domingo, 10 de junio de 2018

Ineptitud, despilfarro y el vacío institucional de la OEA (análisis especial)

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución que busca generar las condiciones para la suspensión de Venezuela del organismo y que calificó por fuera de los "estándares internacionales" las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente con el 68% de los votos totales.
Mediante votación nominal, con 19 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra, fue aprobada esta resolución. No obstante Estados Unidos, promotor de la iniciativa, no logra la suspensión automática de Venezuela. Para ello es necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de la región y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los Estados miembros de la OEA.
Esta acción coercitiva contra Venezuela es, en suma, un acto fundamentalmente simbólico e incongruente con el posicionamiento actual del Gobierno venezolano frente a esa instancia. Hay que recordar: Venezuela ya pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva por norma interna hasta dos años después, en 2019. Esta es "la última Asamblea General de la OEA a la que Venezuela asiste", anunció el presidente Nicolás Maduro.
Desde estas instancias es oportuno subrayar algunas de las razones fundamentales sobre la retirada de Venezuela de este organismo anunciada el pasado año.
Comenzando por el cuestionamiento a esta institución, por ser una instancia de facto delegada de la política exterior estadounidense para afinar su política en América Latina y el Caribe, siendo Venezuela en estos tiempos el blanco predilecto de actos de injerencia.
Esta instancia, además, es un baluarte que permanece como referencia del viejo y agotado esquema de relacionamiento multilateral, herencia del Consenso de Washington. Una instancia inefectiva a las realidades y necesidades regionales, legitimadora de golpes de Estado, movimientos insurrecionales e intervenciones de distinto tipo (militar, financiera, legal).

La costosa burocracia de la OEA, multilateralismo inútil y ausencia de la cooperación

En apariencia, la OEA tiene entre sus principios operativos establecer y articular mecanismos de cooperación para el desarrollo sustentable en el continente, enmarcados en iniciativas que, en teoría, van desde la "mitigación de desastres naturales" hasta el impulso de "proyectos de desarrollo". Se trata de un conjunto de proyectos que supuestamente se ejecutan mediante fondos propios desde un espíritu de fomento del desarrollo, bajo el auspicio de los gobiernos que integran la organización.
La OEA desarrolla su actividad acorde a varios tipos de fondos: fondo regular, fondo para el desarrollo de la cooperación, fondos específicos y recuperación de costos indirectos, que son, acorde a sus fuentes, recursos compuestos por aportes de Estados miembros, observadores permanentes e instituciones y entes externos, entre ellos la USAID y la NED, adscritas al gobierno estadounidense. La gestión financiera de la OEA para 2017 genera un balance de 207 millones de dólares en ingresos, con una ejecución del 97% de esos recursos para ese año.
En el informe financiero semi-anual publicado en diciembre de 2017 por la OEA se desprenden detalles de su gestión en ese período. El fondo para el desarrollo a la cooperación, el cual en teoría desarrolla proyectos señalados para el desarrollo económico sustentable en los países miembros, tuvo una ejecución de apenas 500 mil dólares, menos del 0,5% de sus recursos.
No obstante, se puede ver en ese mismo balance que la OEA, en 2017, gastó 2 millones 650 mil dólares en la remodelación de la Sala "Simón Bolívar" de su sede en Washington, otros 4 millones 200 mil de dólares en "Mejora Tecnológica del Edificio Principal y Administrativo", para becas y programas de entrenamiento de la OEA unos 5 millones de dólares, y en logística para la Cumbre de Las Américas unos 4 millones de dólares.
En el referido informe se desprende la "preocupación" de la Secretaría General por los "retrasos e impagos" que están afectando el presupuesto de la organización por parte de Estados miembros. "De los 34 Estados miembros, 28 están en situación regular o son considerados en situación regular en el pago de sus cuotas, mientras que 6 Estados miembros no están al día. Estos últimos no han pagado sus cuotas correspondientes al ejercicio actual (2017) ni han negociado con la Secretaría General un plan de pagos por escrito. Dos de estos Estados miembros no han pagado el saldo atrasado de sus cuotas de años anteriores", reza el informe.
La OEA ha sido instrumentada por EEUU para legitimar sus intervenciones
Esta situación financiera podría suponer una negativa de algunos países a contribuir al sostenimiento de una instancia que, para efectos prácticos, no se traduce en aportes significativos a los países miembros. La lista de países que no está cumpliendo con sus aportes a la OEA es 100% superior a la de hace cinco años. Al unísono de un enorme gasto burocrático interno que consume más del 60% de los recursos del ente.

