A falta de consenso en la región, EEUU juega sus cartas contra Venezuela
Desde que inició el ciclo de violencia política y armada gestionado por el antichavismo, las instancias multilaterales influenciadas por EEUU (como la OEA) se han convertido en espacios fundamentales en busca de marcar una ventaja política.
¿La jugada maestra?
El pulso político que determina la intensidad del conflicto venezolano yace fuera de nuestras fronteras.
Es precisamente desde ahí donde Estados Unidos a través de su Departamento de Estado emplea buena parte de sus cartuchos políticos y diplomáticos intentando comandar la región en contra de Venezuela.
El espacio original para impulsar esta estrategia, por alineación geopolítica y copyright, es la OEA.
Sea por medición de costos políticos o para evadir la mala fama que lo acompaña, EEUU ha utilizado a sus aliados en la región para intentar forzar un consenso regional en pro de intervenir a Venezuela.
Y ya ese término cambió en forma mas no en sustancia en el siglo XXI: las bombas se sustituyen por los planes de reforma económica y social estilo Brasil, el sabotaje por la infiltración y control sobre fichas del poder judicial, y los marines por bandas armadas alimentadas con el tobogán del canal humanitario.
Detrás del celofán del lenguaje diplomático y los eufemismos del "grupo de contacto" a Venezuela se le presiona para que comparta junto a Colombia, México, Brasil y otros el estatus de colonia, ante la afrenta que significa no estar ajustada a los dictámenes civilizatorios que personifica Trump.
Que abra su territorio al narcotráfico, la trata de humanos, el desempleo programado, las maquilas, todas expresiones de la voracidad de las corporaciones instaladas como los verdaderos gobernantes de los países que enfilan sus baterías contra el país.
Ya son seis las reuniones en los últimos tres meses de violencia política, contando dos Reuniones de Cancilleres (una de ellas en el marco de la Asamblea General del organismo) y otras extraordinarias del Consejo Permanente, en las que esta estrategia de intervención política no ha resultado exitosa por la incapacidad de aprobar una resolución de mayoría abrumadora.
La última sesión del Consejo Permanente del 26 de julio también corrió con la misma suerte.
El bloque caribeño representado por Caricom, junto a países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, 19 miembros de la OEA en total, en cada una de estas reuniones han mantenido como prioridad el llamado al diálogo y al respeto de la soberanía de Venezuela, constituyendo una piedra de tranca para los planes de injerencia de EEUU.
Ante esta situación han tenido que flexibilizar el tono y tratar de armar un consenso confiable a partir de posturas, en apariencia suaves, que aglutine a los países del Caribe.
Un "diálogo" traducido en extorsión, pues lo único que ofrecen son salvoconductos y rendiciones.
Sobre estas intenciones un amplio bloque de países se mantiene escéptico.
Asamblea Nacional
Constituyente: la línea roja
El 1° de mayo, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
Arrojando una nueva ficha en el tablero, cambia la naturaleza del escenario político y sube las apuestas al antichavismo.
EEUU marca el 15 de julio la Constituyente como una "línea roja", en palabras de Ileana Ros, congresista republicana del lobby anticubano y artífice de las sanciones contra Venezuela.
Dos meses antes, la OEA había convocado en una misma semana dos reuniones para definir la fecha de la Reunión de Cancilleres en la que se abordaría, nuevamente, el tema Venezuela.
Días antes de su convocatoria, el Secretario del Tesoro de la Administración Trump, Steven Mnuchin, anunciaba sanciones contra Magistrados del TSJ.
El gesto fue claro: EEUU no esperaría al resultado de la Reunión de Cancilleres ni las posturas del antichavismo para tomar medidas unilaterales e involucrarse más frontalmente en el conflicto venezolano.
No faltaron las amenazas contra países del Caribe y Centroamérica, tales como Haití, República Dominicana y El Salvador, a quienes amenazaron con restringirle las ayudas financieras y reducir la cooperación en distintos ámbitos.
