viernes, 31 de julio de 2020

El uso y abuso del dinero público




Por Alfonso Durán Pich*
Los gobiernos liberal-conservadores han vuelto, una vez más, a las otrora olvidadas políticas keynesianas, con objeto de insuflar aire a una economía en fase de declive.
El Estado español, e indirectamente la nación catalana por su pertenencia a ese Estado, forma parte del club de la Unión Europea y dentro de ese club, del sector de la Eurozona, que tiene cedida la soberanía en política monetaria a un ente teóricamente independiente que llamamos Banco Central Europeo.
Y el conjunto de los socios de ese club han pedido ayuda a los socios más poderosos y/o menos afectados (al menos a corto plazo) por la crisis: “Por favor, deme algo”. Y entonces han empezado las discusiones entre las cabezas pensantes (con perdón) para ver como resolvían este contencioso.
Antes de proseguir, voy a repetir, una vez más, mis dudas razonables sobre la capacidad de los altos funcionarios que dirigen la mayoría de los gobiernos para decidir sobre la asignación y gestión del dinero público, que es el dinero de todos los ciudadanos (el dinero de los contribuyentes). 

Algunos quizás tengan asesores con capacidad técnica, pero esto no basta. 

El meollo de la cuestión se halla en el debatido concepto de “azar moral”, por el que cuando yo tomo una decisión que entraña un riesgo para terceros pero no para mí, puedo ser muy atrevido, sin importarme en la práctica las consecuencias. 
Si va bien, todo serán plácemes; si va mal, nadie me sancionará. 
Es un seguro a todo riesgo, cuya prima va a cargo de la sociedad.

Como contraste a este modelo, tenemos la figura del autónomo, del emprendedor, del empresario, que inicia un proyecto o lo desarrolla con un horizonte a largo plazo, que pone sus ahorros o se endeuda con avales próximos, y que a veces gana y a veces pierde. 
Y si pierde, muchas veces lo intenta otra vez. 
Éste sí que sabe lo que es el riesgo, porque como dice mi apreciado Nassim Taleb, lo lleva marcado en la piel. Y es que la calle es dura.
Esto nos da un perfil del decisor. 
Vayamos ahora un poco más lejos y centrémonos en la organización. 
Cuando una empresa tiene problemas, que se expresan en su cuenta de resultados y en su balance, toma medidas para tratar de aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. 
En paralelo, procura asegurar su base financiera, bien ampliando su capital (que quiere decir que los accionistas han de poner más dinero) o endeudándose, dando las garantías correspondientes al acreedor.
 También puede hacer una revisión de sus activos y enajenar aquellos que no son estratégicos para producir liquidez. Es el ABC.
Es nuestro ABC, pero no el de los funcionarios (altos, bajos o medios) que toman decisiones sobre el dinero de todos, bajo el paraguas del Estado.
Sobre ese dinero, los máximos responsables de la Unión Europea (me produce sofoco describirlos como líderes) han tomado unas medidas para destinar fondos por un importe de 750.000 millones de euros a los distintos países del grupo, en función de sus necesidades y otros criterios subyacentes. 
Parte de estos fondos tendrán el valor de ser subvencionados y parte se cederán como créditos. 
Para ello, la Unión Europea se endeudará, que quiere decir que nos endeudaremos todos, porque aquí el espíritu santo, señores Cañizares, Omella  y resto de colegas de su especie, no interviene.
Claro que no todos los países del club se hallan en las mismas condiciones. 
Unos están saneados, otros guardan un difícil equilibrio en sus cuentas y unos terceros están en lo que podríamos denominar una quiebra técnica. 
Y claro, los primeros han puesto condiciones a la macrooperación: quieren saber en qué se emplea el dinero. 
Llegan un poco tarde, porque si hubieran estado atentos en su momento habrían bloqueado el gasto/inversión superfluo que algunos Estados han perpetrado (que es algo como delinquir) con el dinero recibido. 
Si hubieran estado atentos, no tendríamos en el Estado español el AVE (la mayor irresponsabilidad de los gobiernos del duopolio monárquico), ni polideportivos a gogó, ni aeropuertos sin pasajeros, ni autovías sin coches, ni palacios de cultura para analfabetos funcionales. 
Estos tipos se han despertado tarde y tampoco atinan como auditores.
Y no atinan porque sus prioridades son de lo más convencional. 
Ellos quieren que el dinero se emplee fundamentalmente para dos cosas: en primer lugar (y esto es casi tan sagrado como la constitución) en pagar el servicio de la Deuda Pública (que aumentará notablemente) y luego en rebajar el coste social, que en “Román paladino” quiere decir pensiones y sanidad. 
La palabra clave es sostenibilidad, palabra de moda entre los cachorros del poder financiero. 
No se les ocurren otras cosas, porque no tienen experiencia en fuego real. 
Podrían obligar (condicionar) a la enajenación de activos improductivos y a parar sine die inversiones fantasmales, como esa curiosa red del corredor Mediterráneo que va de la estación de Atocha a Chamartín, en plena capital del Estado. 
Podrían también actuar sobre otras partidas del gasto, como es Defensa, organizaciones territoriales duplicadas, Justicia y un sinfín de organismos del Estado que no sirven para nada. Podrían, pero no lo harán.
Y no lo harán porque todavía no se han enterado, o no quieren enterarse, de que detrás de la marca España hay un enorme bluf, que exigiría cirugía profunda y ellos, unos y otros, podrían quedar afectados.
Insisto en el azar moral. No se puede poner el dinero público (el de todos) en manos de unos ciudadanos (no importa cómo se llamen), que siempre han vivido de los Presupuestos Generales del Estado (riesgo cero) y que su paso a la esfera privada (cuando se ha producido) ha sido un regalo por servicios prestados.
No se confundan con la gran operación financiera de la Unión Europea.
 La parte condicionada de los 140.000 millones de euros asignados al Estado serán para cumplir las exigencias citadas.
 La parte discrecional, a cargo de los altos funcionarios españoles, acabará en manos de los sospechosos habituales de siempre.
Al final, un cóctel de capitalismo de Estado y crony capitalism. 
Todo lo que no haga la sociedad civil no servirá para nada. Agua, azucarillos y aguardiente.

En: Twtter@victorianoysocialista
En: Facebook; //Adolfo León Libertad

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