Foto: Misión Verdad
Shannon y la posibilidad de más sanciones
Durante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para aprobar su nominación como número dos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, el enlace del diálogo con Venezuela, hizo específica referencia a que las relaciones con Venezuela dependen de la “limpieza” del proceso electoral de las parlamentarias, y que Estados Unidos está dispuesta a utilizar la legislación del Congreso, aprobada el año pasado, para ampliar aún más las sanciones contra funcionarios venezolanos, si considera que “es necesario”.
No es para nada casual que lo haya dicho en este Comité, cuyos miembros son financiados en gran medida por el lobby energético y financiero, ni que haya hecho referencia a la “Ley 2014 para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela”, patrocinada por los senadores Robert Menendez, Marco Rubio, Bill Nelson, Mark Kirk y John McCain, y financiada literalmente por Chevron Corp (del clan Rockfeller), de acuerdo a su propia declaración de gastos en el Congreso.
Shannon no sólo se está congraciando con los miembros del Cómite sino que también está haciendo un control de daños sobre su papel como enlace en los diálogos de Venezuela ante los sectores republicanos más reactivos y que podrían obstruir su nombramiento, por lo que le toca legitimar y conducir lo que ha sido cuestionado por una posición blanda ante Venezuela y que ahora pretende endurecerse ante el nuevo escenario artificial creado por ellos mismos.
Por eso también sostuvo: “Cuando me reuní con Diosdado Cabello (…) fue con el propósito de obtener de ellos una fecha para las elecciones para la Asamblea Legislativa, lo cual nosotros pensamos era esencial para crear una proceso político que permita al pueblo venezolano expresarse, pero también para comenzar a crear un ambiente más amplio para el diálogo dentro de Venezuela”.
Robert Ménendez y la judialización de Venezuela
Es por eso que el patrocinador de esta ley, el senador Robert Ménendez, es el encargado de poner sobre la mesa el tema Venezuela durante la interpelación a Shannon, con el relato único de que, de acuerdo a la “confesión” del fiscal Franklin Nieves, el “juicio a Leopoldo López es una farsa, Venezuela tiene activistas políticos y de derechos humanos encarcelados, y Maduro plantea que el chavismo va a ganar de una forma u otra cuando las encuestas dicen lo contrario”.
Ante esta realidad que plantea como inobjetable, Ménendez se preocupa de que “Estados Unidos no está dispuesta a enfrentarse a régimenes como el de Venezuela o Cuba, e incluso conceda acciones sin que se vean avances en términos de derechos humanos y democracia”.
Por transferencia natural y citando la “farsa judicial” a Leopoldo López, Washington debería ampliar las sanciones contra funcionarios, según sus propias palabras.
Y en evidencia y descaradamente, el senador se ampara en todos los hechos prefabricados e incluso pica adelante avisando sobre una investigación en curso contra funcionarios venezolanos por su papel en el fantasmagórico Cartel de los Soles. Esto con el también previsible aderezo del lobby de The Wall Street Journal, The New York Times y ABC de España para instalar todas las matrices habidas y por haber sobre el Estado narco y corrupto con, incluso, reportajes a confesos delincuentes.
Sobre el expediente de corrupción entra en escena un directo golpe hacia Pdvsa, la cual según The Wall Street Journal está siendo investigada por los actos de corrupción supuestamente cometidos durante la presidencia de Rafael Ramírez. Lo paradójico es que ni siquiera están gastando en testigos con pruebas, ya que ni la matriz del Cartel de los Soles, el expediente Ramírez y/o la confesión de Franklin Nieves tienen un basamento en pruebas duras y contudentes, sino que se basan en el “él dijo y aquel respondió”. Ni los testigos comprados están haciendo bien su chamba.
John Kelly y la crisis humanitaria
Entonces, si el lobby petrolero, republicano y neocon, los mismos gusanos anticubanos y operadores de la Contra nicaragüense, como Roger Noriega, están lanzados en construir expedientes en simultáneo para que el Departamento de Estado use la ley de Chevron con el objetivo de ampliar sanciones, no es asombroso que entre en escena el jefe del Comando Sur, John Kelly, ni el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, William Bronwfield.
Obviamente, este último, ahora subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Antinarcóticos, califica a Venezuela como “la ruta más eficiente del narcotráfico en la región” cuando es necesario ambientar la atmósfera, y se necesita que un vocero de la política exterior brinde una cobertura al verdadero acto dirigido concretamente por el Encargado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mark Feirstein, cuyos antecedentes inmediatos son, otra vez, armar la Contra nicaragüense, y haber sido el director de la Usaid que financió los golpes en Honduras, Paraguay y el programa cubano Zunzuzeo. Y si revisamos el prontuario de Feirstein con el golpe en Honduras, encontramos a Chevron con interés inmediatos en la explotación petrolera en la cuenca marítima del país. En todos lados está la misma mano, como vemos.
Por lo que tampoco extraña que otro gran protector de los activos energéticos de la compañía en Irak como jefe militar, John Kelly, salga en este momento a afirmar: “Lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos y medicinas, entonces podríamos reaccionar ante eso. Y lo haríamos sólo si se nos pidiera desde organismos como la ONU y la OEA”.
Y esta forma, meramente declarativa de reeditar la doctrina de la Responsabilidad para Proteger, utilizada en Libia e intentada en Siria, tiene también su correlato en la agudización de las tareas de inteligencia para evaluar y actuar sobre los puntos débiles de Venezuela.
Así es que se entiende la denuncia de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, sobre el sobrevuelo de un avión de la guardia costera norteamericana, acompañado de otros “aparatos de inteligencia” de Estados Unidos, provenientes de su base aérea de Hato en Curazao.
Nuevamente, como en otras oportunidades, repiten descaradamente lo que hicieron en 2002 cuando utilizaron sus bases militares en América Latina, precisamente la de Manta, Ecuador (y desde Puerto Rico), para enviar patrullaje aéreo y brindar información sensible a los golpistas con el fin de que alcanzaran sus objetivos.
Es por esto que se debe recordar la denuncia realizada por el presidente Nicolás Maduro cuando a principios de agosto reveló la existencia de documentos del Pentágono anticipando los planes actuales para caotizar el país e intervenir bajo la fachada de la crisis humanitaria.
Y esto se dice porque el presidente ha sido lo suficientemente oportuno en anticipar, por ejemplo, la declaración de Venezuela como una amenaza durante el mes de febrero y esta oportunidad sostiene que “ellos no buscan el poder político quitando a alguien para poner a alguien, no, no creamos eso (…) Ellos buscan debilitar a Venezuela, al máximo, dividirla, acabar con las instituciones, desmoralizar al pueblo. Buscan el escenario tipo Libia, Siria, que no lo han logrado ni lo lograrán, el del enfrentamiento”.
Es que si seguimos de nuevo el hilo, vemos a una compañía de Rockefeller, Chevron Corp, financiando la ley que sanciona al país; a su hermana petrolera, Exxon Mobil, presionando por una guerra por el Esequibo; al brazo financiero de ambas, Bank of America, pregonando por una transición política; y a una inmensa nube de operadores peleándose entre sí por ver quién hace mejor la chamba de devolverle el país mina a los que se creen sus dueños.
Por eso nuevamente vienen por nosotros.
Y una vez más, no pasarán.
Misión Verdad
TOMADO DE: http://www.psuv.org.ve/
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