en el suelo que en días de independencia nacional abandonaron esposas, hijos y familia para irse, apenas pertrechados de sueños, lanzas y machetes, tras el Loco del Sur a liberar la Patria Grande del yugo imperialista español. Unidad para retomar nuestro destino en el continente de manera revolucionaria, total e incondicional. 

Unidad para liberarnos del  terrible lastre que entorpece, paraliza y niega nuestra grandeza de Nación soberana, que impide el milagro de una resurrección política y la puesta en marcha de su renovación espiritual, administrativa, social, económica, judicial y militar. Esa, nuestra unidad debe conducir a que alcance su potencia.

Unidad para liquidar las estructuras oligárquicas de mandos económico-sociales liderados y administrados por inescrupulosos empresarios parásitos y explotadores,  antinacionalistas, sujetos a la injerencia y al chantaje: a ésos hay que derrumbarlos a cualquier precio y con urgencia.

Unidad para liquidar y castigar, a los corruptos, mal vivientes, al bandidaje vergonzoso, completamente criminal de grupos plutocráticos  y burocráticos de fines e identidad dudosa, así como a particulares que se apropian de los bienes y recursos nacionales y viven de su usufructo, saqueo, robo, escamoteo, latrocinio y demás operaciones de blanqueo, pillaje de los ladrones de toda ralea que históricamente han vampirizado la renta nacional, logrando grandes desnacionalizaciones, créditos blandos, rebajas de impuestos, contratos amañados, lo que equivale de hecho a un verdadero cataclismo económico para Venezuela,  gigantesca operación, conspirativamente concertada, de apropiación fraudulenta del conjunto de nuestra economía. 

Unidad para salvar la Fuerza Armada y sus medios de potencia estratégica de dimensiones disuasivas del afán de sometimiento a una doctrina extraña de securitización -otanización encubierta-, unidad que requiere un proceso de renovación fundamental -refundación- del Estado, cuya reestructuración revolucionaria deberá forzosamente pasar por la territorialización del trabajo, de la enseñanza, de la organización social, cultural y religiosa de toda la nación. Unidad para el rescate de la conciencia nacional-revolucionaria del Pueblo y de su Fuerza Armada, así como de su papel en el despertar: toma de conciencia Nuestro Americana .. integración gran Americana como katehon -escudo protector-  ante los poderes oscuros corporativos, antihumanos  y antinaturales.

Unidad de los patriotas, necesaria para instalar un dispositivo político-estratégico de protección espiritual, de inteligencia, información y de poderes ampliados, destinado a garantizar la seguridad interior y nuestra defensa integral, que tribute al desarrollo nacional a fin de “restablecer, hacer renacer de nuevo el tejido conjuntivo íntimo, vital, la profunda unidad irradiando de la sociedad en su conjunto, a la cual habría que poder dar una fe nueva en sí misma, y en sus propios  destinos  nacionales y supranacionales que son naturalmente los suyos, por su propia predestinación fundacional de sus propios orígenes, por sus tareas revolucionarias inmediatas, por el formidable esfuerzo de auto-enderezamiento ontológico y político- histórico exigido de ella, a la hora actual, por la marcha misma de la historia mundial que llega a un giro trágicamente irreversible”. (Parvulesco) 

Unidad para fortalecernos en estos momentos de crisis y deterioro, como el que sufrimos hoy, poniendo el interés de la nación por encima del particular y egoísta. Unidad para generar empleos productivos, fortalecer y dignificar el trabajo, con un salario justo y digno y un liderazgo cuya preocupación sea el bienestar común. 

Unidad para detener el saqueo de nuestros recursos, la merma de nuestras pensiones, salarios, rescatar el ahorro, proteger la nación de los depredadores financieros y diseñadores de políticas monetaristas neoliberales que, siguiendo los consejos de los centros financieros globales, impusieron un cepo a la emisión monetaria. Unidad para restablecer el valor del Bolívar, impulsar un nuevo sistema bancario nacional que funcione como mecanismo de crédito soberano, sometido a regulación estatal, en favor de la producción industrial, científica, tecnológica y de proyectos sociales, agrícolas, culturales y militares.

No se trata de la unidad retórica, tampoco es una pose o panacea que busca uniformar y tapar las diferencias de visiones, criterios y posiciones, excluyendo, anulando a los distintos y ocultando las taras y miserias, mientras se intenta apagar cualquier crítica constructiva o se trata con desdén cualquier idea, aporte o sugerencia no acordé con el credo neoliberal salvaje y se tilda de apátridas, contrarrevolucionarios o espías a todos aquellos que los formulen. 

Tampoco es la unidad como forma de atacar al contrario y bajo éste mantra controlar y conducir al nihilismo a un movimiento heterogéneo, expresión de la unidad como poder. Todos unidos, pero unos más que otros. La unidad no puede ser una falacia para esterilizar la política, los reclamos, las diferencias; no puede servir para  inmovilizar a la gente, ni un ritornello que nos lleve al abismo, debe ser para movilizarla fértilmente, para el hacer con todos: la unidad de los muchos para construir junto con todos, con los comunes, una nación próspera y feliz. 

Nuestra unidad debe ser con la Patria,  la República y la Constitución. Con la vida, con los niños, los viejitos, los hambrientos, los enfermos, los excluidos, con los soldados y con todos los venezolanos y venezolanas sin distinción de sexo, etnia, religión y clase o posición social. La unidad es con Bolívar, con Chávez y el pueblo humilde, para ser un puño real, verdadero, unido en la  lucha. Unidad para el buen vivir de todos y todas, para la rectificación y recuperación de la República, su soberanía, independencia y autodeterminación. UNIDAD en este país urgido de unidad para convocar a todos y todas reunidos sin odios importados y así, juntos todos, renovar el pacto con la Patria.