La histórica falta de credibilidad de la OEA

El periodista cubano y directivo del diario Granma, Oscar Sánchez Serra, publicó en ese medio en mayo de 2009 un balance extraordinario, que vale la pena reseñar, sobre la gestión de la OEA y su d se había prestado antes para aprobar una resolución que introducía la variante de intervención colectiva regional, en expresa violación de su propia Carta y la de la ONU. Ante el hecho consumado, el organismo se limitó a "dejar hacer" a Estados Unidos y dilató el examen de la situación, ignorando los intereses del país agredido.
En 1961, la actuación de la OEA respecto a Cuba a partir del triunfo de la Revolución abrió el camino para el desarrollo de acciones que se desplegaron en el orden político-diplomático para aislar a la isla, que concluyeron con la expulsión de ese país en enero de 1962 y la ruptura de relaciones diplomáticas de los países de la región con la mayor de las Antillas.
Estos eventos significaron un nivel de ensañamiento tal que puso en entredicho la pertinencia de la organización en su momento. No obstante, el tutelaje estadounidense se impuso al largo plazo, consumando la relegación de Cuba en la OEA y el no reconocimiento de su modelo político, legitimando con ello, especialmente a mediados de los años 60, el embargo y el bloqueo económico que Estados Unidos instrumentó contra ese país y que sigue vigente.
En abril de 1965 desembarcaron los marines en Santo Domingo para impedir la inminente victoria del movimiento popular constitucionalista sobre las fuerzas de la reacción militarista. Estados Unidos fue a derrocar el gobierno de Juan Bosch. La OEA envió a la capital dominicana a su Secretario General, el uruguayo José A. Mora, con el aparente propósito de obtener una tregua entre los beligerantes, mientras el Órgano de Consulta de la OEA dilataba una decisión para facilitar que las fuerzas militares estadounidenses tomaran el control de la situación.
Luego de múltiples gestiones, Estados Unidos logró por el estrecho margen de un voto la aprobación de una resolución que dispuso la creación de una Fuerza Interamericana de Paz, produciéndose, por primera vez bajo el sello de la OEA, una intervención colectiva en un país del área, violentando el principio de "no injerencia" en los asuntos internos de los países pregonado por la misma organización.
Casos como el de la invasión estadounidense a Panamá en 1989, el rol de Estados Unidos como agresor a un miembro de la organización durante la guerra de ocupación británica de las Malvinas argentinas, la invasión norteamericana a Granada y el asesinato de su presidente Maurice Bishop, fueron otros ejemplos emblemáticos en los que la OEA asumió posturas tibias, acomodaticias, sin ningún tipo de sanción al agresor habitual.oble rasero para fijar posición "en defensa de la democracia" en el continente. "La vergonzosa historia de la OEA", como la llama Sánchez, está repleta de ejemplos que representan la degradación en sus máximas instancias del derecho internacional.
En 1954, Guatemala fue invadida por tropas mercenarias organizadas por la CIA, que derrocaron al gobierno de Jacobo Árbenz. La OEA

