USAID admite que la «ayuda humanitaria» de 2019 perseguía un cambio de
gobierno en Venezuela
por werken
rojo
LaIguana.TV
Según un informe del inspector
general de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID por
sus siglas en inglés), el
cargamento de insumos que pretendió ingresar esa agencia estadounidense a
Venezuela el 23 de febrero de 2019 usando como pretexto brindar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano, perseguía en realidad conseguir el derrocamiento del gobierno del
presidente Nicolás Maduro.
En un trabajo periodístico del periodista Joshua Goodman para The
Associated Press (AP), se detalla que el informe «plantea dudas sobre si el
envío de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un
cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la
mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían».
«El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos
respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión
sobre Maduro en vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la
necesitaban», sintetiza Goodman.
Uno de los puntos más polémicos del reporte es que se cuestiona que la carga arribó a Colombia en aviones C-17 de la Fuerza
Aérea «en lugar de
opciones comerciales más económicas que estaban disponibles», destaca AP.
De igual modo, esa fuente sostiene que los investigadores
reconocieron que se enviaron alimentos destinados a tratar la desnutrición
infantil, «pese a que los propios expertos de la USAID habían determinado que la
condición nutricional de los niños en Venezuela no ameritaba
su uso en ese
entonces».
En el informe consultado por AP, se
reconoce que la «la USAID gastó 2 millones de dólares entre enero
y abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la
isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela» para fortalecer la posición del exdiputado Juan Guaidó, a quien Washington se
aprestó a reconocer como «presidente interino» –figura no existente en la
Constitución venezolana–, tras su autoproclamación en una plaza a inicios de
2019.
En el reportaje de Goodman se destaca que Guaidó debía coordinar la
distribución de las provisiones financiadas por EE.UU. dentro de Venezuela,
pero ello no fue posible, debido a que las fuerzas aliadas al presidente Maduro
impidieron su ingreso.
Previamente, Caracas advirtió que se trataba de un intento soterrado de
golpe de Estado.
La cancillería venezolana reaccionó a
la publicación, recordando que «el Gobierno Bolivariano advirtió en febrero
2019 la falsedad del show
de la supuesta ayuda humanitaria de EE.UU. en Cúcuta» y destacando
que «la propia USAID reconoce que era parte
de una operación política de cambio de gobierno».
En opinión de las autoridades de Venezuela, esta conducta, en la que
Caracas denuncia las agresiones, estas son desestimadas y luego documentos
oficiales estadounidenses y de otros países comprueban su veracidad, se ha
repetido en reiteradas ocasiones.
Ha
abarcado asuntos gravísimos como el intento de magnicidio contra el presidente
Maduro y la Operación Gedeón, así como también el bloqueo de fondos y activos
de la República en el extranjero.
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez,
dijo a Reuters en un comunicado enviado a través de un correo electrónico que «nunca fue una acción
humanitaria, sino más bien una operación encubierta» y que «la ayuda humanitaria fue la
excusa con la que intentaron quebrar nuestra soberanía territorial».
En el texto elaborado por la USAID también se refiere que el camión que
incendiaron partidarios de la oposición, contenía provisiones valuadas en el
orden de los 34.000 dólares.
Esta pérdida, combinada con que «en los meses siguientes», se perdió «la atención mediática» y se desvaneció «la lucha de Guaidó por derrocar
a Maduro», hizo que EE.UU modificara «discretamente la ayuda».
La agencia precisó que de aquella ayuda, que fuera promocionada
mediáticamente como «el
principio del fin de Nicolás Maduro», Goodman ‘dixit’, apenas ingresaron
a Venezuela ocho toneladas, mientras que las restantes 360 «fueron distribuidas en
Colombia y enviadas a Somalia».
«Para
impulsar a Guaidó, la USAID —creyendo que Maduro
se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas—
recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la
organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para
distribuir las provisiones», refiere AP.
En su lugar, recibió fondos «un organismo venezolano
sin fines de lucro» –cuyo nombre no trascendió en el reporte–, «con
base parcialmente en su alineación con la política exterior de Estados Unidos a
pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos
legales y financieros de la agencia», lo que se compadece con las
denuncias relacionadas con los manejos dolosos de los fondos recabados para
prestar «ayuda humanitaria» al pueblo venezolano surgidas en el seno de la oposición.
En el informe se reconoce que el
traslado de insumos humanitarios hacia Venezuela, «no se condujo con pericia técnica ni se alineaba con los
principios humanitarios de neutralidad, independencia y estar basada en la
evaluación de las necesidades», razón por la cual la USAID se vio obligada a
reconocer que el objetivo de su investigación –que se prolongó casi un par de años– era ofrecer insumos «para abordar los desafíos y
los ‘riesgos de fraude’ en su «respuesta (…) a la crisis
venezolana».
Empero, este fracaso pudo haberse evitado si la USAID hubiera escuchado a los
trabajadores especializados entrega de ayuda humanitaria, pues advirtieron a la
agencia los riesgos que entrañaba la politización
de la operación, que estuvo precedida por un concierto financiado por el
multimillonario Richard Branson y que respaldaron con su presencia Guaidó, varios mandatarios de la
región y el entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence.
Así, en el reporte se señaló que, antes de escuchar a nadie, «la dirección verbal no
estableció una responsabilidad clara ni ofreció una justificación para la toma
de decisiones», que en ese momento estaban a cargo de Mark Green, administrador de la USAID en el gobierno de Donald
Trump.
Al divulgarse el controvertido documento, Green defendió sus actuaciones
en un comunicado, usando como paraguas «la crisis venezolana», a la que calificó como «una de las mayores crisis
humanitarias del mundo», ello a pesar de que reportes internos mostraban que la situación había
sido deliberadamente exagerada, como se apuntó en el caso del envío de
alimentos destinados a tratar la desnutrición infantil.
Por su parte, Reuters indicó que no había podido contactar con
representantes del departamento de Estado, pero que sí había recibido una
respuesta por correo electrónico de un portavoz de la USAID sobre el
caso.
«Damos la bienvenida a este y todos los informes que tienen como
objetivo mejorar la eficacia del trabajo de USAID, especialmente en entornos
operativos desafiantes», reza el texto.
De otra parte, el trabajo periodístico de Goodman señala que «poco después del fracaso de
la caravana de Guaidó para la entrega de las provisiones, la USAID empezó a
trabajar tras bambalinas con agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional
de la Cruz Roja y otras organizaciones para llevar ayuda a Venezuela, donde
tales artículos suelen ser distribuidos en hospitales del gobierno y agencias
controladas por Maduro», aunque no aporta detalles acerca de la procedencia y
cuantía de esas ayudas.
Desde el inicio de la pandemia, Venezuela
ha recibido ayuda humanitaria de países como China o Rusia y de agencias de la
ONU, pero gestionadas a través del gobierno y no de organizaciones no
gubernamentales financiadas por la USAID y alineadas con la Casa
Blanca.
El caso más reciente fue el acuerdo suscrito
entre Caracas y el Programa Mundial de Alimentos,
que se encargará de dotar comedores escolares, lo que beneficiará a 1,5
millones de niños residenciados en zonas vulnerables.
En contraste, desde 2017, EE.UU. ha destinado más de 500 millones de dólares para
«ayuda humanitaria» a venezolanos, pero tales dineros han ido a parar a las arcas de Colombia, Perú y Brasil, con base en que allí
residen la mayor parte de quienes han abandonado el país en los últimos años,
si bien ese dinero no se ha traducido en beneficios para ellos.
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