SOBERANÍA ECONÓMICA O ESCLAVITUD

El sistema económico venezolano, previsto en el Artículo 299 de la CRBV, establece la libertad económica y la iniciativa privada, conforme a la justicia social, requiriendo la intervención del Estado y una fuerte y marcada presencia en tres roles: promotor del desarrollo económico, regulador y planificador de la actividad económica, persiguiendo la justa distribución de las riquezas. Blindaje jurídico material del Estado de Derecho, Justicia Social y Garantías Constitucionales. 

Un modelo apalancado en dispositivos de defensa interna que incomodan a los neoliberales, con debilidades y averías centrifugadoras que siguieron operando, fortaleciendo vías sumergidas de apropiación de la riqueza, transferidas de forma subrepticia a una burguesía contraria a las ideas sociales constitucionales. 

Ante ello, Chávez diseñó un sistema de reparto y distribución justa y equitativa de las riquezas: 67% fue para la inversión social, limitando el porcentaje de apropiación que recibían vía sobrefacturación importaciones, evasión y elusión fiscal, créditos blandos y la entrega a precios preferenciales de las divisas producidas en un 97% por PDVSA. Este sistema propicia un conflicto entre el Estado, propietario de la renta del suelo, y el sector privado por el control de dicha renta. Mientras sectores oligopólicos y monopólicos de ella se apropiaban, haciendo el modelo de distribución inviable, proponían el dogma salvador: privatizaciones a diestra y siniestra (IESA, CEDISE). 

Desde una perspectiva monetarista ortodoxa, la inflación es siempre un fenómeno monetario (Friedman), enfoque actualmente encarnado en el Nuevo Consenso Macroeconómico y en las políticas recomendadas por el FMI desde 2002 (Blejer) La preocupación principal de los “policy-makers ortodoxos” es el crecimiento «excesivo» de la demanda agregada (trabajadores que consumen), o simplemente la expansión monetaria (Blejer), y proponen medidas monetarias y fiscales contractivas, como único medio apropiado para controlar la inflación (Friedman). 

Mientras, el enfoque post-keynesiano entiende a la inflación como la manifestación del conflicto por la distribución del ingreso entre los trabajadores y los empresarios, empleadores privados y públicos. Weintraub explica que este conflicto obedece a la  mayor capacidad de negociación de los trabajadores y el poder de las empresas en administrar los precios (fijarlos) lo que aumenta la posibilidad de una espiral inflacionaria como expresión del conflicto distributivo, arrastrando incluso la función del dinero como depósito de valor.

Este es el núcleo del ataque a nuestra moneda como expresión de la máquina compleja de guerra.Los Policy makers de la ortodoxia neoliberal asumen como solución frente al conflicto distributivo entre los agentes (trabajadores y capitalistas) y para frenar a la inflación, medidas de contracción monetaria radicales (políticas deflacionarias centradas en el control de la oferta monetaria) limitando la capacidad de negociación de empresas públicas y privadas, que terminan pulverizando el salario ante el poder de los oligopolios y monopolios de fijar precios y defender su tasa de ganancia. (Del Búfalo)

Políticas recesivas que frenan el crecimiento de los salarios nominales antes que los precios y en virtud del desfase, se reduce el salario real. Lo que olvidan los Policy makers es que el mecanismo de contracción monetaria genera una recesión que causa una reducción del ingreso nacional. Estos estrategas y su visión de una economía de mercado (autorregulación) en un contexto de regulaciones estatales y restricciones monopólicas (112 CRBV) apuntan justamente a eliminar la interferencia de las subjetividades sociales (reclamos de trabajadores). 

Con Pasinetti coincidimos  en que lo fundamental en nuestro modelo económico es la distribución del ingreso como elemento clave para asegurar el crecimiento económico: “sin una adecuada distribución del ingreso, no es posible un crecimiento equilibrado, por tanto el sistema no podría subsistir de otro modo: estaría condenado a la depresión y al colapso”. 

Quienes nos acusan de mentir respecto al tema salarial, obvian que los cálculos que presenta Pasqualina Curcio al referirse al grado de explotación solo incluyen al sector privado. Está excluido del estudio in comento, la actividad pública y el número de trabajadores públicos y agrega ésta que aunque se incluya al sector público, los resultados del grado de explotación son similares, porque proporcionalmente la participación del sector público en el excedente neto de ganancia, es similar a la proporción de asalariados públicos.

Insistimos: esta política de los Policy makers, según lo demuestran las cifras del BCV, resulta en un grado real de explotación mayor: para 2017 era del 3026% y no 268%, es decir, por cada bolívar que recibió el trabajador, el capitalista se apropió de 30. Aclarando que este grado real de explotación fue por cada trabajador y en ese sentido fue ajustado, tanto para el sector público como del privado. (Curcio)

A eso debemos añadir el hecho de la caída de la participación de las empresas del sector público, específicamente PDVSA que redujo producción de 3000 mb/día en 2014 a 1000 mb/día para el 2017. Incluso sin realizar mayores cálculos, solo con las cifras de la distribución del PIB por ingresos que publica el BCV donde se muestra que el excedente neto de ganancia pasó de 31% en 2014 a 50% en 2017 mientras que la proporción de los asalariados disminuyó de 36% en 2014 a 18% en 2017 –aumento de las ganancias y disminución del salario-, es una prueba irrefutable de lo que en términos de Marx se define como un aumentó el grado de explotación, o lo que es lo mismo, disminución del salario relativo.(Curcio)

El que haya disminuido el salario relativo o aumentado la explotación, va de la mano con el hecho de que disminuyó el salario real o poder adquisitivo, lo cual es público y notorio. No hay que sacar muchas cuentas para saber que el salario no alcanza, por ello no es raro, que los Policy makers defiendan a la burguesía afirmando que no ha aumentado el grado de explotación y ganancia, en lugar de centrarlo en la defensa de la clase obrera y trabajadora y hacer propuestas para resolver el deterioro del salario real y relativo. 

