Piden vigilancia internacional en elecciones de diciembre en Venezuela
Un grupo de 31 exmandatarios de la región criticó las acciones antidemocráticas de Nicolás Maduro.
Articulo Nº 01:
Por: PÓLÍTICA |
Foto: Rodrigo Sepúlveda / ELTIEMPO
El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga; de Colombia, Andrés Pastrana; la hija del alcalde de Caracas
Antonio Ledezma, Antonieta Ledezma, y el exmandatario colombiano César Gaviria.
En estos dos artículos tomados
de la Prensa de la Derecha Colombiana EL TIEMPO, (Del mismo Dia Domingo 27 de septiembre de 2015 ) se leen sin realizar un análisis
profundo, las visiones antagonistas de los representantes de la Democracia tanto Española como Colombiana: Están
preocupados por lo “Anti Democrático” como se presenta el panorama de las
Elecciones Parlamentarias en Venezuela en venidero Diciembre, Pero el grupo de representantes
compuestos por Expresidentes Latinos y Españoles no pasarían la mas pequeña prueba
de su “Democracia” los mismos tienen averiguaciones por narcos trafico, Crímenes
y otras menudencias. (Ver el Articulo Publicado en este Blggers el 26 de Junio
del 2015 con el Titulo La banda de "zombis ilustres" de
América Latina y España arremete contra Venezuela), lo irónico o lo que demuestran
es que no les interesan la Democracia como tal, su único fin u ordenes que
cumplir es Derrocar como de lugar el Gobierno Democrático de Venezuela, si no
analicen el Segundo Articulo que acompaña esta Publicación, con el solo titulo,
cualquier demócrata si estarían preocupado, repito, pero eso no les interesa,
Un total de 31 exmandatarios latinoamericanos y españoles pidieron este miércoles observación internacional en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y criticaron de nuevo la falta de garantías para líderes de oposición encarcelados por el gobierno del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Los expresidentes de la región manifestaron que “el rescate de la confianza en el voto”, como medio democrático para resolver problemas y desviaciones que sufre la democracia, “exige de una observación internacional imparcial y técnicamente calificada”.
“Se considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a toda elección, dado que el debate democrático implica que se permita la libre circulación de ideas e información respecto de los candidatos”, dijeron los exmandatarios.
La Declaración de Bogotá es la manifestación más reciente de este grupo de líderes contra las acciones de Maduro.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana y su colega boliviano Jorge Quiroga han liderado esta causa. En mayo pasado, incluso, intentaron reunirse con los líderes opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López, pero no lo lograron.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana y su colega boliviano Jorge Quiroga han liderado esta causa. En mayo pasado, incluso, intentaron reunirse con los líderes opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López, pero no lo lograron.
Lo que sí pudieron hacer fue visitar al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que permanece en detención domiciliaria, y fue a la hija de Ledezma, Antonieta, a quien los expresidentes le entregaron este miércoles la declaración de apoyo.
Uribe y Gaviria
Además de Pastrana, a este manifiesto también se unieron los expresidentes colombianos Belisario Betancur, César Gaviria y Álvaro Uribe. Aunque todos lo firmaron, ni Betancur ni Uribe se hicieron presentes en el acto de este miércoles.
Gaviria, quien permaneció al lado de Pastrana mientras leía la declaración, la emprendió de nuevo contra el gobierno de Maduro. Les hizo un llamado a los Gobiernos, “en particular a los de Unasur”, para que “hagan un esfuerzo por salvar lo que queda de democracia en Venezuela”.
Gaviria, quien permaneció al lado de Pastrana mientras leía la declaración, la emprendió de nuevo contra el gobierno de Maduro. Les hizo un llamado a los Gobiernos, “en particular a los de Unasur”, para que “hagan un esfuerzo por salvar lo que queda de democracia en Venezuela”.
El exmandatario colombiano se refirió a las violaciones de los derechos humanos de los colombianos que han tenido que salir de Venezuela y dijo que desde Colombia “le vamos a contestar (a Maduro) cuantas veces sea necesario las imposturas, las historias y las cosas que se ha inventado para tratar de atribuirle a Colombia los errores que ha cometido su gobierno”.
Pastrana, por su parte, dijo que lo que piden los firmantes es que se detenga la “violación de la Carta Democrática” de la OEA y que cese “la persecución y violación de los derechos humanos de los colombianos”.
