Pueblo organizado
velará por respeto a precios acordados
El
presidente Maduro presentó la propuesta económica más coherente en toda
la historia de Venezuela
“Los
precios acordados son una solicitud que hace el gobierno a los monopolios. Esta
es una nueva oportunidad que el presidente Maduro les ofrece”
Por Verónica Díaz Hung
Luego de que más de 8 millones
de venezolanos se pronunciaron con su voto a favor de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) el pasado 31 de agosto, aunque la paz volvió a las calles
venezolanas y se anunciaron elecciones de gobernadores para octubre de este
año, comenzó un violento incremento de precios, mientras que Washington impuso sanciones que penalizan las transacciones
venezolanas en el mercado norteamericano, con el interés de dificultar el
acceso al crédito y la compra de alimentos y medicinas.
En respuesta el presidente
Nicolás Maduro presentó un conjunto de medidas económicas para enfrentar el
bloqueo que intenta ejecutar el gobierno de Donald Trump contra Venezuela.
Para el economista Tony Boza el
cuerpo de medidas que el presidente presentó ante la ANC constituyen la
propuesta económica más coherente en toda la historia de Venezuela,
porque están inscritas en tres tiempos: La protección al pueblo
venezolano, generan un escudo que protege la capacidad adquisitiva y la
estabilidad económica y pasan a la ofensiva en el plano nacional e
internacional.
Plan 50 en el ojo del huracán
Para el economista Tony Boza la
Ley de Abastecimiento y Precios Acordados, conocida como ley 50, reconoce que
el aparato del Estado no puede ejercer el control real de la economía, y admite
que la congelación de precios -que fue cuestionada por el presidente
Maduro- no funciona.
Cuando un precio es congelado, el producto suele
desaparecer y es comercializado por las redes del bachaqueo y el contrabando.
Pero tampoco opta por la
liberación de precios al clásico estilo neoliberal.
Por tanto, la propuesta crea un
universo limitado de 50 bienes que representan el 90% del consumo de los
venezolanos, los cuales serán controlados, no solo por el Estado, ya que
también participan los diversos actores de la economía: productor, importador,
distribuidor y el consumidor que es el pueblo organizado.
Sostiene que las medidas se
complementan unas con otras, por eso algunas son de protección al pueblo y
otras pasan a la ofensiva, y algunas tienen las dos cualidades, y además actúan
en el plano nacional e internacional.
“Los precios acordados implican
garantizar una estructura de costos donde se incluyen todos los factores que
inciden, desde los insumos, bienes intermedios, materias primas,
servicios, además de controlar cómo se distribuyen los productos.
Mientras que en la ley de los CLAP se contempla la figura de supervisión”,
explica.
Por primera vez se otorga poder
al actor más importante, que es el consumidor organizado, quien se expresa
desde los CLAP, la comuna, los consejos comunales y otras expresiones de poder
popular.
“Se le otorga al pueblo la
capacidad de supervisión y de sanción, ya que estará acompañado de un fiscal y
un defensor público para enfrentar la guerra económica”.
Las medidas incluyen dos
unidades tributarias: una para el cálculo de política salarial, de compensación
y pensiones.
Y habrá otra dedicada a los transgresores del sistema de precios
acordados: la Unidad Tributaria Punitiva, que permite pechar a aquellos
capitales que se aprovecharon de la guerra económica, quienes tuvieron
ganancias especulativas y ahora el Estado va por ese patrimonio.
Se propone
pechar a los grandes capitales.
“Esta medida tendrá efectos en
la economía, contribuyendo a controlar la inflación y generando un sistema de
precios estable en el tiempo”, considera Tony Boza.
Mientras que Ingerson Freites,
del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), advierte que hay
una relación estrecha entre el precio y el monopolio.
En Venezuela cuatro
empresas dominan, por ejemplo, más del 50% del sistema avícola, mientras que 12
empresas dominan el 100% de ese mercado, a diferencia de Colombia, donde en ese
mismo sector existen alrededor de 3.000 empresas.
Lamenta que en Venezuela no se
ha podido superar ese grado de concentración, por lo que en la guerra económica
los monopolios han disminuido la producción y aumentado los precios.
“Los precios acordados son una
solicitud que hace el gobierno a estos monopolios. Esta es una nueva
oportunidad que el presidente Maduro les ofrece”, expone Ingerson Freites.
Y aunque considera posible
desacelerar la velocidad con la que los precios vienen creciendo.
No obstante,
plantea realizar un monitoreo diario de la formación de precios y fortalecer
instituciones como Sencamer, la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Superintendencia Antimonopolio,
logrando un trabajo coordinado y sectorizado.
Carnet de la Patria y
contraloría social
José Manuel Rodríguez, también
economista del OVRE, destaca la importancia de los sistemas de información para
realizar contraloría social.
Al respecto, Tony Boza
recomienda apoyarse en la amplia penetración del Carnet de la Patria, que
abarca 15 millones de venezolanos, ya que a través del código QR se puede
desarrollar, incluso, una aplicación celular que permita hacer seguimiento del
cumplimiento de los precios acordados por los diferentes actores.
Recuerda que los argentinos
crearon una aplicación que se llamaba precios cuidados, y propone generar una
similar en Venezuela, por ejemplo, una aplicación que permita determinar, a
través del código QR, si el producto ha recibido divisa subsidiada,
ofreciendo además su estructura de costo.
DolarToday, un arma de guerra
Para Tony Boza, DolarToday es
una sombra en la pared que ha sido utilizada como pretexto para incrementar
sustancialmente los precios.
Pero si se controla los 50 productos que
representan el 90% del consumo de los venezolanos, se logrará detener los
efectos del nefasto marcador artificial.
“Dolar Today ha subido incluso
cuando no hay bolsa. No es un marcador económico. Es una herramienta política.
Es un arma de guerra, que algunos actores han aceptado por conveniencia, porque
sirve para justificar la escalada especulativa”.
Pago electrónico
Las medidas plantean un sistema
impositivo, descontando un 5% del IVA para las transacciones electrónicas. El
objetivo es estimular el pago electrónico, que transparenta las relaciones de
pago.
“No hay nada más fácil de
ocultar que el pago en efectivo, mientras que las transacciones digitales
siempre dejan una traza”, resalta Tony Boza.
Igualmente se va a realizar un
proceso de facturación electrónica de los 5 mil contribuyentes más grandes del
país.
Se estima que la evasión y
elusión de impuestos en Venezuela alcanza el 88%, ubicándose entre las más
altas del mundo, de esta manera el sector privado se queda con un dinero que es
del pueblo.
El incremento de las
transacciones electrónicas contribuirá a la transparencia de los procesos.
Aumento salarial
“Cuando se aumenta el salario
un 40%, la estructura de costo de ningún bien aumenta 40%. Se estima que
el incremento está entre un 4% y 5% y no representa un 50% o 1000%, que es lo
que está ocurriendo en este momento, cuando se usa como pretexto el aumento
salarial para seguir con su política especulativa”, señala Boza.
Expone que el productor no va a
perder, ya que se establecerán ganancias de hasta un 30%, cuando las tasas de
ganancias en Estados Unidos están entre 1% y 3% y en promedio 12%; mientras que
en Europa se ubican entre 7% y 8% y en Japón en un 5%.
“El aumento salarial ya está
indexado en la ganancia del 1000% que hoy tienen los precios, ya que obedecen
al dólar de guerra”, analiza Ingerzon Freites.
TOMADO DE: http://cuatrof.net
EN: Facebook//ADOLFO LEON,
EN: Twitter@ victoriaoysocialista y
No hay comentarios:
Publicar un comentario