Como vemos, no es un asunto cualquiera, el tema salarial: no solo es justicia social sino autovaloración social (Negri). El salario digno y justo por encima del “mínimo vital” (que reduce al trabajador a esclavo  o cosa, como plantea  Sraffa) o de la “renta básica universal” según parámetros de la ONU, es un tema político y no técnico.

Es el reclamo histórico que hace una clase organizada sobre la finalidad que debe dársele a los excedentes producidos (formal o informalmente) y también a la renta, principio nuclear estructural de nuestra economía. Renunciar a este derecho y obligación es perder la soberanía económica.Defendemos a un Estado soberano que jamás debe quedarse sin dinero porque tiene la capacidad de crear todo el que sea necesario, apoyado no sólo en recursos petroleros y mineros (Commodities), también en un sistema de contabilidad transparente que respalde tales transacciones, lamentablemente inexistente hoy día. 

Ningún caso de hiperinflación ha sido provocado por crear dinero, y eso lo demuestra la evidencia empírica: de los 56 casos de hiperinflación analizados por un informe de Cato Institute (nada sospechoso de ser socialista) ni uno solo la inflación galopante fue provocada por un Banco Central que emitiera moneda.

Hoy la Reserva Federal de EEUU emitió en 3 meses la misma cantidad de dinero que en los últimos 6 años de la crisis financiera entre 2008 y 2018 (3 billones de dólares. Eso significa el 15% del PIB estadounidense o, aproximadamente, dos veces el PIB de España, o tres cuartas partes el de Alemania, la cuarta mayor economía del mundo y las cifras de la inflación no se han visto afectadas. Igual sucede con el caso Argentino este mismo año.  Fin del dogma ortodoxo monetarista.

La causa de esos desequilibrios fueron siempre acontecimientos políticos dramáticos: acaparamiento, desabastecimiento, reducción brusca de la cantidad de bienes y servicios, haciéndolos muy escasos con respecto a la cantidad de dinero que había en circulación, ataques y depreciación inducida a la moneda -en el caso nuestro al Bolívar- provocando así tensiones inflacionarias, porque quienes fijan los precios se aprovechan aumentándolos.

Entonces ¿cómo enfrentar y combatir los precios desbordados, la desinversión acelerada de los presupuestos públicos,  la distribución regresiva del ingreso, la pérdida del poder adquisitivo y los salarios indignos, medidas y efectos promocionados por sectores abiertamente monetaristas ortodoxos? 

Para hacerles frente el BCV debe crear más dinero para que el Estado pueda solventar los gastos corrientes hoy muchísimo más caros,  aumentar los créditos productivos y  los salarios. 

Chávez planteó un circuito económico fértil donde el petróleo era la clave para apalancar y distribuir el ingreso, éste fue afectado y demolido, eso es innegable. Pero ¿y los ingresos por venta de minerales valiosos, raros y estratégicos extraídos, por ejemplo?  Necesitamos entre otras medidas una contabilidad transparente, elevar los impuestos a quienes ganan más, impedir la evasión y elusión fiscal, y que el Estado evite la apropiación concentrada de los recursos. Permitir que el orden mundial post capitalista fije e imponga los fines del Estado Nación lo convierte en un Estado impotente, lisiado, a merced de la catástrofe del neoliberalismo rampante, buitres financieros, del FMI y sus organismos multilaterales expoliadores. Debemos asumir de una vez por todas, la autarquía como modelo para apalancar nuestra soberanía económica.

SOBERANÍA O NADA

Nuestro modelo constitucional es nuestra  alternativa de superación del capitalismo para la realización humana y su forma de explotación superior, fetichismo del trabajo inmaterial: plusvalía cognitiva. Con un modelo económico mixto basado en la distribución del ingreso justo y equitativo, neutralizando las pulsiones monopólicas y oligopólicas, garantizando un salario digno que permita la autovaloración de los trabajadores y su familia, cuya medida de fijación es la inflación. 

La guerra económica, las medidas coercitivas y los ataques económico, social, político y territorial (tangible e intangible), inmisericordes, continuados y de amplio espectro, buscan demoler la base material de la Constitución, como anomalía subversiva que se levantó contra el neoliberalismo y permitió sacar a millones de venezolanos del abismo de la pobreza. 

Los necios “izquierdosos”, defendemos el artículo 91: salario justo y digno que permita calidad de vida a los venezolanos, más allá de los ataques y a la aludida falta de ingresos. Chávez encontró un  país demolido  a 7$ el barril, sin ingresos ni para pagar los sueldos y aun así, puso por delante el interés del pueblo y los trabajadores: el interés nacional. 

