Guerra contra Pdvsa: batallas legales de 2017
En el marco del mapa de asedio contra Venezuela y su Gobierno se ha orquestado un conjunto de acciones financieras y legales que han apuntado al corazón de la economía venezolana, concretamente contra la industria bandera petrolera venezolana de propiedad estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Se ha destacado en lo que va de 2017 un conjunto de victorias legales de Pdvsa en distintos tribunales, pero que revisten en sí mismos la expresión de un asedio articulado y ordenado que apunta a menoscabar la estabilidad y los activos de dicha empresa.
Como ha sucedido en otros ámbitos del asedio financiero, como en el de mercado de bonos y el manejo de deuda, las declaraciones alrededor de Pdvsa la señalan como "endeudada", "insolvente" y con "deudas impagables", pese a que la estatal ha cumplido cabalmente todos sus compromisos financieros.
A esto se le suman los ataques legales, que van por los activos (bienes de capital y financieros) de esta industria, para con ello declarar a Pdvsa como una empresa "de riesgo" en la cual es cuesta arriba invertir, completando de esa manera un cuadro de acciones que no revisten en sí mismos simples ataques a la estabilidad financiera de Pdvsa, sino que además apuntan al pillaje y despojo de activos venezolanos en una etapa económica de adversidad signada por la caída del precio internacional del petróleo.
Tres casos de batallas legales a favor de Venezuela este año
Pdvsa vs. Crystallex.
El pasado 1º de mayo la Corte Federal del estado de Delaware, en Estados Unidos, falló a favor de la estatal venezolana Pdvsa en un caso interpuesto por la transnacional canadiense Crystallex International Corp, que solicitaba el pago de dividendos provenientes de Citgo Petroleum Corporation, filial venezolana que opera en ese país norteamericano.
Crystallex impugnó el pago de dividendos por el monto de 2 mil 800 millones de dólares sobre la base de que la transacción impedía la ejecución por parte de esa empresa de un laudo arbitral en contra de Venezuela.
Pese a la demanda interpuesta por Crystallex, la Corte Federal de Delaware determinó que Pdvsa goza de inmunidad de jurisdicción bajo la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. La noticia fue reseñada así por la estatal en nota de prensa.
La importancia de este escollo legal, aunque resultó favorable para Pdvsa, es que es un nuevo e importante precedente de acciones legales contra la filial venezolana en EEUU, Citgo, por lo tanto se espera una apelación de Crystallex y la continuidad de un nuevo proceso legal que, en este como en otros casos, consiste en demandas milmillonarias evidentemente infladas, que pretenden someter a la corporación venezolana y sus filiales a pagos exorbitantes.
Pdvsa vs. Helmerich & Payne.
También esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Pdvsa en el caso de Helmerich & Payne, que abarcaba lo relacionado con la nacionalización de taladros en Venezuela en el año 2010.
Este caso, que luego de transitar en varios espacios de la justicia norteamericana, llega hasta la instancia inapelable de ese país donde el máximo juzgado decidió a favor de la petrolera frente a la compañía de servicios Helmerich & Payne, empresa que denunció -ante la justicia estadounidense- una expropiación de sus taladros que operaban en suelo venezolano.
El tribunal dejó así sin efecto el fallo que había dictado la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, según el cual en un anterior fallo los reclamos podían proceder, lo que dejaba a un lado los alegatos de inmunidad soberana interpuestos por Pdvsa.
Helmerich & Payne solicitó la revisión del caso por la Corte Suprema, que finalmente acogió la posición legal de la principal industria nacional y de la República.
El asedio financiero contra Pdvsa ha concluido en algunas victorias legales para Venezuela
En 2010, el Gobierno venezolano nacionalizó 11 plataformas de crudo de la firma norteamericana, que habían permanecido ociosas durante meses.
Para ese entonces, los dueños de los taladros se habían negado a discutir las tarifas de servicios con Pdvsa y prefirieron tener guardados los equipos en Anaco, lo que afectó la producción petrolera.
De allí la decisión de la estatal.
La importancia de este caso reviste en el intento de vulneración de la soberanía venezolana, previsto en la Constitución y las leyes nacionales, sobre la expropiación o confiscación de activos extranjeros en el país, en caso de que estos sean declarados de importancia estratégica o que, en otros casos, comprometan la seguridad nacional o la estabilidad económica.
En este caso esta transnacional de servicios petroleros intentó desconocer o eludir los tratados suscritos con la nación vía Pdvsa, en los que queda explícitamente señalado que los diferendos mediante operaciones en suelo venezolano quedarán en arbitraje en instancias venezolanas.
Pdvsa vs. Exxon.
Este es en esencia el caso más emblemático en el marco de batallas legales que Pdvsa ha peleado en era reciente, y su significado yace de cara al rival, la empresa petrolera más grande del mundo y cuyo CEO -hasta hace poco- es el hombre encargado de la política exterior norteamericana: Rex Tillerson, jefe del Departamento de Estado norteamericano.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió el 9 de marzo una decisión reconociendo el apego legal de las autoridades venezolanas en la participación de Exxon en el proyecto Cerro Negro.
Como se recordará, el 1º de mayo de 2007 el presidente Hugo Chávez emitió un decreto para la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la industria petrolera instalada en esa localidad, y se ofreció una cantidad de recursos para indemnizar a las empresas participantes, entre ellas ExxonMobil, Chevron, BP, Total y Statoil.
La mayoría aceptó la propuesta. ExxonMobil la rechazó, y procedió a demandar en tribunales internacionales lo que consideraba una ruptura del acuerdo.
El 9 de octubre de 2014, el Ciadi dictaminó que Venezuela debía pagar un total de 1 mil 600 millones de dólares a Exxon por la nacionalización de Cerro Negro, en el estado Monagas.
Aunque Exxon lo consideró un éxito, la transnacional originalmente solicitaba la cancelación de 20 mil millones de dólares por compensación, monto que luego fue reducido a 12 mil millones, y luego a 6 mil 800 millones.
A pesar de eso, el Gobierno venezolano decidió apelar la decisión.
El 2 de febrero de 2015, Venezuela presentó ante el Ciadi una solicitud de anulación de varios puntos del laudo dictado el 9 de octubre de 2014, ante lo cual el Comité del Ciadi dictaminó este 9 de marzo que "el Tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades al sostener que el derecho general internacional y, concretamente, el derecho consuetudinario internacional, regulaban la determinación y el cálculo de la compensación adeudada a las Partes Mobil por la expropiación de su inversión en el Proyecto Cerro Negro".
También señaló el comité del Ciadi que "las disposiciones sobre compensación que integran la inversión de las Partes Mobil en el Proyecto Cerro Negro no cuentan con el respaldo de un análisis y se basan en razonamientos contradictorios, por lo cual no expresan los motivos en que se fundan". Por ello, se anulan varias porciones del laudo de octubre de 2014 que "versan directamente sobre la valuación de la compensación y las razones subyacentes".
La relevancia de este caso yace en el planteamiento de una demanda por una indemnización exorbitante contra Pdvsa y que según el propio Ciadi, presentaba inconsistencias y contradicciones.
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