Antonieta Ledezma, quien recibió la declaración, agradeció a los expresidentes y los llamó los “demócratas de la región”.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grupo de 31 exmandatarios de la región La banda de "zombis ilustres" de América Latina y España arremete contra Venezuela
Publicado
el viernes, 26 de junio de 2015
Medelu
El
9 de abril, antes de la Cumbre de las Américas, en compañía de los expresidentes Felipe Calderón
(México), Jorge Quiroga (Bolivia) y José María Aznar (España), el expresidente
colombiano Andrés Pastrana presentó con gran pompa a los medios de
comunicación, en un salón de un lujoso hotel, la «Declaración de Panamá».
Firmado
también por otros exgobernantes latinoamericanos, el texto denuncia «la grave
alteración democrática y constitucional que sufre Venezuela» y «exige la inmediata liberación de los presos
políticos y el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos fundamentales y las libertades públicas en ese país».
Aprovechando una gran publicidad la declaración se envió a los participantes de
la Cumbre, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU. «Hacemos esto para llamar la
atención de la comunidad internacional sobre lo que pasa en Venezuela con
respecto a los derechos humanos», declaró Andrés Pastrana.
Solo
podemos congratularnos de ver a tantos personajes eminentes preocupados por la
democracia y el respeto de los derechos humanos en Caracas teniendo en cuenta
que las actuaciones y la experiencia de cada uno de ellos son dignas del mayor
respeto.
Juzguen
ustedes mismos…
Andrés Pastrana. Presidente de Colombia
de 1998 a
2000, período durante el cual, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
la situación de los derechos en cuestión se agravó considerablemente, en
particular debido al auge de los grupos paramilitares vinculados al ejército
que actuaban con total impunidad por todo el país
Felipe Calderón. Nadie podía imaginar
que sus seis años de Gobierno (2006-2012) conducirían a México a una situación
tan espantosa. Su desastrosa estrategia de militarización de la lucha contra el
narcotráfico hizo estallar la utilización de la tortura por parte de las
fuerzas armadas y se saldó con 60.000 muertes violentas a las que hay que
añadir más de 26.000 «desaparecidos» sin conseguir ningún retroceso del crimen
organizado. En cambio la tasa de población pobre (con menos de 100 dólares
mensuales) pasó del 43% al 46%.
Jorge Quiroga. Nunca fue elegido presidente de Bolivia.
Era vicepresidente cuando accedió brevemente al cargo de presidente (del 7 de
agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002), cuando el presidente Hugo Bancer tuvo
que dimitir debido a un cáncer.
José María Aznar. Presidente del Gobierno
español del 4 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004. Le debemos la «posición
común» de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996 –sanciones que limitaban los
intercambios políticos, diplomáticos y culturales con Cuba- en nombre del
alineamiento a la política exterior de Estados Unidos.
El
12 de abril de 2002, en nombre de la Unión Europea que presidió por ser
presidente del Gobierno español Aznar reconoció (sin consultar a ningún
dirigente), en compañía de George W. Bush, al gobierno golpista del presidente
de la patronal venezolana Pedro Carmona, que el día anterior participó en el
golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Su
experiencia en materia de «derechos humanos» le ha llevado a ser asesor de
Barrick Gold, número uno mundial de la extracción minera de oro, y a formar
parte del consejo de administración de News Corporation, el imperio de Rupert
Murdoch (The Times, Wall Street Journal, Fox News, etc.).
Eduardo Duhalde. Vicepresidente del
ultraliberal Carlos Menem de 1989
a 1991, Duhalde no fue elegido, pero en plena crisis de
la deuda se convirtió en el jefe del Estado «provisional» de Argentina
–nombrado por el Congreso Nacional tras la dimisión de Fernando de la Rúa– del
2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003. Mientras estuvo en la Casa Rosada (la
presidencia), la policía reprimió brutalmente a los manifestantes,
especialmente en el episodio que permanecerá en la memoria con el nombre de
«masacre de Avellaneda» (dos muertos y 33 heridos de bala). Ante la indignación
popular se vio obligado a convocar elecciones anticipadas.
Sebastián Piñera. Poseedor de una fortuna
de 2.400 millones de dólares, este «Berlusconi chileno» (2010-2014) que no dudó
en meter a antiguos colaboradores del régimen militar de general Augusto
Pinochet en su Gobierno, reprimió en 2011 las innumerables manifestaciones de
estudiantes –muchas de ellas acabaron con cientos de detenidos (870 el 4 de
agosto)- que reclamaban una educación pública, gratuita y de calidad. Contra
los mapuches –comunidades autóctonas que protegen sus tierras ancestrales de la
expansión de proyectos de explotación forestal- el poder aplicó la ley
antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet. En virtud del artículo 269
de la ley Hinzpeter, los que participasen en «alteración del orden público» o
cualquier otro acto violento podrían ser condenadod a penas de 541 días a tres
años de prisión.