Antes de la irrupción del covid19 el plan de prosperidad económica no mostraba el impacto beneficioso esperado sobre la economía, al menos no que favoreciera a los trabajadores, eso revelan las cifras del BCV que sirven de base a la investigación de Pasqualina Curcio. Crece la desigualdad y se desarrolla un proceso regresivo del ingreso, mientras aumentan las ganancias del sector privado y sobre todo de los monopolios y oligopolios, no consiguiendo detener el proceso inflacionario, aún y cuando se liberaron las restricciones para circulación de divisas, los precios de facto y el fin de los controles como exigían los ortodoxos nacionales e internacionales (Steve Hanke y otros postmodernos de la pragmática actual).

Leyendo a los post keynesianos, entendemos que la inflación en un mercado oligopólico como el nuestro, termina redistribuyendo los ingresos hacia aquel que fija los precios, es lo que Aglietta llama “inflación raptante”. Así, el fenómeno de la distribución no se explica como un asunto de “autoregulación” (mito del mercado y su Pareto eficiente) sino que se explica por la fuerza que tengan las subjetividades económicas en pugna y en este momento la subjetividad trabajo está siendo explotada y vencida impunemente. 

La inflación en Venezuela es la expresión del conflicto de clase, entre el capital nacional e internacional y los trabajadores venezolanos que asumieron la lucha por su dignificación expresada en la Constitución. Curcio y otros, demuestran que no responde a la tesis monetarista el comportamiento de los precios y la inflación, sino a la reestructuración que hace ese capital (ley del valor: valorización del valor) por destruir la soberanía social de nuestra República y la Constitución. La explicación, el fundamento y el asiento político, no económico de la guerra económica se manifiesta en el comportamiento volátil de los precios y el ataque a nuestra moneda por un sistema complejo que va, desde la bicicleta cambiaria al contrabando.

Nosotros a diferencia de los neoclásicos y neo keynesianos y economistas de la “autorregulación”, pensamos que lo que determina la distribución del ingreso no son las leyes del mercado, con su mano invisible, sino algo que los post keynesianos de la escuela de Cambridge llaman factor K. Ese factor K, en nuestro caso, no es otra cosa que la instancia institucional: el Estado soberano, que interviene en la economía y la Constitución que es su marco de actuación.

Kalecki lo llama la tensión entre monopolio y la fuerza subjetiva sindical sobre el reparto del ingreso. Negri en dominio y sabotaje, lo ilustra como la contradicción de clase por el reparto de este ingreso o como lucha entre la autovaloración del trabajo y la ley del valor como reestructuración.

Siendo así, desde nuestra posición de jurista apelamos a la recuperación de la soberanía política, frente a la distribución regresiva del ingreso. Ello supone no sólo una decisión política en favor no solo de una clase social o subjetividad económica, sino una decisión geoestratégica que anule, las alianzas inadecuadas con factores, programas y modelos contrarios a nuestro proyecto nacional como sustracción o excepción política y económica ante la geopolítica del pánico y del hambre que desde la ONU, OMS,  FMI, BM y sus buitres, desatan contra las Repúblicas.

No es posible asumir los dogmas de tu enemigo: asumir los dogmas ortodoxos que prescriben como receta y ver cómo la situación empeora, sin rectificación, es un error. Acusarnos porque hemos estado y estamos preocupados y ocupados ofreciendo alternativas distintas a la ortodoxia neoliberal en documentos públicos y llamarnos “izquierdosos infantiles” con falacias ad hominen, no es más que una muestra de soberbia y falta de lucidez estratégica política.

Perón decía que “las culpas de haber perdido altos grados de soberanía económica hay que buscarlas fronteras adentro: al haber negociado de forma irresponsable o débil en momentos clave de la reconfiguración de la institucionalidad global; al apostar en demasía por la inversión extranjera en sectores estratégicos, algunos de los cuales anteriormente tenían una fuerte presencia estatal; al favorecer con legislación ad-hoc los intereses de multinacionales que invierten poco y giran demasiadas utilidades de diferentes formas”: aprendamos con humildad de estos hechos históricos recursivos.

Solo a través de una mayor independencia económica se podrá multiplicar la riqueza, lo que derivará, en consecuencia, en poder distribuirla más y mejor, generando menos conflictos sociales, mayores grados de bienestar para el pueblo, eliminar la pobreza estructural que tanto nos duele y lacera el alma, brindar al Estado y a la Nación mayor poder político y económico en el concierto de las naciones, en esta nueva etapa de cambios que es la multipolaridad mundial.

La soberanía no es solo una consecuencia de nuestra lucha actual. Es el axioma fundamental de toda estrategia inteligente de defensa. Sin ella no hay nada. No debemos cederla para  obtener avances futuros imaginarios contra el enemigo neoimperial.  Debemos a partir de ella, avanzar con rumbo cierto de victoria. Ceder frente a pretensiones neoliberales nuestra soberanía económica, monetaria, salarial por causa del bloqueo y la guerra económica aceptando prescripciones de factores foráneos para paliar la merma de la calidad de vida y pulverización del salario e ingreso de la República, termina por acentuar y profundizar el deterioro.

Asumir entonces, una autarquía como sistema de autosuficiencia económica, autoabastecernos con nuestros propios recursos, produciendo en nuestro seno todo lo que necesitamos para disminuir la necesidad de intercambios comerciales con el exterior. Autarquía como sinónimo de autosuficiencia es el llamado permanente que hace el Presidente y coincidimos. 

