Ordóñez, defensor del paramilitarismo
PERFIL ALEJANDRO ORDÓÑEZ / PROCURADOR GENERAL DE COLOMBIA
> Vinculado con grupos católicos cercanos a la secta TFP (TRADICION, FAMILIA Y PROPIDAD), en 1987 expresó su apoyó y justificaba en lo moral al paramilitarismo
> Vinculado con grupos católicos cercanos a la secta TFP (TRADICION, FAMILIA Y PROPIDAD), en 1987 expresó su apoyó y justificaba en lo moral al paramilitarismo
Alejandro Ordóñez Maldonado, el actual procurador general de Colombia, pudo haber sido quien inspiró a la canciller María Ángela Holguín a quitarse la máscara y reconocer que en esa nación el contrabando y especialmente el paramilitarismo es política de Estado, como efectivamente lo hizo la noche del jueves antepasado cuando reivindicó el modelo político y económico de su país.
Como un adelantado, Ordóñez, desde su puesto como concejal de Bucaramanga, en 1987 le explicó al diario Vanguardia que “no podemos desconocer que las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva.”
Tal cual, y con una abundante argumentación, política, moral y legal, lo dejó bien claro en la edición del 19 de agosto de 1987.
El entonces abogado y edil de su ciudad de origen, era y es un hombre de sólidas convicciones conservadoras, desarrolladas desde su entorno familiar y templadas por una rigurosa educación regida por los jesuitas.
Su biografía lo coloca como alumno del Colegio San Pedro Claver, y tras culminar sus estudios secundarios, en 1971, ingresó a la Universidad Santo Tomás. Allí realizó su formación en Ciencias Políticas y Derecho.
En ese mismo centro educativo se especializó en Derecho Administrativo, a mediados de los años 70.
CONSERVADOR Y SEMINARISTA
Nacido en 1955, Alejandro Ordóñez es el último de una familia de cinco hermanos, natural de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, vecino de la entidad fronteriza con Venezuela.
Su padre fue un empresario, fundador de la fábrica de galletas La Aurora, donde Ordóñez trabajó en diversas tareas.
En la universidad se convirtió en el líder de las juventudes del Partido Conservador en el departamento de Santander.
Luego de egresar se convirtió en docente de filosofía en la misma casa de estudio.
Su biografía, contada en un perfil y entrevista familiar por la revista JetSet, lo coloca en un seminario en Francia y Argentina.
Ello ocurría mientras se debatía entre la vocación sacerdotal y el amor por quien es su esposa, Beatriz Hernández.
La opción seglar se impuso, sin que se debilitara en lo mínimo su devoción por lo religioso.
La reseña de JetSet describe la vivienda de la familia como un santuario católico, con agua bendita, imágenes angelicales y del santoral y una enorme Biblia de “solapa desvencijada”.
Pese a eso negaba ser “cavernario ni fundamentalista”.
QUEMA DE LIBROS EN 1985
El problema es que aunque en los años recientes rechace el calificativo de cavernario, sin duda es el mejor que aplica para quien, en 1985, participó una “quema de libros” como integrante de la sociedad religiosa San Pío X, en un parque de Bucaramanga que homenajea al santo.
El “acto de fe”, preparado y convocado un mes antes con carteles públicos, incluyó una especie de asalto a la biblioteca local de Bucaramanga, Gabriel Turbay, en donde conminaron al encargado para que les entregara los libros que podían perturbar las mentes juveniles.
“Entre los que se llevaron había obras de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia, que también encontraron pecaminosa porque a juicio de ellos era una “edición protestante” y no católica, apostólica y romana”, dice el periodista Daniel Coronell, en una nota publicada en mayo de 2010, en la revista Semana, con motivo de los 35 años del bizarro evento.
La Sociedad San Pío X es una organización católica tradicional fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre, quien en 1984 estableció una alianza con el sacerdote brasileño Antonio de Castro Mayer, impulsor de un núcleo de la agrupación de extrema derecha, Tradición, Familia y Propiedad (TFP), en el municipio Campos de Río de Janeiro, según un reporte de la revista Semana en esa época.
LA REIVINDICACIÓN DEL PARAMILITARISMO
Sin duda la declaración reivindicatoria de los grupos de autodefensa es la más esclarecedora sobre la postura vital de Ordóñez.
En la reseña se mostraba “extrañado por las reacciones que se han presentado en torno a la creación de grupos de autodefensa y expresó “desde la Dirección Liberal Nacional hasta ilustres jefes conservadores las han criticado acremente desconociendo unos y otros, que tales asociaciones para la defensa son la más elemental de las previsiones que los colombianos inermes ante la subversión y el delito pueden tomar’”
Y agregaba con nitidez: “No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad”, puntualizaba.
Coronell, el periodista de Semana que había recuperado el recorte en una hemeroteca, evocaba que:
“Apenas dos meses después de la declaración de Ordóñez, el 6 de octubre de 1987, las autodefensas del Magdalena Medio masacraron a 19 comerciantes en Cimitarra, Santander, el departamento natal del hombre que sostenía que esos grupos debían funcionar por “derecho natural”.
TOROS SÍ, SEXO NO
Alejandro Ordóñez se declara aficionado a las corridas de toros, ya que las considera un “acto civilizador, es la confrontación entre la razón y la fuerza, en la cual sale triunfadora la razón”, según dijo en una entrevista radial de La FM.
Como buen conservador y católico tradicionalista se opone al matrimonio de parejas del mismo sexo así como a la adopción.
Ha expresado su oposición al aborto, incluso en caso de violación, excepción reconocida por la legislación colombiana.
Asimismo se opone a la despenalización de la posesión de dosis de drogas para consumo personal y rechaza la eutanasia asistida.
El mes pasado envió una petición a la Corte Constitucional para que autorice restringir expresiones de afecto en los colegios.
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Sanciones a dos mil funcionarios
Alejandro Ordóñez Maldonado fue electo procurador general de la Nación por el Senado en 2008, para el período 2009-2013. Y luego reelecto en 2012 hasta 2017. Antes había sido magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, miembro y presidente del Consejo de Estado. Ha impulsado sanciones a unos 2 mil funcionarios, incluyendo alcaldes y gobernadores. Entre los sancionados más destacados figura la exsenadora Piedad Córdoba, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el de Medellín, Alonso Salazar. Asimismo a exfuncionarios de la gestión Álvaro Uribe, como el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y los directores del DAS, Jorge Noguera y María Pilar Hurtado. Ha prometido llevar a la Corte Penal Internacional el caso del cierre de la frontera por Venezuela.
VICTOR HUGO MAJANO/CIUDAD CCS
TOMADO DE: http://www.ciudadccs.info/
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