Álvaro Uribe. Cercano al «narco» Pablo Escobar cuando
era alcalde de Medellín (1982), principal promotor e iniciador de las
cooperativas de seguridad rural –las CONVIVIR, posteriormente unidas a los
paramilitares- cuando ejerció la función de gobernador de Antioquia
(1995-1997). Sus dos mandatos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010) estuvieron
marcados por una sucesión de escándalos sangrientos. En el denominado «de la
parapolítica» más de 60 diputados y senadores (entre ellos su primo Mario
Uribe) pertenecientes a su movimiento político fueron investigados, detenidos o
condenados (32) por sus vínculos con los narcoparamilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
En
el marco de las «chuzadas» el presidente del Tribunal Supremo, así como
numerosos magistrados, periodistas y opositores fueron espiados por la policía
política (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS). La práctica de los
«falsos positivos» vio a los miembros del ejército colombiano asesinar a
civiles inocentes -2.700 según el ministerio fiscal (septiembre de 2011)- con
el fin de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. El jefe de
seguridad y hombre de confianza de Uribe en el Palacio de Nariño (el palacio
presidencial), el general Mauricio Santoyo, fue condenado en diciembre de 2012,
en Estados unidos, a 13 años de cárcel por su relación con el narcotráfico.
Belisario Betancur . Bajo su presidencia,
el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 sitió el Palacio de Justicia,
donde reside el Tribunal Supremo, tomando como rehenes a más de 100 personas.
Los guerrilleros exigían negociar con el presidente, pero este se negó y el
asalto del ejército se convirtió en una carnicería: un centenar de muertos, la
mayoría guerrilleros, 11 jueces del Tribunal Supremo y los empleados del
Palacio de Justicia, a los que hay que añadir 11 desaparecidos.
Miguel Ángel Rodríguez. Presidente de Costa
Rica de 1998 a
2002, brevemente (un mes) secretario de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en 2004, fue condenado el 27 de abril de 2011 a cinco años de prisión
por corrupción agravada (un soborno de 819.000 dólares por la adjudicación de
un contrato de telefonía móvil a Alcatel) y posteriormente absuelto por
apelación. Tras esta decisión el Tribunal Supremo envió el caso a revisión en
noviembre de 2014.
Rafael Ángel Calderón. Presidente de Costa
Rica de 1990 a
1994. Acusado de cobrar comisiones por la compra de material médico en 1992 por
cuenta de la seguridad social, fue condenado a cinco años de prisión por
corrupción en octubre de 2009 y no pudo participar, como deseaba, en la
elección presidencial de febrero de 2010.
Laura Chinchilla. Cuando dejó la
presidencia de Costa Rica, el 8 de mayo de 2014, una huelga general de
profesores inundaba las calles de manifestantes que denunciaban los retrasos
salariales. Quedará de su mandato el escándalo que estalló cuando se reveló que
en marzo de 2013, a
causa de la incuria de su ministro de Comunicación y jefe de los servicios de
inteligencia (que tuvo que dimitir), ella utilizó para un desplazamiento
oficial y después para un viaje privado a Perú un jet puesto a su disposición por
Gabriel Morales Fallon, un hombre de negocios colombiano sospechoso en su país
de estar relacionado con traficantes de drogas.
Óscar Arias. Otro expresidente de Costa Rica. Recibió
el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su papel en los procesos de paz de
América central (El Salvador, Nicaragua, Guatemala), aunque siempre intentó
marginar a la Nicaragua sandinista. Para evitar que la OEA (dominada por los
gobiernos de izquierda y centroizquierda) gestionase la crisis de Honduras tras
el derrocamiento, en junio de 2009, del presidente Manuel Zelaya, se le confió
el papel de «mediador» gracias a las maniobras de la secretaria de Estado
Hillary Clinton. Al retrasar el asunto permitió a los golpistas consolidar sus
posiciones e impedir el regreso de Zelaya a su país antes de la organización de
las elecciones bajo control (el 29 de noviembre de 2009) que permitieron
«lavar» el golpe de Estado.