Eso hizo Perón y Chávez. Sin soberanía, no hay crecimiento ni distribución equitativa.  La soberanía es un acto político, una impronta de diferenciación del sistema nacional, que redunda en poder real. Abrirse en estos momentos de debilidad de la economía global, es autodestructivo.
Nuestra premisa patriota debe ser a mayor soberanía mayor salario y más dignidad. Sin soberanía política, fuerza de la subjetividad del trabajo no habrá soberanía económica. 

Sin independencia económica, no habrá justicia social (Perón) 
 

Por eso decimos: Soberanía o nada.

ORDOLIBERALISMO: ESTADO SOCIAL DE MERCADO

En el neoliberalismo no existe compatibilidad entre una política nacional y la economía liberalizada. Todo intento de construir un Estado inserto en el liberalismo económico como política de dominación es inversamente proporcional  a una política social y económica soberana y nacionalista.  

En 1938 en Alemania y para salir de este dilema se inventa la fórmula del ordoliberalismo en el coloquio de Waletr Lippmann que no es otra cosa que el arte de gobernar lo social (gobernanza) imponiendo la legitimidad de la libre competencia artificialmente diseñada, reduciendo a su mínima expresión al Estado.

Ordoliberalismo como instrumento táctico y estratégico en manos de unos cuantos países para alcanzar una hegemonía en lo económico e imperialista en lo político, con respecto al resto del mundo (List) Plantean que debemos abstenernos de modificar la competencia tal como existe, no intervenir frente a las desigualdades iniciales, a lo sumo impedir que la competencia sea alterada por el monopolio, pues la intervención de los poderes públicos en la economía a través de privilegios aduaneros o impositivos, genera distorsión y favorece discriminando a otros actores económicos. 

Abandonar las políticas sociales, pues no pueden ser un objetivo del Estado,  tampoco la igualación social y la distribución equitativa de cada uno en el acceso a los bienes de consumo y mucho menos controlar precios pues en la regulación económica, el mecanismo de los precios no se obtiene a través de los fenómenos de igualación, sino por un juego de diferenciaciones en competencia. 

Opinan que “es preciso que haya algunos que trabajen o no, salarios grandes y pequeños, precios que suban o bajen para que la autorregulación del mercado actúe, por ello toda política social cuyo primer objetivo sea la igualación aun relativa, es antieconómica, y debe permitirse que existan desigualdades como regulador general de la sociedad, por cuanto eliminarlas afectaría la ganancia destinadas al ahorro (acumulación) y a la inversión y la volcaría al consumo” (Von Misses) Lo adecuado según estos dogmáticos económicos es que el sobreconsumo generado por desventajas o incertidumbres compartidas en situación de subconsumo, deberían es ocuparse de garantizar un mínimo vital a quienes no puedan en forma definitiva asegurar su existencia: es la administración de la migaja del Estado artefacto.

Defienden que el instrumento de política social no debe ser la socialización del consumo y los ingresos –reparto equitativo riqueza- , sino que la economía garantice medios suficientes para que cada quien se auto asegure de su propia reserva privada contra los riesgos o las fatalidades de la vida: adiós a pensiones, sistema de salud, educación y vivienda. Concluyen que las políticas sociales no deben ser instrumentos para la transferencia de ingresos, sino la capitalización más generalizada posible para todas las clases sociales cuyo instrumento será el seguro y la propiedad privada: capitalismo popular en todo su apogeo.

El inconveniente de estos ordoliberales en aplicar sus políticas inhumanas en Venezuela, es nuestra Constitución, que tiene como fin supremo remediar situaciones de inferioridad, evitando la perpetuación de las desigualdades, neutralizando sus consecuencias, removiendo obstáculos, buscando garantizar una igualdad material y real de oportunidades y condiciones, donde el Estado es la expresión del pueblo y la economía de mercado no es el principio regulador del resto de la sociedad (Pareto eficiente), y las políticas sociales no son compensatorias o de asistencia mínima vital, sino una política de producción social, felicidad y bien común, de autovaloración. 

Nuestro modelo de Estado democrático social de derecho y de justicia removió obstáculos para garantizarnos una vida digna, guiado por elementos subversivos y anómalos en lo geopolítico, energético, auto valorándonos como nación, con soberanía e independencia, utilizando como palanca el dominio público de los recursos naturales y el ideario Bolivariano humanista, emancipatorio, que continentalizó la unión de espacios de poder privilegiando a la comunidad, a la familia y a la patria.

Por ello cualquier política destinada a abandonar el papel de Estado al servicio de la ciudadanía, privilegiando al libre mercado y la competencia, desregulando, congelando salarios y beneficios laborales, privatizando recursos naturales, renunciando a intervenir en la economía, no solo es contraria a nuestra Constitución, sino que a la larga será rechazada por los venezolanos y venezolanas. Venezuela con su historia con su situación  geográfica, con el conjunto de restricciones que sufre no puede ni debe proponerse una política económica, cultural y social ordoliberal, necesita una política proteccionista nacional y familiar que nos haga ser mejor de lo que somos, nos de coherencia en el tiempo, perdurando y no deshaciéndonos en el entorno hostil.

