Es clave la
cantidad de votantes
30 julio 2017
El
gobierno de Nicolás Maduro encara las elecciones de hoy para una Asamblea
Nacional Constituyente, que ya están en marcha en toda Venezuela, con dos
objetivos inmediatos: lograr la concurrencia más alta posible y evitar cualquier
escaramuza con la oposición.
La meta doble de Maduro se debe a que los opositores ya
anunciaron que ni siquiera participarán de los comicios.
La apuesta de los dirigentes Leopoldo López, Henrique Capriles y Julio Borges, nucleados en la MUD,
la Mesa de Unidad Democrática, es que la ANC termine formándose con la menor
legitimidad de origen posible.
Aunque el chavismo no estableció oficialmente su cifra
deseada de asistencia, parece evidente que el Gobierno se sentirá más cómodo si la concurrencia a las urnas
supera el 30 por ciento.
La oposición se plantó ante este escenario mediante la
realización, el 16 de julio último, de un referéndum no formalizado.
Según los
opositores, participaron más de siete millones de venezolanos.
Según el chavismo la cifra sería tramposa porque se
habría obtenido con la suma de quienes contestaron las tres preguntas de la
consulta.
La oposición
habría tomado la votación como la cifra de quienes acceden a una página web
cuando no hay discriminación entre el total de consultas y las visitas hechas
por un usuario con identidad única.
Si las cosas efectivamente sucedieron como sostiene el
Gobierno, habría que dividir la cifra por tres para llegar a la cantidad de
votantes y no quedarse con la cantidad de votos.
Entonces el desafío de hoy consistiría en superar los dos
millones y medio de votantes.
Una cifra menor a ésa no significaría el fin del gobierno
pero lo dejaría en una mayor situación de debilidad.
Según el Consejo Nacional Electoral están en condiciones
de votar casi 20 millones de personas. Exactamente 19.477.387.
Voto mixto
Las elecciones para la ANC, la iniciativa más audaz de
Maduro para ganar oxígeno y huir hacia adelante en medio de la crisis
económica, la escasez, los 100 muertos en las calles durante este año y el plan
de la MUD de barrer al gobierno, tienen una característica distinta de otras
votaciones, dada por quiénes y cómo votan.
Los venezolanos elegirán hoy a 500 asambleístas.
De ellos, 364 serán candidatos presentados desde
sectores.
Entre otros el productivo, el empresarial, el campesino,
el laboral y el educativo.
Los otros 173 serán representantes territoriales al
estilo inglés, sobre la base de circunscripciones uninominales.
El ciudadano puede votar un candidato sectorial y uno
territorial.
Maduro afirmó en la convocatoria que el gobierno se
propone tres objetivos.
El primero, “lograr la paz y la
justicia, transformando el Estado y cambiando todo lo que haya que cambiar”.
El segundo, “establecer la
seguridad jurídica y social para el pueblo”.
El tercero, “perfeccionar y ampliar
la Constitución pionera de 1999”.
El artículo 347 de la Constitución vigente establece que “el pueblo de Venezuela es el depositario
del poder constituyente originario”.
Y agrega: “En
ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente
con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y
redactar una nueva Constitución”.
La oposición objeta que esa transformación del Estado
pueda introducir cambios, por ejemplo, en el Poder Judicial o en la
Procuración.
El Gobierno replica que mientras
el pueblo vote no se estaría vulnerando el artículo 347.
Para los opositores, el fantasma es que el chavismo
gobernante pueda terminar disolviendo la actual Asamblea Nacional. Con mayoría
opositora, la AN llegó a desafiar a la Presidencia conformándose a sí misma
como otro Poder Ejecutivo.
Llegó al punto de nombrar una Corte Suprema paralela y
proyecta designar un gobierno completo para buscar luego el reconocimiento
internacional.
Maduro contestó arrestando a varios de los jueces
designados.
Según dijo el jurista Hermann Escarrá en diálogo con
TeleSUR, la ANC busca “adicionar
los programas sociales, las conquistas sociales y reorganizar el Estado”.
Afirmó que no disolverá los poderes existentes sino que
coexistirá con ellos.
Una alusión, tal
vez, a una futura competencia entre la ANC y la Asamblea Nacional.
Dijo Escarrá que “lo que está planteado es un diálogo superior en medio
del gravísimo conflicto y de la violencia en la que comienza a desenvolverse la
situación en Venezuela”.
La pulseada por la legitimidad de origen no es solo
doméstica. También es externa. Un sector fuera de Venezuela considera que la
convocatoria misma a la ANC supone la ruptura de cualquier negociación y
debería implicar mayores sanciones contra el país.
Lo integran, entre otros, nada
menos que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente
colombiano Juan Manuel Santos y el secretario general de la Organización de los
Estados Americanos, Luis Almagro.
Otro sector, en cambio, acepta el derecho de Maduro a
llamar a las elecciones de hoy.
Apoyos
El documento más
valorado por el gobierno salió de la Organización de las Naciones Unidas.
El viernes 28 de
julio la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos llamó a “garantizar
la paz durante las elecciones pactadas para el domingo con el objetivo de
elegir a la Asamblea Nacional Constituyente”.
