“El gobierno de Honduras no tiene

 ninguna voluntad política

de luchar contra la impunidad”

Por Giorgio Trucchi

Kaos en la Red - Publicado en: 23 marzo, 2016

La Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres” presentó su Informe preliminar tras una visita de cinco días a Honduras

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 21 de marzo culminó su visita la Misión Internacional “Justicia para Bertha Cáceres”, que tenía el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Bertha Cáceres, y sostener la urgencia de la liberación inmediata del activista y coordinador de Otros Mundos Chiapas,

Gustavo Castro Soto.

El sociólogo mexicano fue testigo del asesinato y resultó herido durante el ataque mortal que costó la vida a Cáceres. Ahora está siendo impedido de abandonar el país por las autoridades hondureñas.

Integrada por parlamentarios, juristas, defensores de derechos humanos, expertos y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa[1], la Misión arrojó datos muy preocupantes.

De acuerdo con el informe preliminar que fue presentado en una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, Honduras se ha convertido en “uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y hombres defensores de derechos  humanos, en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio”.

Para los integrantes de la Misión internacional, en el país centroamericano no se estarían garantizando el  respeto a los principios democráticos, ni las libertades fundamentales y  derechos humanos establecidos por la normativa nacional e internacional.

Ese contexto crea las condiciones para que haya “sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas”, señaló la Misión.

También evidenció la existencia de “fuertes vinculaciones del gobierno con poderes economicos representados por grandes empresas y entidades financieras nacionales y transnacionales”, que promueven proyectos de explotación territorial que entran en contradicción con los modos de vida y los intereses de las comunidades que viven en dichos territorios.

No hay voluntad política del gobierno

Los integrantes de la Misión denunciaron la falta de voluntad política de parte del gobierno hondureño “para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país”, en particular hacia los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del Estado.

“No hemos captado la menor voluntad de transparencia ni de comunicación, pero no solo hacia nosotros, sino hacia la sociedad en su conjunto. Lo que hemos encontrado han sido evasivas, contradicciones (…), en definitva ha sido muy frustrante, en un tema tan importante que genera tanta preocupación y alarma social. Es decepcionante la falta de voluntad de transparencia, de comunicación sincera, clara, proactiva y positiva por parte de esta administración”, dijo el eurodiputado Miguel Urbán Crespo.

Tampoco funciona el sistema de protección de los derechos humanos del Estado de Honduras.

Tanto el asesinato de Bertha Cáceres como el de decenas de activistas, defensores y periodistas que, como la coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh) gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh), evidencian la incapacidad de las autoridades “para acabar con este tipo de crímenes, violaciones a los derechos humanos y la impunidad”.

En este sentido, la Misión consideró el asesinato de la ganadora del Premio Goldman 2015 no como un hecho puntual, “sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras”, se lee en una nota de prensa divulgada la noche de ayer (21/3).

También señaló el impacto sumamente negativo sobre pueblos y comunidades de los Tratados de libre comercio (Tlc) -como el Cafta firmado con Estados Unidos y el Ada firmado con la Unión Europea- que facilitan y promueven megaproyectos “que son aprobados sin evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades”.

No más “Agua Zarca”

Asimismo mostró mucha preocupación por la escalada de militarización que hay en el país, en particular en los territorios en los que surgen conflictos sociales y ambientales, como el de Río Blanco, donde desde hace unos años las comunidades Lenca, organizadas en el Copinh, luchan contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Los integrantes de la Misión alertaron sobre el agravamiento del proceso de criminalización del Copinh, que ratificaría la presunta existencia de vinculaciones entre la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), concesionaria del proyecto Agua Zarca, grupos financieros y el mismo Estado.

A ese propósito, pidieron la suspensión inmediata del proyecto y de todas las concesiones que se han dado en territorio Lenca sin una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo instaron a desmilitarizar dichos territorios y respetar la autonomía territorial y el autogobierno de las comunidades Lenca, reconociendo al Copinh  como organización responsable de su autonomía comunitaria.

También pidieron dar cumplimiento al Convenio 169, reconociendo a las comunidades Lenca y a los demás pueblos originarios hondureños “el pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y gestores de sus territorios y bienes comunes, de la naturaleza y de su cultura”.

En este sentido exhortaron al Banco centroamericano de integración económica (Bcie), la Compañía financiera holandesa para el desarrollo (Fmo) y a la Finnfund, todos involucrados en el financiamiento del proyecto Agua Zarca, “a transformar la suspensión temporal de sus inversiones en definitiva”.

¡Liberen a Gustavo Castro!

La Misión internacional reafirmó de forma contundente que “no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Como testigo directo del asesinato de Bertha Cáceres, su vida corre peligro al permanecer en Honduras”.

Instó a los gobiernos de México y Honduras a emprender un diálogo al más alto nivel “para garantizar la pronta y segura salida de Gustavo Castro del país y su retorno con su familia”.

Asimismo urgió “la inmediata aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica en materia de Derecho Penal entre México y Honduras”, pidió que la integridad física y psicológica, y el respeto a su vida y sus derechos humanos, “sean el centro de todas las acciones en las cuales Gustavo Castro tenga que participar”.

“Gustavo Castro es una figura tan relevante como Bertha Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”, dijo Gustavo Lozano, académico y abogado de la Coalición de  movimientos sociales por el agua y por la tierra (Mapder y Rema).

Investigación transparente, independiente e imparcial

Además de recomendaciones de carácter general al Estado de Honduras sobre la necesidad urgente de acabar con la impunidad y la intimidación, persecución y criminalización de las organizaciones sociales y populares, la Misión internacional instó a implementar con carácter obligatorio “las medidas cautelares dictadas por la Cidh”.

También pidió “adoptar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos y agresiones cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”.