LA EDUCACION NO ES UN NEGOCIO

El neoliberalismo globalizante, escondido hoy desde FMI, BM  y ONU como discurso humanista progresista contra la desigualdad como simulación, supone un golpe devastador a las políticas democráticas, sociales y económicas, suerte de restauración capitalista descontrolada que en su fase financierista que ocasiona la destrucción del modelo del Estado Bienestar: expulsiones, merma de los derechos humanos, mercantilización de la democracia, precarización de las actividades laborales, destrucción del principio democrático para desplazarlo por el oligárquico y vida a favor de una minoría económica y financiera, mediante eliminación de políticas sociales, económicas, civiles y hasta ambientales de la humanidad, gracias a alianzas espurias de carácter especulativo: Capitalistas Globalistas en yunta con gobiernos complacientes de países con Constituciones desequilibradas. 
Chávez, al romper con esta lógica toma la batuta histórica reivindicativa, consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela derechos humanos fundamentales, enmarcados en un modelo ya no de bienestar sino un modelo Democrático, Social de Derecho y de Justicia, protector y  garantista de todos los venezolanos, sin discriminación de ninguna naturaleza, regido por principios de igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, equidad y justicia, entre otros.         

Estado Social de Derecho y de Justicia que persigue la coexistencia armoniosa de las clases sociales, evitando que la dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza e ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación (Cabrera). Protegiendo a aquellos ciudadanos que en su relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, ello a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada: situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. 

Defender a los débiles, tutelar sus intereses es una obligación amparada por la Constitución: la protección no es una simple propaganda electoral y demagogia, pues nos costó sangre sudor y lágrimas alcanzarla, para entregárselo al polo corporativo transnacional y sus lacayos locales. El Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, por definición debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, garantizando su función social. Deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades, vigilar, inspeccionar y fiscalizar las actividades concedidas en estas áreas a los particulares, restringiendo de ser necesario la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 cuando ésta dañe a los ciudadanos. No se trata de la abolición de los derechos de propiedad y de libre empresa, sino que éstos quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y debe ser éste el sentido interpretativo de todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico venezolano. 

El Interés social es ese valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos, en alguna forma reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos o en situación de inferioridad frente a otros grupos o personas que, dada la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas, presentándose el caso de que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos (Cabrera). Nuestra Constitución garantiza el acceso a una educación (pública o privada) de calidad en sus distintas modalidades o especialidades, bajo el marco de ciertas regulaciones. Estás regulaciones, diseñadas para evitar arbitrariedades, según el artículo 113, cuando se refiere al abuso de posición de dominio y a los monopolios, desviaciones e interferencias que destruyen la estabilidad económica y evitan que las fuerzas del mercado actúen incontroladamente -autorregulación mediante- en perjuicio de las grandes mayorías.


Nadie, por ser propietario o prestador de un servicio, puede hacerlo según su libre criterio o interés: en el país existe un marco jurídico, cuyos principios de derecho igualdad, justicia, solidaridad y libertad, son irrenunciables. Ese es el deber ser. El hecho de que algún ciudadano o empresa cuente con algún recurso heredado o producido por el trabajo o esfuerzo privado no significa que pueda abusarse de las personas o sectores sin intervención del Estado para regular esta situación de desigualdad: constituiría un retroceso, una entrega, una cesión y una renuncia  a los fines del Estado, además permitiría sentar un peligroso precedente de discriminación económica y social, cuya base es el derecho a la protección jurídica, trato con equidad, justicia y la neutralización de toda discriminación.


El Estado constitucional venezolano no puede, a causa de la idea interesada que nos venden sobre la autorregulación: “dejar hacer dejar pasar”, allanándole el camino al neoliberalismo salvaje: de ahí venimos, de ahí insurgió el pueblo en el 89 y Chávez en el 92.  


Facilitarle el camino al gran capital para apropiarse de nuestro derecho a recibir una educación de calidad, universal y gratuita, así como de otros derechos fundamentales, implica renunciar a nuestra obligación de Estado Docente al permitir que las fuerzas del mercado actúen libremente en la educación impartida en instituciones concesionadas a privados. Esta acción, parte de una amplia estrategia de acumulación capitalista, basada en mecanismos predatorios, en sincronía convierte instancias vitales o bienes comunes en productos, con alto nivel de rentabilidad,  destruyendo nuestro modelo, mientras consentimos se cercene un derecho humano, sobre todos de niños, niñas y adolescentes.           

Esos mismos sectores recalcitrantes que en el pasado se opusieron al papel del Estado Docente, responsable de dictar las políticas educativas en la Nación, hoy protegen a los sectores usureros, mercantilistas, escondidos en el discurso conservador, laico y/o religioso que permite cobros exorbitantes en medio de esta precaria situación económica y social, pone de rodillas y deja en situación de desamparo a padres y representantes, en su intento de desalentarlos, desmovilizarlos y rendirlos en sus reclamos legítimos, con el cuento trasnochado del comunismo y el sovietismo. ¿Volvemos al oscurantismo de una nueva Edad Media en ciernes?Bolívar entendió con lucidez la necesidad de la educación bajo la tutela del Estado. ¿Por qué? Porque la educación definida en sus fines, organizada y supervisada por el Estado era la mejor garantía para conservar y asegurar la independencia de las jóvenes repúblicas.

Por eso se pronunció por una educación que arrancara del alma colectiva los perniciosos efectos de la tiranía colonial, de la esclavitud, de la ignorancia y abogó por una educación que formara republicanos, ciudadanos (Istúriz). Corresponde a la Constitución, Leyes y gobiernos, más aun, al gobierno revolucionario y humanista, proteger a los venezolanos y venezolanas, evitar este abuso y ultraje dictando actos, providencias, leyes y decretos, tomar acciones en favor de los débiles: niños, niñas y adolescentes, padres, madres y representantes, a fin de evitar la injusticia representada en la actuación de estas minorías neoliberales globalistas restituyendo el Estado de Derecho y de Justicia Social. La educación no es un negocio, es un derecho.

