El más reciente informe anual sobre el Índice de Paz Global realizado por el Centro de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Sydney, Australia, mostró un panorama alentador en cuanto a la reducción de la violencia en Honduras.
El documento, presentado este año reveló que esa nación centroamericana ha logrado una notable reducción en sus niveles de inseguridad gracias a importantes medidas por parte de sus autoridades.
Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), revelaron que en el 2015 se cometieron 5 108 asesinatos, una tasa de 59,5 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Ello representa una disminución de alrededor del 10 % respecto al 2014 (68 homicidios por cada 100 000 habitantes) y más aún si se compara con el periodo 2011-2013, fecha en que la nación centroamericana se convirtió en uno de los países con mayor tasa de homicidios en el mundo.
Asimismo, tras cuatro años encabezando la lista de ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula, pasó a un segundo lugar el pasado año.
Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, al hacer referencia al tema, explicó que “en materia de seguridad, y como lo demuestran las cifras, hemos conseguido logros muy importantes, en particular en la lucha contra el narcotráfico, que es la principal causa de la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado”.
Añadió que “es preciso que se reconozca el esfuerzo de Honduras por recuperar la paz y la tranquilidad, que en el fondo es también una lucha contra la impunidad”.
Sin embargo, los activistas ambientales en ese país viven una terrible ola de violencia: 114 asesinatos en poco más de diez años, muchos de los cuales quedaron impunes, según la organización Global Witness.
Sin embargo, los activistas ambientales en ese país viven una terrible ola de violencia: 114 asesinatos en poco más de diez años, muchos de los cuales quedaron impunes, según la organización Global Witness.
En los últimos cuatro meses han aparecido muertos tres activistas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh): Berta Cáceres, Nelson Noé García y Lesbia Yaneth Urquía.
Cáceres, ganadora del Premio Medioam-biental Goldman (el Nobel verde), murió luego de que unos desconocidos entraran a su casa y la balearan a inicios de marzo pasado.
La líder de los lencas, mayor etnia indígena de Honduras, siempre denunciaba los abusos de las transnacionales en su país y luchaba, a pesar de recibir amenazas constantes. La defensora medioambiental contaba con protección policial desde el 2009 debido a su activismo político.
El presunto asesino de Cáceres confesó en mayo que disparó a la dirigente, y que fue contratado por el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); tras ello el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras, Ricardo Castro confirmó que Berta fue asesinada.
Nelson Noé García, de 38 años, también fue baleado a menos de dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres; el Ministerio Público de esa nación centroamericana informó mediante un comunicado que el culpable fue capturado.
Lesbia Yaneth Urquía estaba vinculada al Copinh desde el 2009, defendió los derechos de su comunidad (La Paz) y se opuso a la privatización de ríos en esa zona. Su asesinato ocurrió en el contexto de una consulta entre el gobierno hondureño y la población indígena.
El cadáver de la activista, de 49 años y madre de tres hijos, fue encontrado cerca de un basurero en un pueblo ubicado a 100 kilómetros de Tegucigalpa, y de acuerdo a las primeras versiones un machetazo en el cráneo le quitó la vida el pasado 7 de julio. Las autoridades aún intentan esclarecer el crimen.
El Copinh se ha pronunciado respecto a la violencia contra sus integrantes, y un comunicado culpa directamente al gobierno de Honduras.
El documento exige también que “cesen los asesinatos contra sus miembros y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato de Urquía y Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad”.
Las marchas y protestas continúan en Honduras, un país donde sus activistas medioambientales no se encuentran protegidos, y donde el 90 % de los crímenes quedan impunes.
De acuerdo a BBC, de las 116 muertes de ambientalistas que se documentaron en el 2015 casi tres cuartas partas ocurrieron en América Latina, especialmente en Honduras, Brasil y Perú.
Pero, ¿por qué los asesinatos contra los defensores de la madre tierra en Honduras no se detienen?
Estas personas se dedican a la preservación de los recursos naturales, por lo que se enfrentan a las grandes empresas (con permisos o no del Estado) que contaminan aguas, ríos y bosques.
El núcleo del asunto se remonta al 2009, cuando ocurrió el golpe de estado a Manuel Zelaya, que aplicaba medidas para suavizar el control del Fondo Monetario Internacional, lo que provocó enfrentamientos de la oligarquía con su gobierno.
Actualmente, Honduras es considerada uno de los países más pobres de América Latina, y está luchando contra ello enfrentando la corrupción, pues los recursos naturales son vendidos o traspasados ilegalmente a empresarios.
Por ello, organizaciones como el Copinh denuncian el impacto medioambiental de construcciones y trabajos en zonas rurales, donde habitan muchas de las comunidades indígenas del país.
Organizaciones No Gubernamentales han emitido medidas cautelares para proteger a esas personas, sin embargo, muchas de ellas no las aceptan pues no confían en las fuerzas del orden público al creer que son parte del problema.
Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness afirmó que “tanto en Honduras como en el resto del mundo, hay defensores del medioambiente que son asesinados a tiros a plena luz del día, secuestrados, amenazados o juzgados por terrorismo, por su oposición a lo que se conoce como desarrollo”.
TOMADO DE: GRANM.cu
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