“Nica Act”: otra agresión de EEUU contra Nicaragua y Nuestra América
La iniciativa “Nica Act”, un engendro promovido por congresistas norteamericanos de origen hispano, los mismos mafiosos que incitan constantes ataques a Venezuela, Cuba y Bolivia, tiene el propósito de materializar sanciones económicas y financieras contra el gobierno legitimo y el pueblo nicaragüenses.
por Patricio Montesinos
La reciente decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar nuevamente la iniciativa de Ley injerencista Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como “Nica Act”, constituye otra agresión orquestada desde territorio norteamericano contra Nicaragua y Nuestra América.
“Casualmente”, ese órgano legislativo de Washington adoptó el referido proyecto, que ahora deberá ser debatido en el Senado, un mes antes de que en la Patria de Augusto César Sandino se celebren comicios municipales.
Similar hicieron los legisladores estadounidenses el pasado año, en plena campaña previa a las elecciones presidenciales nicaragüenses, en las que se impuso de manera contundente el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y fue reelegido el presidente Daniel Ortega con el 72,5 por ciento de los votos.
Analistas consideran que otra vez Washington pretende crear incertidumbre entre los habitantes del país centroamericano para asestar un eventual golpe al FSLN en la consulta popular del mes venidero, como lo intentaron hacer en las presidenciales del 6 de noviembre de 2016.
La respuesta entonces de Nicaragua fue demoledora con el triunfo de Ortega en las urnas, como el que seguramente conquistará el FSLN en las cercanas elecciones municipales.
El gobierno Sandinista, a través de su Vicepresidenta, Rosario Murillo, dio a conocer el martes último una declaración oficial en la que cataloga la decisión del Congreso de Estados Unidos una violación de la soberanía de su país.
La nota subraya que la “Nica Act” es una acción irracional, ofensiva y lesiva de los Derechos Humanos de los nicaragüenses, y responde a posiciones retrógradas, injerencistas, e irrespetuosas, de ciertos legisladores norteamericanos que todavía no superan la conflictividad e intereses ajenos a la voluntad y la tranquilidad de los pueblos.
Otras naciones como Venezuela, Cuba y Bolivia, asediadas, sancionadas y bloqueadas por Washington, se han solidarizado con Nicaragua frente a la nueva patraña del imperio del Norte, que constituye sin duda alguna otra agresión a la Patria Grande.
Cuba condena iniciativa legislativa Nic Act de EE.UU. contra Nicaragua
Foto: Twitter/ @RogelioSierraD
El gobierno cubano condenó hoy la aprobación de la iniciativa legislativa conocida como Nic Act, la cual calificó de actitud injerencista de Estados Unidos contra Nicaragua.
El vicecanciller cubano Rogelio Sierra declaró a la prensa que el proyecto de ley titulado Nicaraguan Investment Conditionality Act -conocido como Nic Act- es un acto ofensivo, injerencista e irrespetuoso contra el pueblo nicaragüense.
La aprobación de la normativa el pasado 3 de octubre en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos viola la soberanía de ese país centroamericano y las más elementales normas del Derecho Internacional, aseguró.
Desde la sede la Cancillería, Sierra agregó que constituye una maniobra más perpetrada desde territorio estadounidense “contra una hermana nación de Nuestra América”.
La Nic Act pretende imponer condiciones a Nicaragua para acceder a préstamos financieros de instituciones internacionales o de Estados Unidos, refirió el viceministro cubano de Relaciones Exteriores.
De aprobarse en el Senado y ser sancionada finalmente como ley en el Congreso, equivaldría a imponer un bloqueo económico y financiero contra Managua.
Al respecto, Sierra afirmó que era una acción coercitiva, unilateral, irracional y lesiva contra el pueblo nicaragüense.
El diplomático reiteró el apoyo con el pueblo y gobierno de Nicaragua y su liderazgo representado en Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Sierra envió también sentidas condolencias y solidaridad a los pueblos y gobiernos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua por las víctimas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por la tormenta Nate.
La Nic Act fue retomada por 25 legisladores -15 republicanos y 10 demócratas- seis meses después de una primera versión. Esta exige al gobierno de Nicaragua ‘restablecer’ la democracia, ‘combatir’ la corrupción y ‘respetar’ los derechos humanos.
(Con información de Prensa Latina)
Nica Act, una propuesta irracional
Por:
La resurrección de la llamada iniciativa de ley Nica Act por parte de un grupo de legisladores estadounidenses contra Nicaragua es vista aquí como una amenaza más, de las muchas que se han cernido sobre el país a lo largo de su historia.
Para el gobierno sandinista este nuevo capítulo se inscribe en ese ‘afán de las mentalidades imperialistas’ de apropiarse del territorio nacional.
La respuesta no se hizo esperar y el país cerró filas ante lo que calificó como una pretensión irracional, inoportuna e improcedente, que solo apunta a desestabilizar a un país donde las personas son prioridad.