DEFENSA SOBERANA O SECURITIZACIÓN

La política de defensa, actividad específica de un Estado y una sociedad, tiende a garantizar la supervivencia nacional. La política militar, subsidiaria de la de defensa, se conforma a partir de objetivos a ser alcanzados por nuestra FANB mediante cumplimiento de misiones y ejecución de acciones coherentes en oportunidad, tiempo y espacio, ubicadas dentro del marco geoestratégico y geopolítico, caracterizado por la existencia de diversas hipótesis de guerra, elaboradas a fin de establecer de qué (amenazas, internas o externas) y de quién (enemigos, internos o externos) debemos defendernos, partiendo de nuestra ubicación en el contexto internacional, a fin de combatirlas y neutralizarlos.  


Por su parte nuestra Constitución, amén de establecer distintos ámbitos para la defensa integral: social, político, económico, cultural, territorial (tangible e intangible),geográfico, ambiental y militar, también incorpora un elemento transversal útil para definir no sólo la Doctrina de Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, además permea todo estamento de la sociedad venezolana actual: la corresponsabilidad de todos y todas.


No identificar adecuadamente nuestros enemigos, amenazas y obstáculos, impide desarrollar una defensa soberana adecuada, además de hipotecarnos estratégicamente subordinándonos a  doctrinas de defensa foráneas, desoberanizantes y “no beligerantes”. Saber (y sobretodo tener la voluntad) diferenciar los intereses nacionales de los globales, abanderados y “bendecidos” por y desde la ONU conjuntamente con sus brazos “desarmados”: OMS y demás multilaterales, evita la hipoteca doctrinaria que en materia de defensa y seguridad, mediante técnicas de programación mental sutiles y shock y subterfugios lingüísticos, intentan dejar colar inadvertidamente en nuestra cognición para que así las aceptemos mansamente: “la casa de todos”, “desarrollo sostenible”, “un mundo mejor es posible” y “ migración segura y controlada” entre otros slogans ambiguos y significantes sin significados, de innegable y pantanosa factura vaticano-onunista, dan fe de lo dicho.


A partir del Pacto Kellogg-Briand y de la Sociedad de Naciones, hoy ONU, se estableció un estado intermedio, interregno entre la paz y la guerra, uno de cuyos efectos más evidentes en su afán de “Paz” (la de los sepulcros o la pacificación jurídica de Kelsen) ha sido dejar sin valor todas las hipótesis de conflicto. Mutación inducida, desplazamiento, resignificación disolvente no sólo de los Estados Nación, de los intereses nacionales también, para reducirnos y convertirnos en fervorosos defensores de “causas globales”.  Paz en píldoras de ficción jurídica: todo aquello que no es guerra, entendida ésta como animus  belligerandi, con ellas nos adormecen mientras satanizan la soberanía, toda soberanía.

Obvian a quienes imponen su voluntad y quiebran a los demás por medios extra militares: coacción y guerra económica, financiera, comunicacional, psicológica, hoy incluso a través de la auctoritas ataviada con el oscuro birrete de la  infalibilidad científica y la vetusta toga de los expertos (ciencia sin conciencia: reino de la fe y el dogma). La Neutralización y minimalización de todo ámbito de conflicto produce un desplazamiento del centro gravitacional de los Estados: desde los intereses nacionales a los corporativos privados.    En estos tiempo de Postguerra Fría, intentan convencernos de la decadencia de la efectividad militar de los Estados, debido a que el nuevo balance de poder mundial (nuevos actores: polo corporativo trasnacional) resta importancia a los conflictos de fronteras,  territorios y poblaciones nacionales y sus acervos.

Hoy la crisis política y económica global, generada e inducida con su novísima arma multipropósito,compleja e integrada, el COVID19, genera las condiciones necesarias para aceptar un mal “inevitable” y hasta justificado: el retroceso de los derechos sociales, políticos y económicos y la desaparición de todas las libertades y sobre todo la libertad de expresión, retrogradación humana de muchísima utilidad para la consecución de sus objetivos militares, componentes de suma importancia en la ingeniería social ejecutada  por los regentes imperiales y sus gerentes y conserjes lacayos agremiados en la ONU.

Retorno, ya no de la conocida doctrina de seguridad nacional, sino de una Doctrina de la Seguridad Global (globalización por la puerta trasera). Bajo sus preceptos los Estados Nación no son responsables de su soberanía y defensa sino de los riesgos y amenazas globales, impotentes, inermes e indefensos ven reducido su rol a simples conserjerías, comisarías de policías y cuerpos de socorro (defensa civil): custodios,  y watchmen  (guachimanes en venezolano castizo) del Nuevo Orden Global.

Globalización a través de la multilateralidad aglutinada en temas específicos: catástrofes, cambio climático,  crisis sanitarias, crimen organizado, desplazando incluso la hipótesis del terrorismo con motivación política de algún estado u organización.