Luis Alberto Monge . Elegido presidente de
Costa Rica en 1982. Aunque declaró neutral a su país cerró los ojos ante las
actividades de los grupos antisandinistas a cambio de una importante ayuda
económica de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. Durante su mandato el
embajador estadounidense Lewis Tamb y la CIA, con el apoyo de las fuerzas de
seguridad costarricenses, abrieron una pista de aterrizaje utilizada para
suministrar armas al frente sur de la «contra» -financiadas por el tráfico de
cocaína organizado con el cártel de Medellín por la CIA-.
Osvaldo Hurtado. Vicepresidente
ecuatoriano, llegó al poder sin ser elegido tras la muerte en 1981, en un
accidente aéreo, del líder del Estado progresista Jaime Roldós. Candidato en
tres ocasiones a la magistratura suprema perdió todas, en su último intento
consiguió menos del 1% de los votos.
Lucio Gutiérrez. Presidente ecuatoriano
destituido por el Parlamento el 20 de abril de 2005 tras un levantamiento
popular, estuvo implicado en el intento de golpe de Estado fomentado el 30 de
septiembre de 2010 por policías amotinados contra el presidente Rafael Correa.
Alfredo Cristiani . En el poder en El
Salvador de 1989 a
1994, fue elegido bajo los colores de la Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA), partido asociado a los escuadrones de la muerte de extrema derecha
fundados por el mayor Roberto D’Aubuisson para sofocar cualquier oposición.
Bajo su mandato, con el pretexto de luchar contra la guerrilla del Frente
Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), el ejército asesinó a seis
jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA),
Ignacio Ellacuría, muy implicado en la búsqueda de la paz. Para apaciguar la
indignación de la comunidad internacional, Cristiani prometió que se juzgaría a
los responsables. La mayoría fueron absueltos por un jurado en 1991 antes de
que Cristiani decretase una amnistía en abril de 1993… unos días antes de la
publicación de un informe de investigación de las Naciones Unidas que
demostraba la implicación de las mayores autoridades del ejército (y de Estados
Unidos). Cuando en Nueva York, el 31 de diciembre de 1992, se firmó un acuerdo
de paz con el FMLN, Cristiani no rubricó personalmente el documento.
Armando Calderón Sol. Sucesor de Alfredo
Cristiani en la presidencia de El Salvador, (1994-1999) también del partido
ARENA del cual es uno de los fundadores. Su Gobierno se distinguió
especialmente por la amplitud de las «reformas» y las privatizaciones.
Vicente Fox . Presidente de Coca-Cola para México y
América Latina, fue elegido para seis años jefe del Estado de México el 2 de
julio de 2000 por el Partido de Acción Nacional (PAN). En su celo neoliberal
multiplicó las privatizaciones (agua electricidad, parques naturales, sitios
arqueológicos, etc.), en el contexto de los megaproyectos continentales
previstos en el plan Puebla-Panamá (PPP), concebido en vista de la concretización
de la Zona de Libre Comercio de las Américas (ZLEA) que quería Estados Unidos.
Esos proyectos se enfrentaron a una viva resistencia, se desencadenó la
represión a través de la militarización y la emergencia de grupos
paramilitares, en particular en los estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca) donde sobrevive el 80% de la población indígena.
Alejandro Toledo. A la cabeza de Perú de 2001 a 2006, enemigo de las
empresas públicas y continuador de las políticas neoliberales del dictador
Alberto Fujimori, que huyó del país, se mostró particularmente complaciente con
el capital extranjero. Acabó su mandato muy impopular, los peruanos le
reprochan no haberse beneficiado de los frutos del crecimiento a pesar de que
la economía estaba mejor desde hacía cinco años. Se volvió a presentar a las
elecciones presidenciales en abril de 2011 y perdió frente a Ollanta Humala con
el 16% de los votos.
Luis Alberto Lacalle. Representante del ala
derecha del Partido Blanco, partidario declarado de las políticas económicas
liberales, fue presidente de Uruguay de 1990 a 1995. El 13 de diciembre de 1992 un
referéndum de iniciativa popular anuló (con casi el 75% de los votos) cinco de
los 32 artículos de su ley general sobre las privatizaciones, laboriosamente
aprobado tras seis meses de debate. El 28 de agosto de 1994 el pueblo,
resueltamente insumiso, rechazó con el 63% de los votos una reforma
constitucional confusa que preveía, entre otras cosas, la reforma del sistema
electoral y de las prestaciones sociales.