A través de su
portavoz Liz Throssell, la Oficina que encabeza desde 2014 el jordano Zeid
Ra’ad Al Hussein pidió manejar las eventuales protestas opositoras “en sintonía con los estándares
internacionales en materia de derechos humanos” y solicitó a la
oposición “manifestarse sin violencia”. Cero cuestionamientos a la ANC como mecanismo
constituyente.
Uno de
los negociadores que ayudó al diálogo interno durante 2016, el ex presidente
del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, reveló en un comunicado su
opinión de “Venezuela
vivirá horas trascendentales”.
Dijo
que “deberán transcurrir en
paz”, sin conflictos
internos.
“El derecho a abstenerse, el rechazo a
una consulta electoral, son tan incuestionables como el derecho a votar, pero
el ejercicio de un derecho solo es legítimo cuando es pacífico”, escribió Zapatero en obvia referencia a la
oposición.
Después
de pedir “esfuerzos
decididos de negociación”, Zapatero
opinó que “el primer
responsable es el Gobierno, y a él apelo para que la facilite con nuevos
gestos, aunque sin la voluntad y la determinación de la oposición nada será
posible”.
Aunque
es un clásico socialista europeo, Zapatero no hizo objeción alguna al régimen
de votación que se aplicará hacia la Constituyente.
Se
diferenció así de su antecesor Felipe González, ex primer ministro y hoy lobbyista profesional, quien
comparó la representación sectorial con el modelo franquista.
Pese a que no parece dispuesto a elevar el perfil activo
en Sudamérica, el gobierno ruso de Vladimir Putin mantiene lazos cordiales con el de Maduro.
Horas antes de las
elecciones para la ANC el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió un
comunicado en el que recuerda que “Rusia siempre abogó por la resolución de la crisis venezolana a través
de medios políticos, en el marco de la ley y sin intervención
externa”.
Sobre los comicios el texto dice: “Esperamos que las elecciones se celebren sin
provocaciones y de acuerdo con la ley venezolana, así como que sirvan para la
estabilización de la situación política interna del país”.
En
cuanto a China, el perfil político tampoco es por demás
activo en una zona que le resulta lejana.
Pero la
presencia económica es un objetivo vigente.
Beijing
no solo no anunció sanciones sino lo contrario.
Firmó
con Venezuela convenios por 580 millones de dólares para el desarrollo minero
en níquel y carbón.
“La
primera tarea de la ANC debe ser liberarnos de la dependencia petrolera y
consolidar a ampliación de nuevas fuentes de riqueza internacional”, dijo Maduro en la última reunión del
Consejo Nacional de Economía creado en enero de este año. “Si la tarea de la constituyente
de 1999 era detener la desnacionalización y recuperar la soberanía sobre el uso
de los recursos naturales, hoy tenemos la tarea de conquistar la soberanía
agroalimentaria y la tarea de conquistar y construir la soberanía de divisas”,
dijo.
Ataques
Venezuela corre contrarreloj en una competición donde los
ojos se posan también sobre qué ocurre en los Estados Unidos, principal destino
de sus exportaciones petroleras.
Trump decidió medidas de castigo personal contra 13
funcionarios del gobierno venezolano y la administración estadounidense ya dejó
establecida su amenaza de no comprar más petróleo venezolano.
Entretanto dos empresas de refinación, Valero Energy y
Marathon Petroleum, ya hicieron saber que tienen el plan de trabajar con un
petróleo cada vez más liviano.
De ese modo dejarán de necesitar el crudo pesado que
importan de Venezuela y otros miembros de la OPEP, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo.
El canciller venezolano Samuel Moncada, que reemplazó a
Delcy Rodríguez, ahora candidata constituyente, denunció a la MUD por su
apuesta a las sanciones económicas y la restricción en la compra norteamericana
de petróleo.
Moncada también difundió un documento del Aspen Security
Forum del 20 de julio en el que participó Mike Pompeo, director de la CIA, la
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. “Tenemos mucha esperanza de que pueda haber una
transición en Venezuela y la CIA está haciendo todo lo posible por entender lo
que pasa y comunicárselo a nuestro Departamento de Estado”, dijo Pompeo ante
una pregunta de Vanessa Neumann, de la consultora Asymetrica, formulada luego
de considerar que Maduro podría terminar encabezando un régimen parecido al
cubano o ser derrotado.
“Hablé con los mexicanos y los colombianos en
Ciudad de México y en Bogotá”, dijo Pompeo sin ofrecer más precisiones.
En una Sudamérica hostil a partir de la posición de los
dos países mayores, Brasil y la Argentina, desde que están gobernados por
Michel Temer y Mauricio Macri, Venezuela viene de esquivar una suspensión
efectiva del Mercosur, un bloque donde ya está suspendida de manera temporaria.
El viernes 21 de julio el Presidente Macri y el canciller
argentino Jorge Faurie no consiguieron la expulsión virtual de Venezuela.
Lo impidieron la negativa de Bolivia a firmar un
documento final que no rescatara el carácter democrático del gobierno de Maduro
y la insistencia exitosa de Uruguay de no incluir esa condena en el texto que
emitieron los países fundadores (la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) con
el agregado de Chile, México y Colombia.
TOMADO DE: http://www.telesurtv.net/bloggers/
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