Aquella doctrina de intervención humanitaria y responsabilidad de proteger,engendro al fin, mutó hacia la pacificación (por cualquier modalidad no política o que tienda a despolitizar): principio de la monarquía universal o imperium mundi (Dante): la Paz como sea para legitimar despojos y genocidios con rostro humanitario y de securitización de la “gobernanza global”. En lo sucesivo la guerra ha de ser “blanda”:  operaciones psicológicas que afectan la opinión pública internacional e imposición de la idea de la supuesta infalibilidad de  Think Tanks y “expertos” sobre  situaciones de riesgos, amenazas y catástrofes sobrevenidas, adscritos a corporaciones privadas, y así instaurar su doctrina de “securitización global” de la Escuela de Copenhague (Boulanin).
Obvian ex profeso que toda sociedad se constituye alrededor  de un hecho histórico: la guerra (lucha real por recursos vitales de grupos con interés de dominio) y no de una ficción elaborada en laboratorios de guerra y propaganda (blanca, negra o en tonalidades grises). Si ésta no está dispuesta a luchar, no puede esperarse que de ella surja algo perdurable; desaparecida su capacidad de supervivencia, sin voluntad ni disposición para la lucha y acción militar, será fácilmente dominada y rendida, fagocitada por los poderes globalistas mediante la aplicación de una doctrina extraña, lejana al interés nacional, desaparecerá ella también por gracia y merced de la pusilanimidad de sus líderes y dirigentes, sean militares o no.
No negamos los riesgos comunes que el mundo enfrenta hoy, pero no aceptamos claudicar en nuestra Doctrina Militar Bolivariana de pueblo soberano e independiente.
 Afirmamos que todo cuerpo, individual y colectivamente está, más que en el deber, en la obligatoriedad de defender su soberanía, única precondición necesaria, y suficiente también, para perseverar en su ser. Si la Civilización comenzó lo hizo gracias a la perseverancia de la primera célula (cuerpo) del Universo y a su posterior evolución, y empieza porque el principio de la civilización es militar, en consecuencia la primera célula también era militar, de donde se deduce: Existir es militar. (Bagehot)

Dejarnos imponer o en actitud servil aceptar una percepción de la soberanía y seguridad minimalista e individualizada, incluso entendida ésta como razón de Estado, sin espacio para la lucha, congelando las hipótesis de conflictos y aceptando la inexorabilidad de la indefensión, es de antemano perder la guerra, renunciar al potencial militar, a una política de defensa, militar, a una estrategia y  economía de todos los cuerpos interrelacionados, dentro de un marco geopolítico y geoestratégico específico. Para sobrevivir, sin importar si es un ciudadano, un pueblo o una nación el cuerpo que intenta sobrevivir, se torna esencial saber qué tenemos para hacerlo, de quién tenemos que defendernos y los medios que debemos usar para neutralizarlos.


Ese potencial de defensa seguridad y desarrollo, dependerá de la calidad de la comunicación, información e inteligencia que desarrolle el sistema República Bolivariana de Venezuela, identificar nuestros enemigos y aliados pasándolos por el tamiz del interés nacional: quien no esté en estrecho alineamiento (no deben aceptarse medias tintas y ambiguedades de nadie, así sea el más humilde ciudadano) con ese interés nacional, definitivamente es enemigo. 


Identificar sus tácticas de infiltración: la simulación de amistad o solidaridad entre otras. Al no ser identificados por el sistema de reconocimiento temprano logran colarse e inyectar patrones inteligentes generadores de entropía positiva: desorden y caos en nuestro sistema; carentes de un subsistema de inteligencia y contrainteligencia integral estratégica, los agentes (externos y/o exógenos) infiltrados hacen confundir, engañándolos, los procesos de nuestro sistema de detección, control, organización y funcionamiento, generando fenómenos de inmunizacion para sí y autoinmunidad, autodestructivos para los elementos de nuestra defensa, hasta lograr acelerar nuestra homeostasis: muerte por incapacidad de regeneración y autorregulación: Bomba informacional de inteligencia que genera la perdida de inmunidad del Estado Nación entendido en tanto sistema inteligente.


¿Qué es lo esencial? No debemos aceptar agendas contrarias a nuestra seguridad, defensa y desarrollo nacional, y para ello, más que necesario es vital contar con un sistema de inteligencia estratégica que genere conocimiento sobre una realidad (interna y exterior) en constante cambio, en muy corto tiempo trastroca y transmuta muchas veces en hostil lo que fuera antes fue un amigo o aliado o un adversario o enemigo en nuevo aliado. Nos debe mover un espíritu con una alta dosis de realismo politico en nuestras relaciones internacionales .


Es imprescindible, y por ser esencial urgente, disponer de un sistema de comunicación hermenéutico, semiótico y hermético (a prueba de infiltraciones), con una unidad de inteligencia ofensiva/defensiva, que funcione en tanto programa modular productor de conocimiento: centro de acopio de información para la doctrina militar y así, traducidos sus lenguajes y modos de comportamiento, poder reconocer al enemigo, detectar quién o quiénes, y cómo atacan hoy en día nuestro sistema nación representado en la República Bolivariana de Venezuela y a sus subsistemas de inmunidad (el inmanente y el adaptativo),  tarea esencial, vital del sistema de inteligencia estratégica y prospectiva para la defensa soberana de nuestra Nación.


Permitir que una inteligencia diseñada foráneamente y que no responde a nuestro interés, nos someta y colonice, es una fatal debilidad.  Por ello, es necesario y urge aplicar la máxima:  sin inteligencia no hay poder sin poder no decidimos ,sin decisión no hay soberanía, sin soberanía no existimos. Si algo es fundamental a nuestra sobrevivencia como nación es nuestra existencia: Existir es militar.

Tomado de: https://laexperimentaldelainformacionvzla.wordpress.com/

Y Publicado en: http://victorianoysocialista.blogspot.com,
En: Twtter@victorianoysocialista
En:Google; libertadbermeja..victorianoysocialista@gmail.com               

En Fecebook: adolfo Leon Libertad