Cómo viola la OEA sus propias normas al atacar a Venezuela

El rol del secretario general Luis Almagro, extralimitándose en sus funciones al aupar a factores violentos que intentaron empujar al país a una confrontación civil en Venezuela, tal como lo hizo en 2017, infiere la violación del principio de "Afianzar la paz y la seguridad" en los países del continente, señalado en el Artículo 2 de la Carta de la OEA.
La degradación institucional de la OEA ha ido incrementando con las décadas
El artículo 9 de la Carta de la OEA establece como única condición para la suspensión de un país de dicho ente, que su gobierno sea "derrocado por la fuerza", tal como se aplicó contra el gobierno de Roberto Micheletti en Honduras luego del golpe a Manuel Zelaya, acción promovida por el liderazgo de Venezuela en ese momento.
La condición de un "derrocamiento por la fuerza" no aplica hoy a Venezuela, menos todavía con la negación de la OEA de las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro. La OEA en función de la "defensa de la democracia" en Venezuela torció su norma para aplicarla fuera de contexto.
El artículo 19 de la misma Carta dice expresamente: "Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen". El gobierno de Estados Unidos y el denominado Grupo de Lima son emblemáticos en esta violación de la Carta de la OEA, amparándose en las entrañas de esa misma organización, atentando a la personalidad y espíritu del modelo político de Venezuela, negando sus instituciones y los legítimos derechos ejercidos a través del voto por parte de la población venezolana.
El aval político que la OEA le brinda al gobierno estadounidense y a algunos países del Grupo de Lima para expandir la política de sanciones económicas contra Venezuela, viola flagrantemente casi todos los artículos del Capítulo VII de la Carta de la OEA, que se refiere al "desarrollo integral" y la "cooperación económica" que debe prevalecer en las relaciones entre los Estados miembros. O como queda señalado en el Artículo 35 del respectivo documento: "Los Estados miembros deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros".
El desconocimiento de las instituciones venezolanas y el engranaje de una hoja de ruta para la asfixia financiera de Venezuela orquestada por Estados Unidos, concretamente desde las sanciones firmadas por Donald Trump el pasado 25 de agosto, y que son elementos de cierre de las vías de financiamiento al país, son sin duda un acto de agresión que está claramente legitimado en la OEA, cuando esta instancia desconoce el Artículo 43 de su Carta: "Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados miembros se comprometen a dar adecuada prioridad a la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento, así como a estimular a las instituciones económicas y financieras del sistema interamericano para que continúen dando su más amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integración regional".
Las sanciones financieras contra la República, y concretamente contra el desarrollo petrolero de Venezuela, promovidas bajo los "crímenes de lesa humanidad" supuestamente cometidos por el Estado venezolano, tal como lo anunciara un "panel de expertos" de la OEA recientemente, suponen desde estas instancias un golpe no sólo a Venezuela, sino también un atentado al equilibrio energético regional, entendiendo que Venezuela ha sido en años recientes un bastión del suministro energético proyectado hacia el Caribe, mediante mecanismos de cooperación como ALBA-Petrocaribe.
Por tanto, la legitimación en la OEA de sanciones específicas que atentan contra la facultad operativa de PDVSA violenta el espíritu de "cooperación regional", lesiona el desarrollo de instancias multilaterales para el relacionamiento económico previstos en el Artículo 44 de la Carta, que señala: "Los Estados miembros convienen en que la cooperación técnica y financiera, tendiente a fomentar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del desarrollo armónico, equilibrado y eficiente".
La criminalización de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente se ha promovido mediante la elaboración de un informe generado por el mencionado "panel de expertos" en la OEA, en pro de presionar a algunos Estados de la organización para propiciar el cerco contra el país y amplificar la variante judicial del asedio a Venezuela.
Sin consultar al Estado venezolano, sin dirigirse a ninguna institución venezolana, sin contar con elementos oficiales del lado venezolano, el expediente fraguado sin derecho a la legítima defensa de Venezuela viola abiertamente el Artículo 106 de la Carta de la OEA, en el que se determina el principio de "observancia" y el espíritu de acompañamiento que debe prevalecer en la política regional en materia de derechos humanos.
Razones que, si bien en lo específico retratan la degradación institucional de la OEA, sirven como caso para visualizar cómo, a nivel general, la instancia regional ha venido perdiendo credibilidad, capacidad de actuación y su condición de referencia, para ser un mediador efectivo en un momento regional altamente inestable.
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Levantar otras banderas

Las medidas otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su Comisión de la Verdad, a 80 ciudadanos que estaban siendo juzgados o cumplían penas por actos relacionados con las guarimbas de 2014 y 2017. Ubicar que las acciones las dirigió la Asamblea Nacional Constituyente y no el Presidente de la República, así como que no se trata de indultos sino de aligeramientos del modo de cumplimiento de la pena, lo que significa que estas personas siguen teniendo antecedentes, pueden regresar a la cárcel y no tienen una libertad plena.