Nicolás Ardito Barletta. Tecnócrata panameño,
vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (1978-1984),
ganador de la elección presidencial de mayo de 1984, fue obligado a dimitir el
28 de septiembre de 1985
por el general Manuel Antonio Noriega.
Mireya Moscoso. Gobernó Panamá de 1999 a 2004 y apareció en
las portadas debido a su gusto por los vestidos de lujo y las joyas pagadas con
dinero del Estado. Tras una temporada revuelta por la utilización irregular, en
una fundación que dirigían sus próximos, de una donación de 45 millones de
dólares efectuada por Taiwán, consiguió salir del paso. Aliada de Estados
Unidos, bajo presión de Washington el 26 de agosto de 2004, último día de su
mandato, amnistió «por razones humanitarias» al terrorista anticastrista Luis
Posada Carriles. Arrestado cuando preparaba un atentado con bomba contra Fidel
Castro en visita en Panamá en noviembre de 2000, Posada Carriles fue condenado
a ocho años de cárcel. Agente de la CIA, autor intelectual de un atentado
contra un DC-8 de la Cubana de Aviación que causó 73 víctimas en Barbados en
1976, Posada Carriles vive actualmente con total impunidad en Miami (donde
también reside Mireya Moscoso).
A todos estos firmantes de la «Declaración de Panamá», agrupados
en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se unió el«socialista»
Felipe González, que no desmerece en este
lindo ramillete. El 26 de
septiembre de 1983, siendo el presidente del Gobierno Español, condecoró al
almirante Rubén Franco, uno de los jefes de la dictadura argentina (condenado
después por robo de bebés) con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico.
El contraalmirante Ciro García, colaborador del dictador Jorge Videla,
vinculado a los servicios secretos, recibió de sus manos la misma distinción.
También durante el Gobierno de Felipe González, de 1983 a 1986, apareció el
escuadrón de la muerte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que
asesinaron a 17 separatistas vascos en suelo francés
Lo que se conoce como confundir los deseos con
la realidad, porque esta banda de «zombis ilustres», sin ninguna legitimidad
para impartir lecciones, ha sido claramente repudiada por los jefes de Estado
en ejercicio.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Articulo Nº 02
Un voto vale entre 25 mil y 200 mil pesos en Colombia
Por primera vez, los que venden su sufragio serán acusados. Millonaria venta de combos electorales.
Por: JUSTICIA |
Foto: Archivo particular
Algunos promotores de campaña en las regiones.
A menos de un mes de las elecciones regionales en el país, la Fiscalía y la Policía tienen una radiografía sin antecedentes sobre las redes que ofrecen al mejor postor paquetes de votos para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.
En buses, taxis, mototaxis y hasta en lanchas fueron ‘trasteados’ de municipio miles de colombianos que recibieron entre 25.000 pesos y 200.000 pesos para inscribir sus cédulas en lugares de votación a los que se comprometieron en volver el próximo 25 de octubre, para finiquitar la venta ilegal de sufragios. Lo que se vende son combos (que pueden ir desde las firmas para inscribir candidatos hasta el voto como tal), cuyo pago incluye, además de la plata, el valor del transporte, la comida y hasta el trago para los sufragantes.
El fenómeno es de tal magnitud que el Gobierno calcula en casi 800.000 las cédulas inscritas irregularmente. De hecho el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo sostiene que “no hay un pueblo en Colombia en el que no haya sospechas”.
En estas elecciones, por primera vez, la Fiscalía empezó a perseguir a los que pecan por la paga electoral. Diferentes operativos dejan ya 22 personas capturadas en Atlántico, Meta, Bolívar, Córdoba y La Guajira, y se alista un nuevo capítulo penal contra funcionarios de la Registraduría enredados en esas prácticas ilegales.
Una de las últimas personas detenidas fue la contratista Lucy Erazo Yohar, dueña de una empresa de aseo y vigilancia en La Guajira que presta sus servicios a entidades públicas y quien reunió a sus trabajadores el 12 de junio en un restaurante de Riohacha y les advirtió que cada uno tenía que aportarle cinco votos, so pena de perder sus trabajos.
Según la Fiscalía, interceptaciones ordenadas por jueces y las entrevistas arrojan que esos votos iban para candidatos de varios movimientos. La investigación sostiene que serían repartidos entre las campañas de Gabriel Redondo Pinto, candidato a la asamblea por ‘la U’; Nemesio Raúl Roys, quien aspira a la alcaldía de Riohacha por el Partido Conservador, y Karla José Escudero, quien va al Concejo de ese municipio también por ‘la U’.