En un comunicado, el gobierno de reconciliación y unidad nacional denunció que dichos congresistas, identificados por sus posiciones radicales e injerencistas, pretenden vulnerar el derecho de Nicaragua a continuar desarrollando su modelo cristiano, socialista y solidario.
Modelo mediante el cual Managua estima que la democracia, el diálogo, las alianzas y la búsqueda de consensos, garantizan tranquilidad, armonía social y esperanza.
Y es justo ahí a donde enfila sus lanzas la Nica Act con una propuesta que el gobierno sandinista tacha de ciega, sorda, e irracional.
‘Concebida por mentes insensibles, mal intencionadas y cerradas completamente a reconocer el derecho de los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados’, advierte.
Qué es la Nica Act
La Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como la Nica Act, es un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, condicionaría los préstamos y financiamientos de organismos internacionales a Nicaragua.Resucitada por 25 legisladores -15 republicanos y 10 demócratas- seis meses después de una primera versión, la normativa exige de manera general al gobierno de Nicaragua ‘restablecer’ la democracia, ‘combatir’ la corrupción y ‘respetar’ los derechos humanos.Solo sería suspendida, según sus promotores, si el gobierno sandinista realiza elecciones ‘libres, justas y transparentes’, desconociendo así la institucionalidad y las leyes del país, y sobre todo la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses.El pasado 6 de noviembre Nicaragua celebró elecciones generales y mostró al mundo su madurez cívica, elogiada por exmandatarios, congresistas, políticos y expertos de diferentes naciones que asistieron en calidad de invitados.Por otro lado, organismos internacionales, gobiernos y personalidades, entre otros, subrayan los avances del país, precisamente en materia de derechos, oportunidades y acceso, sin distinción de credo político, raza, género o religión.
Un mal ejemplo
Al parecer a ciertas élites de poder en Washington les molesta el avance que experimenta Nicaragua desde los últimos años, sobre la base de una política de diálogo y consenso como estrategia de desarrollo impulsada desde el gobierno.
Una muestra de ello es la Ley de Asociación de Inversión Público-Privada dirigida a movilizar mayores recursos para la construcción de infraestructura, captar inversión, mejorar bienes y servicios, dinamizar la economía y la creación de un sistema público y transparente de licitación.
De esa manera la normativa habilita a los sectores estatal y privado a trabajar de manera conjunta en proyectos estratégicos y de interés nacional.
Los resultados económicos muestran un crecimiento sostenido por seis años consecutivos en torno al cinco por ciento del Producto Interno Bruto, al tiempo que las finanzas se mantienen estables y ganan solidez.
Según el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, las actividades de servicios, principalmente comercio, intermediación financiera y administración pública y defensa, seguidas de las agropecuarias e industria manufacturera, crecen a buen ritmo.
A su vez, dicha alianza y empuje económico sostenido ha permitido la ejecución de una serie de programas sociales, educativos, culturales y medioambientales de gran impacto hacia dentro y fuera del país.
Hacia lo interno nadie puede negar que se han restituido un sin número de derechos como acceso a educación, agua potable, electricidad, caminos, viviendas dignas, créditos, alimentos y sobre todo al reconocimiento de los nicaragüenses como ciudadanos con plenos deberes y derechos.
En el exterior la imagen del país se expande y abre nuevos espacios, respaldada por niveles de seguridad muy elevados, gobernabilidad y estabilidad política, condiciones que atraen a turistas, financiamientos, talentos, servicios, inversionistas, empresarios y hombres de negocios.
Falta mucho por hacer, pues las propias autoridades del país reconocen que aún se está lejos del ideal soñado, ya que los recursos disponibles son limitados, y muchas las necesidades acumuladas.
También es una verdad tangible que no pocos han salido del umbral de la pobreza, han accedido a la educación, a la salud e incluso a fuentes alternativas de financiamiento para emprender una actividad que al menos garantice el sustento familiar.
Las ciudades crecen y se modernizan, los caminos y carreteras llegan hoy a lugares impensados y con todo ello se expande una ola de esperanza -algunos dirán lenta o baja-, pero que lleva consigo indudables beneficios y por supuesto nuevos retos y desafíos.
Nadie que conozca Nicaragua y la haya visitado indistintamente en el tiempo puede desmentir esa realidad, la Nicaragua de hoy no se parece a la de hace apenas 10 años.
Sin embargo, todos esos esfuerzos y logros alcanzados, que despiertan admiración y orgullo de propios y extraños, son un mal ejemplo a juzgar por las pretensiones de quienes reintrodujeron la Nica Act.
Un proyecto ideado seguramente en alguna aclimatada oficina que, de avanzar y aprobarse en la comodidad de Washington, pretende asfixiar a un pueblo.
(Con información de Prensa Latina)
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