EEUU sancionó a las fibras estatales más atacadas en este ciclo de violencia política y armada
En medio de la Asamblea General de la OEA en México, donde se centralizaron los esfuerzos en condenar la Constituyente, altos funcionarios del Departamento de Estado para la región, incluyendo al Sub Secretario de Estado, John Sullivan, declararon abiertamente que a los gobiernos del Caribe los presionaban desde la Casa Blanca para votar en contra de Venezuela.
Nuevamente el bloque caribeño fue protagonista en frenar una resolución opaca y no discutida con anterioridad, que pretendía cercar al Gobierno, aislarlo de sus aliados y conducirlo a la fuerza a un escenario de extorsión y secuestro político.
Un mes antes, dirigentes opositores celebraban que supuestamente Venezuela entraría como tema de discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU, de mano de la embajadora gringa Nikki Haley. Versión refutada por la misma realidad, pues nunca fue un tema de discusión de esta instancia.
Dice bastante de la debilidad de generar consensos ese amague de autoridad en la ONU, como el hecho de volver a tratar el tema venezolano en una instancia menor luego de haber sido centro de la Asamblea General de la OEA.
Sólo 12 países de la región acompañan a EEUU en condenar la Constituyente, ese fue el resultado del último Consejo Permanente.
Los principales activos políticos del antichavismo ("magistrados" y gobierno paralelo) no han concurrido a masivas muestras de apoyo en la región.
Camino propio, intereses
propios
El tiempo apremia, la Constituyente se acerca y el infructífero trabajo de tres meses no se resolverá en cuestión de días.
No queda tiempo para construir
fachadas o sostener máscaras.
Posterior al fraude plebiscitario del antichavismo el 16 de julio, casi en simultáneo, la Unión Europea y la Casa Blanca amenazan con sanciones en Venezuela por los comicios del 30 de julio.
Resaltan dos elementos en días posteriores: la Unión Europea luego de la amenaza llamó al diálogo, mientras que EEUU se afincó en que las sanciones serán financieras sobre el sector petrolero y con consecuencias devastadoras para la economía y población venezolana, posición estimulada principalmente por Marco Rubio, Ileana Ros y otros artífices de las sanciones contra el país.
La diatriba mediática y opinológica sobre las consecuencias negativas que traerían esas medidas, incluso algunos reputados nombres como Moisés Naím y Andrés Oppenheimer alertaron que ayudaban a Maduro en la esfera internacional, duraría poco.
En medio de la sesión del Consejo Permanente de la OEA e independientemente de las opiniones del antichavismo, el Departamento del Tesoro sancionó a dirigentes políticos y funcionarios venezolanos, en su gran mayoría ubicados en áreas de defensa, derechos humanos y finanzas (como el Defensor del Pueblo, Ministro de Interior y Vicepresidente de Pdvsa): justamente las fibras del Estado venezolano más atacadas en este ciclo de violencia política y armada.
Los ejemplos de intervención no convencional en países como Libia, Siria, Irak o Yemen, dan cuenta de que EEUU sanciona altos funcionarios del Estado, ejecuta embargos y bloqueos financieros selectivos y ataca sectores claves de la economía (como sucede con Irán y Rusia al mismo tiempo que en Venezuela) en países, ya decididos para elevar hostilidades políticas a tal punto que puedan derivar en un conflicto armado.
La guerra es una industria y las corporaciones armamentísticas y petroleras no piensan detener sus líneas de producción, menos en el país con la principal reserva petrolera del mundo y de gas y oro, coltán y diamantes de la región.
La denominada "Resistencia" sería sólo el tráiler según sus aspiraciones.
Al no haber tiempo para construir una fachada para la intervención, EEUU toma la batuta contra Venezuela y la gestión directa de las agresiones.
Y en el marco en el cual se desarrolla esta decisión se encuentra una Administración Trump desdibujada y sin norte geopolítico, desmembrada en su accionar y fuertemente condicionada por sectores radicalizados, con capacidad de influencia en decisiones de política exterior con respecto a zonas sensibles del planeta.
A los que por cierto no les interesa la opinión de los dirigentes antichavistas, de la OEA o de la Unión Europea, ni de la clase media que tranca calles e impide el libre tránsito, como tampoco las graves consecuencias sociales que traerían las sanciones prometidas.
Es su propia "Hora Loca", con consecuencias demoledoras.
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