En el caso del asesinato de Bertha Cáceres, la Misión instó al gobierno a asumir “los errores y deficiencias” que han conducido a su asesinato y a el de Nelson García, también miembro del Copinh, “sancionando a los responsables materiales e intelectuales, ofreciendo las correspondientes medidas de reparación a su familia y al Copinh”.

Recogiendo la petición de los familiares de Bertha y el Copinh y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples  asesinatos ocurridos hasta la fecha, la Misión manifestó su respaldo a la demanda de una investigación transparente, independiente e imparcial, con la participación de  organismos internacionales de derechos humanos, como la Cidh.

También afirmó que el Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de  Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de “alcanzar  el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades  fundamentales”.

Finalmente, solicitó al gobierno  de Estados Unidos que “aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Bertha Cáceres”.

“Próximamente se preparará un informe final y habrá un trabajo intenso de incidencia política con las  instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este caso. 

El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de poner todo su empeño para conseguir justicia para Bertha Cáceres”, concluyó Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para desmantelar el poder de las  transnacionales y  poner fin a la impunidad.

Fuente: LINyM
Notas:
[1] Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Candelaria Ochoa – Diputada del Congreso mexicano
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina,  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y  poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC),  integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las  Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales  por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el  movimiento centroamericano.
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento  Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de  las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.

El Gobierno de Honduras recela de una investigación independiente

en el caso de Berta Cáceres

Una delegación internacional, de visita en el país centroamericano, ve indicios "preocupantes" de que las autoridades del país terminen relacionando el crimen de la líder indígena con motivaciones "pasionales" e incriminando a sus propios compañeros. 

Manifestación en Honduras exigiendo justicia tras el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. EFE

PÚBLICO - Publicado: 18.03.2016 19:02

La misión internacional Justicia para Berta Cáceres, de visita estos días en Honduras para solicitar una investigación internacional e independiente en el asesinato de la líder indígena lenca, ha expresado "serias preocupaciones" por la escasa información y transparencia, las "versiones contradictorias" y la "nula predisposición" del Estado hondureño para esclarecer de forma independiente el crimen.

Los integrantes de la delegación, formada por más de una decena de miembros de partidos políticos, organizaciones sociales, ambientales y judiciales de varios países, mantuvieron el jueves una reunión con la Fiscalía del país centroamericano en la que confirmaron que la investigación oficial se está orientando hacia las propios miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Berta formaba parte, en un intento por desvincular es caso de motivaciones políticas o ideológicas y darle carácter de "crimen pasional".

"La Fiscalía nos trasmitió que es posible que la semana que viene se anuncien resultados sorprendentes derivados de la investigación. 

Esto nos ha dejado una enorme intranquilidad. Da la sensación de que están buscando una cabeza de turco", dice desde Honduras el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, en comunicación telefónica con este periódico, que denuncia la "alarmante" inestabilidad institucional en la que vive el país desde el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno electo de Manuel Zelaya en 2009.
"Todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso hondureño, que son parlamentarios de diferentes partidos políticos nos reconocieron que no había independencia judicial en el país. 

Todos. Nadie se atrevió a contradecir esa afirmación. El diputado Jari Dixon, exfiscal en el país durante 14 años, reconoció que no sería la primera vez que el Gobierno fabrica pruebas en un caso", señala Urbán.

La delegación internacional preguntó a la Fiscalía sobre la supuesta colaboración del FBI en la investigación, tal y como el Gobierno ha difundido en los medios de comunicación locales. 

Sin embargo, el Ministerio Público terminó reconociendo en la reunión que no existe tal colaboración, sino que se trata de exmiembros del cuerpo de la policía federal estadounidense que ahora trabajan como asesores del Estado.

 Los miembros de la delegación van a reunirse con la embajada de EEUU en las próximas horas para esclarecer este asunto.

Según el eurodiputado de Podemos, el resto de embajadas con las que se han reunido, sobre todo de países de la Unión Europea, han mostrado su predisposición a que se ponga en marcha una comisión independiente para esclarecer los hechos, y han señalado que si el Gobierno de Honduras adujera no poder hacerlo por motivos económicos, "eso no sería un problema".

"El Gobierno está intentando quitarse la presión internacional de encima, pero en realidad no existe ninguna voluntad política de llevar a cabo una investigación internacional ni dar salida al caso de Gustavo", único testigo del asesinato de Berta Cáceres, que sigue retenido porque las autoridades hondureñas le impiden abandonar el país. La misión, a través de un comunicado, manifestó la "urgencia" de que el Estado, a través del Poder Judicial, asuma el compromiso de resolver "inmediatamente" los recursos de amparo y hábeas corpus presentados a favor de Castro, "como respuesta a la medida impuesta de manera ilegal que le prohíbe salir del país" y ha pedido que se garantice su seguridad, así como a de los miembros de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.

Además, Miguel Urbán ha denunciado "la responsabilidad, por omisión, de la Unión Europa y del Gobierno español en el crimen contra Berta Cáceres". Urbán ha planteado la urgencia de que la UE actúe "ante la violación de diversos artículos del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica" y pidió que se revise si Honduras está imcumpliendo "de manera reiterada y sistemática" las cláusulas de respeto a los Derechos Humanos incluidas en los fondos y convenios de cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea que se destinan a proyectos en ese país.

La delegación internacional, a la que también pertenece el diputado por Podemos en Aragón, Pedro Arrojo, la argentina fundadora de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, o la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, Mirna Perla, así como varios activistas de diversos países latinoamericanos, estará en Honduras hasta el 20 de marzo. La delegación espera poder concertar una reunión con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en las próximas horas.

TOMADO DE:  http://noticiasuruguayas.blogspot.com/ 

Y PUBLICADO EN: http://victorianoysocialist.blogspot.com/