Los últimos días han sido intensos para el debate. Pronto termina el primer período constitucional para el cual, en el año 2013, Nicolás Maduro Moros resultó electo, y ya se celebraron las elecciones de Presidente para el periodo constitucional que inicia en enero de 2019. El clima político está determinado por algunos temas centrales: los precios, el contexto internacional y las medidas otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su Comisión de la Verdad, a 80 ciudadanos que estaban siendo juzgados o cumplían penas por actos relacionados con las guarimbas de 2014 y 2017.
Sobre este último tema han existido, en el seno del chavismo, las más amargas discusiones, pues hay quienes consideran que esta decisión política puso en jaque el anhelo de justicia de la gente; otros, que no todas las víctimas fueron debidamente consultadas, o aseguraron que, a partir de ahora, los que ya cometieron crímenes de odio regresarían repotenciados por un anhelo de venganza debido a los tiempos que estuvieron encarcelados.
No es mi estilo jugar a suposiciones, y sobre este tema decidí no publicar ninguna opinión en caliente, porque un asunto tan grande no puede abordarse solamente explicando los tecnicismos. 
Claro que era importante -y lo sigue siendo- ubicar que las acciones las dirigió la Asamblea Nacional Constituyente y no el Presidente de la República, así como que no se trata de indultos sino de aligeramientos del modo de cumplimiento de la pena, lo que significa que estas personas siguen teniendo antecedentes, pueden regresar a la cárcel y no tienen una libertad plena.
También es necesario acordarnos de que no hay mucho espacio para la sorpresa, porque desde el primer momento y pese al desconocimiento de los acuerdos por la oposición, Nicolás Maduro ha anunciado que cumpliría con todos los puntos a los que llegaron en el Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela en Santo Domingo, firmado por el Gobierno nacional en República Dominicana el 7 de febrero de 2018.
Pero ahora que las primeras reacciones han pasado, creo que es el tiempo idóneo para hablar de lo fundamental, y es que, lo que hemos visto ocurrir, no es otra cosa que la aplicación de nuestro maltrecho sistema de justicia. Ese, que centenario y únicamente modificado con parches, tiene una gradación absurda de los hechos delictivos: es más grave robar un carro que llamar a la guerra. Ese que le hace hasta los jueces difícil saber qué ley aplicar y genera que tantas veces los delitos queden impunes.
Cuando en 2015, la Asamblea Nacional -antes del desacato- propuso una Ley de Amnistía, nosotros fijamos nuestra postura. Es absurdo que el debate en Venezuela -con sus índices de criminalidad, el tiempo que tiene la situación por resolver y la pésima valoración de los ciudadanos del aparato de justicia- se centre en tratar la situación de algunos, cuando el problema es de todos.
Entonces dijimos:
"¿Cuál justicia necesitamos? ¿Qué noción de igualdad ante la ley? ¿Qué garantía de igualdad material? Las respuestas no llegarán solas al Parlamento. Por eso es que es tiempo de avivar los debates. Sabemos de sobra que no queremos que las esposas, las madres, los padres, los lesionados y las lesionadas reciban del Estado un archivo fiscal de las investigaciones o un sobreseimiento y una eliminación de las pruebas de los hechos que significaron la muerte de sus familiares, la expectativa de vida que tenían, etc., pero también debemos recordar que, evitando tamaño mal, no se obtiene inmediatamente la justicia.
"Cada uno de los nombres en la lista, a la cual, esta semana nueva le suma por lo menos tres, merece ser recordado, la verdad dilucidada y los responsables condenados. Eso exige que el Estado tenga una política redoblada de lucha contra la impunidad. Este flagelo, esa debilidad de todo el sistema de justicia de llegar a traducir la delincuencia, en todas sus formas y gravedad, en sentencias definitivamente firmes y ejecutoriadas, es un área que requiere debatirse y adecuarse".
Debemos crear un nuevo tipo de justicia, más allá de la procesal y punitiva
Y en este tema las cosas no han mejorado, menos después del bochornoso capítulo de la Fiscalía General de la República que nos llevó forzosamente a admitir que, en materia de justicia, en especial en la penal, estábamos muy mal, pero algunos han querido mantener la admisión -o la acusación- solamente en algunos personeros. Pero esto no es así porque la justicia no huye en moto, no es tan sólo una fiscal, no es tan sólo aquella jueza que persiguió injustamente a algún campesino o aquel defensor que nunca va a las audiencias. Es un problema mayor.
Visto el tema de las penas -que es una verdadera vergüenza-, queda el asunto de cómo se hacen los juicios, y allí tenemos muchas dificultades porque aquella idea de construir una justicia en la que las personas participaran, y así fueran todos corresponsables y garantes de la transparencia de los jueces, se murió por falta de quórum. Así, los juicios nunca tenían lugar porque no se presentaban los miembros de la "sociedad civil" y hubo que decidir, luego de reformar el Código, para dejar esto de lado y evitar que siguiera siendo la principal causa de retraso procesal.
Para estos asuntos es tiempo que el Poder Constituyente vaya a las premisas de la justicia, y éstas no son procesales sino del debate del tipo de sociedad que somos y de aquella que queremos ser. Por ejemplo, en todas las democracias liberales el primer derecho es la propiedad, pudiendo incluso quitársele la vida a quien atente en contra de algún propietario. ¿Es eso compatible con nuestra idea de un Estado socialista? Probablemente no, pero esas son las cosas que deben debatirse.
En mi opinión hay, en el caso que estamos viviendo, otro asunto, y es cómo se reparan los delitos de odio y los actos de lesa humanidad, porque ya hemos admitido que estos son un asunto distinto por ser fútil e innoble, por afectarnos a todos al romper los lazos de nuestra convivencia, y aquí parece que tiene mucha tarea pendiente la Comisión de la Verdad.
Si lo afirmo es porque de nuevo quiero que nos ubiquemos en nuestro sistema de justicia vigente, no hay manera de que nuestras nuevas visiones de justicia sirvan para juzgar a estos individuos porque eso atentaría contra la no retroactividad de las penas en perjuicio de los reos.
Siendo esto así, nosotros no vamos a poder mantener eternamente a nadie preso, ni imponerle penas vejatorias ni evitar medidas humanitarias -así ya cause escozor viendo todos los que han forjado informes médicos y se curan el mismo día en que dejan la cárcel-, pero la necesidad de justicia no se va a agotar con el cumplimiento de la pena (larga o corta), en la cárcel o en libertad, de fulano o de mengano.
La necesidad de justicia trasciende de la individualidad de cada uno de los responsables, y es allí donde necesariamente tenemos que recurrir a la justicia simbólica. Nosotros necesitamos cambiar el nombre de algunos sitios, necesitamos fechas para la memoria, necesitamos actos públicos de arrepentimiento y esto no tiene nada que ver con el cumplimiento de la pena como tradicionalmente se hace.
Orlando Figuera debe ser el nombre de lo que nunca se olvidará en este país, porque pagó con su vida y mucho sufrimiento que algunos hayan ordenado aplicar manuales de guerra que hoy vemos en Nicaragua. Más de un funcionario de seguridad cayó, y deben abrirse plazas y cátedras que los recuerden.
Yo siento que es tiempo de levantar estas banderas, decir que no a la indignación que inmoviliza y ser plenamente la ciudadanía que exige una justicia que no hemos sido. No se trata de venganza, sino de justicia. No se trata de rencor, sino de memoria.
Hay peligros inminentes de quedarnos en sólo ponernos bravos, porque la democracia no es el burócrata sino el ciudadano, y es tiempo de que seamos -protagónicamente hablando- el pueblo de 2002, el que sabe a quién enfrenta y por eso nadie lo rindió.
Cumpliendo esta tarea, adoptando una legislación que realmente busque la justicia, que criminalice los peores actos llamándolos por su nombre y penándolos de una manera coherente, podremos cerrar el capítulo que hasta ahora tan sólo sentimos que se repite.

