lunes, 4 de septiembre de 2017

Luisa Ortega Díaz responsable de desfalco patrimonial en la Faja Petrolífera del Orinoco
SEGÚN PRUEBAS PRESENTADAS POR EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



Ernesto Cazal
Una vez más la ex fiscal general, ahora prófuga de la justicia venezolana, se ve empañada por actos de corrupción a gran escala. Esta vez se develó, mediante el nuevo jefe del Ministerio Público, una extensa red que involucran extorsiones, empresarios, millones de dólares y el yacimiento petrolífero más grande del mundo.
Se puede ver entonces la correspondencia entre el desfalco denunciado por Saab y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, pues tienen un mismo objetivo explícito (Pdvsa) y se relacionan en la persona de Luisa Ortega Díaz, quien -admite el Miami Herald- trabaja en conjunto con el Departamento de Justicia estadounidense en el marco de asedio transnacional sobre el país.
SEPTIEMBRE 1 DE 2017

Pruebas, datos y hechos

En el último día de agosto, el fiscal general Tarek William Saab presentó en rueda de prensa los resultados preliminares de una investigación que toca a la red de extorsión anteriormente denunciada por el constituyentista Diosdado Cabello en el seno del Ministerio Público en los tiempos de Luisa Ortega Díaz.
"Un hecho inédito que estuvo aquí engavetado por omisión cómplice", dijo Saab. Se trata del desfalco en contrataciones de Pdvsa realizada por la ex gerencia de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez entre los años 2010-2016, cuyo principal responsable Pedro León se encuentra prófugo y sin paradero conocido hasta los momentos.
La investigación fue instruida por el propio presidente Nicolás Maduro.
Los delitos tienen que ver con la contratación de servicios y suministros "con importantes tasas de sobreprecio", calculadas alrededor de un 230%. 
El Fiscal General reveló que, como consecuencia de este desfalco, existe un daño patrimonial de unos 200 millones de dólares, que "podría aumentar" debido a que la investigación está aún en una fase "preliminar", por lo que "pueden aparecer otras empresas".
Saab acotó que el daño patrimonial se tasa en dólares, y no en bolívares, porque los contratos se realizaron en esa divisa. 
Un negocio milmillonario si se computa con la calculadora frenética de Dólar Today.
En total se investigan 12 contratos
 a 10 empresas. 
Saab dio el listado:
Todas las empresas mencionadas, a excepción de Servicio Construcciones y Mantenimiento Romara, aparecen en el Registro Nacional de Contratistas autorizadas para hacer negocios con el Estado y varias de estas han sido señaladas anteriormente por denuncias de corrupción.
Asimismo, el Fiscal General de la República asomó la posibilidad de que se amplíe la lista a medida que la investigación se dilate.
Mencionó que la información suministrada hasta los momentos fue recopilada por solicitud del Ministerio Público a la División de Auditoría Corporativa de Pdvsa, instituciones que trabajan de manera coordinada en la investigación.
Los delitos enumerados por el 
desfalco patrimonial, en términos 
jurídicos, son:
  • concierto de funcionario público con contratista,
  • evasión de proceso licitatorio,
  • peculado doloso
  • y asociación para delinquir.
"Vuelve a aparecer el bufete de José Parra Saluzzo vinculado a este presunto desfalco", recalcó Tarek. Según la investigación, el abogado, con fuertes lazos atados a dirigentes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue el encargado de cobrar extorsiones y legitimar los capitales devenidos, producto de la práctica delictiva.
Parra Saluzzo, ya preso por extorsión, habría "mantenido comunicaciones casi cotidianas con la ex directora del despacho del Ministerio Público, Gioconda González". La relación con respecto a la red de extorsión que lideraban la prófuga Luisa Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer con los delitos mencionados parecen explícitos, según lo referido por Saab. Tanto el bufete de este abogado como el banco USB en las Bahamas -una vez más- resaltan en la investigación.
Por estos delitos "no se hizo ni una sola acción penal". La vinculación entre las mencionadas empresas, el despacho del Ministerio Público y el bufete de Parra Saluzzo tiene nombre y apellido, pero el Fiscal General dijo que por los momentos se reservaba la denominación por formar parte aún del proceso por esclarecer.

