lunes, 31 de agosto de 2015

Israel niega los derechos 

laborales a los trabajadores palestinos

Amir Paz-Fuchs

Trabajadores palestinos en Cisjordania. (Foto: Reuters / Amar Auad)
A medida que la ocupación israelí de los territorios palestinos se acerca a los 50 
años, los incidentes violentos en Cisjordania siguen siendo bastante esporádicos. 
La realidad política y económica de la coexistencia en los territorios palestinos ha
 hecho que palestinos e israelíes sean profundamente interdependientes, y sobre 
todo los trabajadores palestinos y los empleadores y las corporaciones israelíes.
Esa relación ha sido siempre legalmente compleja, pero en las últimas semanas ha
 habido nuevos desarrollos que podrían empeorar aún más las cosas.
Para empezar, el Tribunal Nacional del Trabajo de Israel ha establecido que las
 leyes israelíes no se apliquen a los palestinos que trabajan para los israelíes en el 
valle del Jordán, un área de Cisjordania que se ha hecho tristemente famosa por la

Mientras tanto, el líder del partido ultraderechista Hogar Judío, Naftalí Bennett, ha 
sucumbido a la presión ejercida por los agricultores israelíes del valle del Jordán y 
se ha retractado de su anterior compromiso con la aplicación de la legislación 
laboral israelí en Cisjordania.
Eso explica la miseria de los palestinos cisjordanos que trabajan para patronos y corporaciones 
israelíes y que se suma a un régimen de profunda desigualdad legal.

Ahogados

Decenas de miles de israelíes se están desplazando hacia los asentamientos 
existentes y creando otros nuevos —a menudo en tierras palestinas privadas—,
 no por razones ideológicas, sino porque los costes son más bajos y el nivel de 
vida es más alto que en el estado de Israel. Por la misma razón, una gran cantidad 
de empresas israelíes se han trasladado a los asentamientos y a las zonas 
industriales [de la Cisjordania ocupada]. Muchas de estas empresas, especialmente 
en sectores como la manufactura, la construcción y la agricultura, se aprovechan 
beneficios.
independiente mediante órdenes militares que limitan el uso de fondos, imponen 
límites en el suministro de agua y electricidad y restringen el acceso a tierras 
agrícolas mediante el sistema de permisos y el muro de separación. Todo esto 
significa que los palestinos se ven crecientemente forzados a depender de
 empleadores israelíes para llegar a fin de mes.
Esto no está mal visto en Israel. Los trabajadores palestinos son especialmente 
atractivos para los empresarios israelíes debido a su particular situación legal, 
desarrollada en los últimos años.
Trabajos penosos. (Foto: Reuters / Amar Auad)
Hasta 2007, los palestinos eran empleados en los asentamientos y en las empresas 
israelíes de acuerdo con la legislación jordana que estaba en vigor cuando Israel 
conquistó Cisjordania, salvo donde esa legislación fue modificada por el mando 
militar de la región.
Esa situación se basada en la ley de ocupación, que dictaba que el ocupante debía 
respetar la ley vigente en el territorio ocupado. Sin embargo, a medida que la 
ocupación se ha ido prolongando, se ha desarrollado una situación que quienes 
redactaron las leyes de ocupación nunca habían imaginado.
Los israelíes vivían en el territorio ocupado y dirigían sus negocios y su vida
 laboral de acuerdo con la ley israelí (una prerrogativa suya exclusivamente), 
pero empleaban a los palestinos de conformidad con la ley jordana en Cisjordania y
 la ley egipcia en Gaza. Leyes diferentes se aplicaban a personas que hacían el 
mismo trabajo, que solo eran diferentes en virtud de su raza o nacionalidad.
El resultado no es una mera discriminación. La aplicación de leyes diferentes a 
diferentes sectores de la población es algo que se acerca mucho al apartheid
incluso podría decirse que es, esencialmente, unrégimen de apartheid.

Separados y desiguales

La Corte Suprema de Israel, tan astuta como siempre, abordó este tema en 2007. 
En una decisión histórica, estableció que allí donde los palestinos trabajaran codo 
con codo con los israelíes en “enclaves” israelíes creados en los asentamientos y 
en las zonas industriales ilegales, entonces se aplicaría la ley israelí a unos y a 
otros.
Paradójicamente, esto no fue solo una victoria para los palestinos y sus 
simpatizantes israelíes. Esta decisión fue apoyada también por los nacionalistas de 
la extrema derecha israelí, que defienden la anexión del territorio palestino a través 
de la aplicación de la legislación israelí en el Área C, la subdivisión más extensa de 
Cisjordania. Pero la sentencia también creó problemas para las empresas israelíes 
establecidas en Cisjordania y que dependían explícitamente de una ley que era 
cualquier cosa menos generosa con los palestinos.
A partir de 2007, la situación ha ido cambiando en las dos partes. Algunos 
trabajadores palestinos se han beneficiado de los derechos garantizados por la 
decisión de la Corte Suprema, mientras que los ultraderechistas del parlamento
 israelí han continuado con su empeño de expandir la aplicación de la legislación
 laboral israelí.
Muchas empresas israelíes han brotado y comenzado a buscar agujeros en la 
decisión de 2007 de la Corte Suprema. ¿Debe aplicarse la ley israelí solo donde el
 empleador es un israelí? Vale, buscaremos un intermediario palestino para que 
firme los cheques. ¿Debe aplicarse la ley israelí solo allí donde los empleados 
trabajan en un enclave israelí? Muy bien, nos iremos a otros lugares fuera de las 
zonas industriales, de forma que las obligaciones del empresario se alivien y sus 
trabajadores sigan regulados por el restrictivo régimen de permisos.
Este asunto fue examinado por el Tribunal Nacional del Trabajo, pero, 
lamentablemente, dio su visto bueno a la treta legal y marcó el comienzo de la 
vergonzosa situación que vemos hoy, donde se aplican leyes diferentes a diferentes
 grupos de población.
En cuanto a Naftalí Bennett, podría haber respondido 
con un pronunciamiento nacional orgulloso que 
indicara que la ideología nacionalista tiene un costo. 
Ahora que lo pienso, tal vez sea eso exactamente lo 
que hizo: el coste solo lo soportan los palestinos.

Amir Paz-Fuchs es profesor titular de Derecho de la Universidad de Sussex.
Traducción: Javier Villate (@bouleusis)

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