Ana Cristina Bracho es una abogada venezolana, Magíster en derecho público y derechos fundamentales. Este artículo fue publicado originalmente en su blog personal.

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sábado, 9 de junio de 2018

Cancelado el juego Israel-Argentina: golpe simbólico al apartheid de Netanyahu



La negativa de jugar el amistoso en Jerusalén por parte del equipo de Lionel Messi es, quizás, uno de los mayores daños a la imagen del gobierno de Benjamin Netanyahu, en su política de exterminio contra los palestinos. A tal punto que hasta el diario The Washington Post calificó esta suspensión como la "mayor victoria" del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS).

Breve historia de una derrota anunciada

Apenas el equipo argentino se negó a jugar, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a su par argentino Mauricio Macri, lo que demuestra el claro contenido político de este encuentro deportivo.
Sobre todo porque el partido por la "Copa 70 Aniversario de Israel" se enmarcaba dentro de una serie de eventos deportivos dispuestos para festejar el nacimiento del Estado israelí y así legitimar ante la opinión pública la declaración de Jerusalén como capital de este país, contraviniendo explícitamente, por ejemplo, la resolución 242 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que establece como capital del Estado palestino a la parte este de la ciudad.
Tanta es la importancia que le dio el gobierno de Netanyahu a este aniversario que, en 2017, su partido logró la aprobación de la búsqueda de financiamiento privado por 26 millones de dólares para su realización. 
Con este dinero, por ejemplo, fue que se realizaron conciertos, eventos culturales, y la carrera de ciclismo Giro de Italia, por la que Israel pagó 10 millones de dólares. 
Por esto, además, el gobierno de Netanyahu obtuvo el compromiso de que el próximo festival musical de Eurovisión se realizase en Jerusalén.