Destape, responsabilidad por 

omisión y trabajo de 

reingeniería

Hay que tener en cuenta lo que expresó Tarek William Saab con respecto a la ex fiscal general. 
Las pruebas explicitan que Ortega Díaz omitió una "altísima magnitud de corrupción" en casos de desfalco patrimonial de la nación: se ve involucrada en los silencios punitivos con respecto a casos vinculados a Cencoex y la extinta Cadivi. 
Saab también apuntó que la antigua funcionaria benefició a traficantes de droga en procesos ante la Fiscalía: "más fueron los liberados que los privados de libertad por ese delito", y los que terminaron bajo las rejas "terminan siendo microtraficantes".
Todo esto da a entender que los grandes negocios que involucran un socavamiento tanto de los dineros públicos como del narcotráfico a gran escala en Venezuela parecen tener en Luisa Ortega Díaz una responsable directa, según las pruebas que hasta ahora se han dado a conocer a la luz pública. "Usted (Luisa Ortega) es la principal responsable del desfalco", denunció el Fiscal General ante la prensa.
El destape de todos los delitos que competen al Ministerio Público presumen de complicidad, omisión premeditada y extorsión. 
No es una sorpresa entonces que con una nueva administración a cargo de la Fiscalía General de la República un "trabajo de reingeniería", como lo dijera el actual jefe de la institución, se exprese en el conocimiento público de la investigación llevada a cabo.
Incluso dos de los fiscales que la Fiscalía puso a investigar las empresas vinculadas al desfalco patrimonial, uno de ellos está prófugo y el otro actualmente se encuentra tras las rejas. Los nombres de estos agentes de la extorsión no fueron develados por Saab.
Las solicitudes que hizo el 
Ministerio Público con respecto al
 caso fueron:
  1. Información de Pdvsa de las empresas contratistas.
  2. A la gerencia de auditoría interna de Pdvsa y a la Contraloría General de la República para la designación de auditores que evalúen los procesos de contratación de la Faja del Orinoco
  3. La participación de la Unidad Criminalística de Campo del Ministerio Público en la realización de inspecciones técnicas in situ en la Faja del Orinoco para verificar el cumplimiento de los contratos.
Estos procedimientos son los primeros pasos para reordenar el caos institucional del cual el Ministerio Público, bajo el mandato de Luisa Ortega Díaz, y la Asamblea Nacional aún en desacato fueron los pivotes más importantes. La Fiscalía estaba constituida "como un supraestado dentro del Estado", en palabras de Saab, que auspiciaba la confrontación de poderes e instituciones públicos.

Consideraciones ampliadas del

 momento

Necesario es señalar que este caso se relaciona no sólo con las holgadas cuentas en bolsillos de los beneficiarios de esta amplia red de empresarios, abogados y ex funcionarios del Estado venezolano, también con una especie de corrupción destituyente que involucra al corazón económico de Venezuela, centro de la disputa geopolítica y energética actual en la región.
Aunque los más de 200 millones de dólares resultan una pequeña cantidad con respecto a la inversión y la producción de activos financieros en la Faja Petrolífera del Orinoco, no se descarta que esta red pudiera ser más amplia y por lo tanto tendría como consecuencia un sistemático socavamiento de la soberanía del Estado sobre los recursos naturales del territorio venezolano.
Sobre todo en estos momentos, en el que la Casa Blanca firmó una nueva orden ejecutiva que declara un bloqueo financiero sobre Pdvsa y el Estado venezolano. 
Esta medida prevé un recorte de importaciones y la profundización de la crisis económica local ahora abiertamente inducida por agentes extranacionales. 
No lo dijo esta vez Diosdado Cabello o Pedro Carreño sino Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital e hijo de Gumersindo Rodríguez, uno de los apóstoles de Carlos Andrés Pérez y ex ministro de Planificación.
Se puede ver entonces la correspondencia entre el desfalco denunciado por Saab y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, pues tienen un mismo objetivo explícito (Pdvsa) y se relacionan en la persona de Luisa Ortega Díaz, quien -admite el Miami Herald- trabaja en conjunto con el Departamento de Justicia estadounidense en el marco de asedio transnacional sobre el país.
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