El iluso plan Biden para combatir la corrupción en Centroamérica
El
Socialista Centroamericano N° 325
Apenas
comienza a asentarse la administración Biden, y los viejos
problemas, como el enorme flujo migratorio “ilegal” de
centroamericanos hacia Estados Unidos, vuelven a atormentar a la Casa Blanca.
Solo en el mes de febrero, según datos del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus
siglas en inglés) más de 100,000 personas incluidos menores de edad fueron
detenidas en las fronteras con México, creando la primera gran crisis para la
política migratoria “humanitaria” de Biden.
El
flujo migratorio no se detiene, más bien aumenta.
La administración Biden, que había
prometido una amnistía migratoria para los 11 de millones de ilegales que
trabajan y viven en Estados Unidos, está desarrollando, al mismo tiempo, una
ofensiva para contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, y que
abarca también a decenas de miles de otras nacionalidades que utilizan el istmo
como ruta de tránsito hacia México y Estados Unidos.
La ofensiva diplomática la inició Roberta
Jacobson, ex embajadora norteamericana en México, coordinadora de la frontera
sur en la Casa Blanca, al reconocer que una de las principales causas de la pobreza y la inmigración ilegal es la corrupción
imperante en Centroamérica.
Jacobson advirtió que, de los 4,000
millones de dólares para invertir en los programas anti inmigración, “(…)
Nada
del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU.
irá a los líderes de esos Gobiernos (…)
No
es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante
entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones
internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno (…).
Trabajaremos con los funcionarios con los que
podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan
compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos
que en algunos países eso será difícil”.
(Diario
de Hoy, 10/03/2021)
Es
la primera vez que los Estados Unidos reconocen la crisis estructural de los
diminutos Estados nacionales en Centroamérica, el fracaso de la raquítica
democracia neoliberal impuesta a raíz de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II
en 1987, Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992, y en Guatemala en 1996.
Lejos de crear democracia y bienestar social
en la región centroamericana, la enclenque democracia de los Acuerdos de Paz,
sostenida por la ofensiva neoliberal, reprodujo los
mismos esquemas de corrupción que existieron bajo las dictaduras militares,
ahora con nuevos sujetos, muchos de ellos ligados al
narcotráfico y al crimen organizado, siendo Honduras el caso más
dramático, que involucra al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario
Juan Orlando Hernández.
El gobierno de Estados Unidos advierte que,
para contener las causas de la inmigración ilegal, no
podrá trabajar con los gobiernos que ayudó a crear.
Y, lo más grave, es que anuncia que para combatir la corrupción se
apoyará, léase financiará, a la “sociedad civil”, léase ongs.
Ya ha sido nombrado un equipo de alto nivel
conformado por el colombiano Juan Gonzalez, asesor de seguridad nacional de la
administración Biden, el hondureño Ricardo Zúñiga, nieto del dirigente Ricardo
Zúñiga Augustinus y ex candidato del Partido Nacional de Honduras en 1981.
Ricardo
Zúñiga, el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con
Cuba en 2014, fue nombrado delegado de la Casa Blanca para el Triángulo Norte
de Centroamérica.
Biden ha retomado la política de Obama para
Centroamérica, pero en esta ocasión no solo usaran la diplomacia, sino que piensan
apoyarse en los ongs financiados por Estados Unidos.
Algunos
ongs juegan un rol progresista de apoyo a movimientos sociales, pero estos son
una minoría.
La mayoría de ongs se han convertido en una pequeña elite que disponen de
abundante financiamiento, pero no tienen una posición independiente, sino que
responden a las agendas políticas de sus donantes.
Estos recursos son fuente de otro tipo de
corrupción, mucho
más sutil, que carcome por dentro a los movimientos sociales, pervirtiendo su
naturaleza.
La lucha contra la pobreza y la corrupción
es, en primer lugar, una
batalla contra el sistema capitalista semicolonial basado en los contratos
amarrados, las coimas, y el enriquecimiento de las cupulas partidarias que
detentan el poder.
Esta
tarea democrática solo la pueden librar los trabajadores organizados de manera
independiente.
La lucha contra la pobreza y la corrupción es una lucha democrática que conlleva una dinámica
anticapitalista.
Son dos caminos y dos
métodos diferentes.
Tomado de: https://werkenrojo.cl/
Y Publicado
en: http://victorianoysocialista.blogspot.com,
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