Una pequeña gran victoria (Del Pueblo Colombiano)
Editorial:
La
reforma tributaria ha caído gracias a un movimiento que se fortalece, pero que
no debe bajar la guardia ante las maniobras del Gobierno para revivirla.
Sin duda, el anuncio de retiro del polémico proyecto de ley con el
que el Gobierno pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos
tienen en el país y la caída de Alberto Carrasquilla, el ministro más
poderoso del actual gabinete, son los más grandes triunfos de la protesta social
durante los más de dos años y medio que lleva Iván Duque fungiendo y fingiendo
como presidente.
No se trata de una victoria menor.
La gente que se ha manifestado ha
logrado tumbar la iniciativa en pleno tercer pico de la pandemia, saliendo a
las calles a pesar del riesgo de contagio de COVID-19, y ha vencido a un gobierno que no oculta su talante
fascista,
que ha combinado todas las formas de violencia contra su propia ciudadanía con
campañas de propaganda y manipulación de la ciudadanía, que ha dejado claro que
busca un acuerdo entre los de arriba para fortalecerse y que en medio de la
protesta ha entregado el poder
de facto a militares y policías en varios ciudades, suplantando a las autoridades
civiles y dejando rienda suelta a los asesinatos, torturas, allanamientos
ilegales y detenciones arbitrarias que han marcado estas jornadas en
diferentes ciudades de Colombia.
Según la campaña Defender la Libertad,
hasta el 1 de mayo se registraban 5 asesinatos de manifestantes, 56 personas
heridas y 111 detenciones arbitrarias, mientras la ONG Temblores habla de al menos 940 abusos policiales, 21 homicidios y 4 casos de
violencia sexual cuyos
responsables serían uniformados.
No obstante, la propia Policía hablaba de 10
muertos solo en Cali, Human Rights Watch asegura que 10 personas permanecen
desaparecidas y el Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado señala que son 21 las víctimas fatales en medio de la
represión.
Hemos llegado a este punto luego de
tres episodios de fuerte confrontación entre los sectores populares y el grupo
que controla el rumbo del país: la movilización por la paz que recibió a Duque
luego de su cuestionado triunfo electoral en 2018, el histórico paro nacional
de noviembre de 2019 y el estallido contra la brutalidad
policial que sucedió al asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de
2020.
Estos no solo son precedentes de la
actual situación sino que, con cada levantamiento, han ido elevando la
comprensión de diversos sectores sociales sobre lo que ocurre en el país y el
talante de sus luchas.
Sin embargo, también han crecido los
retos, especialmente el de superar la artificiosa división que algunos insisten
en agudizar entre los sectores tradicionalmente organizados, como el sindical y
las organizaciones participantes en el Comité Nacional de Paro, y actores como
los jóvenes de los barrios y las mujeres, todos igualmente protagonistas de estas
jornadas.
Asimismo, sigue siendo una tarea
titánica conectar los variados reclamos de quienes manifiestan su inconformidad
para formular un proyecto de país que junte a las mayorías necesarias para
dejar atrás el legado casi bicentenario de quienes han gobernado en contra de los intereses de las
mayorías y de casi dos décadas de protagonismo de la extrema derecha desde la
llegada al poder de Álvaro Uribe, mentor de Duque y verdadero estratega de su
gobierno.
No obstante, la lucha contra las
autoritarias medidas de Duque no ha terminado.
En Cali –hoy por hoy el
epicentro de la lucha por cambiarle el rumbo al país–, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades
siguen las protestas, mientras el Comité Nacional de Paro asegura que
continuarán las movilizaciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca sigue
con su minga hacia la capital del país, los taxistas protestan ante la
competencia desleal de monopolios internacionales del transporte como Uber y
los camioneros mantienen diversas convocatorias de cierres viales.
Para la gente es claro que el hundido
proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’ con
el que el gobierno Duque busca profundizar la exagerada brecha social entre
unas mayorías pauperizadas y un pequeño grupo de empresarios, ganaderos,
barones políticos y actores del crimen organizado que se beneficia de la
pobreza que, entre otras cosas, se ha multiplicado con la pandemia mientras ese
mismo gobierno regala billones
de pesos a la banca y los especuladores financieros y malgasta impresionantes
recursos en burocracia, armas y represión contra el pueblo.
A Duque y sus aliados les quedan
todavía dientes.
El
gobierno no solo ha continuado con la militarización de varias ciudades, a pesar de la oposición de los
alcaldes de las mismas y del asesinato anoche de otros dos jóvenes durante
acciones del Ejército en Cali, sino que ha anunciado que buscará un ‘acuerdo nacional’ por arriba con los jefes de los
partidos políticos tradicionales y los gremios de los más ricos entre los ricos
del país para salvar su iniciativa tributaria quitando algunos elementos
polémicos de la misma.
Mientras tanto, adelanta sin mucho
ruido una reforma a la salud que, en medio de la pandemia, le entrega todavía
más poder y recursos a los monopolios privados que han causado una histórica
crisis en los servicios sanitarios que niega de facto el acceso de las mayorías
a tratamientos y debilita aun más la red hospitalaria pública; prepara el
regreso de la fumigación masiva con glifosato a las selvas y bosques del país
para dar continuidad a una demostradamente fallida política antidrogas; y ha
presentado al Congreso una nueva reforma laboral para pauperizar aún más las
condiciones de contratación y salarios que soportan los colombianos.
El Ejecutivo repite como un mantra su
preocupación por la falta de recursos para sus supuestos ‘programas sociales’, mientras sigue apalancando un nuevo pacto entre las clases
dominantes a punta de ‘mermelada’, clientelismo y promesas de privatizaciones.
Quien parece más satisfecho con esto
parece ser Germán Vargas Lleras, pues hoy tiene ‘las llaves en la mano’ para
darle un poco de aire a Duque, pero ha pedido la renuncia del ministro de
Salud, quien pertenece a su partido, y estaría esperando la caída del jefe de
la cartera de Interior para iniciar negociaciones con el uribismo de cara a las
elecciones de 2022, de forma que el candidato oficial de una coalición de
extrema derecha sea Alejandro Char, hoy presidente del Congreso, con la bendición de Álvaro
Uribe.
Por ningún lado, eso sí, se polemiza
frente a la represión del descontento social por todos los medios a mano de
quienes controlan el Estado, lo que incluye tanto la acción criminal del ESMAD como el genocidio selectivo de
líderes sociales por parte del paramilitarismo y el crimen organizado que nos
pone como uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de los
derechos humanos y el medio ambiente.
Por ahora, es momento de celebrar.
No obstante, el panorama sigue siendo
incierto, pero quienes han usado las calles, las cacerolas y las redes digitales para hacer
sentir su descontento ha dejado un claro mensaje a Uribe, Duque y sus aliados:
esto no es 2002 y la gente no está dispuesta a seguir dejando que la gobiernen
como antes.
La lucha sigue.
Tomado de: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/
Y Publicado en: http://victorianoysocialista.blogspot.com,
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