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Movilizaciones, cacerolazos y plantones en
todo el país
El presidente presentó en el Congreso
un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y
ampliación de la base impositiva sobre los salarios.
La medida generó el rechazo de
entidades sindicales, organizaciones sociales, estudiantiles.
“Contra el paquetazo de Iván Duque”,
sostiene la convocatoria al paro del "28A".
Juan Manuel Boccacci
Página/12, 28-4-2021
El
presidente de Colombia Iván Duque presentó en el Congreso un proyecto de
reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la
base impositiva sobre los salarios.
La
medida no podría haber sido peor recibida por la sociedad.
Duque
logró unificar a un conglomerado de organizaciones sindicales, indígenas,
estudiantiles, partidos políticos y de pymes, que organizaron un paro nacional
este miércoles con movilizaciones en todo el país.
Rechazan
que el gobierno financie la crisis del covid-19 tocando los ingresos de la
clase media y los sectores populares.
Además,
reclaman que se eliminen los beneficios a las grandes
empresas.
En
suma, una crítica al modelo neoliberal, del cual
Colombia es uno de sus grandes
exponentes en Latinoamérica.
Contra el
"paquetazo"
La
noche anterior al 28A, como denominaron a este paro sus organizadores, la
Justicia intentó frenar la medida de fuerza.
El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento al que pertenece Bogotá)
había ordenado suspender las marchas.
Sin
embargo, el Comité Nacional del Paro (CNP) que aglutina a más de 50
organizaciones sindicales y sociales, mantuvo la convocatoria.
“Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de
Iván Duque”, es
el lema con el que convocaron, pidiendo que se cumplan las medidas de
bioseguridad, ya que Colombia se encuentra en plena tercera ola del
coronavirus.
Desde
temprano se vieron columnas de personas marchando por las calles de Bogotá,
Cali y Medellín.
Hubo
cortes de rutas y movilizaciones que tuvieron como destino edificios
gubernamentales.
Mientras
tanto el presidente habló durante un evento donde se conmemoró un año desde el
ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Allí
se mostró dispuesto al diálogo.
“Como Gobierno queremos construir consensos
con el Congreso, sin líneas rojas, pensando en los ingresos que estabilicen
finanzas y manteniendo la protección a los más vulnerables por el tiempo que
sea necesario”,
sostuvo el mandatario.
El
tono parecía muy distinto al de día previos, cuando Duque defendió a ultranza
el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, como
denomina el gobierno a la reforma tributaria.
El
presidente había afirmado que el país necesitaba recaudar para paliar la crisis
que trajo la pandemia.
“Esta no es una reforma tributaria, se trata
de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia y las consecuencias
económicas que ha traído”,
sostuvo el mandatario.
El
Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había explicado que con esta ley
pretenden recaudar 23 billones de pesos (seis mil millones de dólares) para
sanear las finanzas públicas.
En
concreto, la propuesta conformada por 163 artículos establece: ampliar la base del IVA, aumentar el impuesto al salario y al
patrimonio de persona físicas y jurídicas.
Desde
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la entidad gremial más importante
del país que aglutina a 700 mil personas, catalogaron a la ley como un golpe a
la clase media y los sectores más bajos.
“La
extensión del IVA va a recaer sobre productos de la canasta familiar que no
estaban gravados.
De
ahí se recaudarán unos diez mil billones de pesos”, dijo el Secretario General
de la CUT, Diógenes Orjuela, a Página/12. El dirigente también criticó la idea
de ampliar la cantidad de trabajadores que paguen un impuesto al salario.
“Tres
millones más entrarían a tributar.
El
gobierno bajaría la base tributaria a 2.500.000 pesos colombianos, cuando antes
estaba en 4.200.000”, señaló el dirigente sindical.
La
pandemia golpeó fuerte a la economía colombiana.
Durante
el año pasado el desempleo aumentó cinco puntos
según datos oficiales, alcanzando al 15,9 por ciento de
la población.
En
tanto que la pobreza se ubica en torno al 38,9 por ciento, según datos de CEPAL, mientras que
consultoras locales sostienen que estaría cerca del 50
por ciento del país.
El
gobierno lanzó en abril del año pasado el Ingreso Solidario que perciben unas
tres millones de familias vulnerables.
La suma que recibirán hasta junio de este
año equivale a 43 dólares mensuales, cuando el salario mínimo es de 259
dólares.
Recorte
hacia abajo
Desde
el sector sindical reclaman que la reforma tributaria no
toca a las grandes empresas.
“Mantiene privilegios para las
multinacionales
por casi 40 billones de pesos colombianos anuales.
Les
hemos dicho al gobierno que elimine
esos privilegios y tendrían dinero suficiente para resolver la crisis y
mucho más”, sostuvo el líder de la CUT.
Por
su parte Jairo Estrada, doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional
de Colombia, criticó el supuesto “impuesto a las grandes fortunas” que contempla el proyecto
gubernamental.
“Lo que se espera recaudar de ahí no se
compara con lo que se pretende obtener de los sectores medios y bajos de la
población”, señaló Estrada.
Este
impuesto será del uno por ciento para los patrimonios líquidos de personas
físicas mayores a 1.300.00 dólares, y de dos por ciento a partir de cuatro
millones de dólares.
En
sintonía con los reclamos sindicales y de organizaciones sociales, Estrada
sostiene que es necesario gravar la renta financiera.
“Se tienen que eliminar las exenciones
impuestas en las últimas dos o tres décadas, en el marco de lógicas
neoliberales, para incentivar la inversión de corporaciones transnacionales.
Esas
políticas no trajeron beneficios a la sociedad.
Esta reforma deja quietos a quienes más
renta y patrimonios tienen”,
indicó el economista.
A
su vez criticó las políticas sociales del gobierno.
“Son
subsidios ridículos que pueden estar bordeando los 50 o 60 dólares al mes.
Al
mismo tiempo se habla de subsidiar a la pequeña y a mediana empresa, lo cual no
está mal, pero en Colombia el mayor empleo está en el sector informal de la
economía y no se ve favorecido por estas políticas”, sostuvo Estrada.
En
este contexto se conoció que el gobierno colombiano renovaría su flota de aeronaves militares.
Duque planearía comprar 24 aviones de guerra
por un monto de cuatro mil millones de dólares.
Estrada
señaló que Colombia es el
segundo país de la región con el mayor gasto militar, ubicado después de
Brasil.
“Gastamos 9.200 millones de dólares en
seguridad y defensa. Estamos ante una política gubernamental que solo da una
respuesta militar, represiva, a las necesidades de las regiones”, sostuvo el economista.
En
este sentido, en las calles también se reclamó por la escalada de violencia
contra líderes y lideresas sociales.
El
senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, señaló que
durante 2020 más de 270 firmantes del acuerdo de paz
fueron asesinados.
“Han
vuelto las masacres, el desplazamiento forzado, la implantación de minas.
Fenómenos
que se había logrado desaparecer con el Acuerdo de Paz de 2016, y que con este gobierno está
reapareciendo, no en los mismos índices, pero sí está logrando que se
despierten esta clase de acciones violentas”, sostuvo Cepeda.
Para
el senador se trata de una política de Duque con fines
electorales.
“Las
elecciones presidenciales son el año entrante.
Está
buscando que lleguemos a ese momento con una escalada de violencia que vuelva a poner en la agenda la
necesidad de un gobierno autoritario y de mano dura”, sostuvo el
político.
Tomado de: https://werkenrojo.cl/
Y
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