Pero leí a pocos interesados en desentramar y explicar cómo este curioso episodio que nació como un interesantísimo acontecimiento deportivo pasó de las crónicas futbolísticas a encabezar las secciones de política internacional de medios en todo el mundo.
En enero de 2017 el parlamento de Israel aprobó una ley facultando al primer ministro Benjamin Netanyahu a buscar financiamiento privado por 100 millones de Shekels (unos US$ 26 millones) para costear las celebraciones del aniversario número 70 de la creación del Estado de Israel pic.twitter.com/aftKV8JFe8


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En este marco, la ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, pagó cerca de 2 millones de dólares a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) para jugar en el estadio Tedd Kollek, construido hace 70 años sobre las ruinas de la aldea palestina de Malha, una de las 513 localidades de esta población destruida por grupos armados a favor del Estado de Israel.
La visita de la selección argentina, además, incluía una visita al Muro de los Lamentos, lugar sagrado del judaísmo y de alto grado simbólico para el sionismo, movimiento político fundador de Israel.
Tanto así que la ministra de Cultura y Deportes, Regev, declaró que "no había mejor propaganda para Israel que la de Messi besando las piedras del Muro de los Lamentos". 
Una sentencia que revela la magnitud de recursos puestos en convertir un simple partido de fútbol en un acto global y cultural de alto impacto a favor de legitimar a Jerusalén como "capital eterna e indivisible de Israel".
El golpe simbólico fue tan duro que Israel calificó como "un mega atentado terrorista" la negativa del equipo de Argentina de jugar el partido, mientras que su embajada en el país del Río de la Plata argumentó que la decisión se debía a las amenazas contra Messi y el equipo albiceleste.
En cambio, periodistas argentinos afirmaron que, en realidad, las razones se debieron a la incomodidad de los jugadores de involucrarse y ser utilizados en un conflicto político.



Una comisión del parlamento dedico parte de su sesión a investigar de donde salio el dinero y a donde fueron a parar las entradas del partido. Solo un tercio de las entradas fue puesto en venta al público.
En una entrevista desde Nueva York, la ministra afirmo que "no habia mejor propaganda para que la de besando las piedras del Muro de los Lamentos".

Trump, Netanyahu y el fin de algunos mitos

De esta forma, la caída de este evento deportivo viene a ser el "mayor logro diplomático de los palestinos en los últimos años", según Noah Landau del diario israelí Haaretz. Las especulaciones alrededor de la decisión del equipo de Messi se centran en los peligros de su estadía en Israel.
Paradójicamente, uno de los hechos que refuerzan este rechazo ocurrió hace unas semanas, durante la ceremonia de inauguración de la embajada de Estados Unidos.ara con El ejército israelí masacró a más de 60 personas que participaban en Gaza de la marcha del "Gran Retorno Palestino", realizada pmemorar el éxodo palestino producto de la ocupación israelí (conocido como la Nabka).
Esta sádica demostración de fuerza vino a jerarquizar en la opinión pública las pésimas condiciones que viven los palestinos en la Franja de Gaza debido a la ocupación. Tanto así que desde las últimas operaciones militares israelíes, 980 mil de 1,8 millones de gazatíes viven gracias a la ayuda humanitaria, bajo condiciones bastante similares a las de un campo de concentración.

Por lo que el show del horror que Netanyahu constatemente aplica a los palestinos, no muy diferente al aplicado por gobiernos anteriores del país, hace mucho por favorecer estrategias como la del movimiento BDS. Esto explica que, en países como Argentina, donde el sionismo tiene alta influencia, se apoye la suspensión del partido de fútbol sin caer en el chantaje de que si alguien se opone a Israel, se es antisemita, como tantas veces se ha hecho para disciplinar a voces contrarias al sionismo en la opinión pública argentina.
Al contrario, la tesis que a nivel global toma cada vez más relevancia es la que compara el apartheid sudafricano con las políticas que aplica Israel contra los palestinos. Por eso, simbólicamente, la negativa de Messi y compañía termina por ser un acto global y cultural a favor del movimiento BDS a Israel, como si Netanyahu, sin quererlo, se haya hecho uno de los autogoles más grandes de la historia.

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