Los ‘dueños’ de los grupos de votantes no van tanto por plata, sino por los millonarios contratos que recibirán de sus clientes una vez estos lleguen a los cargos públicos.
El expediente de las trampas electorales señala que hasta los ‘barras bravas’ son mansos para los que trastean votos. A 150 de ellos los llevaron, luciendo camisetas de sus equipos, desde el municipio de Soledad a Santa Lucía, en Atlántico, donde inscribieron sus cédulas. Cada uno de ellos habría recibido 50.000 pesos y trago suficiente para el viaje, el pasado 14 de agosto.
A los candidatos Miguel Fernando González (alcaldía de Canalete, Córdoba), y Feliciana Domínguez y Julio Cesar Álvarez (concejo) los señala la Fiscalía de estar detrás del trasteo de más de cien personas de municipios aledaños.
“El voto se cotiza según lo reñida que esté la campaña y la distancia que hay que mover a los electores”, afirmó un investigador.
En Córdoba se detectó una red que alquila motos y las entregaba a los sufragantes para que fueran a municipios cercanos a inscribirse. Una vez regresaban devolvían la moto y recibían la mitad de lo prometido. “En este caso, que aún está en investigación, se detectó que la red no estaba comprometida con ningún candidato y que su estrategia era acopiar votantes para luego ofrecerlos al mejor postor”, indicaron las fuentes consultadas. Pero no solo se ofrece plata. En La Guajira se paga el voto con beneficios del Sisbén, y en Meta la promesa es de contratos públicos a cambio de votantes.
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, dijo que se investigan casos alarmantes como el de Cota (Cundinamarca), adonde se habría dado un trasteo masivo desde Soacha. Allá se anularon 4.249 cédulas. Agregó que en algunas regiones de la Costa prácticamente se anuló el 80 por ciento de las inscripciones.
Vienen 175 acusaciones
La Fiscalía ya escuchó en interrogatorio a 700 personas que se inscribieron en donde no debían y les ofreció beneficios si colaboran para desmantelar las redes detrás de esa práctica ilegal. Sin embargo, al encontrar que la colaboración no ha sido efectiva se procederá a imputar cargos a 175 personas que se exponen a penas de entre 4 y 8 años de cárcel.
El vicefiscal Perdomo advirtió que no se busca judicializar a los ciudadanos, pero que quien no colabore se expone a ir preso. “Antes se hacían las capturas el día de las elecciones: aquí nos estamos adelantando para dar transparencia al proceso”, indicó.
El general Palomino dijo que, además del riesgo de las ‘mafias’ electorales, se ha detectado que las bandas, actores de minería ilegal y el Eln han contactado a candidatos ejerciendo presiones indebidas.
Boletas para cine en el Meta
La Fiscalía acaba de abrir una indagación sobre la presunta utilización de un convenio de la Alcaldía de Villavicencio y Cineco Social para hacer política.
En poder de los investigadores están las copias del convenio, que busca favorecer a personas de bajos recursos con entradas a cine. Sin embargo, se detectó que adultos mayores y niños eran llevados a las funciones por personas de la campaña del candidato a la alcaldía Fernando Rivera e incluso se ve a los promotores, vestidos con camisetas del candidato, diciendo que esa es una actividad promovida por la Alcaldía.
Investigadores señalaron que Cineco suspendió el convenio al enterarse del posible mal uso que se le estaba dando.
2.817 candidatos, con procesos por narcotráfico
Una comisión especial de investigadores estableció que hay vigentes 103.033 investigaciones contra personas que aspiran a ser elegidas en octubre.
11.143 de ellos tienen procesos por inasistencia alimentaria; 6.183, por violencia intrafamiliar; 1.254, por delitos contra la integridad social; 2.817, por narcotráfico; 822, por concierto para delinquir, y 1.076 por tráfico y porte de ilegal de armas.
Policía y Fiscalía han capturado a 14 candidatos por nexos con bandas criminales especialmente el ‘clan Úsuga’ y ‘la Constru’ (que delinque en Putumayo), y se prepara una nueva operación contra al menos otra docena de aspirantes. Según el vicefiscal Perdomo, esas investigaciones fueron priorizadas “para evitar que reviva la parapolítica”.
TOMADOS DE: http://www.eltiempo.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario